Ciudad Guatemala
El CACIF hizo un llamado a los responsables del sistema de justicia para garantizar la independencia judicial en el país indicando que los casos que ahora se llevan en tribunales tiene polarizada a la sociedad.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), se pronunció en el marco de procesos judiciales que se realizan en el país, señalado que esto es algo que pone a prueba a la justicia y a la sociedad guatemalteca que se ha polarizado de una forma peligrosa para la estabilidad del país.
“El Sector Privado se constituye desde ya como observador activo de los procesos judiciales, con el objeto de verificar que se cumplan las garantías constitucionales y la independencia judicial“, indicó Marco Augusto García Noriega, presidente del CACIF.
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Los empresarios consideran que los jueces deben resistir y denunciar presiones internas dirigidas a producir condenas anticipadas, con el objetivo de que prevalezca la independencia judicial.
Directivos del @CACIFnoticias y la @industriaguate mencionan la independencia judicial. pic.twitter.com/sc6XW2c61n
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) November 23, 2018
Los tres puntos que pide CACIF
El Cacif también señalan que se debe aplicar el principio de legalidad, para evitar que por un mismo hecho se juzgue dos veces a una persona. Señalando que reabrir casos o utilizar testigos no idóneos destruye irreparablemente la confianza en el sistema. Además de enfatizar que las resoluciones deben estar acordes a derecho penal.
García Noriega, además aseguró que el sector empresarial estará vigilante y dará seguimiento, no solo a casos judiciales sino también al proceso de elecciones del 2019.
Finaliza la conferencia de los directivos de la @industriaguate y el @CACIFnoticias con los aspectos de independencia judicial, respetar el principio de legalidad, que las resoluciones sean acordes a derecho y a los jueces de la aplicación imparcial de las leyes. pic.twitter.com/Z3vmE9xcWZ
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) November 23, 2018
Este llamado que hacen los empresarios se da previo a que la jueza Claudette Domínguez suelva si Carlos Vielmann y otros sindicados quedan ligados a proceso en el caso Plan Gavilán, un tema al que también se refirieron.
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El @CACIFnoticias y la @industriaguate se refieren al caso Infiernito que se resolverá la próxima semana.
Solicitan a la fiscal General, María Consuelo Porras, revisar y si hay una irregularidad, destituir a los funcionarios señalados. pic.twitter.com/mORNkVxaiK— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) November 23, 2018
Los empresarios también se enfocaron en el tema de la expulsión del Comisionado Iván Velásquez señalando que algo que tiene polarizada a la población guatemalteca también es el nombramiento del comisionado adjunto.
CC rechaza pedidos de Jimmy Morales para impedir regreso de Iván Velásquez
El mensaje de los directivos de la @industriaguate y el @CACIFnoticias por la controversia por el impedimento de retornar al país el comisionado Iván Velásquez desde Estados Unidos. pic.twitter.com/d7jzIva6ig
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) November 23, 2018
El juez presidente del Tribunal de Mayor Riego “C” Pablo Xitumul denunció públicamente a Carlos Roldán Presidente del Consejo de la Carrera Judicial de supuestas violaciones a su independencia judicial.
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La denuncia del juez Pablo Xitumul se originó porque el 21 de junio le envió un oficio al Concejo de la Carrera Judicial indicando que la Supervisión General de Tribunales estaba tramitando por separado 8 denuncias similares planteadas en su contra por familiares de los acusados en el caso Molina Theisen, y el juez Xitumul había solicitado que se tramitaran como una sola, para evitar la demora y un derroche de recursos.
Le pidió al Consejo de la Carrera Judicial que en un plazo de 15 días le informaran si existía un plan de trabajo. Ese habría sido el motivo que desató la polémica.
Juez Xitumul: "El presidente de la Carrera Judicial Carlos Guillermo Guerra estuvo tomando nota en este tribunal como si estuviera fiscalizando el trabajo, pero esa atribución no le corresponde. pic.twitter.com/3ZlfqJ9K9J
— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) August 20, 2018
El juez Xitumul dijo que en sus 14 años no ha permitido ninguna amenaza contra su independencia judicial.
El Consejo no accedió a lo solicitado argumentando que no puede dar instrucciónes a la Supervisión General de Tribunales.
También vea: Teme por su seguridad juez que denunció a Blanca Stalling
Carlos Guerra Jordán y sus concejeros enviaron oficios para que me abstenga a realizar mis funciones aseguró el juez Xitumul, agrego que Guerra habría fiscalizado la labor del Tribunal, al haber ingresado durante el debate del caso Molina Theisen, haber tomado notas a pesar de que esa función no es de su competencia.
Juez Pablo Xitumul indica que los familiares de los sentenciados por el caso Molina Theisen le han interpuesto 8 denuncias, y por tratarse del mismo caso el juez pidio que se unificaran, pero no fue aceptado, por el consejo de la carrera judicial. pic.twitter.com/uNOB648HaZ
— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) August 20, 2018
También expresó que la denuncia se refiere a hechos y que le corresponde a las autoridades tipificar si fue cometido el delito de abuso de autoridad o algún otro delito.
Consultado el Presidente del Concejo de la Carrera Judicial Carlos Guerra indicó que el juez Xitumul está abusando de su autoridad pues no tiene la facultad de emplazar al Concejo.
Una serie de acciones que los jueces ha padecido y que incluso han finalizado ante la Junta Disciplinaria Judicial, coloca en alerta el riesgo que podría estar corriendo la independencia judicial.
Debido a que los jueces de mayor riesgo se ha buscado someterlos a sanciones con el fin de obligarlos a favorecer grupos de poder o delitos cómo: corrupción, crimen organizado y conflicto armado.
Auditorias preventivas
Ninguno de los jueces se opone a la auditorias realizadas por la Supervisión General de Tribunales. Consideradas como practicas sanas y de fortalecimiento al sistema de justicia.
Sin embargo, las recientes auditorias ejecutadas entre el 14 y 18 de mayo pasado marcaron una alerta a los órganos jurisdiccionales de la Jueza Ericka Aifán y Miguel Ángel Gálvez, debido a que estas son constantes.
El oficio indicaba que los supervisores debían revisar como mínimo 15 expedientes. Además, detectar si existe mora judicial y verificar las causas. Una de las alertas se debe a que la mora existe en la mayoría de los juzgados derivado de la falta de jueces.
El director de la Supervisión General de Tribunales, explicó que la auditorias eran parte de su labor y que también servían para identificar las carencias que los juzgados podrían padecer.
Temor entre jueces por la independencia judicial
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, manifestó su preocupación por las auditorias en el que indicó lo siguiente:
“La eventual instrumentalización que puedan hacer algunos litigantes y abogados del procedimiento de inspección judicial, utilizando mecanismos de presión e intimidación”.
En la actualidad la Jueza de Mayor Riesgo “C”, Ericka Aifán se encuentra en un torbellino de acciones en su contra y las visitas por parte de la Supervisión General de Tribunales son constantes, que se ha hecho presente incluso sin que haya pasado un mes.
La quejas interspuestas contra Aifán son por el abogado Moisés Galindo, procesado por el caso de fideicomisos en la Municipalidad de Guatemala, el exmagistrado Eddy Orellana, sindicado en el proceso llamado “Comisiones paralelas” y la última interpuesta por la familia rusa, Bitkov procesada en el caso Migración.
Esté último caso le provocó una denuncia y una multa de Q1,000 a la jueza Aifán por supuestamente no acatar lo ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones de cerrar el proceso penal contra la familia rusa.
La jueza accionó ante la Corte de Constitucionalidad, debido a que señaló que la sala no le ordenó cerrar el proceso por que no desobedeció. La jueza expuso en el ocurso en queja que razonó cda uno de los argumentos y envió a un nuevo juicio a Igor Bitkov, su hija y esposa. Sin Embargo, la Sala Tercera busca orillar a Aifán a que cierre el caso.
La sala de los favores
La Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal se ha caracterizado por su resoluciones polémicas. Una de ellas y la más evidente fue la resolución de la Magistrada Blanca Stalling, que le otorgó salir de prisión debido a que no existía peligro de fuga, cuando fue capturada tratando de huir con peluca y pistola como quedó evidenciado en vídeos.
Además, se encuentra la resolución del antejuicio contra el entonces alcalde capitalino, Alvaró Arzú, por el caso denominado “Caja de Pandora”. Pero pesa también sobre la Sala que el presidente el magistrado Jaime Amílcar González firmó una resolución de Corte Suprema de Justicia de un pleno que no participo. La resolución negaba levantar el antejuicio a seis diputados entre ellos Luis Rabbé y Aristídes Crespo.
González fue denunciado por la Magistrada María Eugenia Morales. Sin embargo, fue la jueza suprema que debió enfrentar a la Junta Disciplinaria por denunciar el hecho, ya que habría entregado como evidencia el acta firmada por González. la Magistrada salió librada de los señalamientos.
La Supervisión General de Tribunales realizó revisiones preventivas a los órganos juridiccionales, los primeros en la lista los juzgados y tribunales de mayor riesgo. La auditoria revisa los horarios de salida y entrada del personal, si visten adecuadamente, revisión de expedientes.
Además, Ángel Joaquín, Director de la Supervisión General de Tribunales explicó que también se observa el funcionamiento y que necesidades tienen los jueces.
Alertas sobre la independencia judicial
Las alertas sobre si podría existir una vulneración a la independencia judicial, se debe a que hay jueces que han sido sometidos a investigaciones continuas por casos precisos de corrupción y del conflicto armado.
Elvyn Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencia Penales explica que han existido casos “frívolos” cómo el del juez “B” de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez y la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia Morales.
Ambos fueron llevados ante la Junta Disciplinaria del Organismo judicial. Díaz resalta que son casos que no debieron proseguir. Ambos salieron victoriosos de dichos procesos disciplinarios.
En el caso de la Jueza “C” de Mayor Riesgo Ericka Aifán ha recibido con frecuencia a la Supervisión General de Tribunales. Las quejas son prevenientes de el abogado Moisés Galindo, el exmagistrado Eddy Orellana y la familia rusa Bitkov.
Instrumentalización
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad se pronunció a través de un comunicado para expresar su preocupación en la señala “la instrumentalización que puedan hacer algunos litigantes y abogados del procedimiento de inspección judicial, utilizándolos como un mecanismo de presión o intimidación al libre ejercicio de la judicatura independiente”.
Además, en el comunicado también hacen un llamado a las autoridades judiciales a garantizar los procedimientos objetivos e imparciales en la tramitación de los procesos.
Por el contrario El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Marlon López indicó que era parte del trabajo de la Supervisión General de Tribunales hacerse presente ante las quejas que existan contra los jueces.
El Organismo Judicial (OJ) aceptó la renuncia de Carlos Ruano como titular del Tribunal Noveno de Sentencia, quien presentó su dimisión tras haber denunciado una persecución política en su contra, como resultado de haber señalado a la magistrada Blanca Stalling de interceder para retirar cargos de corrupción contra su hijo.
La aceptación de la renuncia fue confirmada este lunes 18 de septiembre por el Departamento de Comunicación del OJ, aunque no profundizaron en el tema.
Recientemente Ruano argumentó que su salida obedece a un proceso penal en su contra por el supuesto delito de abuso de autoridad.
El exjuez expuso ante periodistas temer por su integridad debido a constantes hechos de acoso y hostigamiento en su contra.
La persecución penal contra Ruano, protagonizada por la Fundación Contra el Terrorismo, inició porque en 2017 el exjuzgador denunció a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling de interceder para retirar cargos de corrupción contra su hijo.
Derivado de la denuncia de Ruano, Stalling fue procesada; sin embargo, el año pasado recobró su libertad y su puesto como magistrada.
En 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció al juez Ruano como uno de los actores anticorrupción más importantes del país y destacó su “labor por la independencia judicial”.
Este jueves, Ruano aseguró que la Corte Suprema de Justicia aún no ha aceptado su renuncia al cargo.
El juez se une a la lista de al menos 50 operadores de justicia, periodistas, abogados y activistas que han denunciado persecución política del país, y la mayoría de ellos se exilió en Estados Unidos.
Los actos de los 202 años de Independencia de Guatemala de este jueves 14 de septiembre se celebraron sin la presencia del presidente Alejandro Giammattei y del vicepresidente Guillermo Castillo, eventos que tuvieron lugar en medio de protestas ciudadanas que exigen el fin de la crisis política que afecta al país a causa de acciones judiciales contra el proceso electoral.
En el Te Deum, celebrado en Catedral Metropolitana, solo participó una parte del gabinete de Giammattei, según se pudo observar en la transmisión del Canal de Gobierno, pues no hubo acceso a los medios de comunicación.
Además, los mandatarios se ausentaron de la izada de la bandera en la Plaza de la Constitución, y en el balcón presidencial solo se pudo observar a funcionarios de menor rango en el Gobierno, como ministros y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia.
El discurso oficial en ese evento estuvo a cargo de Claudia Ruiz, ministra de Educción; además, la lectura del Acta de Independencia la hizo el gobernador departamental de Guatemala.
“El Tedeum un es una acción de gracias a Dios y en esta catedral el día de hoy queremos reconocer la grandeza de Dios y su poder infinito”, dijo a los presentes el arzobispo metropolitano Monseñor Gonzalo de Villa, quien ofició la homilía.
“La primera lectura de la palabra de Dios, hoy tomada del profeta Isaías, nos habla del desierto vuelto vergel y del desierto en que habitará la justicia y el derecho y de cómo mi pueblo disfrutará de los beneficios de la paz, quiero volver este texto como oración por Guatemala para que tengamos los beneficios de la paz y para que en nombre de la justicia no se atropelle el derecho y por supuesto para que tampoco en nombre del derecho se arrolle la justicia”, dijo de Villa.
Agregó que “celebramos el día de la patria, la alegría de antorchas, desfiles y actos patrios que expresan de mil maneras diferentes el amor del pueblo de Guatemala a su patria y de todos los centroamericanos a esta tierra bendita, recostada en el ande soberbio como dice nuestro himno, agradecemos a Dios por tanto bien recibido, pedimos a Dios por Guatemala (…) que Dios bendiga a Guatemala y que conceda la justicia y el derecho como ejes de la nación”.
Ante la inasistencia de Giammattei al Te Deum, el mandatario envió una carta en la que informó que padece quebrantos de salud, lo que le impidió participar en el evento.
“Excelentísimo y reverendísimo Monseñor Gonzalo de Villa con muestra de mi más alta estima y consideración, me dirijo a usted para informarle que me encuentro con quebrantos de salud, mismos que me impiden participar en el solemne Te Deum”, dice una parte de la misiva enviada por el mandatario.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia también confirmó que Giammattei padece quebrantos de salud, por lo que no asistió a los eventos programados para este 14 de septiembre.
“El señor presidente se encuentra padeciendo una gripe severa que le obligó a interrumpir su agenda este día, incluyendo su participación en las actividades de conmemoración de 202 años de independencia”, dijo en un mensaje de texto Presidencia.
Protestas
Decenas de guatemaltecos protestaron este jueves contra la fiscal general Consuelo Porras, señalada de orquestar un “golpe de Estado” para bloquear la llegada al poder del presidente electo Bernardo Arévalo
Los manifestantes se apostaron frente a decenas de policías y barreras metálicas en la plaza central capitalina y pidieron la renuncia de la fiscal quien mantiene investigaciones contra el partido Semilla del opositor Arévalo y allanamientos al tribunal electoral.
También criticaron al presidente Giammattei, al acusarlo de participar en un boicot contra el próximo gobernante.
“Estamos hartos y cansados de este gobierno corrupto y ladrón y por las acciones que está cometiendo Consuelo Porras”, dijo a la AFP Dinora Veliz, de 64 años, mientras el gobierno celebraba la independencia de Centroamérica de España el 15 de septiembre de 1821.
“Estamos aquí para demostrar el descontento a este gobierno que es el autor intelectual de este golpe de Estado que se está fraguando”, agregó la mujer, integrante del colectivo Pueblo en Resistencia.
“Si el pueblo no se organiza seguiremos de rodillas”, agregó Catalina Casasola, jubilada de 64 años, al llamar a más movilizaciones. Algunos manifestantes forcejearon por unos instantes con policías durante la protesta que transcurrió sin mayores incidentes.
El martes, el fiscal Rafael Curruchiche allanó un centro del tribunal electoral y abrió las cajas con las papeletas de votación de las elecciones de junio. Según el funcionario, el operativo fue para verificar la denuncia de un ciudadano.
Tras la acción, Arévalo, quien ya había denunciado un “golpe de Estado” en curso dirigido por la Fiscalía, pidió retirar la inmunidad de Porras, Curruchiche y el juez Fredy Orellana quien autorizó el allanamiento.
El operativo provocó el rechazo de la comunidad internacional como Estados Unidos, que lo calificó como “un ataque al proceso democrático”.
Porras, Curruchiche, Orellana y la fiscal Cinthia Monterroso están incluidos por Washington en una lista de personajes “corruptos” de Centroamérica.
El Congreso de la República llevó a cabo este miércoles 13 de septiembre la Sesión Solemne por los 202 años de independencia, en la que los grandes ausentes fueron los presidentes de los tres organismos de Estado: Alejandro Giammattei -Ejecutivo-, Shirley Rivera – Legislativo-, y Silvia Patricia Valdés – Organismo Judicial-.
La sesión que comenzó con 50 minutos de retraso y fue dirigida por el presidente en funciones, Boris España, quien fue el único que ofreció un discurso, y dio paso a varias interpretaciones de la Banda Sinfónica Marcial del Ministerio de la Defensa.
El parlamentario aprovechó el discurso para felicitar al presidente electo, Bernardo Arévalo; sin embargo, el aún diputado no se encontraba presente, ya que llegó al Congreso únicamente al pleno que se llevó a cabo posterior a la Sesión Solemne.
“Próximamente tendrá como su más digna y sagrada responsabilidad encarnar en su gobierno la unidad nacional. Es una ocasión formidable para felicitarlo y desearle éxitos en el cumplimiento de su mandato”, expuso España.
El parlamentario también dejó claro cuál es el papel que jugarán el próximo año en el inicio del gobierno de Arévalo.
“Diputado Arévalo, veo que son ambiciosos los planes del gobierno que presidirá y esperamos sinceramente que por el bien del país que sus actos correspondan a cada uno de esos propósitos. El Congreso en el marco de la independencia de los organismos sabrá distinguir seguramente y apoyará los esfuerzos de su gobierno en el beneficio del país y exigirá y pedirá cuentas cuando considere que se afecte el interés nacional como es y debe ser en una democracia republicana”, expuso España.
Invitados
Entre otros funcionarios que no acudieron se encuentra la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Mientras que sí acudieron en representación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) los magistrados Blanca Alfaro, Mynor Franco y Gabriel Aguilera.
Por parte de la Corte de Constitucionalidad llegaron los magistrados Leyla Lemus, Luis Rosales y Juan José Samayoa.
Por parte del Organismo Ejecutivo solo acudió el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, a quien se le observó conversando con varios de los invitados que permanecían en el Palco Diplomático del Congreso, donde también fueron invitados constituyentes, como Fernando Linares-Beltranena.
Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), encabezada por su presidente Michael Greenspon, que llegó a Guatemala luego de múltiples denuncias de violaciones a la libertad de expresión, teme que se puedan formar procesos judiciales contra otros periodistas, partiendo del caso de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódco, enviado a juicio en un caso de supuesto lavado de dinero.
Como parte del trabajo de la misión de la SIP, hubo reuniones con periodistas de todo el país, quienes, según, los delegados, expresaron preocupación por las condiciones adversas a las que se enfrentan para desarrollar su trabajo, principalmente en comunidad rurales.
De esa cuenta, los representantes de la entidad hemisférica, con sede en Miami, Florida, EE. UU., se reunieron con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el vicepresidente Guillermo Castillo, y la fiscale general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta.
Además, se reunieron con empresarios y representantes de la Iglesia Católica.
Greenspon señaló que “en materia de acoso judicial aludimos a la utilización de normas que protegen derechos valiosos, como la equidad de género, pero que son utilizadas muchas veces en Guatemala para silenciar a quienes cuestionan a funcionarios por presuntas irregularidades en su gestión, como es el caso de los periodistas de La Hora”.
Añadió que en el caso de la acusación contra Zamora “hemos venido a transmitirle nuestro respaldo y a exigir y reclamar a las autoridades que se respeten todas las condiciones para un debido proceso. Hemos planteado que mientras se desarrolle la causa se flexibilicen las condiciones de detención y se garantice un equilibrio entre las investigaciones judiciales que deben realizarse y la preservación del libre ejercicio de la libertad de prensa por parte del equipo de elPeriódico”.
Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, añadió que en ambos casos recibieron informes de parte de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos y de la fiscal general Consuelo Porras, en los que aseguran que el proceso se ajusta a derecho.
“De nuestra parte, advertimos que el modo en que se realizó la detención de Zamora, las características de la acusación y las irregularidades que se denunciaron en su momento para armar el caso generan preocupación de que se monten procesos contra otros periodistas que investigan y denuncian el poder”, dijo Jornet.
Añadió que en todas las reuniones que sostuvieron con autoridades subrayaron que “más allá del caso Zamora, que sin duda pueden inducir a la autocensura a otros medios y periodistas que investigan el poder, preocupan a la SIP las presiones que afrontan pequeños medios comunitarios en zonas alejadas de la capital, donde es más evidente el control que ejerce la criminalidad organizada, en muchos casos, en convivencia con autoridades locales y fuerzas policiales”.
Reuniones
Jornet mencionó que durante las reuniones con funcionarios del Ejecutivo y del MP manifestaron “el crítico panorama que recogimos de parte de periodistas y directivos de medios de toda la república”, quien, según dijo, describieron las “condiciones adversas que debe afrontar por el ataque sistemático de parte de funcionarios públicos y de netcenters (…) que muchas veces desde el anonimato descargan descalificaciones que terminan alentando la violencia física”.
Agregó que “pusimos énfasis en denuncias de acosos legales en contra de periodistas y medios independientes, acciones que suelen mantenerse en secreto para impedir que se ejerza el derecho de defensa”.
Además, dijo que se planteó la falta de independencia de los poderes del Estado “que puede traducirse en una acción coordinada para ahogar la disidencia en las presiones para revelar fuentes de información, en las severas restricciones para que los comunicadores accedan a fuentes oficiales, en operaciones de vigilancia sobre reporteros que investigan presuntos hechos de corrupción, en la discriminación del manejo de la pauta publicitaria oficial y en las presiones que se descargan en empresas privadas para que no anuncien en medios críticos del gobierno”.
Vicepresidente envió cartas a la ONU
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, comentó por su parte que se intentó tener un acercamiento con el presidente Alejandro Giammattei, pero este respondió que no se involucraba en temas que tienen que ver con la independencia de los poderes públicos del Estado, aunque se le recalcó que el caso Zamora es un tema de interés general.
Además, dijo que durante la reunión que sostuvieron con el vicepresidente Guillermo Castillo, el funcionario les mostró cartas que envió (cuando estaba como presidente en funciones) a “Naciones Unidas y otros organismos internacionales para que enviaran misiones al país para ver el tema de libertad de prensa”.
Un día después de que el exjuez Miguel Ángel Gálvez anunciara su renuncia desde el exilio, el Organismo Judicial (OJ) comunicó este miércoles 16 de noviembre que su dimisión fue aceptada y que la plaza para dirigir el Juzgado de Mayor Riesgo “B” salió a convocatoria.
Rudy Esquivel, portavoz del OJ, confirmó que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justica (CSJ) determinó aceptar la renuncia de Gálvez, quien la noche del pasado martes durante una entrevista con la cadena CNN en Español se declaró oficialmente en el exilio, pues asegura que en Guatemala no hay garantías para regresar.
“En relación a la renuncia del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, se confirma que fue aceptada. También se ha ordenado sacar la plaza a convocatoria”, dice un mensaje de texto enviado por Esquivel.
Gálvez, quien condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio y envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción, renunció el martes pasado denunciando falta de independencia judicial en Guatemala.
“El día de hoy (martes) presenté mi renuncia al cargo de juez de primera instancia del ramo penal”, dijo Gálvez en un video difundido en la red social Twitter.
Gálvez salió a inicios de noviembre a Costa Rica a un foro, pero se desconoce su paradero y según ha confirmado el jurista se quedó en el extranjero, aunque el destino exacto se desconoce.
El juez enfrentaba un proceso para despojarlo de su inmunidad a petición de una organización que lo acusa de ordenar “detenciones ilegales” de militares retirados.
“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizando los procesos como corresponde”, afirmó Gálvez, quien desde 2016 cuenta con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La renuncia de Gálvez se suma a la salida del país de varios exfiscales antimafias y jueces debido a procesos en su contra impulsados por la fiscal general Consuelo Porras, designada en mayo pasado por el presidente Alejandro Giammattei por cuatro años más en el cargo.
Otros exfiscales han sido encarcelados a petición del Ministerio Público a cargo de Porras, sancionada el año pasado por Estados Unidos que la incluyó en una nómina de personas “corruptas y antidemocráticas”, o Lista Engel.
El Ministerio Público (MP) ha negado en varias oportunidades los señalamientos que hacen los exjueces y exfiscales que han salido del país y señala que es obligación constitucional que la Fiscalía investigue todas las denuncias interpuestas.
“El mandato legal y constitucional del Ministerio Público es claro: “es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, dijo recientemente la Fiscalía.
“Durante el tiempo laborado no había entendido como lo entiendo ahora que la justicia es cuestión de poder y no control de poder”, precisó Gálvez.
El juez cobró notoriedad en 2013 al enviar a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio.
Ríos Montt falleció el 1 de abril de 2018, a los 91 años, mientras se desarrollaba el nuevo juicio a puerta cerrada y sin su presencia porque fue diagnosticado de demencia y otras enfermedades.
El juez también envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) señalados de dirigir una estructura de defraudación en las aduanas, acusación que los obligó a renunciar en 2015. Un tribunal tiene previsto emitir una sentencia contra ambos en las próximas semanas.
Gálvez en su mensaje hizo un llamado a la población guatemalteca para que se organice y no le roben “las posibilidades de una justicia que añoramos”.
Con información de AFP
El pleno del Congreso aprobó en tercera lectura este miércoles 2 de febrero las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, una iniciativa presentada en 2019 y que, al cobrar vigencia le dará más funciones administrativas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Entre las modificaciones, los diputados reformaron el artículo 5 de dicha ley referente a la integración del Consejo de la Carrera Judicial.
La reforma señala que “el presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá, durará en el cargo el tiempo que desempeñe dicho cargo y podrá ser sustituido en su ausencia por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que elija el pleno de la Corte”.
Además, un magistrado titular y un suplente, electos por la Asamblea General de Magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría.
También un juez titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de Primera Instancia y un juez titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de Paz.
También se reformó el artículo 6 que se refiere a las atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial y se adiciona un artículo referente a la Escuela de estudios Judiciales, una unidad encargada de planificar, ejecutar y facilitar la capacitación y formación técnica y profesional de jueces, magistrados y empleados del OJ.
Entre los cambios hay una modificación al Artículo 25 relacionado a los ascensos y consiste en que ahora el Consejo de la Carrera Judicial convocará a concursos por oposición para ascensos y la CSJ otorgará los cargos a los aspirantes con mejor calificación en la evaluación.
“Se considera ascenso el acto por el cual un juez o magistrado pasa a desempeñar un cargo judicial de competencia diferente por razón de categoría o instancia según lo determine la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de la Carrera Judicial, convocará a concursos por oposición para dichos ascensos indicando los requisitos que correspondan y considerando criterios como la evaluación del desempeño profesional satisfactorio, la especialidad, méritos, procediendo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a realizar el análisis para efectuar el ascenso que corresponda”, dice la reforma.
Además, se adicionó un artículo sobre traslados y permutas, el cual establece que los jueces y magistrados podrás ser trasladados por la CSJ por razones de servicio o ascensos.
Además, se reformó el artículo 7 que regula la emisión y actualización del consejo y sus reglamentos, el cual establece que la CSJ elaborará y aprobará un reglamento general de la Ley de la Carrera Judicial en un plazo no mayor de tres meses.
Con las propuestas de reforma, las alarmas se encendieron en algunos sectores del sector justicia porque la Ley de la Carrera Judicial establece los principios, normas, garantías y procedimientos necesarios para la administración y el funcionamiento de la carrera judicial.
Es decir, se regula el ingreso, permanencia, traslado, prestaciones y evaluación del desempeño de jueces y magistrados para que se garantice su imparcialidad, independencia y excelencia profesional mientras ejerzan su profesión.
Más Poder a la CJS
Actualmente el Consejo de la Carrera Judicial está integrado por un magistrado titular y un suplente, electos por el pleno de la CSJ, que no deben ser integrantes; un magistrado titular y suplente, electos en asamblea de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría; un juez titular y un suplente, electos en asamblea de juzgadores de Primera Instancia.
Así también por un juez titular y un suplente, elegidos en la Asamblea de Jueces de Paz; un titular y un suplente experto en Administración Pública; un titular y un suplente experto en Recursos Humanos, y un titular y un suplente profesionales en Psicología, pero con las reformas ese órgano será integrado y dirigido por el presidente de la CSJ, quien ocupará el cargo de manera automática, junto a los demás integrantes mencionados anteriormente.
Previo a las reformas, Carlos Giovanni Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, dijo que la iniciativa de ley era un retroceso para la carrera judicial, porque se devuelve las funciones administrativas de los jueces, magistrados y personal de las sedes judiciales.
“Las cortes Supremas de Justicia deben dedicarse fundamentalmente a administrar justicia y a la función jurisdiccional, y no a las funciones administrativas, para que la justicia sea más eficiente y eficaz”, afirmó.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, señaló anteriormente que los cambios restituirán a la CSJ como la figura de mayor poder en la carrera judicial, lo que representa riesgos.
Hilda Morales, exprocuradora adjunta de Derechos Humanos, afirmó en una entrevista anterior que la CSJ debería enfocarse en impartir justicia para eliminar la mora judicial y separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales.
Para el abogado y consultor jurídico Andy Javalois, las reformas son cuestionables y debe haber un análisis objetivo y que provengan de personas empapadas del tema.
“Tiene una intencionalidad retroactiva, pero no en el sentido legal, sino en el histórico, de regresar las cosas a un tiempo, más o menos a mediados de los noventa o más atrás”, resaltó recientemente.
Con información de: KENNETH MONZÓN, PRENSA LIBRE#CongresoGT | Con 90 votos se aprueba la modificación al artículo 6 de la Ley de la Carrera Judicial relacionado a las atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/a9ZbB75Uvx
— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) February 2, 2022
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