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ONU rechaza decisión de dar por terminado mandato de la Cicig


“El secretario general espera que el Gobierno de Guatemala respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal tanto internacional como nacional de la Cicig”, afirma la Organización de Naciones Unidas (ONU) mediante un comunicado.

POR: Irene De León     07 enero, 2019 - 18:21 PM

Cerca de las 16 horas, la canciller Sandra Jovel entregó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio de la Cicig, sin responsabilidad para Guatemala.

Guterres “rechaza enérgicamente” la el contenido de la carta y asegura que el mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre de 2019.

Según el Gobierno, esperaron más de 16 meses para llegar a un acuerdo de conciliación, pero no se recibió respuesta.  Ante ello la ONU resalta que se ha intercambiado de manera constructiva, a varios niveles, durante dichos meses, de acuerdo al artículo 12 de la comisión.

El secretario de Naciones Unidas “espera que el Gobierno de Guatemala respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal tanto internacional como nacional de la Cicig”.

También reitera la importante contribución de la Cicig a la lucha contra la impunidad.

Jimmy Morales se pronuncia

Presidente Jimmy Morales.

“La Cicig ha transgredido su mandato en repetidas ocasiones y lo ha hecho durante la administración de sus tres comisionados”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa.

Morales instruyó a la PGN y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que inicie quejas, denuncias y demandas a efecto de que la comisión rinda cuentas de lo sucedido en Guatemala durante los 11 años de existencia en el país.

Agrega que cualquier demanda por violación a los derechos humanos será dirigida a la secretaría de Naciones Unidas, dado que esta permaneció “indiferente y pasiva” luego de que el Gobierno de Guatemala le manifestara sus preocupaciones.

Indica que se procederá a hacer denuncias ante personas individuales o autoridades que incurrieron en prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución, órdenes ilegales y sedición.

También se pronunció respecto a la Corte de Constitucionalidad: “Es imprescindible que se consideren los daños económicos, sociales y diplomáticos que ha causado el hecho de que la CC se inmiscuya en áreas que no le competen… Abusando de sus facultades ha cerrado minas, ha interrumpido la construcción de hidroeléctricas y amprado a grupos denominado sociedad civil, en contraparte del rechazo malicioso de la justicia”.

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