Respecto al ingreso a trabajadores del Ministerio Público el director de Aeronáutica Civil (DGAC), Francis Argueta, informó que “se negaron a pasar por la puerta de control de seguridad”, a pesar de que se tenía la intención de hacer el proceso de ingreso de forma legal.

Lo ocurrido ponen en riesgo a Guatemala de no recuperar la certificación de seguridad por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional, ya que todas las normas de aviación aplicadas en la terminal aérea son de “cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos y funcionarios públicos”, explicó.

https://twitter.com/Sanchinelli_gtv/status/1082771514041061376

“Nosotros seguiremos colaborando con el Ministerio Público, Migración, y cualquier ente que ejerza sus funciones en el Aeropuerto, sin embargo, es de mucha preocupación las consecuencias que se podrían tener en temas de Aviación Civil”, dijo Argueta.

La DGAC analiza si interpone una denuncia en contra del Ministerio Público.

En relación a las fotos que el ciudadano ruso Igor Bitkov compartió de las cámaras de seguridad en el aeropuerto, en las que se observa al investigador Osrio chequeándose para salir de Guatemala, Argueta comentó que se sorprendió al ver las imágenes y que harán las investigaciones correspondientes.

Los Bitkov fueron presentados el lunes por el presidente Jimmy Morales como familia víctima de los abusos que cometió Cicig en el caso Migración. Él fue sentenciado a cinco años por el delito de supresión y alteración de estado civil, y a dos años por el delito de uso de documentos falsificados.

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La canciller Sandra Jovel anunció en una conferencia de prensa desde la ONU que el gobierno de Jimmy Morales da por concluido el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad  (CICIG), en un plazo de 24 horas.

Luego de varios minutos de retraso, el presidente Morales inició su discurso indicando que el Estado de Guatemala a través de la canciller Sandra Jovel buscaron una solución definitiva sobre el actuar de la Cicig, a pesar de los múltiples intentos transcurrieron 16 meses y  varios funcionarios han violado los derechos de los guatemaltecos y extranjeros.

Jimmy recalcó que la seguridad y la paz también son deberes de las Naciones Unidas, pero la negatividad del secretario de la ONU y su mal actuar pusieron en riesgo a la nación y soberanía del Estado guatemalteco.

En la conferencia de prensa Morales indicó que existen muchos casos que “es mejor que se sepan por los afectados”, demostrando que sus derechos han sido violados por la Cicig.

Familia Bitkov:

Irina Bitkov inició agradeciendo al presidente Morales por la decisión “valiente” que hizo de terminar el trabajo de la comisión. “Cicig dice que solo tiene persecución con los políticos, tenemos pruebas que sí hemos sido perseguidos”

“Cicig participó para que nuestro hijo estuviera en un orfanato, cuando nos lo regresaron estaba en malas condiciones de salud, también participó en otra violación, cuando encarcelaron a nuestra hija, no importando sus quebrantos de salud. Estamos hablando del bienestar de una familia, participaron en el abuso de prisión preventiva con nuestra familia por documentos que fueron emitidos por organizaciones gubernamentales. Cicig solamente actuó en persecución con una sola familia de migrantes”, continuó diciendo Irina.

Igor Bitkov argumentó que la Cicig y Feci los están persiguiendo al imputarles 47 años de cárcel, hablando con “jueces”.

Morales continuó la conferencia indicando que el “Caso Migración” no es el único, ya que han habido muertes de algunos funcionarios por estar en prisión preventiva.

Zimmeri:

Alfredo Zimmeri, un joven de 19 años que supuestamente fue golpeado por un grupo de agentes de Cicig se hizo presente junto a su padre, quien brindó unas palabras.

“Buenas tardes señor presidente, señores de la prensa, el caso de mi hijo tal vez no sea tan relevante, pero estuvo a punto de perder la vida. Fue pateado y golpeado en el suelo como que fuera una pelota de fútbol. Agradezco está oportunidad que la vida me está dando de tenerlo a mi lado”, indicó el padre de Alfredo

 

“Consideramos que personas que ocupan un puesto como el de investigadores hagan un acto tan repudiable, esperamos que se haga justicia y pedimos las órdenes de captura pero al revés. Cuando el señor Velásquez da sus comentarios respecto al partido nos trata como que fuéramos animales”

Valdés Paíz

Los hermanos José Estuardo Y Francisco José Valdés País fueron señalados de ser los autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, en 2009.  El juez Tercero Penal, Mynor Moto, cerró el caso en su contra en 2017.

“Empiezo con nuestro caso, tal vez sea el primero que utilizó Cicig en los colaboradores eficaces, todos han dicho mentiras y lo han hecho por salvarse”,

Los Vielmann:

El exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, fue acusado de en un cuerpo paramilitar que mató a siete presos de la cárcel Pavón, por lo que un tribunal español lo absolvió.  Al regresar a Guatemala fue señalado de participar en ejecuciones extrajudiciales de reos fugados de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, conocida como “El Infiernito”.

“Mi padre está preso por haber sido ministro”, indicó la hija y asegura que la Cicig cometió abusos “maliciosamente usando testigos criminales”.

Morales finalizó su discurso exponiendo al Estado de Guatemala que Cicig ha transgredido su mandado y lo han hecho con los tres comisionados que han violado las leyes guatemaltecas, internacionales y los tratados de los derechos humanos.

“Iván Velásquez sigue contribuyendo a una cultura de polarización y ha confrontado a los pobladores y a los diferentes medios de comunicación, ha intervenido la justicia con terroristas, asesinos y ladrones”, como Morales

Jimmy Morales argumentó que fue entregado al Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres la notificación inmediata de la finalidad de la Cicig en Guatemala.

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Estados Unidos liberó el aporte millonario de $6,000 para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), información que fue confirmada por el departamento de Estado de ese país. El dinero se liberó por solicitud de Bob Corker, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Freno de fondos

Los fondos para la CICIG se habían inmovilizado debido a que el senador republicano, Marco Rubio buscó congelarlos. El congresista estadounidense presento una iniciativa a la que para finales de maños tres congresistas más se habían sumado. La causa se derivaba al caso penal contra la familia de origen Ruso, Bitkov.

Rubio en un comunicado manifestó lo siguiente:

“La CICIG fue establecida por las Naciones Unidas y por Guatemala para enjuiciar la corrupción y los abusos contra los derechos humanos, no para participar en ella. Si bien apoyo la idea detrás de esta comisión, suspenderé la liberación de $6 millones de dólares en fondos de contribuyentes estadounidenses hasta que tengamos respuestas claras sobre su papel en el maltrato a la familia Bitkov.”

Por su parte la congresista estadounidense, Norma Torres estuvo en desacuerdo con la propuesta de Rubio y denució que enemigos de la CICIG habían pagado hasta $80,000 al mes para evitar y disminuir el apoyo a la CICIG.

Los Bitkov y CICIG

La familia Bitkov se encuentra procesada en un caso penal denominado Migración. La investigación del Ministerio Público (MP) y CICIG los señalan por falsificación de documentos, debido a que se cambiaron los nombres, adquirieron el acta de matrimonio, documento personal y licencia de conducir entre otros.

La familia Bitkov alegado que ellos son migrantes por lo que no se les puede procesar. Por su parte el MP ha indicado que no pueden ser migrantes ya que ingresaron al país de forma legal y que fue después que falsificaron los documentos.

Una serie de acciones que los jueces ha padecido y que incluso han finalizado ante la Junta Disciplinaria Judicial, coloca en alerta el riesgo que podría estar corriendo la independencia judicial.

Debido a que los jueces de mayor riesgo se ha buscado someterlos a sanciones con el fin de obligarlos a favorecer grupos de poder o delitos cómo: corrupción, crimen organizado y conflicto armado.

Auditorias preventivas

Ninguno de los jueces se opone a la auditorias realizadas por la Supervisión General de Tribunales. Consideradas como practicas sanas y de fortalecimiento al sistema de justicia.

Sin embargo, las recientes auditorias ejecutadas entre el 14 y 18 de mayo pasado marcaron una alerta a los órganos jurisdiccionales de la Jueza Ericka Aifán y Miguel Ángel Gálvez, debido a que estas son constantes.

El oficio indicaba que los supervisores debían revisar como mínimo 15 expedientes. Además, detectar si existe mora judicial y verificar las causas. Una de las alertas se debe a que la mora existe en la mayoría de los juzgados derivado de la falta de jueces.

El director de la Supervisión General de Tribunales, explicó que la auditorias eran parte de su labor y que también servían para identificar las carencias que los juzgados podrían padecer.

Temor entre jueces por la independencia judicial

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, manifestó su preocupación por las auditorias en el que indicó lo siguiente:

“La eventual instrumentalización que puedan hacer algunos litigantes y abogados del procedimiento de inspección judicial, utilizando mecanismos de presión e intimidación”. 

En la actualidad la Jueza de Mayor Riesgo “C”, Ericka Aifán se encuentra en un torbellino de acciones en su contra y las visitas por parte de la Supervisión General de Tribunales son constantes, que se ha hecho presente incluso sin que haya pasado un mes.

La quejas interspuestas contra Aifán son por el abogado Moisés Galindo, procesado por el caso de fideicomisos en la Municipalidad de Guatemala, el exmagistrado Eddy Orellana, sindicado en el proceso llamado “Comisiones paralelas” y la última interpuesta por la familia rusa, Bitkov procesada en el caso Migración.

Esté último caso le provocó una denuncia y una multa de Q1,000 a la jueza Aifán por supuestamente no acatar lo ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones de cerrar el proceso penal contra la familia rusa.

La jueza accionó ante la Corte de Constitucionalidad, debido a que señaló que la sala no le ordenó cerrar el proceso por que no desobedeció. La jueza expuso en el ocurso en queja que razonó cda uno de los argumentos y envió a un nuevo juicio a Igor Bitkov, su hija y esposa. Sin Embargo, la Sala Tercera busca orillar a Aifán a que cierre el caso.

La sala de los favores

La Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal se ha caracterizado por su resoluciones polémicas. Una de ellas y la más evidente fue la resolución de la Magistrada Blanca Stalling, que le otorgó salir de prisión debido a que no existía peligro de fuga, cuando fue capturada tratando de huir con peluca y pistola como quedó evidenciado en vídeos.

Además, se encuentra la resolución del antejuicio contra el entonces alcalde capitalino, Alvaró Arzú, por el caso denominado “Caja de Pandora”. Pero pesa también sobre la Sala que el presidente el magistrado Jaime Amílcar González firmó una resolución de Corte Suprema de Justicia de un pleno que no participo. La resolución negaba levantar el antejuicio a seis diputados entre ellos Luis Rabbé y Aristídes Crespo.

González fue denunciado por la Magistrada María Eugenia Morales. Sin embargo, fue la jueza suprema que debió enfrentar a la Junta Disciplinaria por denunciar el hecho, ya que habría entregado como evidencia el acta firmada por González.  la Magistrada salió librada de los señalamientos.

Por Roni Pocón y Manuel Hernández Mayén

La resolución de beneficiarlo con arresto domiciliario fue oficializada por Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, quien dictaminó que por motivos de salud, también se ordenaba su inmediata libertad.

La medida sustitutiva incluye una prohibición para salir del país.

“Debe notificarse a la Dirección General de Migración y la obligación de comparecer a efectuar el control biométrico al Ministerio Publico cada ocho días”, aseveró Aifán.

Por su lado, la defensa de los Bitkov pidió a la juzgadora que también dictaminara medidas sustitutivas para Anastasia e Irina Bitkova, argumentando que también padecen de problemas de salud.

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La jueza Éricka Aifán otorgó arresto domiciliario y prohibición de salir del país al ruso Igor Bitkov. También ordenó su libertad inmediata por cuestiones de salud. pic.twitter.com/lig4ArQwiL

— Manuel Hernández (@mhernandez_gt) May 28, 2018

El caso

El pasado 18 de enero, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a 39 implicados en el caso Migración, los cuales estaban procesados por la existencia de una red dentro del registro Nacional de las Personas (Renap) y la Dirección General de Migración.

Igor, Irinia y Anastasia fueron sentenciados por uso de documentos falsos y supresión al estado civil, las penas fueron entre 14 y 19 años de prisión (a Igor también se le condenó por usurpación al estado civil).

El pasado 26 de abril, una resolución de la Corte de Constitucionalidad anuló la condena y ordenó que el proceso regresara a la etapa intermedia.

La CC avaló la sentencia de la Sala Tercera de Apelaciones emitida el pasado 19 de octubre de 2017, que amparaba a Igor Bitkov contra la jueza de etapa intermedia del Juzgado de Mayor Riesgo D, Éricka Aifán, por lo que dejaba sin efecto su resolución del 20 de febrero de 2017 en la que enviaba a juicio a la familia rusa, junto a la red de falsificadores.

El juicio siguió su curso pese a la apelación de Igor Bitkov en la Sala Tercera, debido que la Cicig y la Fiscalía buscaron ampararse ante la CC, algo que el máximo tribunal declaró “sin lugar”, por lo que mandó a retrotraer el proceso hasta la audiencia del 20 de febrero.

Los magistrados ordenaron a la jueza fundamentar su decisión en la repetición de la audiencia para determinar o no la apertura a juicio, con base en lo explicado por las Sala Tercera de Apelaciones.

El fallo califica de migrantes a los Bitkov, por lo que no podrían ser perseguidos por falsificación de documentos de acuerdo con la Convención de Palermo y la Ley de Migración.

Nuevo juicio

Después de conocida la resolución de la CC, Aifán, resolvió el 9 de mayo que Igor Bitkov debía volver a ser juzgado.

“Este juzgado con base en lo considerado y leyes citadas resuelve admitir la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del señor Igor Bitkov (…) por los delitos de usurpación del estado civil, supresión y alteración del estado civil, y uso de documentos falsificados”, explicaba la resolución escrita.

El 22 de mayo, la Sala Tercera de Apelaciones, constituida en tribunal de amparo, anuló la resolución en la que la jueza Éricka Aifán envió a nuevo juicio al ruso Igor Bitkov.

Los jueces de la Sala consideraron que Aifán no dio fiel cumplimiento a la sentencia que esa misma instancia dictó en octubre de 2017 en favor del ruso y que a su vez avaló la CC en la resolución del 26 de abril.

Además, los magistrados señalaron que ellos no son quienes deben determinar si se debe cerrar el caso contra Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia, sino que corresponde a la misma jueza Éricka Aifán.

Rusia pedirá la extradición de Igor Bitkov y su esposa Irina al considerar que incurrieron en varios delitos, indica una carta de la embajada enviada a la redacción del diario Prensa Libre.

“Las acciones planteadas contra ellos se basan únicamente en las sospechas bien fundadas que estas personas cometieron crímenes especialmente graves en el territorio de Rusia, y no tienen ninguna motivación política”, aclara la misiva de la embajada.

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En la carta, la embajada acusa a los Bitkov de fraude y quiebra o insolvencia intencional en su país y solicitará la extradición sobre la base de reciprocidad, toda vez que no existe un acuerdo sobre ese tema entre las dos naciones.

De acuerdo con la embajada, las investigaciones en el marco de las acciones penales en Rusia determinaron que el matrimonio, como copropietarios y gerentes de una empresa de papel, recibieron préstamos en varios bancos rusos bajo garantía de otra firma.

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Sin embargo, los directores generales de ambas compañías las declararon insolventes, es decir, que la mayoría de los créditos quedaron sin pagar, agrega.

La embajada asegura que el fraude supera los 30 millones de dólares y que 500 personas perdieron su empleo por el mismo.

En enero pasado, un tribunal guatemalteco condenó a 19 años de prisión a Igor, mientras que su esposa, Irina, y su hija, Anastasia, fueron sentenciadas a 14 años por adquirir pasaportes falsos.

El pasado 26 de abril la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial de Guatemala, anuló la condena de prisión contra Igor.

El reclamo principal del ciudadano ruso aceptado por la corte es que cuando la jueza decidió llevarlo a juicio se obviaron tratados internacionales sobre protección a migrantes.

]]> 183075 https://www.guatevision.com/noticias/internacional/vea-a-quienes-culpa-este-senador-de-ee-uu-de-dirigir-los-ataques-a-cicig Sat, 12 May 2018 00:17:28 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=181338

El Senador Leahy, en respuesta a las preguntas sobre el financiamiento de los Estados Unidos para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señaló que ellos están en toda la disposición de apoyar a la Comisión y al Comisionado Iván Velásquez.

“Cualquiera que crea en la justicia apoya a la CICIG. La CICIG es una institución absolutamente esencial que se ha mostrado capaz de atravesar las capas de corrupción en el sistema de justicia guatemalteco “. Señaló Leahy en su comunicado.

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Iván Velásquez, el temor de los corruptos

“Velásquez es una persona de gran integridad, un jurista consumado y de gran reputación. Cuanto más lleva a cabo su mandato, más aquellos que temen ser procesados ​​tratarán de explotar las formas de detenerlo. Este es un grave error y ya ha envalentonado a las personas y entidades corruptas que la CICIG está encargada de investigar”.

“Esto se resolverá”

Según Leahy, existe un acuerdo bipartidista en el Congreso de que la CICIG debe continuar su trabajo, señalando que esto debe ser”bajo la dirección del Sr. Velasquez. Y eso es lo que quiere la mayoría del pueblo guatemalteco “.

Piden congelar fondos

El senador republicano Marco Rubio afirmó que postergará la entrega de 6 millones de dólares a CICIG al considerar supuestas manipulaciones en el caso conocido como “Los Bitkov”. Un desembolso de fondos que está previsto que sea entregado en las próximas semanas.

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A esto se sumaron los senadores de EE. UU. Christopher Smith, Roger Wicker y Mike Lee quienes se unieron el lunes a la petición de Rubio. El señalamiento de Rubio contra la Comisión se debe a la posibilidad que el gobierno ruso haya tenido injerencia en la condena, que posteriormente fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra de la familia Bitkov por utilizar documentos falsificados.

“Me preocupa que la CICIG, una comisión financiada principalmente por los Estados Unidos, haya sido manipulada y utilizada por elementos radicales y por la campaña de Rusia en contra de la familia Bitkov en Guatemala“, aseguró Rubio en su comunicado.

Rubio es presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil,

Lioman Lima

BBC Mundo

Todo comenzó como otro escándalo de corrupción, uno más en Guatemala.

En enero de 2015, los medios locales se hicieron eco de la captura de una presunta red de falsificación de pasaportes, que implicaba a funcionarios del gobierno, presuntos traficantes de personas, taxistas, “facilitadores”… y a tres ciudadanos rusos que habían utilizado los documentos con identificaciones falsas, una familia de apellido Bitkov.

El caso, conocido como “Migración”, ya se investigaba desde hacía unos años. Varios funcionarios y unos ciudadanos colombianos fueron condenados por esa causa en 2013.

Pero en la nueva redada, en 2015, los Bitkov fueron los únicos acusados que no tenían ningún vínculo directo con la estructura de la red.

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Casi dos años después, a inicios de enero pasado, se conoció la sentencia: los principales responsables y los otros implicados en el caso recibieron penas entre 8 y 22 años de cárcel, mientras Igor Bitkov, cabeza de la familia rusa, fue condenado a 19 y su esposa Irina y su hija Anastasia, a 14.

Este miércoles, luego que la Corte Constitucional anulara la condena en abril, una jueza dictaminó que Igor Bitkov será juzgado nuevamente la próxima semana.

Sin embargo, antes de conocerse esta nueva disposición, ya la captura y fallo contra los tres rusos había trascendido el ámbito local y alcanzado dimensiones internacionales por los testimonios de la familia sobre la supuesta persecución política en Rusia y su huida a América Latina, donde -según su abogado- continuó la persecución de Moscú a través de un banco estatal

Así, lo que parecía ser un escándalo más de corrupción dejó de serlo.

A nivel interno, el caso revivió las profundas diferencias entre el gobierno y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo internacional que investiga casos de corrupción en el país y que fue uno los principales actores en la detención de los rusos.

Mientras, a nivel internacional, una campaña liderada por el empresario estadounidense Bill Browder, conocido como el “enemigo número 1 de Putin” e influyente cabildero en el Congreso estadounidense, comenzó a presentar el encarcelamiento de la familia como una nueva manifestación de la larga mano del Kremlin.

Según esta versión, de la que no se había hablado hasta la entrada de Browder en la historia, Moscú logró penetrar en el Ministerio Público de Guatemala y en la CICIG para conseguir la captura y la elevada condena de los tres rusos, algo que los dos organismos niegan y de lo que no se han presentado pruebas fehacientes.

La denuncia de Browder causó tanto revuelo que el caso llegó a finales de abril ante una comisión del Senado de Estados Unidos.

Pero ¿cómo se llegó a este punto?, ¿quién son los Bitkov y cómo su caso se convirtió en un pulso político tanto dentro como fuera del país centroamericano?

Guatemala, 2009

El primer rastro de los Bitkov en Guatemala se registró en 2009, cuando Igor e Irina arribaron procedentes de Turquía.

Se cree que su hija llegó dos años después, aunque no existen registros de su entrada.

Poco después, los Bitvok dejaron de llamarse así, o al menos no eran esos los nombres que se leían en sus pasaportes e identificaciones guatemaltecos.

Igor e Irina tuvieron otro hijo en Guatemala, que tras ser capturados sus padres, fue internado un orfanato y luego, tras evidenciarse algunos maltratos allí, fue devuelto a su niñera, quien tiene actualmente su tutela.

“Ellos entran al país legalmente, pero luego comienzan a utilizar documentos falsos”, explica a BBC Mundo Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, a cargo del caso.

“Igor, por ejemplo, obtuvo aquí una cédula guatemalteca con otro nombre y para ello utilizó una partida de nacimiento falsa. Sacó pasaporte con ese nuevo nombre e hizo negocios”, añade.

Los documentos oficiales lo presentaban como Gregorio Igor Benítez García, originario de Taxisco, un pueblo en el municipio de Santa Rosa, en el sudeste Guatemala; mientras, su esposa comenzó a llamarse María Irina Rodríguez Germanis.

“Como por su físico ese nombre latino generaba sospecha, Igor tomó otra identidad y falsearon otra partida de nacimiento. Sacó entonces un nuevo documento de identificación, creó otra sociedad, contrajo matrimonio, sacó licencia de conducir, compró vehículo y sacó nuevamente pasaporte”, explica el fiscal.

Igor comenzó a llamarse a partir de entonces Leonid Zaharenco.

Auténticos

Pero Rolando Alvarado, abogado defensor de la familia, tiene una visión diferente de lo que sucedió.

“En realidad, no eran documentos de identificación falsos, eran documentos reales, auténticos, y los peritajes así lo dicen“, asegura en conversación con BBC Mundo.

“Ellos desde Europa hicieron contactos con una firma de abogados llamada Cotino International y les aseguraron que todo sería por la vía legal. Luego les dan aquí estos pasaportes con los nombres latinos, que ellos los utilizaban para realizar sus viajes a Europa sin ningún problema, eran legítimos”, añade.

De acuerdo con la versión del abogado, Bitkov realizó los contactos por internet con la supuesta firma, de la que nada se sabe y cuyo dominio desapareció de la red tras la difusión del caso.

Pagaron por sus pasaportes, según la versión de la familia, unos US$50.000, aunque no existen registros de la transacción.

De hecho, según Alvarado, uno de los principales puntos que demuestran lo que considera arbitrariedades en el juicio contra sus clientes es que la CIGIS nunca investigó a la supuesta empresa que estuvo detrás de la venta de pasaportes con identidades falsas.

Matías Ponce, vocero de la Comisión, asegura a BBC Mundo que nunca se demostró el papel potencial de la firma vinculado a la red durante el proceso judicial y, como los Bitkov no presentaron pruebas de que contrataron a la compañía, no se investigó este vínculo.

En opinión del abogado defensor, esto constituye una irregularidad, ya que la CICIG y el Ministerio Público pasaron por alto la investigación de lo que, en su criterio, era un factor clave en la red de falsificación, dado que era a través de este oficina que se vendían los pasaportes, según la versión de los Bitkov.

“Ellos compran estos documentos a esta firma porque los Bitkov son perseguidos políticos, víctimas de una venganza del gobierno ruso y lo primero que hace un perseguido político es buscar un cambio de nombre, porque su vida está en peligro. Entonces ellos no querían falsear su identidad, sino salvar sus vidas”, sostiene.

Durante el juicio, la familia aseguró que habían llegado a Guatemala buscando refugio de Rusia donde, según su relato, fueron acosados por el gobierno.

Rusia, en el origen

En 1997, Igor Bitkov fundó en San Peterburgo la North-West Timber Company, una empresa papelera, que, según dijo, llegó a valer unos US$700 millones.

De acuerdo con su testimonio en el juicio, al que tuvo acceso BBC Mundo, los Bitkov afirman que su caída en desgracia comenzó nueve años después, cuando se negaron a colaborar con Georgi Boos, el entonces nuevo gobernador de Kaliningrado, donde la empresa tenía una de sus fábricas.

La versión indica que Irina Bitkova fue invitada entonces a ser representante regional de Rusia Unida, el partido al que pertenece el presidente Vladimir Putin, a lo que se negó.

“Fueron perseguidos a partir de entonces, incluso llegaron a secuestrar y violar a su hija y también intentaron destruir y apoderarse de su negocio”, asegura a BBC Mundo Bill Browder, el empresario estadounidense que lidera la campaña internacional para la liberación de la familia.

La empresa de los Bitkov reportó pérdidas y comenzó a pedir créditos, lo que los llevó a una deuda por unos US$6 millones con el banco estatal VTB, dirigido por Andrei Kostin, un economista muy cercano a Putin.

Según la versión de la familia, el banco empezó a presionarlos para que vendieran su negocio y pagaran así su crédito.

En respuesta a un cuestionario enviado por BBC Mundo, VTB afirmó que en realidad se trató de un “procedimiento estándar para resolver disputas comerciales financieras serias a través de los canales legales disponibles“, dada la enorme deuda que tenía la familia.

“Igor e Irina Bitkov fueron garantes de préstamos por un crédito otorgado en 2007 por VTB a la empresa Nemansky Pulp and Paper Mill (núcleo industrial de North-West Timber Company). Después de que la compañía dejó de pagar su deuda, en 2009 se lanzó un caso criminal en Rusia contra los Bitkov, acusados de fraude a gran escala”, señala el banco.

De acuerdo con VTB, la deuda no pagada de los Bitkovs asciende actualmente a más de US$42 millones.

En unas circunstancias poco claras, la pareja huyó de Rusia finalmente en abril de 2008.

Tiempo después VTB, junto a los también bancos estatales Sberbank y Gazprombank (que igualmente habían realizado préstamos a la compañía) se hicieron cargo de la empresa y vendieron la mayor parte de los activos, según el testimonio de la familia.

De acuerdo con Browder, la forma de accionar de estas instituciones financieras son “típicas” estrategias que ha utilizado en los últimos años el gobierno de Vladimir Putin para controlar a empresarios que no siguen sus líneas, mientras el banco defiende que se trata de un procedimiento regular.

El fiscal, por su parte, asegura que, durante el proceso legal, no hubo ningún elemento que pudiera demostrar este hecho.

“No lograron probar tal persecución y llamó también la atención el elemento que estuvieron durante siete años en Guatemala y nunca pidieron protección o asilo. La solicitud de asilo se hace cuando ya estaban acusados en este proceso”, explica el fiscal.

BBC Mundo le preguntó al abogado por las evidencias de la persecución, pero Alvarado se limitó a remitir a una carta de un senador de Estados Unidos.

“Para demostrarlo hemos incorporado la carta de un senador republicano, Roger Wicker. Que un senador estadounidense diga que usted es perseguido político, tiene mucho peso y creo que es una prueba muy clara“, afirma, sin aportar otro dato.

¿Influencia rusa?

Uno de los elementos que más dio que hablar del caso y que utiliza Browder como argumento de la supuesta influencia del gobierno ruso en la condena es que fue VTB quien denunció a la familia ante las autoridades guatemaltecas.

“Nos enteramos de esta situación de los rusos porque ese banco interpuso una denuncia contra ellos ante el Ministerio Público”, indica el fiscal.

Para el abogado defensor, la denuncia del banco y su posterior participación en una de las audiencias contra los Bitkov como querellante son también muestras de la influencia de Moscú en el Ministerio Público y la CICIG.

“Aquí la mayor prueba de la interferencia es que un banco estatal ruso, sancionado por Estados Unidos, trató de encausar un procedimiento de un supuesto cobro de saldo, sin pruebas y a través de la vía penal, lo cual es notoriamente ilegal”, considera Alvarado.

Sandoval, si bien acepta que el banco participó en parte del proceso legal, asegura que esto se dio acorde a las legislaciones guatemaltecas y niega cualquier influencia de VTB o del gobierno ruso en la investigación.

Tras un recurso presentado por la defensa, el banco no pudo seguir participando en el juicio, aunque reconoció a BBC Mundo que tiene en curso nuevos procesos legales relacionados con la demanda, de los que declinó ofrecer más información.

VTB asegura que las acciones no tienen nada de extraordinario y que han efectuado procesos similares ante tribunales de Reino Unido, EE.UU. y países de Europa continental.

“Las actividades para localizar a nuestros prestatarios y sus propiedades, así como las reclamaciones actuales sobre tales casos en jurisdicciones internacionales, de conformidad con los acuerdos concluidos y las disposiciones regulatorias vigentes de estos países, son parte del procedimiento regular del banco para recuperar préstamos incobrables y se ajusta a la ley”, indica la institución financiera.

Más allá las dudas que deja el caso, no existe ninguna evidencia conocida deuna influencia directa del gobierno ruso en la condena de los Bitkovni de ningún pago a los organismos encargados de la investigación.

Sin embargo, las acusaciones han puesto peligro el trabajo de la CICIG, que desde el año pasado se encuentra en la mira del gobierno de Guatemala.

La CICIG, en el ojo de la polémica

Tras la sesión del Congreso de Estados Unidos para analizar el caso de los Bitkov, el senador republicano Marco Rubio decidió congelar un monto de los fondos que Washington debía entregar a la CICIG, de la cual es su principal contribuyente.

El motivo, según alegó Rubio sin proveer ninguna prueba, era que la Comisión había sido “manipulada y utilizada por elementos radicales y por la campaña de Rusia en contra de la familia Bitkov”.

El futuro de la CICIG, una organización respetada por la independencia que ha mostrado del gobierno guatemalteco en la investigación de la corrupción en el país, pende nuevamente de un hilo.

El año pasado, se supo que la Comisión investigó la presunta de corrupción de un hijo y un hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, mientras el propio mandatario y su partido están también en la mira por un presunto financiamiento ilícito en la pasada campaña electoral.

En ese contexto, Morales solicitó a la ONU la revisión del mandato de la CICIG y la salida de su jefe, Iván Velásquez, quien incluso fue declarado persona non gratapor el gobierno.

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Ahora, el caso de la familia rusa constituye, en opinión del gobierno, una muestra de la “injerencia de la CICIG”.

“Hemos visto que se ha exagerado y violado el mandato que tiene la CICIG en Guatemala a través de su representante, el señor Iván Velásquez, ya que anteriormente con otros comisionados no había habido esa exageración en términos del mandato”, asegura a BBC Mundo el portavoz del gobierno Heinz Hiemann.

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Para el vocero de CICIG, el caso de los rusos se ha convertido en una herramienta de una “campaña de difamación” contra el organismoy el trabajo que realizan.

“La CICIG actúa en función de su mandato, que surge de un acuerdo entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas”, asegura.

Entretanto, el caso de los Bitkov tendrá la próxima semana un nuevo capítulo en los juzgados.

Por Roni Pocón y Manuel Hernández Mayén

Aifán, no se presentó en la judicatura y envió la resolución del caso a las partes procesales que esperaron cuatro horas conocer la decisión de la jueza.

Ante la ausencia de la jueza, José Rolando Alvarado Lemus, uno de los abogados de la familia rusa, voz alta leyó la decisión de la jueza.

El fallo menciona varios artículos de la Constitución Política de la República, Código Procesal Penal, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Ley del Organismo Judicial.

“Este juzgado con base en lo considerado y leyes citadas resuelve admitir la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del señor Igor Bitkov (…) por los delitos de usurpación del estado civil, supresión y alteración del estado civil, y uso de documentos falsificados”, según lo leído.

El juzgado también designó al Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, para llevar a cabo el juicio oral y público. La audiencia se programó para el 16 de mayo a las 14 horas.

Además, declaró sin lugar al sobreseimiento del proceso.

“Esto lo que demuestra es el incumplimiento notorio al fallo constitucional que dictó la honorable Corte de Constitucional. Solo había un camino y era el de la libertad”, refutó Alvarado Lemus, quien además dijo que la resolución era ilegal y que iniciarían las acciones para que se cumpla la resolución de la CC.

El abogado también criticó que nuevamente se haya incluido a la Cicig como querellante en el caso.

“Cuántos millones de dólares pagó el estado criminal ruso a esa gente, ustedes pueden investigar y averiguar, pero eso es otra historia. Nunca debería pasar eso en un Estado de Derecho, pero aquí no hay Derecho, aquí hay una completa grabación de derechos humanos, de las leyes de Guatemala y de las leyes internacionales”, dijo Bitkov al conocer la resolución.

Juicio

El 5 de enero de este año el proceso contra la familia había llegado a su final, estando aún pendiente la resolución en definitiva de la CC.

El Tribunal de Mayor riesgo A impuso ese día condenas para los tres integrantes de la familia, con penas de entre 14 y 19 años.

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Anastasia Bitkov fue condenada a 14 años de prisión. Por Alteración y supresión del estado civil, 8 años de prisión y multa de Q100 mil; por uso de documentos falsificados, 6 años inconmutables.

Igor Bitkov Alteración y supresión del estado civil, 8 años de prisión y multa de Q100 mil; uso de documentos falsificados 6 años inconmutables. Usurpación de estado civil 5 años de prisión conmutables a Q100 diarios.

Irina Bitkov sentenciada por Alteración y supresión del estado civil a 8 años de prisión y multa de Q100 mil; uso de documentos falsificados, 6 años inconmutables.

James P. McGovern y Eliot L. Engel, ambos congresistas de Estados Unidos, enviaron una carta al Presidente Jimmy Morales para hacer una petición puntual: que otorgue asilo y proteja la integridad de la familia Bitkov, actualmente presa en nuestro país por falsificación de pasaportes.

La familia, condenada recientemente por integrar una red para falsificar documentos, fue amparada por la Corte de Constitucionalidad que anuló la condena. Se trata de una familia rusa muy influyente que ha movilizado a congresistas norteamericanos y ha puesto en duda a CICIG ante la comunidad internacional.

Piden asilo y protección para los Bitkov

La carta explica los antecedentes de la familia y apela a que el mandatario, quien tiene en sus manos expulsarlos del país o darles asilo, haga lo último, es decir, no devolverlos a Rusia, porque según los congresistas, corren peligro.

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“Estamos convencidos de que los Bitkovs no deben ser devueltos a Rusia. Los factores que los obligaron a migrar en 2009 no han cambiado. El imperio de la ley es débil en Rusia y no hay garantía de la seguridad de las personas que están en conflicto con el estado. Gauatemala está obligada bajo la ley internacional a no retornar a las personas que hayan demostrado persecución en sus países de origen. Como presidente debe asegurarse que su gobierno cumpla con esta obligación.

Sabemos que ya tiene una apelación para garantizar el estado de refugiado de la familia Bitkov, lo que les daría autorización de permanecer en Guatemala ya que está claro que no pueden regresar seguros a Rusia. Creemos que darles un alivio migratorio a esta familia pro fines humanitarios, les ofrece el mejor camino para solventar la situación problemática en la que se encuentra. Así que imploramos que lo haga lo más pronto posible”, cita parte del documento.

Señor presidente, como seguramente sabrá, es responsabilidad de su gobierno garantizar la seguridad física y la integridad de todos los miembros de la familia Bitkov mientras estén bajo custodia del Estado de Guatemala. Le urgimos que instruya a los oficiales adecuados del Ministerio del Interior a tomar las medidas necesarias para proteger a la familia durante lo que queda de su encarcelamiento”.