Ciudad Guatemala
El nuevo caso de corrupción revelado por el Ministerio Público y la Cicig este 5 de agosto se denomina “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero” y se deriva, principalmente, del caso Construcción y Corrupción. Entre los sindicados están altos exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota.
Otros casos que la fiscalía cita como base de esta nueva investigación son Cooptación del Estado y Negociantes de la Salud.
“La nueva línea de investigación dio como resultado el hallazgo de una red de personas con alto poder político coordinadas para obtener una serie de beneficios producto del cobro millonario de comisiones ilícitas”, detalló el Ministerio Público.
Según las pesquisas, la estructura estaba conformada por Otto Pérez Molina, en ese entonces presidente electo, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia durante la gestión de Álvaro Colom, Juan de Dios Rodríguez López, empresarios y abogados “de alto perfil”.
De acuerdo con el MP y la Comisión Interncional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), “los grandes contratistas del Estado, particularmente en el ramo de la construcción, concertaron con funcionarios del gobierno el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas”.
El comunicado del MP refiere que “la investigación evidenció que uno de los principales empresarios involucrados fue José Maynor Palacios Guerra, quien hizo pagos al exsecretario privado de la Presidencia del periodo 2008-2012, el señor Gustavo Adolfo Alejos Cámbara”.
La estructura habría utilizado bancos guatemaltecos y extranjeros, principalmente panameños, debido a que en ese país habían comprado off shores, lo que habría permitido a la red el manejo del dinero productor de las comisiones ilícitas.
“Mediante la elaboración de contratos de préstamos, simulaban ante las entidades bancarias la realización de una actividad económica inexistente, dando apariencia de legalidad al dinero que ingresaba al sistema financiero”, explica la fiscalía.
Según la investigación, entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara recibió de José Maynor Palacios Guerra y sus empresas varias transferencias que suman US$7 millones 297 mil 650.
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De acuerdo con la Cicig y el MP, así habría sido el flujo y destino del dinero:
- «El 15 de febrero de 2011 José Maynor Palacios Guerra le transfirió US$1 millón 421 mil 650 a Dolansea Worlwide Corp., para pagar las acciones de la sociedad Deckner Assets Inc., pero los activos de ésta (apartamentos en Casa Margarita) los recibió y acabaron en poder de Gustavo Alejos Cámbara. Dos años más tarde las acciones de las sociedades propietarias de esos apartamentos aparecieron en manos de Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía.
- »El 28 de septiembre de 2011 desde la cuenta de su empresa 3-War Financial & General Business Inc. en el Banco de Desarrollo Rural, José Maynor Palacios Guerra le hizo a cada una de las sociedades 19-24 S.A. y Classy Capital Group Inc., un giro de US$1 millón 500 mil, siguiendo las instrucciones de Gustavo Alejos Cámbara, quien utilizó los recursos recibidos por esta última para adquirir apartamentos en el edificio Casa Margarita, zona 10. La investigación determinó que la sociedad 19-24, S.A. se encuentra vinculada a Gustavo Adolfo Espina Salguero -exvicepresidente- y su familia, quien administró e invirtió los recursos recibidos por esta, constituida por otros de manera oculta.
- »Entre el 15 de diciembre de 2011 y el 24 de abril de 2012, a través de Value Assets Management Inc. -una sociedad con sede en Panamá vinculada a él-, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara recibió de José Maynor Palacios Guerra US$2 millones 876 mil, girados desde la cuenta de la sociedad 3-War Financial & General Business Inc.., que utilizó para adquirir otros apartamentos en el edificio Casa Margarita».
Regalos
Según la investigación, Alejos Cámbara entregó a Otto Pérez Molina una casa ubicada en Vista Hermosa 1, zona 15, días después de haber sido electo presidente de Guatemala, “como una dádiva o regalo para garantizar, asegurar y recibir de él favores o beneficios”.
El inmueble habría sido entregado a poder de Pérez Molina mientras durara su gestión como mandatario. “Con el fin de ocultar ese regalo o dádiva, Alejos simuló un contrato de arrendamiento entre Neoproyectos S. A. y Otto Pérez Molina sobre dicha casa y participó en la falsificación de la firma en dicho contrato del representante legal de Neoproyectos s .a, Jorge Alberto Arevalo Castillo, y el fingimiento de una fecha falsa”, detallan la fiscalía y la Cicig.
La investigación señala que Juan de Dios Rodríguez López recibió de Gustavo Alejos Cámbara las llaves y/o la posesión y usufructo de los apartamentos 2A Torre II y 4A Torre II del edificio Casa Margarita, como dádiva o regalo, cuando se desempeñaba como secretario privado del presidente Otto Pérez Molina. Posteriormente fue nombrado presidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El MP afirma que Acisclo Valladares Urruela manejó las acciones de las sociedades off shore Tessant Inc., Ranger Worldwide Services Inc. y Vitchier Services Inc., con sede en Panamá, nutridas con recursos ilícitos y relacionadas con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.
Cada una de estas entidades off shore era, a su vez, propietaria de un apartamento en el edificio Casa Margarita. De igual manera, Valladares Urruela habría gestionado y administrado otro apartamento en el mismo complejo y propiedad de Luces International Inc, que también fue adquirido con dinero ilícito.
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Antejuicios y órdenes de captura
Alejos Cámbara tenía orden de captura, pero le filtraron la información y se presentó voluntariamente al juzgado. Es sindicado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, cohecho activo y cohecho pasivo.
William Balz Gallardo tiene orden de detención, pero no fue localizado en los allanamientos. Es señalado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y defraudación tributaria.
Manuel de Jeús Palma y Palma tiene orden de detención, pero no fue encontrado. Es sindicado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
Ricardo López Barrientos tiene orden de captura, pero no fue localizado. Es señalado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
El exvicepresidente Gustavo Adolfo Espina Salguero fue citado a primera declaración. Es señalado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
Beatris Jansa Bianchi de Alejos fue citada a primera declaración. Es sindicada del delito de lavado de dinero u otros activos.
Rafael Escobar Pereira fue citado a primera declaración. Es señalado del delito de lavado de dinero u otros activos.
Juan de Dios Rodríguez, actualmente en prisión preventiva, fue citado a primera declaración. Es sindicado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo.
Otto Pérez Molina, actualmente en prisión preventiva, fue citado a primera declaración. Es señalado de los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.
El Ministerio Público anunció que presentará solicitudes de retiro de antejuicio contra Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, y Roberto Alejos Vásquez, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Por Miguel Barrientos
El exmandatario se encontraba en la cárcel de Mariscal Zavala, donde guarda prisión preventiva por varios casos de corrupción durante el Gobierno del Partido Patriota, cuando supuestamente un golpe en el pecho le causó una complicación cardiaca.
Médicos del referido centro de detención ordenaron el traslado de Pérez Molina al Hospital Roosevelt, donde fue evaluado y permaneció varias horas.
Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario (SP), dijo que el expresidente Pérez Molina fue trasladado de la cárcel Mariscal Zavala al Hospital Roosevelt a las 21 horas; y luego, a las 0.20 horas de este miércoles, al Centro Médico Militar, con autorización de un juez.
Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt, informó que el expediente del expresidente Pérez Molina es conocido por personal del referido hospital militar, donde continuarán las evaluaciones médicas.
La noche del martes último, Barrientos dio detalles del ingreso del expresidente Pérez Molina al centro asistencial.
“Había sentido –Pérez Molina– que su cardiodesfibrilador había dado tres o cuatro descargas. La preocupación era que con seis descargas este aparato puede botar completamente su carga, y él entrar en un paro”, detalló el director del Hospital Roosevelt, en declaraciones a periodistas.
Barrientos añadió que el exgobernante fue ingresado a la unidad de Coronarios para ser evaluado por cardiólogos y un electrofisiólogo “para ver cómo estaba su cardiodisfibrilador y ver si hay alguna recomendación, y qué procede hacer con él”.
El funcionario confirmó que la condición de salud de Pérez Molina era estable. “Él está tranquilo, consciente, hablando. Él mismo dio sus datos a los médicos en la evaluación final”, afirmó Barrientos.
El traslado de Pérez Molina de Mariscal Zavala hacia el Hospital Roosevelt duró alrededor de diez minutos. El exmandatario iba en una camilla y con oxígeno puesto “por seguridad”. Su hijo Otto Pérez Leal lo esperaba a su llegada a la emergencia.
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Antecedente médico
El 20 de julio último, el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Fanuel García, informó que el expresidente Pérez Molina goza de buena salud, por lo que debía presentarse a las audiencias judiciales que tenía programadas.
“Todos los análisis que el Inacif ha realizado siguen siendo que el señor Pérez Molina tiene un cuadro de una enfermedad cardíaca cuyo tratamiento ya está dado. Este tratamiento no es reciente ni tampoco su enfermedad. Es decir, él exactamente el cuadro que tiene es el mismo que cuando estaba en la presidencia y el tratamiento ya está dado”, dijo García.
El director indicó que la salud del general retirado es monitoreada constantemente y que le fue implantado un cardioventilador que también es controlado frecuentemente, por lo que su tratamiento “es ambulatorio y puede llevar una vida normal”.
Pérez Molina ha utilizado su estado de salud para no presentarse a las audiencias y para pedir su salida de prisión “por razones humanitaras” y ha dicho que su afección es delicada pues padece del corazón.
Por Javier Lainfiesta / Guatemala
En su fallo, la Cámara pidió a la Sala Tercera de Apelaciones que amplíe la resolución del 21 de febrero donde le imputó el delito de lavado de dinero a Morales, a solicitud de la Fiscalía.
La resolución no afecta el proceso penal contra el hermano del mandatario en el Tribunal Décimo Tercero, señalado de haber participado en hechos anómalos que permitieron sustraer fondos del Registro General de la Propiedad y se habrían pagado servicios que nunca se presentaron, como un servicio de banquetes el cual significó el pago aproximado de Q150 mil.
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Junto a Morales, en el proceso también se encuentra involucrada la exjefa del Registro General de la Propiedad, Anabella De León, el hijo del presidente de la República, José Manuel Morales Marroquín, y otras 25 personas.
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Por Javier Lainfiesta / Guatemala
Marlon López, presidente de la Asociación del Organismo Judicial, confirmó que se solicitó un incremento del cien por ciento para los jueces y magistrados.
“Planteamos un pliego de peticiones más allá del tema salarial, para que se abra el diálogo entre la parte patronal y nosotros como grupo organizado de trabajadores”, dijo.
Explicó que también se planteó la creación de un escalafón para que los jueces y magistrados con más tiempo en el cargo puedan recibir una retribución económica más alta. “Hay compañeros que no ven justo que un juez o magistrado recién nombrado gane lo mismo que uno que lleva 15 años en el cargo”, señaló.
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Además, están pidiendo que los togados cuenten con un seguro médico pagado por el Organismo Judicial. López explicó que actualmente los magistrados cuentan con sistema de reembolso de gastos médicos de hasta Q90 mil, por lo que el Organismo Judicial reintegra los recursos a quienes hayan usado el servicio.
Cuestionado sobre la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), el presidente de la asociación explicó que solamente los jueces cuentan con tal respaldo.
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“Es de conocimiento público el deficiente servicio que se presta a la población y a los afiliados del seguro social, consideramos que por el riesgo que tenemos por realizar nuestro trabajo merecemos un trato más digno”, afirmó.
La asociación pide que se contraten auxiliares judiciales, pues actualmente el nombramiento de este personal de apoyo “tarda demasiado” y se alarga hasta tres y cuatro meses.
Finalmente, López dijo que se solicitó que se establezca la jornada laboral para los jueces de Paz, que actualmente atienden sus órganos jurisdiccionales cuando se requiere sin un horario establecido.
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Dijo que están a la espera de recibir la confirmación por parte de las autoridades de la Corte Suprema para tener en una reunión. Aseguró que es la primera vez que jueces y magistrados realizan un ejercicio de este tipo y que no han recibido un aumento salarial en 18 años.
El salario promedio de un juez de Paz es de Q12 mil, un juez de Primera Instancia Q20 mil y los magistrados llegan a Q27 mil.
Salarios dignos
En consideración del exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, el Estado de Guatemala debe procurar ofrecerles un salario digno a jueces y magistrados, que les permita bienestar y los haga menos susceptibles a ser corrompidos. No obstante, no considera que se esté en condiciones para aceptar el incremento solicitado.
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Además, dijo que estos incrementos deberían estar sujetos a mayores exigencias a la hora de evaluar el desempeño de los togados y que debería actuarse con mayor contundencia cuando se detecte alguna anomalía en su actuación.
Por Carlos Álvarez
A criterio de expertos y diputados, la propuesta elaborada por asesores de la Comisión para reformar el segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal es derogar el segundo párrafo y crear dos artículos más para dejar solo el financiamiento electoral no registrado y el anónimo.
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De prosperar esta moción, las personas señaladas de financiamiento electoral ilícito, como los casos de los diputados Orlando Blanco, Roberto Villate y el presidente Jimmy Morales, quedarían sin materia.
Un análisis legal al que tuvo acceso Prensa Libre señala que al derogar el segundo párrafo se aplicaría el artículo 15 de la Constitución, que establece que “la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo”.
Para la diputada Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), la Corte de Constitucionalidad (CC) fue clara y ordenó reformar el segundo párrafo del artículo 407 N, no derogar nada.
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“Esa es la única y exclusiva tarea que tienen los diputados. No crear ni inventar otras cosas. A mi parecer, se está violentando el mandato que la Corte dio”, afirmó Montenegro.
Agregó: “Aunque se puede aducir que es para diferenciar el financiamiento ilícito, el anónimo y el no registrado, se debe cumplir con lo que dice la CC”.
La legisladora considera que la derogación implicaría liberar a quienes tienen procesos pendientes.
Enrique Álvarez, jefe de la bancada Convergencia, cree que la propuesta hecha por los asesores de la comisión está mal formulada.
“No nos ordenaron hacer nuevas literales o derogar el párrafo. Pensamos que puede tener un efecto perfecto por los procesos que están pendientes, o incluso los que se investigan”, aseveró Álvarez.
Descargo
Se le consultó a Rodolfo Castañón, presidente de la Comisión Extraordinaria, sobre los señalamientos, y justificó la propuesta: “Se trabajó conforme a los aportes que dieron las diferentes instituciones”.
“La verdad es que la iniciativa de ley está en proceso, no ha quedado en firme. Fueron aportes del equipo técnico. Debemos partir de algo y luego hacer los ajustes necesarios”, afirmó el parlamentario.
Según Castañón, los asesores elaboraron la propuesta pero eso no significa que vaya a ser aprobada de esa manera; por el contrario, el documento solo sirve para comenzar a hacer aportes concretos y estructurar una moción final.
El presidente de la Comisión descartó que estén recibiendo alguna presión de parte de algún sector.
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“Llegamos a la parte más importante y cada diputado tendrá que analizar los aportes y cada uno planteará sus criterios, que además debe consensuar con su bancada”, explicó Castañón.
El congresista agregó que las copias de las propuestas ya fueron entregadas a los integrantes de la Comisión; sin embargo, no está definida la fecha para que se vuelvan a reunir para conocer nuevos aportes y discutir una iniciativa consensuada.
Otros aspectos
Por ahora hay tres propuestas de reforma, una del diputado Oliverio García Rodas, que aunque no deroga el financiamiento ilícito, lo modifica.
En la redacción, según el análisis, se da a entender que elimina la responsabilidad de la figura del secretario general o cualquier miembro del comité ejecutivo del partido que autorice recibir fondos anónimos o no registrados.
García Rodas, en el momento en que presentó su propuesta a la comisión, explicó: “No habla específicamente de nadie, ni de secretario general ni del financiero, ni del tesorero ni de la secretaria”, sino “de quien tenga la obligación de hacer el registro, y no lo haga a sabiendas de que debe hacerlo”.
En la tercera propuesta, presentada por Convergencia, destaca que la pena no es inconmutable, como se contempla actualmente; sin embargo, diputados de la bancada aseguran que no es necesaria, porque así se logra guardar el principio de proporcionalidad.
Por Roni Pocón, Manuel Hernández Mayén y Sucely Contreras
La audiencia de declaración testimonial en calidad de anticipo de pruebas en el caso Cooptación del Estado continuó este martes con Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de Roxana Baldetti, como colaborador eficaz.
Monzón empezó su participación asegurando ante el juez que el 90% de sus declaraciones podrían ser comprobadas a través de documentos que las respaldaban, los cuales estaban en poder del Ministerio Público (MP).
“En el 90% de mi declaración, lo que he dicho y de ayer de mi declaración (aclaró), existen y sé que hay documentos que respaldan todas las palabras que he dicho: Correos, chats, llamadas telefónicas, incluso de los dispositivos, computadoras y teléfonos que yo personalmente entregué o que el Ministerio Público obtuvo en los allanamientos”, declaró Monzón.
Las comisiones de fertilizantes se dividieron en 6 personas y enumera el listado en el orden siguiente Otto Pérez, Roxana Baldetti, Gustavo Martínez, Juan Carlos Monzón, Julián Muñoz, y Diego Castillo.
— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) April 3, 2018
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Monzón dijo en sus declaraciones que, a finales del 2011, la entonces candidata vicepresidencial, Roxana Baldetti, ordenó que se le pagara US$ 380 mil a la familia Jarquín para comprar un terreno en Tecpán, para un derecho de paso.
Además, aseguró que el dinero lo recibió él en efectivo y lo bancarizó por medio de una cuenta de Teknideportes, y después hizo una transferencia hacia Australia y uno de los beneficiarios habría sido de la familia Jarquín.
Fertilizantes
Monzón dijo que una empresa, la que identificó como Serseco, propiedad de Bryan Padilla “pero no fue él el que me habló, yo lo conozco, pero nunca hablé con él, sino que se la prestó a Miguel Ángel Martínez, dueño del grupo Escorpión”, dijo Monzón.
“Yo estoy seguro de que, al día de mi captura todavía se facturó comisiones por tema de fertilizantes. Yo le pedí a mi contador que me mandara dinero y nunca me mandó (…) ya se lo habían gastado seguramente y era de lo que restaban de 2014”
Padilla le habría dicho a Monzón que “no se quería quemar con ese contrato” con el grupo Escorpión, porque comparado con otros era muy pequeño.
Monzón dijo que Padilla habría tenido un encuentro con Baldetti en un restaurante de la zona 10, cuando ella era aún candidata vicepresidencial, en ese entonces le habrían ofrecido la seguridad para ella y su familia y Padilla aprovechó para pedirle algunos contactos que quería, entre ellos el Inde y el IGSS, pero no le mencionó nada de Fonades y su intención de que contrataran sus servicios de seguridad para los fertilizantes.
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Monzón dijo que fueron como Q2 millones de quetzales de ese proyecto, pero que a él, Martínez le habría entregado Q200 mil de comisión por el primer contrato de seguridad que se le asignó.
Además de ese, existía otro contrato del servicio de bancarización del aporte de los beneficiarios y que habían acordado que ellos —los campesinos— iban a pagar entre Q10 y Q20.
El Diputado Selvin García recibió 200 mil de comisiones por el contrato de Fertilizantes, para evitar citaciones al Congreso, el quería Q400 mil pero al final se acordó la mitad y una o dos plazas en el RIC dice Juan Carlos Monzón
— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) April 3, 2018
“Esa fue una de las instrucciones que Otto Pérez y Roxana Baldetti me habían dado, para que no sintieran que se les estaban regalando completamente el fertilizante y que con los Q10 o Q20 que se definiera que fueran a dar, se comprara más fertilizante, herramientas o proyectos para la agricultura para beneficio de los campesinos”, contó Monzón.
Monzón contó que cuando se recibió el dinero de Banrural, que fue el banco que recibió el pago de los campesinos, porque tenían la ventaja de contar con los datos de los beneficiarios durante el Gobierno de la UNE. Asegura que de ese proyecto no recibieron comisión.
Pero que el banco no pudo hacer la transferencia a Fonades, porque en su reglamento no estaba permitido recibir fondos privativos y el dinero se fue al fondo común.
El colaborador eficaz dijo que la entrega de fertilizantes era un tema político y que es un programa usado para asegurarse puestos políticos de elección popular.
En marzo 2012 Roxana Baldetti pidió el listado de las 1,500 plazas del RIC. Por lo general de favores políticos.
— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) April 3, 2018
“Roxana lo ve políticamente y por eso es que me indica ‘no quiero que se lo des a Efraín Medina, porque ese se los va a dar a todos los correligionarios de Viva’, y por eso fue que Fonades se hizo cargo”, aseguró Monzón.
El director, Julio Menéndez, se habría encargado de la distribución del fertilizante, pero los diputados del PP no habrían estado de acuerdo con las cantidades que les daban.
Hubo presiones de diputados de Alta Verapaz a quienes identificó como de apellido Quej, para que destituyeran al director de Fonades, y a finales de 2012 fue destituido.
Estuvimos a punto de que el MP se llevara Q10 millones de quetzales que estaban en una oficina, pero esa fue protegida y sellada. pic.twitter.com/MrhxVOl0n5
— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) April 3, 2018
Eso les habría permitido conseguir en el 2013 entre Q4 y Q5 millones en comisiones por fertilizantes, además de otra comisión que habrían recibido por el pago del seguro para los fertilizantes porque hubo robos del producto.
Monzón acusa a diputados y funcionarios
Monzón declaró ante el juez que del 2013 al 2015 el procedimiento de la compra y entrega de fertilizantes fue el mismo y que en el 2013 apresuraron la licitación por la presión de la lluvia.
También dijo que el nuevo director de Fonades fue nombrado porque estaba buscando una plaza en el Gobierno, porque había trabajado en el Ministerio de Comunicaciones, pero tuvo problemas con un viceministro.
Haber pertenecido al equipo de Sinibaldi, habría hecho dudar a Baldetti de su nombramiento, pero Martínez habría intercedido por él y convenció a Monzón para que lograra que Baldetti lo nombrara.
“Cuando Ludvin entró, el proceso de compras del fertilizante 2013 ya estaba montado y nosotros ya habíamos hecho la negociación nuevamente con Ticsa y Mayafert (…) pero después de hacer la negociación del pago de las comisiones, y en esta oportunidad le dije a Ticsa: espero que en este año sí tengas la capacidad de cumplir, y con Mayafert también habíamos negociado, yo con quien negocié fue con Alma López, nuca con Julio Barrios”, aseguró.
Las comisiones según Monzón, oscilaban entre los Q5 y Q6 millones en el tema de fertilizantes, solo que en esa oportunidad se compró más fertilizantes, aunque no existían más beneficiarios.
Estuardo González alias “Eco” podría lograr una rebaja de la pena que le permita salir de prisión. El próximo tres de marzo esta programada la audiencia para conocer la solicitud.
“Eco” fue condenado a seis años y medio por asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación. El fiscal del caso Juan Francisco Sandoval indicó que Estuardo González podría obtener salir de prisión. Pero resaltó que tiene más procesos penales que en este caso podrían evitar dicho acceso a la libertad.
La fase intermedia del caso la línea continúa, por este caso hay más de 30 procesados que se encuentran en la audiencia de fase intermedia en la que se deberá resolver si deben enfrentar juicio.
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Con información Verónica Orantes.
El expresidente Otto Pérez Molina llegó a la Torre de Tribunales, para continuar con la audiencia de la etapa intermedia del caso de corrupción conocido como La Línea, sin embargó llegó con un “look” diferente y que nunca mostró.
Ex presidente Perez Molina ex trasladado a tribunales, caso la linea, de nuevo es abucheado por reos. pic.twitter.com/v94y1eNbEH
— Alberto Cardona (@BCardona_gtv) January 30, 2017
Pérez Molina se dejó crecer la barba y bigote, también lucía un poco más demacrado que en las últimas audiencias, esta vez llegó luciendo un traje completamente negro.
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Molina señaló que se encuentra “bien de salud”, y que se esta preparado para continuar con el caso.
Pérez Molina en prisión preventiva
El expresidente Otto Pérez Molina fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva, por su supuesta implicación en la red de defraudación aduanera La Línea.
Así luce el expresidente Otto Pérez Molina. #CasoLaLínea audiencia todavía no inicia. pic.twitter.com/LXcjRCLtHK
— Verónica Orantes (@VeronicaO_gtv) January 30, 2017
El exmandatario fue ligado a proceso penal y dejado en prisión preventiva, el pasado 08 de septiembre de 2015 pues el juez Miguel Ángel Gálvez consideró que existen suficientes indicios que lo ligan al caso y por lo tanto se debe evitar una posible obstaculización a la justicia.
- Con información de Verónica Orantes y Alberto Cardona.
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