Ciudad Guatemala
En los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios se encuentran 20 reos con enfermedades terminales que, por acciones presentadas por el Ministerio Público, deberán regresar a prisión, aunque eso signifique la interrupción de su tratamiento y una muerte más rápida.
Por Glenda Sánchez
Nydia Arévalo, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), manifestó que incluso ya fueron activadas las órdenes de captura contra las 20 personas, por las acciones presentadas por el MP para revocar la libertad humanitaria.
Arévalo recordó que el caso más reciente es el de un hombre que padece mal de Parkinson. “Eso significa que él y 19 personas más deberán regresar a la prisión, pero a una cama y morir, porque ellos tienen los días contados”, aseveró la directora del IDPP.
Además, dijo: “La muerte digna la tienen contemplada la ley y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; por lo tanto, no es un invento de la institución”
William Ottoniel Lima, coordinador del área de ejecución del IDPP, hizo referencia a dos expedientes que agrupan dos y cuatro condenados por plagio o secuestro que podrían regresar a prisión luego de que se les otorgara la libertad por humanidad.
Explicó que esas personas padecen de enfermedades degenerativas —colon irritable, lumbalgia, hipertensión— no terminales, pero que pidieron la libertad porque son personas de la tercera edad, de escasos recursos y que también ya son aptas para redención de penas.
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“La petición se hizo con base en la normativa anterior del Régimen Penitenciario, porque se consideró que les aplica por haber ingresado a prisión cuando la ley estaba vigente, porque fue modificado en el 2006”, aseguró.
Agregó: “Este año se nos notificó que la Sala de Apelaciones resolvió a favor del MP, pues ellos no estuvieron de acuerdo con que la petición fuera con base en la normativa que no está modificado. Nosotros ya presentamos los amparos a la Corte Suprema de Justicia”, agregó.
Reincidencia
El Estado de Guatemala ya fue sancionado, en noviembre del 2016, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la privada de libertad María Inés Chinchilla muriera por falta de atención médica en el Centro de Orientación Femenina en el 2004.
Esa es la principal preocupación del IDPP ahora, que alguno de los 20 reos muera por falta de atención o la interrupción de su tratamiento.
Por ejemplo, Luis Alberto Osorio Ávila, que cumple una condena en la Granja Penal Pavón, recién concluyó el cuarto ciclo de quimioterapia por cáncer gástrico avanzado, en el Hospital Roosevelt. Según el director del nosocomio, Marco Antonio Barrientos, es un privado de libertad que solicita la liberación por humanidad.
“Tribunales nos solicitó que se atendiera de inmediato, por lo delicado que se encontraba, pues en la prisión no existen las condiciones para que se le brinde tratamiento”, reconoció Barrientos. La solicitud de libertad de Osorio Ávila está en trámite.
No hay beneficios
Para el Ministerio Público (MP), no existe la libertad por razones humanitarias en la legislatura guatemalteca, por lo que no se puede contemplar esa consideración para los privados de libertad.
Julia Barrera, vocera del MP, reconoció que la Fiscalía impugnó 20 órdenes de libertad emitidas por juzgados, porque no se contempla ese beneficio penitenciario.
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“En las solicitudes de la defensa no se adjuntaron los medios de prueba para considerar el beneficio”, explicó Barrera.
Barrera, sin embargo, dijo que el MP respetará las peticiones y siempre se considera la vida de los privados de libertad cuando representa un riesgo. Sin embargo, se deben cumplir los procesos legales.
El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo desconocer la situación de los 20 reos que el IDPP pide sean liberados, pero se involucrará para verificar la situación.
IDPP Analiza 40 casos más
En un monitoreo en las cárceles del país que efectuó el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) se identificó a 40 privados de libertad que fueron condenados por plagio o secuestro, asesinato o femicidio, entre otros delitos, que tienen alguna enfermedad terminal.
El IDPP detalló que 12 reos tienen cáncer, ya sea de garganta, estómago, abdominal, cervical, de matriz, mama o leucemia, y 28 problemas crónicos, como insuficiencia renal, sida o mal de Parkinson.
William Ottoniel Lima, coordinador del área de ejecución del IDPP, comunicó que solicitará libertad humanitaria, y para ello pedirán un informe al área de Salud de las cárceles. Luego, se pedirá la autorización a un juez para que un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses haga una evaluación y, con estos documentos, como medios de prueba, tramitar la referida medida.
“Mi madre no hacía más que fumar crack y mi padrastro llevaba violándome desde que tenía 6 años. Pero un día me harté y lo maté. Fue la primera vez que asesiné a alguien.
Lo hice con un cuchillo y fue bien difícil.
Yo, con mis 12 años, era bien chiquita y él un hombre grande que se resistió con todo su cuerpo hasta el último momento.
Pero lo logré. Y él se llevó su merecido.
Por aquel entonces no sabía nada sobre cómo esconder un cuerpo o borrar evidencias, así que me llevaron presa. Me encerraron en un penal para menores.
Mi infancia fue realmente una mierda“.
Durante la hora en la que conversamos, Teresa* solo mostró cierta capacidad de sentir, de padecer, que nos hace humanos en dos ocasiones: cuando recordó su infancia y cuando me habló de sus hijos. El resto del relato transcurrió como si aquello de lo que me estaba hablando no fueran palizas, torturas, asesinatos, sino una suerte de trabajo rutinario.
A los 27 años, esta mujer menuda, de apenas metro y medio, vestida con unos jeans impolutos, una chaqueta deportiva gris y zapatillas nuevas, sus numerosos tatuajes totalmente cubiertos, la cara lavada y el pelo recogido en una coleta, lleva más de media vida de cárcel en cárcel.
Pero al verla cuesta creer que es una de las pocas pandilleras del Barrio 18, y que hoy purga una condena de 198 años por una serie de asesinatos y otros cargos como extorsión.
El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13 son las dos grandes pandillas que aterrorizan al triángulo norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, contribuyendo a que sea la región más mortífera del planeta.
Ser mujer y pertenecer por derecho propio a una de estas agrupaciones es raro.
Quizá por eso se ha escrito tan poco sobre ellas, en contraste con todos los artículos periodísticos y académicos publicados sobre los pandilleros.
La mayoría no ocupa un rol central en las estructuras y se limita a desempeñar tareas periféricas, aunque vitales para estos grupos.
A pesar de ello, los miembros varones las consideran figuras de segunda categoría, propiedad de la misma pandilla.
Así, se reproduce al interior de estos grupos el sistema patriarcal imperante en las comunidades que los rodean y ellas se convierten también en el blanco de una violencia atroz.
BBC Mundo viajó a Centroamérica para buscar sus testimonios y a través de ellos intentar comprender cuál es el doble papel que cumplen estas mujeres: el de víctimas y victimarias.
A Teresa la entrevistamos en el Centro de Orientación Femenino (COF), una prisión para mujeres ubicada en la finca El Pavón, en el municipio de Fraijanes, a 21 kilómetros de Ciudad de Guatemala.
“Somos el cerebro de la pandilla”
“Mi verdadera familia es el Barrio 18. La sangre te hace pariente, pero es el respeto de la pandilla lo que te hace familia.
Me aceptaron porque conocía a la gente, porque mi madre también era pandillera. Fue antes de que la metieran presa.
Lo primero que hice fue vender droga en las escuelas. Me ponía el uniforme y nadie sospechaba.
Luego empecé a reclutar para la pandilla. Sobre todo a chicos de la calle.
Llegaba y les daba de comer. Otro día les llevaba zapatos, lo que necesitaran. Así te ganas su confianza y ven que la pandilla te ayuda. Y luego les puedes pedir cualquier cosa. Que maten por ella, por ejemplo.
Además de eso, también caminaba“.
Cuando un pandillero te camina, te lleva a un lugar en el que otros te asesinarán.
“Es lo que suelen hacer las mujeres, porque somos más discretas. Pasamos desapercibidas. ¿Quién va a pensar que vamos a matarlo?
Piensan que somos más débiles. Que no aguantamos. Pero no. Y no somos sumisas.
Somos el cerebro de la pandilla. Nosotras pensamos el plan y ellos lo ejecutan. Aunque cuando yo les cuento esa teoría a mis compañeros se me ríen.
Pasamos desapercibidas. ¿Quién va a pensar que vamos a matarlo?
Es por eso que quiero ser ranflera. A día de hoy solo los hombres son ranfleros -líderes de clicas, las células o grupos asentados en un territorio concreto- y yo puedo ser tan buena como ellos.
Aunque las que pertenecemos somos muy pocas, (los pandilleros) nos tratan bien, como a hermanas.
Les va peor a las que hacen paros -las que hacen trabajos para la pandilla, como extorsionar, sin ser miembro de ella-. Por un pequeño error las pueden matar. Y si las detienen, como ya no les sirven, las olvidan o se deshacen de ellas.
Pero es cierto que ser mujer pandillera es más difícil a veces.
Cuando te brincan, por ejemplo, tienes que soportar que los hombres, que son más fuertes que tú, te agarren a golpes y patadas“.
Dejarse brincar es uno de los rituales de ingreso a la pandilla. Consiste en soportar una paliza propinada por varios miembros de la misma durante 13 segundos, si se trata de la Mara Salvatrucha (MS), o 18 segundos si es el Barrio 18.
El informe “Violentas y violentadas. Relaciones de género en las maras Salvatrucha y Barrio 18 en el triángulo norte de Centroamérica”, realizado por la oficina regional para América Latina de la organización Interpeace y publicado en 2013, también menciona otro rito de acceso para las mujeres.
Consiste en mantener relaciones sexuales con varios miembros del grupo durante un periodo de tiempo similar y se le conoce como “el trencito”. Aunque en la investigación se aclara que “prácticamente todas optan por la paliza y no la violación”.
Teresa asegura que ella descartó la segunda opción.
“Las planchas —castigos dentro de la organización— también son más duras para las mujeres.
Además, si afuera te encuentras con alguien de la pandilla contraria, tienes que estar dispuesta a pegarle. No por ser mujer te vas a librar.
Por esa misma razón, matar, matamos igual.
Y se vuelve un vicio, una droga. Es como cuando consumes crack: siempre quieres volver a fumar y cada vez en mayor cantidad.
Los sentimientos feos de la infancia son el motor para odiar a quien no te hizo nada”
Cuando estaba en otro penal, por ejemplo, me ordenaron matar a otra presa que era de la pandilla contraria.
Si apenas la conocía, pensará usted. Pero esos sentimientos feos de la infancia como que son el motor para odiar a quien no te hizo nada.
Ahora que miro atrás quizá lo único que lamento es haber llevado a mis hijos de misión“.
Teresa tiene dos hijos, una niña de 10 años y un niño de 8. Los tuvo con otro pandillero, que también está preso.
Los menores viven con su abuela. Y aunque nunca la han visitado, dice que están en constante contacto. Con el padre de ellos se coordina para conseguirles desde la cárcel un pijama, zapatos, lo que les haga falta.
“Me acuerdo sobre todo de aquella vez que la misión era engañar a un taxista que no había pagado la extorsión y conducirlo a la muerte.
Yo cargaba a mi hija y me senté en el asiento de atrás. ¿Cómo iba a imaginar así que lo llevaba al matadero?
Lo mataron a balazos.
Los balazos… Mi hija se acostumbró tanto a aquel ruido…
Matar se vuelve un vicio, una droga. Es como cuando consumes crack: siempre quieres volver a fumar y cada vez en mayor cantidad”
Pero aquellos días acabaron.
Aquí (en la cárcel) lo único que hago es levantarme a eso de las 6 de la mañana, bañarme y bajar a la cancha a fumar marihuana hasta las 10.
Luego desayuno, me cepillo y hablo por teléfono. Porque aquí dicen que no se puede tener celular, pero se tiene“.
Me lo dice y se remanga los jeans y me muestra los tatuajes que luce en la pierna izquierda. Entre otros símbolos típicos del Barrio 18 sellados con tinta permanente, se aprecia una calavera con manto negro y guadaña.
Me explica que es en lo único que cree la pandilla, además de la propia pandilla: la Santa Muerte, esa figura popular de origen mexicano que personifica la muerte y es objeto de culto por unos y tachada de diabólica por otros.
Lo mataron a balazos. Los balazos… Mi hija se acostumbró tanto a aquel ruido…”
“¿Si alguna vez pensé en dejar la pandilla? No. Porque dejarla es una ilusión.
Es como un hilo que te dan y lo van aflojando, y se alarga y se alarga. Pero en cualquier momento lo cortan.
Uno sale muerto de la pandilla.
Porque por la pandilla hay que estar dispuesto a todo: a matar y a morir”.
“Cuando eres mujer de un pandillero, te comparten con todos”
En las pandillas centroamericanas hay pocas como Teresa, mujeres que pertenecen a ellas por derecho propio y portan “los números” —tatuajes con el 1 y 8, en el caso del Barrio 18— o la M y la S si se trata de la Mara Salvatrucha 13.
Son más numerosas las que nunca fueron brincadas, las que no pasaron por un rito iniciático.
Se trata de las mujeres de los pandilleros, las que los cuidan, las que crían a sus hijos, las que mantienen la comunidad mientras ellos viven escondidos, a quienes utilizan para “cazar” al enemigo, quienes los visitan en la cárcel y las que llevan una orden de un penal a otro, son sus ojos y sus oídos, las que cobran las extorsiones y las que buscan los cuerpos de los pandilleros muertos en Medicina Legal.
“Yo soy jaina.
Así se nos dice a las mujeres de los pandilleros. Y para nosotras esa palabra casi siempre es sinónimo de muerte. O de algo peor”.
Jessica tiene 26 años, el pelo largo y rubio amarrado en una cola de caballo con la que juega mientras conversa, y viste un top de tirantes ajustado y corto y un pantalón de deporte gris, también pegado al cuerpo.
Nos recibe en el patio bajo las oficinas de la dirección del Centro Preventivo de Mujeres Santa Teresa, ubicado dentro de un complejo penitenciario que se extiende como un pueblo en parte amurallado, en parte alambrado, en lo alto de la zona 18 de la capital de Guatemala.
El pasado 17 de noviembre Jessica cumplió ocho de los 18 años de prisión a los que la condenaron por extorsión.
Es una de las cuatro voceras de un grupo de unas 80 mujeres relacionadas con el Barrio 18 recluidas en el penal y a las que, tal como nos explica la subdirectora Diana Marisol Simón, se las mantiene aisladas del resto “por su propia seguridad” y la de las demás.
Se presenta dulce y risueña, pero su carácter duro y combativo no tarda en asomar a medida que la conversación torna hacia las relaciones de poder entre las presas que portan su misma cruz, el Barrio 18, pero sobre todo cuando hablamos de su pasado como pareja de un pandillero.
“Yo ya sabía que mi pareja era pandillero. Lo supe desde el principio, pero me gustaba aquello de la adrenalina.
De lo que no tenía idea era de los asesinatos. De eso me enteré cuando me fui a vivir con él. Yo tenía 16 años y el 14. Bien patojito — joven— empezó en eso.
Cuando eres mujer de un homie—forma de referirse a los pandilleros varones—, te comparten con todos.
Pero a mi marido eso le sacaba de onda. Así que cuando le decían ‘Mirá vos, está bonita’, les decía que no jodieran, que yo era su mujer. Y no me dejaba salir de la casa.
Cuando eres mujer de un ‘homie’ te comparten con todos”
Nosotras corremos el doble de riesgo.
Nos puede matar la pandilla rival para hacerle daño a nuestra pareja. Porque ya sabés, hay que golpear donde más duele.
Pero también la propia, si piensan que te sapeaste —los delataste—, que los traicionaste.
O le pueden decir a tu marido: ‘Mirá, la bicha sabe demasiado’. Y pedirle que te mate. Así puede acabar degollada una”.
Por una niña que acabó así comenzó el pastor evangélico Daniel Pacheco a conversar con las diversas pandillas que controlan Rivera Hernández.
La Rivera Hernández fue durante años el sector más peligroso de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras que hasta hace poco encabezó la estadística de los municipios más mortíferos del planeta.
“Cuando tenía apenas 13 años la torturaron, violaron y cortaron durante días. La enterraron en la ‘casa loca’ —viviendas en las que se refugian las pandillas y hacen sus reuniones, también llamada ‘casa destroyer’—. Pero antes, mientras la torturaban, llamaron a su mamá y ésta tuvo que escuchar los gritos de su hija. Fue demasiado. Algo tenía que hacer”.
Hoy, ganado el respeto de las pandillas y cierto estatus en las colonias del sector, trata que éstas rebajen el nivel de brutalidad.
Jessica es escéptica.
“Con nosotras la violencia es (algo) de diario.
Le pueden decir a tu marido: ‘Mirá, la bicha sabe demasiado’. Y pedirle que te mate. Así puede acabar degollada una”
Porque también te pueden matar si saben que andas con otro que no es tu pareja dentro de la pandilla. Aunque ellos sí pueden tener dos, tres, cuatro, hasta cinco mujeres.
Y hay otros sufrimientos.
Pueden considerar que por una plancha —por cometer un error— una no merece la muerte. Entonces agarran a la jaina y la perchean: la violan entre 10, entre 20. Hacen con ella lo que quieren.
Yo lo mejor que tengo es que no le di hijos al que era mi marido. Ahora tiene otra mujer. Pero si tuviéramos un hijo, me diría ‘Traémelo’ y yo no me podría alejar jamás”.
Las mujeres son permanentemente controladas por los hombres, dentro y fuera de la pandilla, señala el informe de Interpeace.
“Los hombres no confían plenamente en ellas”, me confirma Ana Glenda Tager, la directora de la oficina regional de la organización.
“Las consideran débiles, de “lengua floja”, y son relegadas a un segundo plano, por lo que tienen pocas posibilidades de obtener respeto y poder adentro de las pandillas”, explica.
“En estas agrupaciones se reproduce el sistema patriarcal de afuera”, subraya.
“Y eso se evidencia también en la apropiación que los pandilleros hacen del cuerpo de estas mujeres. Consideran que sus cuerpos son propiedad de la pandilla”, añade.
“Es una forma de control atroz”, concluye la experta.
Jessica lo sabe bien.
“¿Si me hubiera gustado ser pandillera en lugar de jaina? No. Para eso hay que matar. Y yo soy de la idea de que no se le puede quitar la vida a nadie.
Aunque soy consciente de que algunas de las extorsiones en las que participé terminaron en asesinato.
Cuando salga de aquí me voy a apartar de todo esto. Me voy a ir a la mierda, lo más lejos posible. A Estados Unidos tal vez”.
Y se pone a imaginar su futuro, como si todavía no le faltaran 10 años tras las rejas.
“No voy a vivir muchos años“
Abigail* está lejos de llegar a las conclusiones que tan tajantemente expone Jessica y por el momento se debate entre “reactivarse” o no en el Barrio 18, el grupo que controla su colonia del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, en el noreste de Honduras.
Duda, a pesar de sus tres meses de embarazo y de que recibió de la pandilla un advertencia de que si no cuida del bebé la matarán.
“Yo me activé el 26 de diciembre de 2016.
Empecé a fumar cigarros y marihuana con un bato (muchacho, en este caso del Barrio 18) en la esquina. Luego me comentaron si quería unirme. Y como mi abuela me había corrido de la casa, acepté. Solo hablé con un homie para entrar. Fue así, sin más”.
En la pandilla todo se comparte. Si hay un plato pero 10 personas, las 10 comen. Y si lo matan a uno, es la que pone el dinero para el ataúd”
Abigail acaba cada frase dejando caer las palabras con desgana. Se queda con la cabeza ladeada, la boca ligeramente abierta y el gesto desafiante, las manos en los bolsillos del pantalón de deporte gris oscuro y las piernas separadas.
No reconoce la imagen que ilustra su camiseta — ‘¿El Che Guevara? Ni idea, man’ —. Al escucharla, por un momento se olvida que apenas tiene 14 años y que solo estudió hasta cuarto grado de primaria
No conoce a su padre y no ve a su madre desde que era una niña, aunque sospecha que vive en el norte, con otra de sus hijas. Incluso le dijeron apellidos. Pero nunca pensó en buscarla.
Ella se quedó con su abuela, de la que asegura que ‘es bola’ (alcohólica), que se pelean constantemente y que la ha echado de casa en numerosas ocasiones.
Cuenta que en esos periodos se mantuvo porque un ‘viejito’ le pagaba por lavarle la ropa. Quienes la conocen aseguran que se prostituía por unos 4 dólares. Ella lo niega.
La suya no es una historia extraordinaria en su colonia. Ni en el sector. En este lugar en el que el Estado brilla por su ausencia, todo tipo de violencia persigue a sus habitantes. Y en el caso de las niñas, adolescentes y mujeres adultas tiende al abuso sexual.
En este contexto, la pandilla se presenta como una opción de peso para los más jóvenes.
Así lo fue para el tío de Abigail, quien según ella se unió al Barrio 18 a los 9. Ahora, con 15 y a la espera de que un tribunal dicte sentencia, solo sale de prisión cuando lo llevan a audiencias.
“Está acusado de extorsión. No sé cuántos años le echarán, pero lo peor es que andaba con pistola.
Yo no andaba en eso. Solo punteaba —vigilar si viene la policía o algún miembro de la MS-13, la pandilla rival— y repartía comida a las unidades (de vigilancia). Son unas 10 y se turnan.
Una vez también me mandaron para Tegucigalpa, por droga. No me gustó. Hay mucha cuesta.
Fue la única vez que salió de Rivera Hernández.
“En la pandilla todo se comparte. Si hay un plato de comida pero 10 personas, las 10 comen. Y si matan a uno, es la que pone el pisto (dinero) para el ataúd, para el terreno… para quitarles peso a los familiares. Y también manda comida a los penales, te da cosas personales que necesités, como tenis (zapatos deportivos). Te cuida.
Aquí uno se acostumbra a la violencia. Yo ya vi a uno con la cabeza cortada, con los sesos en la mano”
Mirá, yo no pedí el pase —permiso para salir de la pandilla—.
Pero me llegó un mensaje que decía que me desactivaba.
¿Si fue por el bebé? No sé. Algunos eso creen, pero otros dicen que por cómo soy.
Sobre cómo es no se explaya. Y tampoco cuenta mucho de la barriga que ya se le asoma.
Menciona que aún no fue al médico, y solo añade que la dejó embarazada alguien de la pandilla y que éste no quiere el bebé.
—Y tú, ¿lo quieres?
—No.
Se le dibuja una sonrisa que no es fácil decir si es inconsciente o cínica.
—Mejor lo regalo.
Dicho eso, me enseña la bolsita de marihuana que lleva en el bolsillo, como muestra de que su estado no le frena los vicios, que no tiene ninguna intención de cuidarse. Le costó ’20 pesos’ (lempiras, US$0,85), me dice. Y tampoco dejó de ir a Bigote, la cantina en la que se reúnen los de la colonia a beber los sábados.
El contacto con la pandilla no cesa.
“Ahora me volvieron a decir si me reactivo. Pero no sé.
Casi les voy a decir que no, porque como civil —así se le llama a quien no pertenece a una pandilla— puedes moverte. Si no, solo puedes andar en esta colonia.
Además, mucho riesgo se corre siendo del Barrio. Es más fácil que te…”.
Ladea la cabeza y con el pulgar recorre lentamente el cuello, de izquierda a derecha. Es más fácil que te maten, me quiere decir.
“Aquí uno se acostumbra a la violencia. Yo ya vi a uno con la cabeza cortada, con los sesos en la mano.
Por eso, qué importa si me reactivo o no.
Quién sabe, igual tampoco voy a vivir muchos años.
Aquí pocos lo hacen”.
*Estos son nombres ficticios, escogidos para proteger las identidades de quienes relatan sus historia.
El huracán Irma descendió a categoría 1 mientras avanzaba por Florida, golpeada por violentas ráfagas y extensas inundaciones que dejaron tres muertos y varios millones de personas sin electricidad, provocando la declaración del estado de catástrofe natural.
Los vientos máximos habían descendido a 120 km/h e Irma se encaminaba a convertirse en una tormenta tropical a medida que avanzaba por la costa noroeste de Florida y hacia el sur de Georgia, precisó el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC) en un comunicado.
El ojo del huracán se ubicaba unos 40 km al noreste de Tampa, precisó al tiempo que recordaba las advertencias vigentes de marejadas ciclónicas, lo que significa que hay “peligro de inundaciones amenazantes a la vida”.
“La fuerza de tan solo seis pulgadas (15 cm) de agua puede derribar a uno”, tuiteó el gobernador del estado, Rick Scott luego de la degradación de Irma.
“Quédense adentro, permanezcan seguros”, agregó. La combinación de una peligrosa tormenta y la marea provoca normalmente inundaciones en las áreas secas cercanas a la costa”.
Tal y como fue pronosticado, Irma había impactado el domingo por la mañana en los Cayos (sur) como huracán de categoría 4 –en una escala de 5–. Por la tarde había vuelto a tocar tierra en Marco Island (oeste) como categoría 2.
Unos 6,3 millones de personas recibieron la orden de evacuar sus viviendas en todo el estado y tres millones de abonados estaban sin electricidad, según la compañía Florida Power and Light.
“Los barcos están literalmente rotos, las palmeras en el suelo, las líneas eléctricas están cayendo”, contó por teléfono a la CNN la socorrista Maggie Howes. “Es absolutamente imposible estar afuera en este momento. Nadie puede soportar los vientos que veo por la ventana”.
Una policía y un oficial penitenciario murieron cuando su vehículo chocó el domingo en las inmediaciones de Sarasota (oeste). Otro hombre se empotró el sábado contra un árbol en Key West, en los Cayos.
Al menos 30 personas fallecieron ya como consecuencia del paso de Irma por el Caribe y Florida.
La Habana inundada
Irma tampoco perdonó a Cuba, que sufrió “fuertes inundaciones” en el litoral noroccidental, desde Matanzas a La Habana, “con olas [de] entre 6 y 9 metros” por su embate el viernes y el sábado, según el Instituto de Meteorología cubano.
Al menos 1,5 millones de personas fueron evacuadas en la isla, donde el viento tumbó árboles y tendidos eléctricos.
El mar borró el emblemático Malecón de La Habana y el agua se adentró en algunas zonas de la capital más de 500 metros, constataron periodistas de la AFP. Las ráfagas superaron los 150 km/h.
Sentado en el umbral de su casa, Ernesto Loza, un pequeño empresario de 49 años, mostraba cómo el agua se detuvo justo en la puerta de su casa. “Siempre ha habido un poco de penetración del mar, pero nunca ha llegado así, a este límite, este fenómeno”, afirmó.
La presidenta del Consejo de Defensa Nacional de La Habana, Mercedes López Acea, dijo a la televisión nacional que “el mar avanzó como jamás lo había hecho anteriormente”.
La funcionaria reportó caídas de árboles y ramas, y daños en la red eléctrica. La mayoría de barrios de la capital se quedaron sin luz el domingo por la mañana. El sistema de distribución de agua y la red telefónica por cable también fueron interrumpidos.
Asimismo, hubo “colapsos parciales o totales de viviendas” en la ciudad y en la provincia, aunque no pudo proporcionar una cifra de los daños materiales ni pronunciarse sobre eventuales víctimas.
Las autoridades cubanas pronosticaron que los efectos de Irma durarán en La Habana hasta el lunes.
© Agence France-Presse
Daniel García Marco (@danigmarco)
BBC Mundo, Caracas
El Ministerio Público de Venezuela anunció este miércoles que está investigando la muerte de 37 personas en un centro de detención judicial del estado Amazonas, en el sur del país.
“Los decesos ocurrieron durante toma de Centro de Detención Judicial de Amazonas en la cual resultaron heridos también 14 funcionarios”, comunicó en twitter la Fiscalía.
Antes, el gobernador del estado, Liborio Guarulla, había denunciado la muerte de más de 35 personas en lo que consideró como una “masacre”.
“Masacre en el Centro de Reclusión (CEDJA) de Puerto Ayacucho, más de 35 cadáveres dejó la toma de este centro por la Unidad Especial del MRIJP (Ministerio de Interior y Justicia)”, escribió Guarulla en Twitter.
Según el gobernador, en el lugar había 105 detenidos, por lo que murió el 40% de los reclusos.
Los hechos sucedieron la noche del martes.
“Anoche arribaron a Puerto Ayacucho unos grupos especiales para la toma de este centro (…) Se sabía que los reos estaban armados y los directivos pidieron hacer la requisa, ayer se concretó esa intervención”, dijo Guarulla a la agencia Reuters.
Los “pranes”
Actuaciones de este tipo en cárceles son habituales en Venezuela. Muchos centros han estado o están bajo el control de los llamados “pranes”, jefes de bandas que dominan las prisiones sin oposición de los funcionarios públicos.
El último caso conocido fue el de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), donde tras semanas de enfrentamientos entre febrero y marzo de este año, las fuerzas del orden se hicieron con el mando del penal y descubrieron incluso la existencia de una fosa común en su interior.
En las cárceles de Venezuela se han denunciado muertes, secuestros y el fácil acceso a drogas y armas. Desde el interior se controlan incluso acciones delictivas en el exterior.
Pero este tipo de tomas por parte de las unidades especiales de la Fuerza Armada no es tan habitual en centros de detención.
“Es el evento más grave que yo he visto en centros de detención preventiva”, dijo a BBC Mundo Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana A La Libertad.
Nieto Palma ha venido denunciando que los centros de detención se han convertido en miniprisiones donde los reclusos, que no deberían estar allí más de 48 horas antes de comparecer ante un juez, terminan pasando semanas, meses e incluso años a la espera de una sentencia o de un cupo para ser trasladados a la cárcel.
Esos centros no tienen la infraestructura para que una persona cumpla con una pena en prisión, denuncia.
BBC Mundo visitó en marzo uno de estos centros de la policía del estado Miranda en Los Teques, cerca de Caracas. Las pequeñas celdas daban cobijo a más de diez personas. No había patio ni infraestructura de cocina para alimentarlos. Sus familiares hacían cola para llevarles los alimentos dos veces al día.
Amazonas sin cárcel
“Ese centro de detención de Amazonas tiene la gravedad de que en Amazonas no hay ninguna cárcel, por lo que se ha convertido en la cárcel del estado”, explicó a BBC Mundo Nieto Palma.
“Es una casa grande sin condiciones para tener a muchos reclusos”, dijo sobre el centro tomado este miércoles, en el que murieron al menos 37 personas.
“No tiene capacidad para más de 30 personas, por lo que se terminan haciendo ampliaciones”, explicó el abogado y profesor universitario.
Nieto Palma culpa de esta situación tanto al sistema judicial, que retrasa las audiencias y los procesos, como al Ministerio de Servicios Penitenciarios.
“Le corresponde (al Ministerio) velar por los derechos humanos de los privados de libertad, tanto de los procesados como de los penados”, afirma Nieto Palma, que recordó que el plan del Ministerio, creado hace 5 años, era construir una cárcel en cada estado del país, con especial prioridad en Amazonas, porque no tenía ninguno. Sigue sin haberlo, denuncia Una Ventana A la Libertad.
Un portavoz del Ministerio traspasó la responsabilidad de lo sucedido en Amazonas a la gobernación al no tratarse de una cárcel.
“Hace un mes estuvo allí la ministra, Mirelys Contreras, con un grupo del Ministerio para brindar apoyo y evaluar a los privados de libertad”, dijo el portavoz a BBC Mundo.
Según los datos de Una Ventana A la Libertad, en Venezuela hay 105.000 reclusos. De ellos, 57.000 están en cárceles del Ministerio de Servicios Penitenciarios y el resto, en centros de detención preventiva.
Redacción
BBC Mundo
El gobierno Estados Unidos anunció este miércoles una nueva ronda de sanciones contra otros altos funcionarios de Venezuela, en esta ocasión 13 relacionados con la elección a la Asamblea Constituyente, la represión de las protestas y el manejo de áreas clave de la economía.
La medida, que consiste en congelar bienes y anular visas fundamentalmente, busca incrementar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca acusa de avanzar una agenda antidemocrática.
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Las sanciones afectan a miembros prominentes del gobierno y del Estado venezolano, así como a responsables de la empresa estatal petrolera PDVSA y altos cargos militares.
El anuncio se produce en medio de los dos días de huelga general convocados por la oposición y a cuatro de la realización el próximo domingo de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro.
La oposición considera que la convocatoria a la Constituyente debió haber estado precedida de un referendo consultivo en el que los ciudadanos dieran su apoyo a esa instancia que gozará de amplios poderes para cambiar la Constitución y la estructura institucional del país.
Quiénes son los sancionados
Tres de los afectados por las medidas adoptadas por el Ejecutivo dirigido por Donald Trump participaron activamente en la organización de la Constituyente:
- Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral.
- Elías Jaua, jefe de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente y actual ministro de Educación. En el pasado también fue canciller y vicepresidente ejecutivo.
- Iris Varela, miembro de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente y exministra de Asuntos penitenciarios.
Las autoridades estadounidenses aprobaron medidas en contra de cinco altos cargos de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales, a quienes consideran responsables dela represión de las protestas que se ha vivido en Venezuela. Estos son:
- Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz.
- Jesús Suárez Chourio, comandante general del Ejército.
- Sergio Rivero Marcano, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana.
- Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana.
- Franklin García Duque, exdirector de la Policía Nacional Bolivariana.
Adicionalmente, fueron sancionados cuatro funcionarios que tienen o han tenido papeles clave en la gestión de los fondos del Estado venezolano:
- Carlos Erick Malpica Flores, quien fue tesorero nacional
- Simón Zerpa, vicepresidente de Finanzas de la petrolera estatal PDVSA.
- Rocco Albisini, presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), el órgano encargado de administrar el sistema de control de divisas en Venezuela.
- Alejandro Fleming, quien fue presidente de Cencoex, exministro de Comercio Exterior y Turismo, y vicecanciller para América del Norte y Europa.
Las medidas adoptadas por Washington también alcanzan a Tarek William Saab, defensor del Pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, por su considerarlo responsable en la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Advertencia por la Constituyente
Hace una semana, Trump había alertado que impondría sanciones económicas “rápidas y firmes” a Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro lleva adelante la Asamblea Constituyente.
“Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona”, afirmó el mandatario a través de un comunicado divulgado por la Casa Blanca.
Pese a ello, funcionarios estadounidenses aclararon que las medidas tomadas este miércoles no son aún esas sanciones que anticipó Trump, aunque también apuntan en la dirección de frenar la Constituyente.
“Cualquiera que decida unirse a la Asamblea Nacional Constituyente debe saber que su papel en el debilitamiento de las instituciones democráticas en Venezuela puede exponerlos a ser objeto potencial de sanciones por parte de Estados Unidos. Esta es una clara advertencia”, dijo un alto funcionario estadounidense.
“Estamos muy preocupados por la rápida erosión de la democracia y el rumbo hacia la dictadura tomado por el presidente Maduro. Vemos el 30 de julio como una línea crítica que si la cruza puede significar el fin de la democracia en Venezuela”, agregó
La Casa Blanca considera como muy graves las consecuencias de la elección de la Constituyente. Y de seguir adelante, asegura que va a imponer más medidas de diverso tipo, sin descartar algunas que puedan afectar la exportación de petróleo de Venezuela.
“Todas las opciones se encuentran sobre la mesa para ser aplicadas después de la elección de la Asamblea Constituyente. Tenemos la esperanza de que el presidente Maduro cambie su posición, pero si decide seguir adelante será inaceptable. Hay un menú de opciones cuidadosamente estudiadas para que el presidente escoja a partir de ese momento”, afirmó un alto funcionario del gobierno de Trump.
Millones de dólares
Esta no es la primera vez que Estados Unidos sanciona a funcionarios de Venezuela.
En mayo, Washington aprobó medidas de este tipo de contra de ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a los que señala de haber usurpado las funciones del Parlamento venezolano.
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Estados Unidos impone sanciones a 8 magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela
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Corrupción, narcotráfico, derechos humanos: los otros altos cargos de Venezuela acusados por Estados Unidos
Tres meses antes, el Departamento del Tesoro sancionó al vicepresidente ejecutivo Tareck el Aissami, a quien acusó de tener “un papel fundamental en el tráfico internacional de narcóticos”.
Este miércoles, funcionarios estadounidenses dijeron que sus investigaciones recientes sobre El Aissami y sobre el que Washington califica como su testaferro, el empresario José López Bello, revelan que poseen una fortuna que excede sus estimaciones iniciales.
“Estimamos que tiene activos valorados en centenares de millones de dólares. Esto es crítico porque se trata de un abogado que tiene una larga carrera trabajando en la administración pública”, dijo un alto funcionario estadounidense.
“Que un empleado público de un país que tiene a sus ciudadanos muriendo de hambre en las calles, tenga centenares de millones de dólares alrededor del mundo es sorprendente y habla de la corrupción y del narcotráfico que es rampante en el gobierno de Venezuela”, agregó.
En su momento, El Aissami rechazó las acusaciones en su contra formuladas por el departamento del Tesoro estadounidense y dijo que se trataba de una infamia que tomaba como “un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista”.
Corte Suprema de Justicia CSJ retira inmunidad a magistrado de la sala segunda de Apelaciones Civil y Mercantil, Eddy Orellana. Angel Pineda, vocero del CSJ, informó que el expediente será trasladado a Gestión Penal para continuar el trámite penal y asignación de juzgado.
La magistrada pesquisidora Beyla Estrada Barrientos, Vocal I de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, recomendó el retiro de inmunidad por el delito de incumplimiento de deberes.
La solicitud de antejuicio fue presentada en enero por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala Cicig y el Ministerio Público MP. Investigaciones dan cuenta que aceptó un regalo del abogado Roberto López Villatoro, conocido como rey del tenis, para favorecerlo con la elección de magistrados en el 2014.
Los entes investigadores señalan que adquirió un apartamento en la Zona 14 y con su salario no tiene la capacidad de pago del inmueble. Por eso fue denunciado por los delitos de cohecho pasivo, aceptación ilícita de regalo, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de prestar declaración jurada patrimonial.
CSJ también retira inmunidad a Anthony Pivaral
El pleno de magistrados también decidió retirar la inmunidad a Anthony Pivaral de León, juez de Paz Penal de San Marcos. Denunciado por auditores del Ministerio de Gobernación por la compra vehículos blindados cuando fue director del Sistema mPenitenciario.
Pivaral fue designado como director en noviembre del 2014, sustituyó a Edgar Camargo, fue detenido por haber integrado una red delictiva en las prisiones.
Las cárceles mexicanas enfrentan desde hace años una crisis manifestada en motines, asesinatos, fugas, violencia. La solución de la problemática parece lejana por el hacinamiento, el poder de las bandas criminales y la corrupción de las autoridades.
Motines, asesinatos, fugas, violencia: la crisis que viven las cárceles de México desde hace años está lejos de solucionarse por el hacinamiento, los tentáculos de las bandas criminales entre rejas y la corrupción de las autoridades.
“La crisis se debe a dos factores”, explica a la AFP Guillermo Zepeda, director de Jurimetría, un centro de investigación de temas legales. “Por una parte al hacinamiento y por otra al crimen organizado, que ha permeado ya a los centros penitenciarios”.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha insistido en su intención de enfrentar este problema endémico con más infraestructuras, equipamientos, aumentando los salarios y reforzando la capacitación del personal.
En el último año se logró reducir la población carcelaria en 30.000 personas, pero el 58% de los actuales 216.831 reos viven hacinados. Esto significa que más de un tercio de las 375 cárceles del país están sobrepobladas.
Armas y fiestas
En varias cárceles, las bandas criminales terminan imponiendo su autogobierno y mantienen sus rivalidades, originando riñas, motines, fugas y asesinatos.
Este año se han registrado balaceras, incendios y hasta el escape de 29 reos en varias prisiones de Tamaulipas (noreste). De Sinaloa (noroeste) huyó el hijo de Juan José Esparragoza, uno de los fundadores del poderoso cártel de Sinaloa.
Las redes sociales han hervido en las últimas semanas con las imágenes de una “narcofiesta” en una cárcel de Jalisco (oeste), donde decenas de presos toman alcohol, comen y disfrutan de un concierto en directo, y con un video de reos maltratados y obligados a limpiar vestidos con ropa interior femenina.
Hace apenas unos días, la policía encontró armas largas y un túnel en otro presidio de Tamaulipas donde el 80% de los detenidos son miembros del Cártel del Golfo.
En la memoria están las dos espectaculares huidas en 2001 y 2015 de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los mayores narcotraficantes del mundo, y la masacre del año pasado en la cárcel de Topo Chico (Nuevo León, noreste), que dejó 49 muertos por una pelea.
Este escenario solo es posible por “la corrupción dentro del sistema”, reitera la académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas Catalina Pérez. “Hay muchísima corrupción de la que nadie se ocupa”.
“Terminan unos internos pagando por tener celdas de lujo y todo lo que quieren tener, mientras que los más pobres son los que limpian los escusados (baños)”, cuenta a la AFP.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó de nuevo en mayo “su preocupación por el agravamiento de las condiciones de autogobierno/cogobierno en centros penitenciarios, ante el aumento de internos vinculados a la delincuencia organizada o con suficiente capacidad económica”.
© Agence France-Presse
Las autoridades brasileñas seguían confrontadas el lunes a motines carcelarios, a atroces ajustes de cuentas entre presos de bandas de narcotraficantes y a fugas espectaculares, en una guerra que ya ha dejado al menos 115 muertos desde el inicio del año.
Poco después de que la policía controlara la rebelión que concluyó con 26 reclusos brutalmente asesinados este fin de semana en Natal (nordeste), decenas de presos ocuparon durante horas el desvencijado techo de este centro penitenciario que, como muchos en Brasil, opera corroído por la superpoblación y la ley de las bandas.
En imágenes filmadas por AFPTV se podía ver a un grupo de internos de la cárcel de Alcaçuz, la mayor del estado de Rio Grande do Norte, enarbolando banderas y palos en el tejado bajo el intenso sol de esta ciudad tropical.
Pasado el mediodía, policías y miembros del Grupo de Operaciones Especiales entraron en este centro rodeado de dunas y los presos descendieron a los pabellones, según constataron periodistas de la AFP.
La mayoría se había encaramado al techo durante la noche, después de que los agentes abandonaran la cárcel al estimar controlada la rebelión de 14 horas, que derivó en la tercera gran matanza del año en una cárcel brasileña.
Pero no hay descanso en la guerra feroz entre el Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando Vermelho (CV) de Rio de Janeiro, los dos mayores grupos criminales del gigante sudamericano.
Con el dominio del narcotráfico en el estratégico mercado brasileño en juego, las prisiones se han convertido en el centro de una batalla por ahora descontrolada y donde ningún ataque queda sin respuesta.
Mientras los forenses comenzaban a identificar los cuerpos desmembrados de los fallecidos, internos de otro presidio de Natal iniciaban un motín alrededor de las 03H00 de la madrugada, quemando colchones en un tumulto que solo se sofocó tras la llegada de la policía y las fuerzas especiales.
Según el gobierno del estado, este intento de rebelión en la prisión Raimundo Nonato se saldó sin heridos ni fugas.
Alta tensión
Desde que el Comando Vermelho y sus aliados de la Familia do Norte dieran el primer golpe el pasado 1 de enero en Manaos, la tensión bélica fraguada durante meses en los presidios de todo el país se hizo insostenible.
Aquella noche, 56 reclusos fueron ejecutados en la segunda mayor masacre registrada en una cárcel de Brasil. La mayoría eran miembros del PCC, cuyo afán por controlar todas rutas del narcotráfico de este país continental había roto en junio su frágil equilibrio con el Comando Vermelho.
La ostentación de la violencia y la ferocidad de los asesinatos en la capital de Amazonas se replicaron cuatro días después en la matanza de Roraima, que concluyó con la muerte de 33 internos cuatro días después.
El sábado en la tarde, la llama prendió en Natal cuando reos del PCC y del Sindicato do Crime -grupo disidente del PPC nacido en las prisiones de Rio Grande do Norte- lograron salir de sus pabellones para enfrentarse salvajemente en este penal, con capacidad para 620 reclusos, pero que alberga a 1.083.
La mayoría de los internos muertos en esta prisión, que tenía las rejas de las celdas arrancadas desde un motín en 2015, eran miembros de la facción local, más cercana al CV, según la prensa brasileña.
Las autoridades buscan bajar la tensión en las cárceles, al tiempo que tratan de encontrar a los reclusos que están aprovechando la confusión para huir.
A los casi cien presos que siguen prófugos desde el motín en Manaos, se sumaron este domingo una veintena en Curitiba, en un goteo constante que lleva semanas disparado.
Para tratar de contener la crisis, el gobierno de Michel Temer anunció la construcción de nuevas prisiones en todos los estados, así como medidas de modernización. La semana pasada, además, desplegó 200 efectivos de la Fuerza Nacional en Amazonas y Roraima luego de las dos masacres carcelarias en esas regiones.
Las soluciones son insuficientes, sin embargo, para muchos expertos que reclaman una reforma profunda del sistema que alberga a la cuarta población carcelaria del mundo, y donde la tasa de ocupación de las cárceles es del 167%.
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Con información de AFP.
Pese a que el mismo Viceministro de Gobernación Ricardo Guzmán señaló que el Alcalde de Villa Nueva Edwin Escobar solicitó la construcción de la cárcel en el municipio, el jefe edil ha negado la licencia de construcción al Ministerio de Gobernación para la implementación de un modelo de rehabilitación inspirada en el modelo de República Dominicana, basado en educación académica, cero hacinamiento y la práctica de oficios por parte de los reos.
Viceministro de Seguridad indica que desde hace tiempo el alcalde @EdwinEscobarVN pidió que la nueva cárcel se hiciera en Villa Nueva. pic.twitter.com/fgaE8xS5BN
— Lourdes Hércules (@lhercules_gtv) October 31, 2016
La cartera de Gobernación señaló que el plan arrancaría con una nueva cárcel para 400 mujeres en el municipio de Villa Nueva y para el próximo año se tenia previsto habilitar otras tres prisiones con el mismo concepto, el cual era promover la rehabilitación integral ante el fracaso del sistema actual, en que 7 de cada 10 reos que cumplen sus penas vuelven a cometer delitos, un plan presentado por el mismo alcalde de Villa Nueva.
Escobar en una conferencia de prensa informó que el Juzgado de Asuntos Municipales suspendió la construcción de la obra por carecer de estudios de impacto ambiental, algo que según el Viceministro, no es necesario ya que no se está construyendo ningún edificio, se está utilizando el complejo deportivo Guatel, que ya está y solo se debería reacondicionar.
El rechazo de la Población en Villa Nueva
La posible implementación del centro también ha generado diversas protestas, una de las más fuertes fue las del pasado 10 de octubre se registró un enfrentamiento entre pobladores y la Policía Nacional Civil (PNC).
El modelo de cárcel
El modelo dominicano, el cual planteó Edwin Escobar, capacita a los reos en trabajos agropecuarios, mecánica de automóviles, artesanías y producción de alimentos, entre otros oficios. “Las cárceles se han convertido en zoológicos de donde salen fieras, nadie ha cambiado para bien a través del garrote. Sí es posible que la gente cambie”, el creador del modelo penitenciario.
Roberto Santana, creador del modelo penitenciario instaurado hace 14 años en su país, explicó que la cifra de reincidencia se encuentra en 2,7% entre unos 8.000 reos que han pasado por el programa.
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