La CICIG confirmó que dos de sus agentes si realizaron diligencias en la cercanías a la vivienda del titular de la cartera del Mingob, pero que no era contra su persona. Buscaban la dirección de una empresa.
El Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart exigió explicaciones a la CICIG, porque según él, los policías que tienen asignados intentaron ingresar ilegalmente a su residencia. Sin embargo la Comisión le confirmó a Degenhart que efectivamente el oficial Rumualdo Lozano Jutzuy agente de PNC asignado a CICIG fue a las cercanías de su residencias pero que buscaba una empresa que tiene registrada esa dirección.
Según CICIG las diligencia en el área de sus residencia se realizaron para verificar la existencia y funcionamiento de una empresa cuyo nombre fue tachado para no entorpecer con una posible investigación.
“Se me asignó la diligencia de verificar la existencia y funcionamiento de la empresa… Dicha empresa registra en el Registro Mercantil con la dirección en km. 14, Lote 4 Residencial El Escalón, Santa Catarina Pinula”. En su carta de respuesta a Degenhart que consta de 3 hojas el Comisionado Iván Velásquez puso la descripción del agente Lozano Jutzuy.
Luego de la explicación de la CICIG por medio de la misiva firmada por Velásquez, “no se estaba adelantando ninguna diligencia en relación a usted. En esta Comisión no existe ninguna investigación sobre su persona” señala Iván Velásquez.
En la carta la CICIG también señaló que los agentes Rumualdo Lozano Jutzuy y Rosa Melinda Peñate López, así como el vehículo que tenía asignado fueron puestos a disposición de la Sub Dirección General de Personal de la Policía Nacional Civil, a solicitud del Inspector de la Policía Lic. Antonio José Ávila González.
La Comisión le reiteró a Degenhart que espera que el retiro sea temporal para que puedan reincorporarse a las actividades de CICIG a la mayor brevedad.
En su denuncia según el Ministro de Gobernación los agentes de PNC asignados a CICIG, intentaron ingresar a su casa sin identificarse, pero la CICIG ha señalado que esto no es así ya que los agentes en todas las garitas presentaron sus documentos de identificación.
El titular del #MinGob, Enrique Antonio Degenhart envió hoy una carta al Comisionado Iván Velásquez, requiriéndole una explicación de los hechos ocurridos ayer por la mañana, cuando agentes de PNC asignados a #CICIG, intentaron ingresar al área de su residencia sin identificarse. pic.twitter.com/i0zRq8Hxxt
— MinGob (@mingobguate) April 24, 2018
El fiscal distrital del Ministerio Público (MP) en Retalhuleu, Marvin Fernando López Reyes, de 45 años, fue capturado este miércoles por coacción, abuso de autoridad y obstrucción a la justicia, como seguimiento de una investigación efectuada por la Fiscalía de Casos Especiales.
Las autoridades informaron que López, quien es originario de San José del Golfo, fue capturado en la sede de la Fiscalía Distrital en Retalhuleu, supuestamente por influir para que una persona desistiera de una denuncia contra cuatro personas, quienes son sindicadas de violencia contra la mujer y negociaciones usurarias.
Fiscal Distrital de #Retalhuleu queda detenido por presionar a víctima a desestimar una denuncia. https://t.co/mxvNWOC3aD
— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 8, 2018
La orden de captura contra López fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación, con fecha 6 de marzo de este año.
Las investigaciones indican que López cometió coacción y abuso de autoridad contra Blanca Elubia Gómez Hernández, y obstaculización a la acción penal en agravio de Mayling Paulita del Rosario Orozco Méndez.
El 5 de mayo del año pasado, la PNC capturó a varios trabajadores y exempleados del MP y otras dependencias del sector justicia, acusados de dar información confidencial a grupos criminales.
Según autoridades, una de las formas de operar de la estructura era por medio de comunicaciones en mensajes de redes sociales. Además los funcionarios facilitaban copias de informes policiales.
En esa oportunidad un fiscal dijo que en las acciones ilícitas habían fiscales implicados. “Las personas que integran esta organización aprovechan de su estatus en instituciones públicas, tienen conocimiento de procesos de investigación y facilitan información a oficinas jurídicas o abogados que prestan servicios a sindicados”, explicó.
El 20 de mayo del 2015, cuatro trabajadores del MP fueron capturados por las fuerzas de seguridad señalados por el ente investigador de abuso de autoridad, obstaculización la justicia, entre otros delitos.
Las aprehensiones se hicieron en las fiscalías de Mixco, Villa Nueva, Sacatepéquez y Santa Catarina Pinula.
Al menos cuatro municipalidades del país de trescientas cuarenta (340), destacan en informe cómo en la media en administraciones locales. Otras trescientas treinta y tres deben de mejorar, señala Miguel Ángel Moir, de Segeplan.
Salamá, Salcajá, Guatemala y Santa Catarina Pínula, son las comunas mejor evaluadas según el informe de clasificación de gestión municipal, presentada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
El titular de la secretaria la Segeplan, Miguel Ángel Moir, señaló que se deben enfocar los esfuerzos en las últimas comunas, para lograr un mejor desempeño.
La medición revela que ninguna de las comunas alcanza un rango alto de desempeño. La mayoría se ubica de un nivel medio hacia abajo.
La referida clasificación muestra que ninguna de las municipalidades alcanza la calificación media alta, 48 comunas obtuvieron la calificación media, 234 se ubican en media baja y 58 tienen calificación muy baja.
El ranquin es coordinado por Segeplan y es acompañado por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, el Instituto de Fomento Municipal, los ministerios de Ambiente, Salud y Finanzas y el Instituto Nacional de Administración Pública.
A la actividad se presento el presidente Jimmy Morales y en su discurso dijo que “ningún proyecto iniciado se quedará sin terminar”. En alusión a la improbación del presupuesto para el próximo año.
El mandatario también exhortó a los alcaldes a continuar trabajando por el bien del país.
El estudio tiene el apoyo financiero del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización Panamericana de la Salud, Cementos Progreso y la Agencia de Cooperación Alemana.
Las administraciones que se encuentran en los últimos lugares son San Bartolomé Jocotenango, Quiché; Morazán, El Progreso; San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez; San Juan Tecuaco, Santa Rosa; La Libertad, Huehuetenango; San Francisco La Unión y San Miguel Siguilá, en Quetzaltenango; Pasaco Jutiapa, y San José, Petén.
“Son municipios que requieren más atención”, señalo Miguel Ángel Moir.
Salamá, Baja Verapaz, evidenció fortalezas administrativas que posee en recursos humanos, atención al vecino y demostró tener una estructura administrativa que se gestiona apegada a la norma.
Esta municipalidad destacó entre otros aspectos, por los servicios públicos. Se evaluó el acceso a la cobertura y la calidad de los servicios prestados. Sin embargo, debe mantener, mejorar y ampliar el funcionamiento de los servicios para fortalecer el desarrollo.
En este índice, los indicadores que se incluyen miden la eficiencia de los recursos financieros que las municipalidades reciben del gobierno central. La comuna capitalina destaca en la recaudación por sí misma y otras fuentes de financiamiento, así como en la forma que se efectúa el gasto.
Mide los compromisos que la municipalidad asume como parte de su gestión en la práctica de informar y rendir cuentas a la ciudadanía, sobre procesos, programas o proyectos que se aprueban y se ejecutan.
El índice también valoró el acceso a la información pública hacia la ciudadanía.
Por los delitos de agresión sexual con agravación de la pena en forma continuada fueron condenados Edgar Rolando Diéguez Spaché y José Arnulfo Méndez Castellanos luego de que el personal de la Fiscalía de la Mujer de Santa Catarina Pinula del Ministerio Público demostró su responsabilidad en un caso que se inició en 2012.
Uno de los capturados era un maestro del hogar donde el pasado 8 de Marzo murieron quemadas 41 niñas. El maestro Diéguez Spache fue capturado por las denuncias de dos estudiantes de 12 y 13 años que lo acusaron de agresiones en julio y agosto de 2012, esto dentro del “Hogar Seguro”.
En este caso la Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales, psicológicas y la más certera fue la declaración mediante video-conferencia de la víctima le relató los hechos que ocurrieron en el año 2012 en el interior del “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”.
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) entre enero de 2014 y agosto de 2016 contabilizó 28 denuncias, previo al incendio ocurrido el 8 de marzo de este año.
El atraso de la sentencia condenatoria se debió al abuso de recursos de apelación que presentaron los abogados de la defensa ante el Tribunal de Femicidio u otras Formas de Violencia contra la Mujer.
La Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público presentó la acusación por el delito de homicidio culposo contra el alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Gonzalo Alvarizaes Monterroso y José Antonio Coro García, ex edil de ese municipio, en relación al caso denominado Cambray II, lugar donde en el 2015 fallecieron a consecuencia de un alud aproximadamente 300 personas.
Según la Fiscalía, la acusación contiene 274 medios de prueba que constan en 3 mil 679 folios, los cuales fueron entregados en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, con el objeto que ambas personas enfrenten juicio por el delito de homicidio culposo.
El alcalde de Santa Catarina Pinula, Alvarizaes Monterroso y Coro García, exjefe edil, enfrentan proceso penal por su presunta responsabilidad de no haber advertido a los pobladores del Cambray II, sobre el riesgo de habitar ese lugar.
Ambos no atendieron las recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que advirtió del peligro en que vivían los pobladores y que lo más prudente era trasladarlos a un sitio seguro.
El 15 de enero de 2016, fue capturado Coro García después de haber entregado el cargo como jefe edil en un acto celebrado en dicha Municipalidad. El 26 de agosto del mismo año, fue detenido el alcalde Alvarizaes Monterroso, luego de haber perdido su inmunidad.
La noche del 1 de octubre del 2015, un alud desapareció el caserío El Cambray II y habría dejado unas 300 personas sepultadas.
La labor del Ministerio Público, no solo consistió en investigaciones penales, si no también humanitarias por parte del personal fiscal, quienes iniciaron su trabajo de apoyo con el procesamiento de los cuerpos para su identificación.
Desde la noche de ese día, un equipo de fiscales se desplazó al lugar y a inmediaciones de la zona del desastre instalaron en conjunto con personal del Instituto Nacional de Ciencia Forenses una morgue provisional, debido al número de personas fallecidas a consecuencia del alud y coordinaron un vehículo refrigerado para resguardar los restos humanos localizados.
36 niñas han muerto a raíz de un incendio que sucedió el pasado miércoles 8, el horroroso y brutal incendio del refugio provocó una ola de críticas al gobierno de Jimmy Morales a quien culpan de negligencia, por no haber tomado medidas para evitar la tragedia.
Pero este hecho fue el que terminó de marcar la vida de la niñas, niños y adolescentes de ese hogar. Con anterioridad ya existían denuncias de los abusos y los maltratos que vivían los internos en este hogar.
A partir de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula en casos relacionados con el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, una persona fue condenada a 15 años de prisión, además dos maestros se encuentran ligados a proceso penal y a un monitor se le otorgó un criterio de oportunidad.
José Roberto Arias Pérez, un albañil contratado por el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en junio de 2013 fue capturado sindicado del delito de violación cometido en contra de una menor de edad.
El 19 de noviembre de 2014, las pruebas presentadas por la Fiscalía ante el Tribunal Segundo Pluripersonal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, permitieron que Arias fuera condenado a purgar una pena de prisión de 15 años por el delito de violación con agravación de la pena y el pago de Q20 mil como reparación digna.
Los maestros José Arnulfo Méndez y Edgar Rolando Diéguez Ispache, actualmente se encuentran ligados a proceso penal sindicados de cometer el delito de agresión sexual en contra de menores de edad.
En este caso, actualmente la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula está a la espera que el Juzgado fije la fecha para la audiencia de ofrecimiento de prueba.
Otra de los casos investigados por la Fiscalía es una denuncia presentada en contra del monitor Alfredo Bol Cahuec sindicado de maltratar a un menor de edad, la víctima recibió una patada.
Al victimario un juzgado le otorgó un criterio de oportunidad consistente en el pago de un mil quetzales a favor del Hogar y recibir por un lapso de seis meses una terapia psicológica en el Hospital San Juan de Dios.
La municipalidad de Palestina de Los Altos, Quetzaltenango, disfrutó a partir de este jueves 8 de diciembre, hasta el sábado 10, del convivio navideño. Por esta razón, cruzaron el país de occidente a oriente para festejar en un balneario, de Río Hondo, Zacapa. La actividad para 49 personas costó Q59,875.55 y se pagó con recursos de la comuna, que permaneció cerrada en dos días hábiles.
El 18 de noviembre, el encargado de Recursos Humanos de la comuna, Antonio Chiquirín Hernández, solicitó autorización al concejo municipal para disponer de fondos para el transporte, hospedaje, alimentación y recreación de los empleados de la municipalidad de Palestina. La actividad fue autorizada por el propio alcalde, Wilmin Maudiel Morales.
Por ello, el Departamento de Compras cotizó y adjudicó en el portal de Guatecompras la “Contratación de servicio de hotel para celebrar el convivio navideño” (NOG 5721822). En las bases del concurso se establecía que los interesados debían cumplir con la categoría de ser “Resort y Parque Acuático” y estar ubicados en Río Hondo, Zacapa. Por ello, el único que cumple con ambos requisitos fue el ganador: un parque acuático en Zacapa a un costo de Q59,875.55.
El paquete contratado para 49 de los 60 empleados municipales, incluye comidas y refacciones en servicio buffet, habitaciones simples para los miembros del concejo municipal, dobles para las mujeres y dobles y triples para los hombres, uso de las instalaciones y piscinas, discoteca y bebidas ilimitadas. El transporte en bus pullman fue proporcionado por la empresa Álamo, aunque este concurso no aparece en Guatecompras.
La municipalidad permaneció cerrada los dos días hábiles porque los empleados estuvieron en convivio y quienes no asistieron, tuvieron feriado.
Al ser consultado Wilmin Morales, alcalde del municipio de Palestina de Los Altos, reelecto con el Partido Patriota, comentó que, a pesar de que él también es invitado, lleva cinco años de no asistir a la actividad. Además, se trata de un regalo para todos los empleados, aunque se paga con fondos públicos.
Aseguró que no iría a al balneario pues debe cumplir con una reunión con la cooperación española.
Morales Castillo enfrenta un proceso que busca retirarle la inmunidad, luego de ser denunciado por líderes comunitarios por participar en una entrega de víveres en la que los beneficiados fueron a conveniencia del alcalde.
El juez Werner Sac fue nombrado el 6 de septiembre para conocer el caso y tiene 60 días para investigar y entregar el informe a la Sala. Al conocerlo, los magistrados de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango deben resolver si existen motivos suficientes para que el alcalde sea procesado.
Robin Rodas, encargado de la oficina de Información Pública, explicó que llevar a cabo un convivio de este tipo ya es tradición municipal y cuentan con el apoyo de los miembros del concejo. La mecánica es que los empleados eligen entre varios destinos turísticos y por ello la cotización específica el lugar.
“Este año las opciones eran: un resort en el Puerto San José, Escuintla; un hotel en Izabal, Monterrico o un parque acuático. Se hace una votación, se les da tiempo para confirmar si participarán y así se establece el lugar”, explicó Rodas.
Tanto los empleados como los miembros del concejo no pueden ir acompañados ni ceder su lugar a otras personas.
El ministerio de Finanzas publicó una circular, la 7-2016 de la Secretaría General de la Presidencia, en donde solicita a todas sus dependencias no incurrir en gastos por la época navideña, tales como convivios o regalos.
Sin embargo, el ministerio de Finanzas explica que por ser entidades autónomas y descentralizadas, esto no afecta a las alcaldías que se rigen por el Código Municipal.
Gerson López, secretario de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), explicó que por ser “una institución gremial que busca la autonomía”, la entidad no emiten regulaciones sobre el manejo de los recursos de las comunas, una tarea que solo le compete a la Contraloría General de Cuentas.
Sin embargo, acepta que en los talleres que se imparten a nivel nacional, se les dan recomendaciones acerca de cómo priorizar el gasto.
“Este es un caso atípico, puesto que si las municipalidades hacen convivios, los empleados suelen aportar algo al mismo. Si en este caso todos son fondos públicos, sería algo lamentable y delicado, pues hay otras prioridades en que invertir esos recursos en beneficio de la población. Esto no se había visto antes”, asegura López.
Este no es el único caso. En 2013, el alcalde de San Marcos, Carlos Enrique Barrios Sacher, y el Concejo acordaron celebrar el Día del Empleado Municipal en el Autosafari Chapín. La actividad supuso un desembolso de las arcas municipales de Q32 mil 500 para sufragar los gastos del traslado desde San Marcos hasta el kilometro 87.5 de la carretera que conduce a Taxisco en Santa Rosa y viceversa. Y además para pagar el ingreso de todos los empleados al lugar.
Un año después, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, invitó a sus empleados que trabajaron los fines de semana en las Mini Munis al Hotel Soleil (Vacaciones Internacionales, S.A.). La municipalidad pagó Q14,400.
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