El pasado lunes el Organismo Ejecutivo emitió un estado de Sitio para los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, zonas que están bajo una disputa territorial que la semana pasada dejó una masacre con 13 personas fallecidas.

Luego de la medida de excepción, el Congreso de la República en una sesión extraordinaria ratificó la misma, quedando en firme las disposiciones presidenciales que buscan frenar las agresiones entre los dos bandos comunitarios del departamento de Sololá.

Y como parte de estas medidas que buscan mitigar las agresiones en la zona, Gendri Reyes, ministro de Gobernación, junto a Henry Reyes Chigua, ministro de la Defensa, llegaron este 24 de diciembre al límite entre los dos municipios.

Los funcionarios se reunieron con líderes comunitarios para escuchar sus propuestas e  informarles que el desplegado de las fuerzas de seguridad es tan solo para brindar protección en la zona, resguardar comunidades cercanas y evitar nuevos actos de agresión.

Esta es la primera actividad pública del nuevo titular del Ministerio de la Defensa.

A una semana

El pasado viernes 17 de diciembre y la madrugada del sábado 18, se reportó un enfrentamiento armado entre las comunidades que disputan el límite territorial entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, del departamento de Sololá.

Posterior a ellos, cuando las fuerzas de seguridad y cuerpos de socorro se pudieron hacer presentes el lugar documentaron la muerte de 13 personas, lo que ocasionó manifestaciones de los comunitarios en busca de justicia y la medida de excepción emitida por la presidencia.

Expertos destacan que este conflicto no es nuevo y tan solo emitir de excepción no da una solución real al problema, por lo que además de mesas de diálogo estiman prudente la participación de las iglesias y autoridades ancestrales de la cosmovisión maya, para que en conjunto puedan llevar paz a la zona.

El Gobierno de Jimmy Morales se propuso equipar al Ejército de Guatemala antes de finalizar su cuarto y último período gubernamental, y decidió comprar un buque militar por Q90 millones.

La compra fue confirmada este 3 de julio a Prensa Libre por el vocero del Ejército, Oscar Pérez, quien indicó que esperan la llegada de este barco entre finales de octubre e inicios de noviembre de este año.

A decir del vocero, éste buque se utilizará para el combate del narcotráfico y se ubicará específicamente en el Pacífico dada la cantidad de detección de embarcaciones navales que se detectan en ese espacio marítimo y que trasiegan droga.

La compra se hace al gobierno de Colombia gracias a un acuerdo de cooperación entre ambos países y a un precio “por debajo del normal”, según Pérez.

Se trata de un buque logístico con helipuerto, que puede permanecer hasta 40 días en el mar, con una capacidad para 15 tripulantes y un sistema de comunicaciones que puede servir como centro para la gestión de emergencias y desastres

Los fondos para la compra de este buque ya estaban presupuestados gracias a una enmienda efectuada en noviembre del año pasado con la que se readecuaron Q150 millones del presupuesto del Ministerio de la Defensa para apoyar a la Fuerza Aérea y a la Marina.

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El presidente Jimmy Morales mostró su interés por la compra de este equipo cuando realizó una visita oficial a Colombia en febrero de 2018.

Esta adquisición se une a los dos aviones Pampa III que acaba de comprar el gobierno de Morales  al gobierno de Argentina por US$28 millones y que se supo a pesar de las declaraciones contradictorias y confusas del vicepresidente Jafeth Cabrera y demás miembros del Gabinete.

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Desde hace seis días el Ministerio de Gobernación mantiene el hermetismo por la concentración de los jeeps J8 en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en zona 13.

Esa decisión se tomó luego que el gobierno de EE. UU., suspendiera la ayuda militar a Gobernación y advirtió evaluar los aportes al Ministerio de la Defensa.

El Departamento de la Defensa de EE. UU. hace énfasis en que los jeeps J8 tuvieron “uso incorrecto”, pero no solicitaron la devolución de esos vehículos. Sin embargo, Gobernación decidió concentrarlos y no se ha aclarado esa decisión.

No obstante, meses atrás, el secretario de Inteligencia, Mario Duarte, ofreció devolver los vehículos si no les parece el uso que se les da.

“Nosotros le dijimos a la embajada de Estados Unidos, si tanto es el problema de cómo utilizamos algo que ustedes nos donaron, se los vamos a dejar enfrente, no se preocupen”.

#Ahora | Vehículos jeep J8 circulan en avenida Hincapié, zona 13. pic.twitter.com/9wPhVhL8Jh

— Josué León (@JLeon_PL) March 21, 2019

Hermetismo

Óscar Pérez, director de Prensa del Ejército, dijo que, por ley, no competía a ese ministerio la administración de los vehículos, sino a la cartera de Gobernación, cuyo portavoz, Fernando Lucero, no contestó a las llamadas.

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, fue consultado el pasado miércoles al respecto, pero se negó a responder.

Hasta el momento se desconoce cuál es el paradero de los vehículos. Extraoficialmente se dio a conocer que fueron regresados a las áreas asignadas.

#Ahora | Jeeps J8 salen del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Video: Cortesía. pic.twitter.com/E0gxR0TZy8

— Prensa Libre (@prensa_libre) March 21, 2019

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El Departamento de Defensa también está evaluando las transferencias al Ministerio de la Defensa de Guatemala caso por caso, en el contexto de nuestra larga relación y nuestros esfuerzos de fortalecimiento institucional”, precisó el portavoz de la embajada estadounidense.

Reitera que Guatemala es un aliado y socio en los esfuerzos de seguridad en la región, pero el uso incorrecto de los vehículos ha requerido una revisión del apoyo a los programas de cooperación y seguridad.

En agosto de 2018 los Jeeps J8 fueron empleados para hacer patrullajes frente a la sede de la Cicig y la Embajada de Estados Unidos, pese a que se entregaron para que los usaran exclusivamente para las fronteras y contra el narcotráfico.

Los patrullajes causaron alarma en la población y repudio por diversos sectores, debido a que coincidió con la época en la cual el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la Cicig.

El secretario de Inteligencia Estratégica del Estado; Mario Duarte, dijo en enero pasado que en cuanto una vez aceptada la donación, “ya es propiedad de Guatemala”.

“Nosotros le dijimos a la embajada de Estados Unidos, si tanto es el problema de cómo utilizamos algo que ustedes nos donaron, se los vamos a dejar enfrente, no se preocupen”.

Este es el audio completo de sus declaraciones:

El anuncio de la Embajada se produce un día después de que el Departamento de Estado destacara dentro de su Reporte Anual sobre Derechos Humanos el mal uso de esos vehículos.

El informe cita informes de oenegés locales, según las cuales el enviar a esos vehículos a hacer patrullajes constituyó una demostración de fuerza, intimidación y un intento de reprimir a la sociedad civil.

Esto fue lo que respondió el gobierno guatemalteco:

El Gobierno de la República de Guatemala a la opinión pública informa: pic.twitter.com/6baXYbgd6z

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 14, 2019

“En los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (Faller) ha reafirmado el compromiso de continuar apoyando a la región para trabajar juntos en generar confianza ante las amenazas actuales”, señaló la embajada estadounidense en San Salvador en un comunicado.

Durante su estadía en Guatemala, el pasado 23 de enero, discutieron con el embajador estadounidense, Luis Arreaga, sobre como la cooperación en seguridad y el trabajo entre los militares y la sociedad civil de Guatemala puede fortalecer la prosperidad y la gobernanza.

También se reunió con el ministro de Defensa, Luis Ralda para conversar sobre la cooperación entre Estados Unidos y Guatemala, la seguridad, la lucha antinarcótica y los derechos humanos.

https://twitter.com/Min_Def_GT/status/1088188812373778437

Hizo una visita al Comando de Fuerza Especial Naval, la cual es referente de la cooperación contra el narcotráfico, con la incautación de más de 17 mil kilogramos de cocaína en 2018.

Faller se reunió en El Salvador con el ministro de Defensa, el general David Munguía y el alto mando de la Fuerza Armada, después de visitar Guatemala y Honduras, donde sostuvo encuentros con jefes militares.

“El Salvador tiene un rol importante en la lucha contra el crimen transnacional, el narcotráfico y el tráfico de personas. Reconocemos la colaboración que hemos tenido y enfatizamos la importancia de continuar teniendo una relación fuerte para poder luchar juntos por la seguridad y prosperidad de ambos países”, indicó Faller en un comunicado.

En El Salvador funciona desde 2000 un Centro de Monitoreo Antinarcóticos de Estados Unidos, ubicado junto al principal aeropuerto internacional del país.

Desde ese lugar despegan aviones estadounidenses provistos de radares para detectar embarcaciones y avionetas que utilizan el territorio centroamericano para el tráfico de drogas.

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La iniciativa presentada ante el Congreso de la República pretende aprobar Ley para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, en el artículo 44 se propone derogar el decreto que crea la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El documento está firmado por el presidente Jimmy Morales, Luis Miguel Ralda, Ministro de la Defensa Nacional, Carlos Adolfo Martínez, Secretario General de la Presidencia, pero fue presentado mediante el Ministerio de la Defensa (Mindef).

En el artículo 9 propone la creación de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

En el artículo 32, se establece que El Consejo Nacional de Gestión Integral de Desastres (CONAGIRD) eleverá un informe técnico que podrá sustentar la alerta del Presidente para que conforme al mismo “pueda realizar la declaratoria del Estado que corresponda de conformidad a la Ley de Orden”.

Eso le daría vía libre al presidente para dictar estado de Calamidad y estado de Sitio, siempre y cuando tenga un inrfome de CONAGRID.

De aprobarse la Ley también dispone que la Conred debe realizar la transferencia de funciones, así como la de cuentas corrientes y bienes tangibles e intangibles, activos dentro de otros a la nueva Secretaria que estará a cargo del Mindef.

“La ley actual, 109-96, establece que el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres lo integran varios ministerios y lo coordina el Ministerio de la Defensa, quiere decir que continúa con la misma estructura solo ique ntegra nuevos ministerios como el Desarrollo, así como a la SEGEPLAN también ahora el Cacif, que ha estado siempre vinculado con los daños que siempre se presentan y afectan a todos los sectores” señaló David de León, vocero de la CONRED.

“Esta iniciativa se ha trabajado con diferentes sectores desde el 2016, recuerdan que hemos dicho que la ley actual no permite más allá que recomendar a autoridades, con esta ley cambiaría la condición actual” indicó De León.

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Por Carlos Álvarez

Pese a que el oficialismo propuso una enmienda para aumentar el presupuesto de la Universidad en Q262 millones, el rector de esa casa de estudios Murphy Paiz, señaló que el presupuesto es insuficiente e indicó que analizará colocar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

La reunión fue en el Congreso con la presencia del ministro de Finanzas Públicas Víctor Martínez y el procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas. Afuera del Palacio Legislativo un grupo de estudiantes y trabajadores universitarios manifestaban.

Javier Hernández Franco, jefe del bloque oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y presidente de la Comisión, presentó un borrador de enmienda para el proyecto de presupuesto con el cual sugería incrementar el techo presupuestario de la Usac en Q262 millones para el próximo año.

Hernández Franco detalló que para trasladar ese monto a la Usac se harían los recortes presupuestarios a los siguientes ministerios:

• Ministerio de Defensa, Q25 millones
• Ministerio de Educación, Q12 millones
• Ministerio de Trabajo, Q45 millones
• Ministerio de Agricultura, Q15 millones
• Ministerio de Comunicaciones, Q155 millones
• Ministerio de Desarrollo Social, Q10 millones.

El rector de la Usac no estuvo de acuerdo con la propuesta y recordó que para que la Universidad pueda cumplir con sus compromisos de operación el próximo año se necesitarían como mínimo Q200 millones más de lo que el oficialismo ofrece.

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Paiz no descartó que se reúna con el Consejo Superior Universitario para evaluar la posibilidad de acudir a la Corte de Constitucionalidad a presentar un amparo en contra del Congreso, pues no están de acuerdo con el incremento que se propuso.

El académico también pidió reunirse esta tarde con el ministro de Finanzas para discutir otras propuestas en función de buscar más fondos para la Usac, propuesta que fue aceptada por los miembros de la comisión.

Carlos Barreda, integrante de la Comisión y del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, también estuvo en desacuerdo con la propuesta que se presentó.

“Lo que se necesita es que se restituya el dinero que se le recortó a la Usac y que se le dé un aporte adicional para poder cubrir el déficit de no haber aprobado el presupuesto. Votamos en contra de lo que propusieron porque creemos que se le puede dar mucho más”, afirmó Barreda.

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El congresista calificó como “una payasada” que se haya aprobado que el rector y el ministro de Fianzas continúen con un diálogo para llegar a soluciones porque donde en verdad se tienen que llegar a consensos es en el Congreso.

Javier Hernández Franco fue cuestionado por la inconformidad del diputado Barreda y contestó: “Ustedes saben que son oposición -política-, van a estar en contra de todo lo que decimos”.

El diputado oficialista señaló que se llegó a esa conclusión —aumento de Q262 millones para la Usac— con base al trabajo de la cartera de Finanzas Públicas.

Sin acuerdos

La primera reunión de la Comisión se realizó el sábado y terminó sin acuerdos. El Minfin presentó una propuesta por Q284 millones, menor a los Q401 millones que está solicitando la universidad estatal para resolver la crisis financiera para este año.

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El ministro de Finanzas, Víctor Manuel Martínez, dijo que el planteamiento de apoyo consiste en  trasladar el aporte pendiente ordinario este mes por Q178 millones para ejecutar el cien por ciento del presupuesto vigente.

Además, propuso la ubicación de un espacio presupuestario adicional por Q64 millones y otros Q42 millones con cambio de fuente de inversión  para la capitalización del fondo de prestaciones de los empleados de la universidad.

“Estamos previendo facilitar Q284 millones y, en la medida en que podemos avanzar, podemos brindar la certeza a los servicios públicos y ubicar eficiencias y ahorros para seguir buscando el apoyo a la universidad”, dijo Martínez.

El rector  Murphy Paiz hizo un llamado a los sectores para que acompañen este proceso, estar atentos y esperar que los acuerdos  se concreten la próxima semana.

“El efecto del 2018 se puede volver a percibir en el 2019. Queremos recuperar un presupuesto adecuado y pertinente a las necesidades de la universidad”, aseguró.