Consultamos a diputados de diferentes bancadas sobre la declaración patrimonial. Varios confirmaron que ya la entregaron a la Contraloría General de Cuentas, tal como establece el artículo 22 de la Ley de Probidad, que deben hacerlo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de toma de posesión.

Al consultarles si harán pública la declaración de bienes que poseen, unos dijeron que por seguridad no es prudente porque podrían ser víctimas de extorsión. Otros creen que es algo personal y que mostrarán solo si alguien en específico pide conocerla. También hubo parlamentarios que se comprometieron a publicarla en los próximos días.

Actualmente, cuatro congresistas de Semilla han publicado su declaración, asegurando que es una muestra de transparencia y una forma para que la población verifique que los funcionarios y dignatarios no se enriquecerán ilícitamente en el cargo.

El titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la presidencia, Hector Castillo, continúa detectando anomalías en los servicios y bienes de la entidad.

Según Castillo, en los últimos 15 días se han ahorrado cerca de Q60 mil en combustibles, no solo porque han reducido los viajes sino porque lograron recuperar 65 vehículos que pese a estar asignados a la SAAS, eran utilizados por familiares y amigos de exfuncionarios.

“Se está haciendo, como dijo el señor de la Contraloría, esto es un tema del Ministerio Público que lo están investigando”, respondió Castillo al cuestionarle si interpondrá alguna denuncia.

Además el funcionario dijo que reducirán el gasto en telefonía fija y móvil. La SAAS tiene 292 celulares, asignados a funcionarios y agentes, la idea es que solo queden 100 aparatos.

Secretario de la SAAS aseguró que hubo una reducción en el gasto de telefonía fija y de celular. Además dijo que preparan una denuncia porque familiares y amigos de funcionarios utilizaban vehículos que estaban asignados a la secretaría. pic.twitter.com/hZGPBOiaUG

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 12, 2020

Funcionarios de la Contraloría General de Cuentas señalaron durante la citación que mantienen dos auditorías en la SAAS, una de ellas por petición del Ministerio Público.

La fiscal del partido Prosperidad Ciudadana, Sabrina Véliz, presentó al Tribunal Supremo Electoral un documento de la Contraloría General de Cuentas, el cual establece que al 17 de marzo de 2019 el finiquito de Edwin Escobar está vigente.

Con esto, el partido busca que los magistrados del TSE no revoquen la candidatura presidencial de Escobar. Aseguran que solo el Juzgado Noveno podría tomar tal acción.

La Corte de Constitucionalidad revocó el amparo con el que Escobar obtuvo su finiquito y trasladó el expediente al Juzgado Noveno. También ordenó investigar a la jueza de Escuintla quien amparó al presidenciable para que la Contraloría le extendiera el documento.

El finiquito es un requisito indispensable para todas las personas que se postulan a cargos de elección popular.

El 13 de octubre del 2018, Carlos Mencos entregó el cargo y desde entonces es Fernando Fernández, quien lo ocupa de forma interina y pese a que desde el 10 de diciembre se entregó la nómina de seis candidatos al congreso, estos han demorado la agenda y ha atrasado la elección de esta figura que tiene relevancia en un proceso electoral.

En medio de señalamientos por una posible compra de votos, para un candidato en particular y por el cual se estarían pagando hasta 100 mil quetzales por voto se tiene previsto elegir al Contralor este miércoles.

Pero de no darse este día los diputados solo tienen solamente 5 semanas para hacerlo previo que concluya la primera sesión ordinaria el 15 de mayo.

¿Por qué diputados no eligen al nuevo Contralor? 

Los seis aspirantes electos por la Comisión de Postulación

Tres son quienes tienen mayor respaldo. Se trata de Carlos Echeverría, César Elías Ajcá y Edwin Salazar. Los jefes de bloque ya entrevistaron a los seis aspirantes.

JORGE ENRIQUE DÁVILA MARTÍNEZ

• Nota: 65.8
• Ocupación: Director de la Escuela Regional de Políticas Públicas para el Desarrollo. Exdirector titular de la SAT.
• Trabas: ninguna.
• Propuesta: Auditoría preventiva, no forense. Uso de macrodatos e inteligencia artificial.

CARLOS ECHEVERRÍA GUZMÁN

• Nota: 79.45
• Ocupación: docente; director de firma de asesores jurídicos CPA.
• Trabas: sí; inasistencia a su puesto de trabajo en la Universidad San Carlos.
• Propuesta de trabajo: Impulso tecnológico en la reestructuración de las auditorías. Auditorías preventivas. Capacitaciones para reimpulsar el recurso humano. Modificar Ley de Contrataciones del Estado para que toda operación sea electrónica.

CÉSAR ARMANDO ELÍAS AJCÁ

• Nota: 67.79
• Ocupación: Subcontralor de calidad del gasto público de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
• Trabas: sí; acusado por Juan Carlos Monzón de haber sido nombrado subcontralor de forma irregular.
• Propuesta: Fortalecer la institucionalidad. Generar participación ciudadana. Socializar el plan anual de auditoría. Elevar de manera sostenible el nivel de las auditorías.

VILMA DEL ROSARIO XICARÁ TAHAY

• Nota: 60.55
• Ocupación: Secretaria administrativa financiera del Centro Universitario de Occidente de la USAC. Antes, viceministra administrativa de Gobernación.
• Trabas: sí; proceso en el MP por desobediencia de funcionarios.
• Propuesta: Fortalecimiento institucional. Sistema de ascensos mediante carrera. Provisión de herramientas e insumos necesarios para los auditores. Equipos interdisciplinarios en función de la entidad auditada.

ALEJANDRO GONZÁLEZ PORTOCARRERO

• Nota: 71
• Ocupación: auditor.
• Trabas: sí; multa de tránsito de Municipalidad de Guatemala.
• Propuesta: transparencia, innovación tecnológica y probidad por bandera.

EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ

• Nota: 66.1
• Ocupación: Docente universitario.
• Trabas: ninguna.
• Propuesta: Descentralizar en pro de las delegaciones departamentales. Sistema informático unificado. Capacitación, dentro y fuera del país. Una adecuada supervisión para prestar especial atención a cualquier situación anómala que pudiera ser ubicada. Unificación de criterios.

La Comisión de Postulación envió desde el pasado 10 de diciembre al Congreso una lista de seis candidatos apara que los diputados con 80 votos decidan quien estará por cinco años a cargo de fiscalizar la ejecución de los recursos del Estado.

Anomalías dentro de la CGC

En octubre de 2018 la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció penalmente a un grupo de trabajadores de esa institución, luego de identificar un fallo en el sistema informático donde se guardan los registros de sanciones o hallazgos que hay en contra de funcionarios y empleados públicos.

La manipulación del sistema anuló o descargo de este las sanciones emitidas contra funcionarios y esto permitió que al menos seis funcionarios pudieran beneficiarse con la eliminación de registros que comprueban procesos penales o administrativos en su contra.

El contralor en ese momento Carlos Mencos dijo desconocer a quiénes se benefició con el fallo intencional del sistema informático de la Contraloría, por lo que será el Ministerio Público quien individualice responsabilidades. 

Mencos indicó que fue a través de una auditoría que se identificó la alteración en los registros y se procedió a denunciar penalmente  a cinco personas que tenían acceso al sistema.

La Comisión de Postulación envió al Congreso una lista de seis candidatos a Contralor General de Cuentas para que los diputados con 80 votos decidan quien estará por cinco años a cargo de fiscalizar la ejecución de los recursos del estado.

Los jefes de bloque tuvieron un primer acercamiento con tres de los seis postulantes, quienes expusieron sus planes de trabajo de ser electos. La mayoría coincide en mejorar las auditorias que se practican a instituciones públicas.

Los tres candidatos restantes serán escuchados en la misma instancia el próximo lunes, luego los jefes de bloque decidirán cuando programan la elección.

La Contraloría General de Cuentas reportó que al día aproximadamente mil 200 personas solicitan la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, también conocida como “finiquito”.

El aumento en las solicitudes se debe a la proximidad de las elecciones generales que se realizarán el domingo 16 de junio y es que este es uno de los requisitos que deben cumplir las personas que se postulen a un cargo de elección popular.

El 60 por ciento de las solicitudes que recibe la contraloría se realizan en línea y el 40 por ciento restante en la sede de la zona 13. Según las estimaciones podrían extender unos 40 mil finiquitos en los próximos meses.

Contraloría General de Cuentas recibe más de mil solicitudes de finiquito al día. pic.twitter.com/W8jePMhThq

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 23, 2019

Las solicitudes de finiquito han aumentado considerablemente en los últimos 20 días, ya que el cuatro de enero la Contraloría reportaba que en tres días se requirieron mil 280 constancias. Ahora esa cifra es diaria.

Esta solicitud se da ante una denuncia de la Contraloría General de Cuentas de posibles anomalías en la recolección del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) en 2016.

La acción legal se encuentra en la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, aún está pendiente ser admitido para trámite.

Escobar aseguró que el caso se originó por una denuncia que él planteó en 2016 en contra de auditores de la Contraloría General de Cuentas, pero el caso permanece estancado.

Asegura que lo que quieren es impedir su finiquito para participar en el próximo proceso electoral.

Otro caso

En el 2012 la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal retiró la inmunidad a Escobar, quien fue denunciado por concejales por abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad ideológica, concusión, lavado de dinero y peculado.

Los concejales Ever Calderón y Esteban Mollinedo, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Sergio Ramírez y Danilo Roca, del Partido Patriota, acusaron al jefe edil de ser poco transparente en su gestión y manejar a discreción el fideicomiso municipal, ya que se opone a rendir cuentas a esa instancia.

Escobar afirmó que se trataba de una presión política.

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El mandatario agradeció a los contratistas para terminar su trabajo a tiempo, pero agregó que hay tres empresas irresponsables que detuvieron ocho proyectos en el país

“Les vamos a ejecutar las fianzas… Nos han dejado tirados proyectos porque cotizaron mal, porque hicieron mal las cosas con el propósito de que otros empresarios honrados no pudieran tener la licitación correcta y la adjudicación de obra y ¿quién sufre? El pueblo”.

“Cuando alguien lo increpa en la calle a uno y le dice cosas, solo porque tengo una investidura que tengo que respetar, que es la Presidencia Constitucional de la República de Guatemala, uno no puede responder lo que uno quisiera responder. No es responsabilidad de una persona resolver los temas de todo un país”, indicó haciendo referencia a una anécdota de un poblador que le gritó “Ojalá vos si termines, porque todos prometen y nadie cumple”.

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Ante los comentarios del alcalde de Chiquimulilla, Obdulio Herrarte, que mencionó en su discurso que seguramente habrá más proyectos destinados a esa área, Morales señaló: “Yo siempre he dicho que el alcalde que no pide es malo, el alcalde que pide es bueno y el que le pide al presidente en público se pasa de listo”.

Luego le preguntó cuál era su ejecución en los Consejos de Desarrollo, el edil respondió que un 60 por ciento y de 88 por ciento del aporte constitucional.

“No se pase de listo alcalde, ejecute”, lo regañó el presidente afirmando que él ejecutará más.

Anuncia inauguración de Hospital en Villa Nueva

“Les anticipo dentro de algunos días estaré entregando un hospital en Villa Nueva por el que quizá alguno de mis ministros o yo me vaya a la cárcel por tener la voluntad de terminar las obras a pesar de que no nos quieren dejar de trabajar”.

“Me han perseguido nacional e internacionalmente a mí, a mis amigos, a mi familia y he sido respetuoso de la ley”, reitera.

Afirma que su principal opositor a este proyecto fue la Contraloría General de Cuentas y pidió que investiguen al excontralor Carlos Mencos porque siendo jutiapaneco se postuló para diputado para Escuintla “con un partido de color verde”.

“Yo no sé qué paso en el país, en donde se llevan a la cárcel a un funcionario público por un tema administrativo. Pero no a todos… quiero investigación sobre un edificio que se compró en 20 minutos por Q35 millones, presentadas todas las pruebas”, comentó en referencia a Thelma Aldana y el edificio del Ministerio Público.

Aquí estoy en mi país, con total solvencia, dispuesta a enfrentar al Pacto de Corruptos.#FlorecerasGuatemala

— Thelma Aldana. Guatemala. (@ThelmaAldana) December 18, 2018

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Reclama a sancarlistas

“De los que he dicho y seguiré reclamándoles son estudiantes que se meten a asociaciones estudiantiles, pasan 30 años, no se gradúan y el que sigue pagando el estudio universitario de esos haraganes es el pueblo de Guatemala”.

El mandatario también invitó a la diputada Aracely Chavarría a subir a la tarima y le dijo: “No tenga pena que no está haciendo campaña anticipada.  La campaña que usted está haciendo dentro de la gente, esa es la que realmente vale y no se deje amedrentar por amenazas de gente que solo quiere poner de rodillas a la gente”.

Por Manuel Hernández Mayén

El tribunal resolvió así un amparo a favor de los interponentes Elvyn Diaz y Álvaro Montenegro.

El Legislativo tiene cinco días, a partir de ser notificado, para hacer una nueva convocatoria para integrar a la postuladora a aquel Colegio, el cual no había sido tomado en cuenta, sino solo el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores.

Así, ambos colegios deberán nombrar 11 representantes ante la comisión postuladora, la cual se integra con Felix Serrano, rector de la Universidad Mesoamericana y presidente de la comisión; 11 decanos de facultades de Contaduría Pública y Auditoría, para un total de 23 comisionados.

¿Cuál colegio tendrá seis representantes?

El que tenga más colegiados activos, según la opinión consultiva 1852-2010 de la CC, por lo tanto el otro colegio quedará con cinco.

Una vez se defina a qué colegio le corresponde seis y cinco representantes, ambos podrán celebrar elecciones para que sus agremiados elijan comisionados.

Para evitar que haya profesionales que voten dos veces, el primer colegio que haga elecciones deberá enviar un listado de agremiados que votaron a fin de que sean excluidos del padrón, según esa opinión consultiva.

La resolución deja sin efecto el acuerdo 16-2018 en la que el Congreso convocó a los interesados a integrar la postuladora a contralor.