Ciudad Guatemala
El Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) logró que siete personas enfrenten proceso penal en el caso Negocios en Industria Militar, según resolvió el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.
De acuerdo con la investigación se trata de empresarios que habrían efectuado una relación comercial con Industria Militar. Se trata de Moisés Israel Santiesteban Fuentes; de la empresa “Diana Textil”, Manuel Antonio Pivaral Pérez; de “Distribuidora Cumbre” y Ernesto Arturo Zamora Cruz; de “Amor&Có”, los tres por el delito de cohecho activo.
Mientras que Henry Danilo Morales Cifuentes; de “Miscelánea Marcos”, Xiomara Carolina Orellana Meza de Gómez; “Disinco”, Miguel Ambrocio Azurdia; “El Shadai” y Antonio Benjamín Contreras Barrios; “Fecomsa”, los cuatro por el delito de peculado.
Empresarios y militares estafaron al Estado
Del resultado de las investigaciones realizadas, surge que los empresarios que tuvieron relación comercial con la Industria Militar, debían pagar al jefe de esta institución y al jefe del Departamento Financiero sumas de dinero para poder obtener contratos o trabajos.
Se logró establecer preliminarmente que recibieron mediante cheques la cantidad de Q919,330.83 como cobro por la adjudicación de esos contratos.
Pese a la evidente ilegalidad en el pago de comisiones y que dicha situación fue puesta en conocimiento de las autoridades militares, no se tomaron las medidas correctivas para preservar la custodia de los fondos públicos.
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Dicha cantidad de dinero fue pagada mediante varios cheques de la Industria Militar por ventas realizadas, en su gran mayoría, en instituciones públicas del Estado guatemalteco, entre ellas la Policía Nacional Civil, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad.
El caso
Una investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala estableció la existencia de un grupo criminal que operó al interior de la Industrial Militar durante los años 2008 al 2011.
En operativos coordinados por el MP con el apoyo de la CICIG se realizaron varios allanamientos y las siguientes capturas emitidas por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal:
- General Jorge Arturo Vega Chávez, actualmente militar retirado. Asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.
- Coronel José Alfredo Cotzojay Chajón, actualmente militar retirado. Asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.
- Byron Manuel Santos Galindo, actualmente militar retirado. Asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.
- Rolando Enrique Hernández González, quien se desempeñaba como asesor de procesos de Seguridad en la Gerencia de Seguridad Integral de Puerto Quetzal. Asociación ilícita y peculado.
- Carlos Geovani Mejía Girón, actualmente agregado militar en la República de Brasil. No fue localizado por encontrarse fuera del país. Asociación Ilícita, peculado y cohecho pasivo.
El grupo criminal estaba integrado por los coroneles José Alfredo Cotzojay Chajón, Jorge Arturo Vega Chávez, Carlos Geovani Mejía Girón y Byron Manuel Santos Galindo, quienes para cometer varios ilícitos contrataron al Mayor retirado Rolando Enrique Hernández González, como “representante de ventas” de la Industria Militar.
El Mayor Hernández González recibió en el período comprendido entre los años 2008 al 2011, veintitrés millones cuatrocientos dos mil doscientos treinta y ocho quetzales
(Q23.402.238.00), proveniente de ganancias por comisiones establecidas en ventas de la Industria Militar, las que estuvieron plagadas de irregularidades.
Dicha cantidad de dinero fue pagada mediante varios cheques de la Industria Militar por ventas realizadas, en su gran mayoría, en instituciones públicas del Estado guatemalteco, entre ellas la Policía Nacional Civil, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad.
En la emisión y autorización de los cheques participaron Carlos Geovani Mejía Girón y Byron Manuel Santos Galindo, en su calidad de jefes del Departamento Financiero de la Industria Militar, quienes en conjunto con los otros señalados cometieron varias conductas ilícitas para sustraer dicha cantidad de dinero del erario de la institución castrense, entre ellas:
- Se creó la figura de “representante de ventas” (para Hernández González), incumpliendo con el principio de sujeción a la ley, duplicando funciones innecesarias por existir puestos que ya realizaban las funciones pactadas para el representante de ventas. En este caso en la Industria Militar ya existía el puesto de jefe de Sección de Ventas por Mayor.
- Las comisiones pagadas entre el 5 y 25% al representante de ventas (Hernández González) fueron excesivas e inoperantes, las cuales fueron pactadas de manera antojadiza, sin ningún sustento técnico ni jurídico.
- No se acreditó que el representante de ventas tenía las capacidades, conocimientos y experiencia en el ramo comercial.
- En varios contratos no se prestaron los servicios del representante de ventas y sin embargo le fueron pagadas comisiones por ventas que no realizó.
- Recibió el pago de comisiones por ventas realizadas a instituciones públicas a las que contractualmente le estaba prohibido vender (como la SAT, el Organismo Judicial entre otros).
- Recibió más dinero como pago de comisiones del que realmente le correspondía, de acuerdo al porcentaje establecido en los contratos.
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