Ciudad Guatemala
La estrategia del Ejecutivo, incluyendo su conflicto con la Cicig, es guiada por un grupo vinculado con sectores de inteligencia militar.
Por Bill Barreto y Sofía Menchú
El presidente Jimmy Morales tiene treinta meses de gobernar el país y, de esos, veintiuno los ha dedicado a concentrar esfuerzos para debilitar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La batalla contra este organismo surgió en septiembre del 2016 por la acusación de corrupción en contra de su hijo y su hermano, y se agudizó en agosto del 2017, cuando el Ministerio Público (MP) y la Cicig solicitaron retirarle la inmunidad para investigarlo por posible financiamiento electoral ilícito.
** Prensa Libre entrevistó a fuentes políticas, del Ejecutivo e inteligencia, que pidieron el anonimato por temor a represalias, y coincidieron en señalar a quienes asesoran a Jimmy Morales en esta estrategia.**
El pulso se libra en al menos tres planos: la estrategia institucional a escala local, la internacional y la mediática.
La estrategia fue asumida por el Ejecutivo luego de que cayeron en desgracia otros asesores cercanos al presidente, como el coronel Édgar Ovalle, exdiputado y oficial de inteligencia, prófugo por crímenes de lesa humanidad; y el diputado Herbert Melgar Padilla, hermano del general Érick Melgar Padilla, investigado por el caso Manipulación de la Justicia.
Este vacío de poder fue aprovechado, según fuentes de ese organismo, por un grupo con acceso al mandatario, que incluye a secretarios y asesores.
En el entorno presidencial se conoce al grupo de más confianza del mandatario como el Sanedrín, por el nombre que recibía en la antigüedad el consejo de sabios en Israel.
Círculo de confianza
Este grupo está integrado por Mario Andrés Duarte García, jefe de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE); Eduardo Andrés Castro Montejo, subsecretario privado de Asuntos Políticos de la Presidencia; José Alfredo Brito Ralón, secretario de Comunicación Social de la Presidencia; y César Orlando Ramírez Mendoza, jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). Otro de los más cercanos, aunque sin formar parte del Sanedrín, es César Augusto Cabrera Leonardo, asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia.
El Sanedrín se formó a finales del 2016, pero se fortaleció en agosto del año pasado. El presidente comenzó a mostrarse irritado en reuniones de Gabinete cuando las investigaciones del MP y la Cicig comenzaron a tocar a su familia. Eso lo dejó vulnerable para ser influenciado.
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Fuentes alrededor de Morales aseguran que fue este grupo el que recomendó darle a la disputa con la Cicig un tinte ideológico y apelar a una defensa de la soberanía nacional. Además, se encontrarían entre los asesores que aconsejaron el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén para ganar apoyo en el exterior.
Este grupo también hace, periódicamente, un monitoreo de medios que utiliza para convencer al mandatario de que toda crítica hacia su gobierno es una confabulación premeditada contra él.
¿Quién es quién?
Según archivos públicos como nóminas de instituciones gubernamentales, el Registro Mercantil, Registro Nacional de Personas y otras fuentes documentales, este es el perfil del círculo más cercano al mandatario:
Duarte García, jefe de la SIE, es esposo de Brenda Zaldaña Bustamante, hija de Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, oficial de inteligencia del Ejército y condenado a 25 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad, por el caso Molina Theissen.
Zaldaña Bustamante es, además, sobrina del general Édgar Ricardo Bustamante Figueroa, jefe de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS) en el gobierno del Partido Patriota.
Duarte García fue director de Monitoreo y Comunicación de la STCNS entre 2013 y 2015, durante la gestión de Bustamante
Castro Montejo, subsecretario privado de Asuntos Políticos de la Presidencia, es sobrino del general de brigada Alan Leonel Castro Alvarado, comandante de la Segunda Brigada de Infantería, ascendido a este rango el año pasado por el presidente Morales.
El abogado también trabajó en la municipalidad de Mixco durante la administración de Otto Pérez Leal, en donde conoció a Othmar Sánchez, concejal durante este período por el partido Acción de Desarrollo Nacional (ADN) con el cual Jimmy Morales compitió por esa alcaldía.
Eduardo Andrés Castro Montejo
Es amigo de Sánchez, investigado por el Caso Botín Registro, y colaboró con FCN-Nación en la pasada campaña electoral. Asimismo, el subsecretario trabajó en el Ministerio de Educación de junio a septiembre del 2014 en el seguimiento y sistematización de noticias durante la gestión del PP.
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Fue asesor profesional especializado entre mayo del 2014 y abril del 2016 en el Ministerio de Desarrollo, en la Unidad de Cooperación Internacional.
Es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Landívar y cuenta con un posgrado en Gerencia en Comercio Internacional por la Universidad de San Carlos de Guatemala, además, fue capacitado en el Weitz Center for Development Studies, una oenegé asociada a la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel, Mashav.
César Orlando Ramírez Mendoza
Jefe de la SAAS, está casado con Silvia Lissette Ordóñez Castro, hermana de la exministra de Comunicaciones Sherry Lucrecia Ordóñez Castro, quien renunció 11 días después de haber asumido el cargo, al revelarse que había sido contratista del Estado y que tenía un adeudo tributario al tomar posesión. Además, brindó apoyo a FCN-Nación en la campaña del 2015.
El jefe de la SAAS es propietario de una empresa individual de servicios de comunicación con tres nombres comerciales: IAVI Producciones, Inversiones SSS y Ya Support’s Productions, las cuales recibieron entre 2013 y 2014 adjudicaciones del Ministerio de Cultura y Deportes por Q141 mil 525.
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José Alfredo Brito Ralón
El secretario de Comunicación Social es esposo de la magistrada Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, quien integra la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, que favoreció con arresto domiciliario al hermano y al hijo del presidente, recomendó no retirarle la inmunidad al
difunto alcalde Álvaro Arzú Irigoyen, y ordenó el cierre de la persecución penal contra la familia Bitkov.
Brito tiene una larga trayectoria en el Grupo Albavisión, propiedad de Ángel González, de 1993 al 2001 y del 2008 al 2015.
Cabrera Leonardo, asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia, es ingeniero en Electrónica, Informática y Ciencias de la Computación. Es hijo del coronel César Augusto Cabrera Mejía, oficial de inteligencia procesado por el caso de desapariciones forzadas Creompaz, en la zona militar 21 de Cobán, por el cual está prófugo el exdiputado Ovalle.
Cabrera Mejía también fue representante legal de la Empresa de Seguridad Privada Élite, y su hijo, gerente general, según reportes del Registro Mercantil y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Esta firma fue intervenida el 18 de abril de este año por defraudación tributaria y sus multas fueron reducidas en Q7.5 millones por Morales.
También estudió el doctorado en Seguridad Estratégica que cursó el mandatario. En su tesis doctoral analizó las bases de datos sobre seguridad del Estado y el papel de las redes sociales en la desobediencia civil, en el cual afirma que la sociedad civil “no abanderó la toma de plazas y calles” durante la crisis política del 2015.
¿La cortina Bitkov?
En el 2015 la familia Bitkov, de origen ruso, fue capturada como parte del caso Migración, el cual seguía a una red de falsificación de documentos, de los cuales, según la Fiscalía, la familia rusa fue usuaria. Los Bitkov fueron condenados, pero una resolución de la CC ordenó repetir el juicio.
El gobierno ruso solicitó la extradicción de Igor e Irina Bitkov el 25 de febrero del 2015 por otros delitos investigados en ese país, y desde el 12 de septiembre del 2016 remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores un proyecto de convenio de extradición sin recibir respuesta hasta la fecha. La familia, además, ha solicitado refugio en el país, decisión que está en manos del Ejecutivo, a través de la Secretaría General de la Presidencia.
Aunque parezca una idea extraña, según fuentes políticas, los integrantes del Sanedrín le recomendaron al presidente utilizar las misma estrategia de la película Wag Dog —en español, llamada Cortina de humo— para desviar la atención de las acusaciones en su contra y atacar a la Cicig, promoviendo en redes sociales, a través de terceros, el caso como una conspiración rusa.
Al respecto, la embajada rusa sostiene que no hay una persecución política contra esta familia. En dicha película, para distraer la atención pública de un escándalo sexual que involucra al presidente, sus asesores le recomiendan inventar una guerra contra un país desconocido.
El panorama para CICIG
Fuentes judiciales señalan que desde la llegada al Ministerio de Gobernación de Enrique Degenhart, en enero pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) no ha contado con apoyo de agentes de la policía para efectuar allanamientos.
La última captura registrada en un operativo conjunto entre el MP y Cicig fue el 18 de abril último, cuando detuvieron al exdiputado Mario Israel Rivera Cabrera, mientras que el 13 abril el MP denunció que una fuga de información impidió tres capturas por el caso IGSS-Pisa.
Los mayores respaldos internacionales hacia la Comisión han venido del secretario general de las Naciones Unidas António Guterres, el 8 y 24 de mayo, cuando destacó el trabajo de la Cicig como “un ejemplo para combatir la corrupción”. Al igual que de parte del grupo de países donantes del G-13 y congresistas demócratas, así como de instituciones guatemaltecas como la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Mientras que las críticas foráneas más duras han provenido de congresistas republicanos, en relación al caso Bitkov, y el llamado de atención de la embajadora estadounidense Nikki Haley a la Comisión, el 1 de marzo, de “no politizarse”.
Respecto de esta información, Matías Ponce, vocero de la Cicig, indicó que no tienen comentarios.
“Actuaciones son en Consejo de Ministros”
Respecto a los cuestionamientos sobre los asesores del presidente, la subsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Lucy Barrios, comentó: “Las personas mencionadas, Mario Duarte, Alfredo Brito y Orlando Ramírez fungen como secretarios de la Presidencia, mientras que Andrés Castro ejerce como subsecretario; en el caso de César Cabrera es asesor de la Secretaría Privada. Por lo tanto, con excepción de Cabrera, los funcionarios tienen una relación directa con el señor presidente Jimmy Morales, inherentes a su cargo”.
La funcionaria agregó: “Los temas relacionados con la diplomacia y la política internacional son abordados desde la Presidencia con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La decisiones del señor presidente Jimmy Morales están basadas siempre en la institucionalidad y todas sus actuaciones son en Consejo de Ministros o separadamente con uno o más de ellos, siempre velando por los intereses de la población sin beneficiar o perjudicar a persona individual o jurídica”.
Barrios evitó pronunciarse sobre algún posible conflicto de interés de los funcionarios mencionados por las investigaciones o sentencias a sus familiares.
“Durante la administración del presidente Jimmy Morales se ha promovido la regularización de los contribuyentes que se encuentren con omisos o problemas en el pago de impuestos. Muestra de ello, fue el Acuerdo Gubernativo 82-2017 en el que se exoneraba de multas, mora, intereses o recargos a los contribuyentes que hubiesen incurrido en infracciones tributarias, con el propósito que tanto personas individuales o jurídicas pagaran sus impuestos atrasados. En este caso en mención, como en otros, se fue consecuente con esa política que busca regularizar la situación de los contribuyentes.
En ningún caso, atendiendo a la norma constitucional, el señor presidente ha exonerado del pago de impuestos a contribuyente alguno”.
Respecto a una intervención en el caso Bitkov dijo: “Es falso, entendemos que es un caso que se ventila en las cortes del país y el Organismo Ejecutivo ha sido garante de la independencia de poderes y respetuoso de la libre emisión del pensamiento”.
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