Éste podría ser uno de los últimos casos donde estaría involucrada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
por Mariajosé España05 agosto, 2019 - 08:48 AM
El Ministerio Público (MP) en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realiza desde tempranas horas de este lunes una serie de allanamientos por un caso que han calificado bajo reserva.
El fiscal Juan Francisco Sandoval no pudo dar más detalles de estos operativos e indicó en una entrevista radial que espera dar más información cuando se levante la reserva.
Hasta el momento, el Ministerio Público ha confirmado la aprehensión del ciudadano brasileño Rodrigo Sampaio Mattos en el Aeropuerto Internacional La Aurora por el delito de cohecho activo.
Esta persona estaría vinculada en el caso Construcción y Corrupción.
La Comisión informó de que el proceso de transición incluye comenzar a retirarse como querellante adhesivos de procesos judiciales en los que apoya al Ministerio Público.
La Cicig ya se retiró de los casos de corrupción Industria Militar, corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango y otro caso denominado Chicamán.
No obstante, el apoyo técnico en los litigios continuará hasta el fin de su mandato en el país, el 3 de septiembre próximo.
El 31 de agosto del 2018, el presidente de la República, Jimmy Morales, anunció que no renovaría el mandato de la Cicig.
Morales justificó en esa ocasión que la decisión de no renovar el mandato de la Cicig es porque ha existido una “persecución ilegal” que “viola los principios y prácticas constitucionales y el mandato de la Comisión.
El presidente también dijo en esa oportunidad, que la Cicig tenía que comenzar un proceso de transición de capacidades con las entidades que colabora.
En una declaración conjunta, también abogaron por la protección de jueces, fiscales y derechos humanos en Guatemala.
“Desde hace mucho tiempo, como defensores de una mayor seguridad y prosperidad en Guatemala, instamos a los candidatos presidenciales del país a apoyar públicamente el restablecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) después de que expire su mandato en septiembre”, resaltaron los legisladores en una declaración.
Agregaron: “Creemos que es imperativo que ambos candidatos se comprometan públicamente a proteger y fortalecer la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) dentro de la Oficina del Fiscal General. También instamos a ambos candidatos a pedir públicamente una mayor protección para todos los fiscales, jueces y defensores de derechos humanos locales e internacionales que han estado a la vanguardia de la lucha contra la corrupción en Guatemala”.
“La Cicig y la Feci han descubierto el abuso a gran escala de los recursos públicos por parte de funcionarios de alto nivel y, en el caso de la Cicig, obtuvieron el apoyo de más del 70 por ciento de los guatemaltecos. Al fortalecer el sistema de justicia guatemalteco, la Cicig y la Feci han ayudado a abordar las causas fundamentales de la migración de Guatemala a los Estados Unidos y han contribuido a una reducción sostenida en la tasa de homicidios del país”, concluye la declaración.
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El caso involucra al exministro de Salud, Jorge Villavicencio, durante el gobierno del Partido Patriota, a su hija Saraí Villavicencio Delgado, y al ex diputado Luis Fernando Pérez Martínez, como presuntos cabecillas de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales, durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos en 2012. Así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso de la República.
La investigación está fundamentada con tres miles de correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura.
Cooptación del Ministerio de Salud
Según la acusación del MP al menos 118 personas se encontraban involucrados en la estructura criminal. Se han solicitado 28 órdenes de captura, 34 citaciones y 10 solicitudes de antejuicio contra diputados del Congreso de la República. Hacia las 12 horas se había confirmado la captura de 18 personas.
La imputación señala que la estructura comenzó a operar cuando el doctor Jorge Villavicencio asume como ministro de Salud Pública en 2012. Su hija Saraí Villavicencio Delgado, junto a Luis Fernando Pérez, entonces diputado, presuntamente habrían montado una estructura en la institución para facilitar la contratación de obras públicas y compra de bienes y servicios a través de la colocación de sus allegados en puestos claves en la institución.
Los diputados contra los que el MP solicita retiro de antejuicio han sido relacionados por su presunta intervención en procesos de remozamiento de hospitales, así como por solicitar plazas fantasma o por solicitar a Villavicencio plazas en la institución para sus recomendados.
Diez diputados y involucrados
También se solicitó el retiro de antejuicio contra diez congresistas:
-Boris España, por los delitos de Asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias.
-Estuardo Galdámez, pot los delitos de Asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias y cohecho activo.
-Luis Alberto Contreras, por Tráfico de influencias.
-Marco Antonio Lemus, Tráfico de influencias.
-Humberto Leonel Sosa, Tráfico de influencias.
-Carlos Santiago Nájera Sagastume, Tráfico de influencias.
-José Inés Castillo Martíenz, Tráfico de influencias.
-Rodolfo Leonel Castañón, Tráfico de influencias.
-Ronald Estuardo Aragón, por peculado por sustracción.
En contratos de remozamiento o reparación de hospitales, a raíz del terremoto de San Marcos, según la imputación se habrían cobrado Q17 millones, en la construcción de nuevos centros en Quiché, Baja Verapaz, Sacatepéquez, Villa Nueva, se habrían cobrado sobornos por Q36 millones. Mientras que preliminarmente se estima en Q900 mil el cobro de sobornos por contratos de bienes para el Ministerio de Salud.
En la imputación también se incluye a Jaime Pérez Castillo, sobrino del expresidente Otto Pérez Molina; y entre los contratos por los que se intentó cobrar una comisión, sin lograrlo, un proyecto de construcción de un hospital modular en Mixco, por entre Q75 y Q80 millones, cuando Otto Pérez Leal, fungía como alcalde de ese municipio. La adjudicación del proyecto, sin embargo, ya no se llevó a cabo.
La investigación continúa en desarrollo para determinar los cobros realizados por 450 plazas en el ministerio que habrían representado favores políticos a diputados, cobros mensuales a la organización o posibles plazas fantasma.
En la indagación, realizado luego de tres años de análisis de información documental y testimonial, también se relaciona al ex director del Instituto Guatemalteco de Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, cuando este era secretario privado del entonces presidente, Otto Pérez Molina. Rodríguez presuntamente se habría beneficiado, a través de intermediarios, de algunos contratos de remozamiento de centros de salud y hospitales.
Los operativos continúan y se espera que autoridades amplíen detalles.
Fiscalía Especial Contra la Impunidad #Feci del @MPguatemala con el apoyo de @CICIGgt desarrollan operativo en conjunto.
Hasta el momento van siete capturados,según datos de la PNC.
1. Bianca Paola Hernández Muñoz.
2. Jaime Emilio Pérez Castillo.
3. Diego Francisco Villacorta Valcárcel.
4. Herminio García de León.
5. Juan Manuel Peláez Corso.
6. William Edgardo Sandoval Pinto, Residenciales Campestre.
7. Roberto Guarán Jiménez.
*Información en desarrollo
Se trata del Jefe edil de la Municipalidad de Guatemala, Ricardo Quiñónez y del Ministro de Finanzas Víctor Manuel Martínez, por peculado, fraude y financiamiento electoral ilícito.
Según la investigacióhn del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para la permanencia y continuidad del partido Unionista en la Municipalidad de Guatemala, se habría contratado a Jesús Gómez Espejel para crear planes y estrategias con el fin de ganar votos.
La fiscalía encontró documentos en los allanamientos que refieren la creación de dos planes; “el plan hormiga” y el “plan 8”.
¿En qué consistieron? vea el video completo.
Esta reacción la dio a conocer Quiñónez luego de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el MP solicitarán se le retire la inmunidad a él y al ministro de Finanzas, Víctor Martínez, por un caso de posible corrupción.
El jefe edil también se refirió a la captura del concejal tercero, Pedro Villa Nueva, además del secretario general Héctor Adolfo Cifuentes.
La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Cicig apunta a que desde la municipalidad hubo planes y estrategias concebidos para generar o incrementar la militancia o simpatía con el Partido Unionista, así como el caudal de votos.
“El Partido Unionista instrumentalizó a la Municipalidad de Guatemala, conformando un grupo que de forma organizada y sistemática, durante 2011 hasta 2015, llevó adelante los planes y estrategias partidistas y procuró que fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) sufragaran dichas actividades del partido político Unionista y de la administración de Álvaro Arzú Irigoyen, con el fin de perpetuarlos en el poder municipal”, precisa un comunicado de la Cicig.
En un video compartido Quiñónez dijo: “Vengo acá a compartir la indignación que muchos vecinos de esta ciudad sentimos”.
Añadió que es un caso que data del 2015, y que la preocupación no inicia ni termina ahí, ya que está sobre dos personas “honorables”, que han entregado su vida en la Municipalidad de Guatemala.
“No presentan ni una tacha, son profesionales en su rama y se han sentado al lado de nosotros”, afirmó respecto de las dos capturas.
“Hoy han tenido que responder a esas diligencias judiciales y de esa misma forma han dado la cara, y para ellos no solo mis respetos, sino que mi simpatía”, externó el funcionario.
Indignación
Dijo que le indigna que casualmente el día de cierre de la campaña electoral se efectuó el operativo, y según Quiñónez, es obvio que estas acciones tienen el fin y el propósito de afectar el proceso electoral.
“Hay que decir las cosas como son y se está utilizando de manera irregular la estructura judicial para tratar de afectar la campaña electoral”, aseguró.
El alcalde señaló que con estas acciones se demuestra que se utiliza espuriamente el sistema de justicia para dañar las elecciones, “no sabemos si en beneficio de candidatos o en beneficio de intereses, pero el hecho es que a todos nos causa sorpresa e indignación en que estos hechos se den y perjudican la democracia, al país y las elecciones”, enfatizó Quiñónez.
Argumentó que lo sucedido constituye un delito electoral, según lo establece en Código Penal, y es un abuso de autoridad con el propósito electoral.
“Hago un llamado a los observadores electorales, ya hablé con el presidente de la comisión de observadores electorales para hacerle notar nuestra preocupación e indignación y que a través de esta observación electoral internacional se verifique estos aspectos que les estoy compartiendo”, agregó.
El jefe edil dijo que todos quieren un proceso limpio, “que construya, que nos una y esas acciones no llevan a eso”.
Culminó al decir que el país no necesita de divisiones y que se luche por el bien común.
Los delitos que habrían cometido los funcionarios son financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) llevó a cabo varios allanamientos, este viernes 14 de junio, en un caso que vincula a políticos de la actual administración de la alcaldía capitalina, a solo algunas horas previo del día de las votaciones. El Ministerio Público (MP) informó que la investigación se realizó junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
“Para financiar los gastos del partido, así como otras actividades proselitistas se utilizaron fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana –FAPU- con el que se sufragaban actividades continuas de promoción con fines electorales, pretendiendo perpetuar en la comuna capitalina al partido político Unionista y la administración de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen”, dice un comunicado de la Cicig.
La investigación ha determinado que más de un millón de quetzales habrían sido facturados de forma fraudulenta y que fueron pagados con fondos públicos.
“Se pudo acreditar que las estrategias y planes se materializaron de dos formas: a través de actividades municipales a las que se les dio contenido proselitista y actividades directamente proselitistas. Para ello, involucraron el recurso humano contratado por el ente edilicio y asesores internacionales, así como fondos públicos municipales”, agrega.
En los operativos fueron capturados el concejal tercero, Pedro Villa Nueva. Además del secretario general del concejo municipal, Héctor Adolfo Cifuentes.
Ricardo Quiñonez, alcalde de la capital rechazó los operativos por la cercanía de las elecciones generales. “Es lamentable que se hagan este tipo de acciones. Hemos logrado un respaldo que hoy se pretende dañar y confundir”, dijo el jefe edil en declaraciones enviadas por la mañana a radio La Red, algunas horas antes de que el MP revelara los detalles del caso.
El MP y la Cicig dieron a conocer que solicitaron el retiro de inmunidad para el alcalde capitalino Ricardo Quiñónez y el ministro de Finanzas, Víctor Martínez.
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