Ciudad Guatemala
Buscamos la postura de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Los directivos permanecieron en una encerrona ayer hasta la noche, finalmente nos trasladaron su pronunciamiento, el cual copiamos integro a continuación.
Nueve personas fueron condenadas por el Caso Construcción y Corrupción, el 4 de abril. En la sentencia les fue impuesta pena conmutable y reparación digna, además deberán presentar disculpa pública en un medio de comunicación de circulación masiva.
Vea en este enlace todos los detalles: #CasoConstrucciónYCorrupción: empresarios son condenados, deberán pagar más de Q35 millones por reparación digna
Buscamos la postura de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Los directivos permanecieron en una encerrona ayer hasta la noche, finalmente nos trasladaron su pronunciamiento, el cual copiamos integro a continuación:
Como Cámara Guatemalteca de la Construcción estamos cien por ciento comprometidos en la lucha contra la corrupción, respetamos el Estado de Derecho, y el cumplimiento de la ley a través de la independencia del organismo judicial en sus sentencias y resoluciones.
Vemos de forma positiva que las personas involucradas en este caso hayan reconocido su responsabilidad ante la justicia y que el fallo judicial es a favor del Estado de Guatemala.
Sin embargo, la forma cómo se contrata en el Estado debe cambiar. Como gremio estamos trabajando en propuestas concretas de algunas herramientas como una nueva ley de contrataciones que elimine la discrecionalidad de los funcionarios públicos, que fomente la transparencia en la contratación y ejecución en la obra pública y que otorgue certeza jurídica en el sistema de pagos de los contratos con el Estado.
Desde lo interno, también estamos trabajando en una línea de denuncia anti sobornos y un Código de Ética, como instrumentos que fomenten el comportamiento ético de nuestros asociados.
El tribunal del estado de Schleswig-Holstein, donde está encarcelado el líder independentista desde hace unos diez días, decidió seguir examinando la petición de extradición de España, pero rechazó la principal acusación que aparece en la orden de detención europea recientemente reactivada por Madrid.
Así, la corte alemana considera que los hechos de “rebelión” de los que se acusa a Puigdemont por la organización del referéndum sobre la independencia de Cataluña en octubre no pueden mantenerse en virtud del derechos alemán, pues eso implicaría que Puigdemont se hubiera declarado directamente culpable de hechos de violencia.
El tribunal “considera que una extradición por motivo de rebelión no es admisible”, indicó en un comunicado.
Solamente el delito de malversación de fondos públicos, que supuestamente habrían sido destinados a organizar el referéndum ilegal de independencia, puede ser retenido para una posible entrega a España, explicó el comunicado judicial.
Fianza
La jurisdicción ordenó en consecuencia la puesta en libertad de Puigdemont bajo control judicial, condicionándola al pago de una fianza de 75.000 euros, a la espera del examen más detallado de la solicitud de extradición por malversación de fondos.
De momento no se dieron detalles sobre cuándo saldrá de la prisión de Neumünster, en el norte de Alemania, el líder independentista.
La sentencia supone un revés para la fiscalía alemana, que había pedido el martes el mantenimiento en detención de Puigdemont y había reconocido la validez en derecho alemán tanto de la acusación de “rebelión” como de la de “malversación de fondos” de los que lo acusa la justicia española.
El concepto de “rebelión” no existe como tal en el derecho alemán, pero es cercano al de “alta traición” inscrito en el código penal alemán. La fiscalía general había considerado que no se necesita una equivalencia exacta para proceder a una extradición.
Pero la decisión del tribunal alemán es un revés sobre todo para las autoridades españolas. Si Alemania entrega a Puigdemont a España por malversación de fondos, se caerá la principal acusación de Madrid, y no podrá ser juzgado por rebelión en España.
La justicia española lo acusa de “malversación de fondos” públicos por haber organizado el referéndum considerado ilegal por Madrid, cuyo coste se calcula en 1,6 millones de euros, pero sobre todo por “rebelión”, tras la declaración de independencia por el Parlamento catalán el 27 de octubre.
Para evitar su entrega a España por esta acusación, pasible de hasta 30 años de prisión, Puigdemont había presentado un recurso el lunes en España contra su acusación de “rebelión”, subrayando la ausencia de violencia en sus actos.
El expresidente catalán, destituido por el gobierno central español tras la declaración de independencia de Cataluña, fue detenido el 25 de marzo en el norte de Alemania.
Regresaba en coche de Finlandia a Bélgica, donde se instaló para escapar a la justicia española. Desde entonces, está detenido en Neumünster.
Con su marcha al extranjero, Puigdemont y otros seis líderes independentistas escaparon a la justicia española e intentaron “internacionalizar” su causa al implicar a otros países europeos.
Nueve independentistas están actualmente en detención provisional en España, incluyendo seis miembros de su Ejecutivo y a la expresidenta del parlamento catalán.
La elaboración de este informe se basa en la observación realizada durante la visita in loco que tuvo lugar del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, así como otras visitas de la CIDH y de sus Relatorías Temáticas, en el monitoreo que la Comisión realiza en cumplimiento de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su alcance, tales como audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos.
Este informe analiza la situación de derechos humanos en Guatemala. La CIDH aborda el sistema de administración de justicia, la situación de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y personas afrodescendientes, migrantes y personas desplazadas, la situación de la libertad de expresión, temas relacionados a la seguridad ciudadana, y la situación de personas bajo custodia del Estado. A su vez, el informe ofrece recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado guatemalteco en el fortalecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
La Comisión valora en su informe avances en materia de derechos humanos
La Comisión destaca avances en el combate a la impunidad, gracias al trabajo coordinado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público y reitera el reconocimiento a la labor realizada por ambas instituciones. En materia de seguridad, la Comisión saluda el plan del Estado para el retiro gradual del Ejército en tareas de seguridad ciudadana.
Asimismo, la CIDH observa avances en la especialización del sistema de justicia; y la entrada en vigor del nuevo Código de Migración.
No obstante, persisten importantes desafíos en materia de derechos humanos. Subsisten varios de los motivos que generaron el conflicto armado interno: se mantiene una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos y una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y altos niveles de corrupción y violencia. Asimismo, la Comisión recibió información de manera reiterada sobre la persistencia de estructuras de poder paralelas que impiden la lucha contra la impunidad y la corrupción, y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Discriminación y desigualdad social
También persisten problemas estructurales como la discriminación racial, la desigualdad social, una profunda situación de pobreza y exclusión, y falta de acceso a la justicia, los cuales constituyen un obstáculo para el pleno respeto a los derechos humanos. Guatemala se ha convertido en el país más afectado por la desnutrición crónica en América Latina, y es uno de los países con las mayores tasas de desnutrición crónica a nivel mundial. En relación con la violencia e inseguridad, a pesar de haber tenido una ligera disminución en los últimos años, la tasa general de homicidios en el país sigue siendo una de las más altas de América Latina y el Caribe.
Impunidad por no tener un sistema de justicia fortalecido
Guatemala enfrenta un alto nivel de impunidad por la falta de un sistema de administración de justicia fortalecido y eficiente. Los sectores de la población históricamente marginados, como las mujeres, las personas LGBTI, las niñas, niños y adolescentes, los pueblos y comunidades indígenas, y las personas afrodescendientes, personas migrantes, entre otros, enfrentan obstáculos particulares que limitan su acceso efectivo a la justicia.
La CIDH analiza en su informe la importancia de garantizar la independencia e imparcialidad a través de procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia y de altas autoridades que cumplan con los estándares internacionales sobre la materia. Asimismo, la CIDH insta al Estado a impulsar la importante reforma constitucional en materia de justicia.
Por otra parte, la CIDH resalta en su informe la grave situación que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos en el país y la importancia de prevenir y sancionar los ataques e intimidaciones contra personas defensoras, por la valiosa labor que desempeñan y dado el impacto multiplicador que dichos ataques tienen en la vigencia de los derechos humanos en el país.
Del mismo modo, el informe constata la preocupante situación de operadores de justicia en el país, quienes enfrentan señalamientos, actos de hostigamiento, campañas de difamación, ataques y amenazas contra su vida e integridad, especialmente quienes participan en casos de alto impacto de corrupción, graves violaciones a derechos humanos o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos. Esta situación ha conllevado a que la CIDH solicite al Estado de Guatemala la adopción de medidas cautelares a favor de personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia, incluyendo al Procurador de Derechos Humanos.
La Comisión advierte la importancia de la elaboración de un programa o política pública para la protección integral de las y los defensores de derechos humanos, en cumplimiento a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala.
Falta de avances en el caso por genocidio
En materia de memoria, verdad y justicia, el informe revela que los avances relacionados a casos que tuvieron lugar durante el conflicto interno son limitados comparados con el número de violaciones a los derechos humanos perpetradas y las obligaciones que tiene el Estado de Guatemala al respecto. La CIDH observa también con preocupación la falta de avances en el caso por genocidio.
Respecto al derecho a la consulta previa, la CIDH resalta que su implementación debe ante todo, respetar el derecho a la libre determinación y asegurar que no se convierta en un mero proceso formalista que no responda a las particularidades del pueblo o comunidad indígena consultada. Por otra parte, la CIDH recibió abundante información sobre acciones de desalojos forzosos que han afectado a cientos de personas que habitan en zonas rurales, y el riesgo que enfrentan un número significativo de comunidades campesinas e indígenas de ser desalojadas por el Estado como resultado de la ejecución de órdenes judiciales.
Hogar Seguro la muestra de un sistema deplorable
El informe analiza la tragedia ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción, en el que murieron 41 niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Dicha tragedia evidenció las condiciones inseguras de los hogares, la situación deplorable de los centros de detención, la debilidad y desarticulación institucional en materia de derechos de la niñez, y la falta de una Política Pública Nacional de garantíade derechos que no sea reduccionista ni proteccionista.
Respecto de la situación de periodistas, el informe constata que Guatemala vive un contexto de violencia, caracterizado por asesinatos, amenazas y un discurso que busca estigmatizar a los medios y comunicadores comprometidos con el combate a la corrupción y el abuso de poder. Durante su visita in loco, la CIDH también constató que Guatemala no registra avances en relación con los excesivos niveles de concentración en la propiedad y control de medios audiovisuales, en especial de la televisión abierta.
En cuanto a las personas privadas de libertad en centros de detención, el informe registra que el sistema penitenciario guatemalteco se caracteriza principalmente por el hacinamiento, el uso excesivo de la prisión preventiva, y el retraso de la justicia. Además, lo caracterizan las deplorables condiciones de detención, los altos niveles de violencia, la falta de programas eficaces para la reinserción social, la corrupción, y la ausencia de control efectivo de las autoridades al interior de los centros de reclusión. Asimismo, la CIDH advierte el internamiento forzado al que se enfrentan las personas con discapacidad mental en el Hospital Nacional de Salud Mental “Federico Mora”, ante la falta de servicios de atención en la comunidad que permitan su integración a la misma.
CIDH pide medidas inmediatas para enfrentar corrupción
El informe incluye recomendaciones al Estado de Guatemala para enfrentar los graves problemas de derechos humanos del país. En especial, la Comisión recomienda al Estado, como medidas inmediatas, redoblar su compromiso para continuar con la lucha contra la impunidad, la violencia, intolerancia y la corrupción, a través de políticas y programas de prevención y de respeto a los derechos humanos, así como de una justicia fortalecida, independiente e imparcial.
El informe también incluye otras recomendaciones específicas en relación con administración de justicia, justicia transicional y reparaciones a las víctimas del conflicto armado, la desigualdad y exclusión persistente de ciertos grupos y comunidades, la violencia e inseguridad, y sobre sectores específicos de la población tales como mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos, la niñez, personas migrantes y personas bajo custodia del Estado.
La CDIH reiteró su compromiso con el Estado guatemalteco en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y en la implementación de las recomendaciones del presente informe, formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación. La CIDH está a disposición del Estado para colaborar con Guatemala en dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.
¿Qué es la CIDH?
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La numerosa delegación de Guatemala que viajó al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, pudo haber requerido de entre Q300 mil y Q500 mil para la compra de boletos aéreos.
Por Geovanni Contreras
La representación oficial que participa en las sesiones del Comité la integran 29 personas, pero cuatro de ellas son de la misión permanente ante la ONU en Ginebra, por lo que desde Guatemala viajaron 25.
ENTÉRESE Tramo del anillo regional funcionará en marzo
Según el portal Guatecompras, la Comisión Presidencial en materia de Derechos Humanos (Copredeh) compró dos boletos aéreos ida y vuelta a Ginebra por Q23 mil 817.6, lo que significan Q11 mil 908.8 por cada uno.
Entretanto, el Ministerio de Salud adquirió tres boletos al mismo destino por Q19 mil 440 cada uno, lo que suma Q58 mil 320.
Tomando como base el precio más bajo —Q11 mil 908.8— para 25 personas, se habría erogado Q297 mil 720, y con la referencia más alta —Q19 mil 440— Q486 mil.
DE SU INTERÉS Ordenan a la PDH anular manual de Derechos Sexuales porque promueve el aborto
Algunos de los que viajaron permanecerán unos días; otros entre una y dos semanas. Se deben agregar gastos de hospedaje y alimentación.
La delegación la encabeza Jorge Luis Borrayo, presidente de Copredeh, y la integran funcionarios del Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Gobernación, Salud, Energía y Minas y Relaciones Exteriores, así como de las secretarías Privada de la Presidencia y Bienestar Social.
Además, diputados, funcionarios de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Fondo de Desarrollo Indígena.
El Comité expondrá a la delegación nuevas recomendaciones en materia de derechos humanos, después del examen periódico universal que se hace cada cuatro años, y el Estado puede pronunciarse respecto de cuáles de esas recomendaciones aceptará.
Guatemala presentó un informe en diciembre del 2016, en el que habla de la independencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de acciones para tratar la violencia, discriminación e igualdad.
La ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, se reunió ayer con el Grupo Gubernamental de la Organización Internacional del Trabajo, al que expuso las acciones del Acuerdo Nacional Tripartito, suscrito en Ginebra el año pasado. El jueves se tiene previsto que la Comisión de Encuestas emita un dictamen al respecto.
Según el programa, el examen del informe presentado por Guatemala comenzó ayer por la tarde y terminaría hoy, aunque los funcionarios tendrán diversas reuniones por aparte.
Informe
En su informe más reciente, del 2016, Guatemala planteó reformar la Ley de Amparo y Exhibición Personal, por el abuso de ese recurso, y expone cómo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) coopera con la lucha contra la corrupción.
“El Presidente (…), durante la Reunión Sobre el Problema de la Drogas, en la sede de ONU, Nueva York, en abril de 2016, solicitó la ampliación por cuatro años de la Cicig”, recuerda el documento.
La numerosa delegación de Guatemala que viajó al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, pudo haber requerido de entre Q300 mil y Q500 mil para la compra de boletos aéreos.
Por Geovanni Contreras / Prensa Libre.
La representación oficial que participa en las sesiones del Comité la integran 29 personas, pero cuatro de ellas son de la misión permanente ante la ONU en Ginebra, por lo que desde Guatemala viajaron 25.
ENTÉRESE Tramo del anillo regional funcionará en marzo
Según el portal Guatecompras, la Comisión Presidencial en materia de Derechos Humanos (Copredeh) compró dos boletos aéreos ida y vuelta a Ginebra por Q23 mil 817.6, lo que significan Q11 mil 908.8 por cada uno.
Entretanto, el Ministerio de Salud adquirió tres boletos al mismo destino por Q19 mil 440 cada uno, lo que suma Q58 mil 320.
Tomando como base el precio más bajo —Q11 mil 908.8— para 25 personas, se habría erogado Q297 mil 720, y con la referencia más alta —Q19 mil 440— Q486 mil.
DE SU INTERÉS Ordenan a la PDH anular manual de Derechos Sexuales porque promueve el aborto
Algunos de los que viajaron permanecerán unos días; otros entre una y dos semanas. Se deben agregar gastos de hospedaje y alimentación.
La delegación la encabeza Jorge Luis Borrayo, presidente de Copredeh, y la integran funcionarios del Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Gobernación, Salud, Energía y Minas y Relaciones Exteriores, así como de las secretarías Privada de la Presidencia y Bienestar Social.
Además, diputados, funcionarios de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Fondo de Desarrollo Indígena.
El Comité expondrá a la delegación nuevas recomendaciones en materia de derechos humanos, después del examen periódico universal que se hace cada cuatro años, y el Estado puede pronunciarse respecto de cuáles de esas recomendaciones aceptará.
Guatemala presentó un informe en diciembre del 2016, en el que habla de la independencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de acciones para tratar la violencia, discriminación e igualdad.
La ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, se reunió ayer con el Grupo Gubernamental de la Organización Internacional del Trabajo, al que expuso las acciones del Acuerdo Nacional Tripartito, suscrito en Ginebra el año pasado. El jueves se tiene previsto que la Comisión de Encuestas emita un dictamen al respecto.
Según el programa, el examen del informe presentado por Guatemala comenzó ayer por la tarde y terminaría hoy, aunque los funcionarios tendrán diversas reuniones por aparte.
Informe
En su informe más reciente, del 2016, Guatemala planteó reformar la Ley de Amparo y Exhibición Personal, por el abuso de ese recurso, y expone cómo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) coopera con la lucha contra la corrupción.
“El Presidente (…), durante la Reunión Sobre el Problema de la Drogas, en la sede de ONU, Nueva York, en abril de 2016, solicitó la ampliación por cuatro años de la Cicig”, recuerda el documento.
Mediante reuniones, festejos, pago de dinero, alojamiento en hoteles, restaurantes y visitas el abogado Sergio Roberto López Villatoro, alias “Rey del Tenis”, logró conformar un andamiaje para influir en las decisiones de las Comisiones de Postulación del período 2014-2019, tanto para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones. Para lograr su objetivo gastó una gran cantidad de dinero para tener el control de los procesos de elección.
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También puede ver: Diputados niegan haberse reunido con el Rey del Tenis
En conferencia de prensa, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, brindaron detalles de la investigación preliminar denominada Comisiones Paralelas, en la cual López Villatoro habría actuado como el operador de las Comisiones de Postulación para sus fines particulares.
MP y CICIG señala que López Villatoro habría pagado fiestas, cenas, hospedajes a favor de comisionados en la selección de CSJ. Para incidir en la elección #ComionesParalelas #CSJenCrisis pic.twitter.com/kYyEZEeEZ9
— Verónica Orantes (@VeronicaO_gtv) February 27, 2018
De acuerdo con la investigación, la estrategia utilizada por López Villatoro fue con la utilización de su oficina Lovi y Asociados, lugar donde se encontraron los expedientes y los reportes de las reiteradas reuniones con aspirantes a magistraturas, con comisionados y con diputados, evidenciando así los vínculos afines al operador y su marcado interés para conformar las Cortes a su voluntad.
Dicha estrategia también se implementó mediante el pago de dinero, promesas y entrega de beneficios a favor de algunos comisionados, quienes los aceptaron para realizar un acto propio de su cargo, al votar conforme los intereses que representaba López Villatoro, con la cual desobedecieron los principios de objetividad, transparencia e independencia que deben de regular la conducta de los funcionarios encargados de elegir a la más alta autoridad judicial.
Otra de las características implementadas para tener el control de los proceso de postulación, es que no era necesaria la cooptación de toda la comisión de postulación para lograr su fin. En todo caso, el ilícito se configura con realizar un solo cohecho hacia uno de sus integrantes.
José Antonio Pineda Barales, actual presidente de la CSJ visitó a Sergio López Villatoro, "Rey del tennis" antes de ser electo al igual que Vitalina Orellana ahora magistrada. #CSJEnCrisis pic.twitter.com/amY0LLQQcF
— Verónica Orantes (@VeronicaO_gtv) February 27, 2018
En el 2014 se llevó a cabo el proceso de las Comisiones de Postulación para la selección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones.
La jefa del Ministerio Público, recalcó que para evitar la interferencia, amenaza o intromisión en la esfera del Poder Judicial, es imprescindible elegir a magistrados que sean personas íntegras e idóneas, con calificaciones jurídicas adecuadas para conformar el Organismo Judicial, por lo que los funcionarios que integren las Comisiones de Postulación tienen la responsabilidad primordial de consolidar este proceso de democratización. Por lo que se debe asegurar que el proceso de las Comisiones de Postulación sea libre de influencias e injerencias externas, dijo.
Inicio de la investigación
El 11 de enero del 2007, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, solicitó el levantamiento del antejuicio en contra de Eddy Giovanni Orellana Donis, magistrado Presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil.
La denuncia fue sobre pagos provenientes de Roberto López Villatoro para un apartamento, presumiblemente otorgado al magistrado Orellana Donis, ubicado en la zona 14. Al revisar la información y reunir los indicios, se pudo establecer que las fechas de los pagos al bien inmueble coincidían con el desarrollo del trabajo de las Comisiones de Postulación.
Sergio López Villatoro habría dado diferentes beneficios a los comisionados de la elección de de CSJ entre ellos los magistrados Eddy Orellana, Eduardo Herrera, Carlos Lucero. #ReydelTenis pic.twitter.com/ejmRy4Y8xG
— Verónica Orantes (@VeronicaO_gtv) February 27, 2018
Reporte de visitas
Según la investigación, del 29 de abril al 12 de mayo del 2014, se registraron las visitas a la empresa Lovy & Asociados de varios candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones así como de tres diputados al Congreso de la República, entre ellos Ronald Arango, Amilcar Pop, Mario Santiago Linares, entre otros.
Un particular hallazgo es que el 26 de mayo 2014, ese día fueron electos los representantes de los magistrados de la Corte de Apelaciones para integrar la Comisión de Postulación de la CSJ, se registraron visitas a las oficinas de Roberto López Villatoro de José Antonio Pineda Barales (postulado y posteriormente elegido Magistrado de la CSJ), Héctor José Monterroso Hernández (postulado a la CSJ). También asistió la magistrada Vitalina Orellana y Orellana.
De igual forma asistieron nueve integrantes de la Comisión de Postulación de la CSJ, lo que significa el 27 por ciento del total de los comisionados, tres integrantes de la Comisión de Postulación de la Corte de Apelaciones.
En el presente caso se encuentran dos personas detenidas y tres pendientes de captura. Además, hoy se presentó solicitud de antejuicio en contra de los magistrados Marwin Eduardo Herrera Solares y Carlos Rodimiro Lucero Paz. pic.twitter.com/gKKSqUWdLa
— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 27, 2018
Solicitan antejuicio
En seguimiento a la investigación, este día, se solicitaron antejuicio contra los magistrados Marwin Eduardo Herrera Solares y Carlos Rodimiro Lucero Paz, en su calidad de integrantes de la comisión de postulación, ambos habrían recibido y aceptado pagos indirectos y beneficios de parte de Sergio Roberto López Villatoro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue proclamado candidato del chavismo para buscar la reelección, pese a su baja popularidad, en las elecciones presidenciales adelantadas por el oficialismo para antes del 30 de abril.
Vestido con camisa roja, Maduro recibió el estandarte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en medio de la ovación de los más de 500 delegados de esa agrupación.
“Vamos a una gran victoria”, expresó el mandatario en su discurso ante la plenaria del congreso del PSUV, transmitido por la televisión oficial, y al que acudió junto a su esposa Cilia Flores.
Su proclamación, hecha al cumplirse 19 años de la investidura del fallecido líder Hugo Chávez (1999-2013), fue propuesta por el poderoso vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello: “Aprobado por aclamación. Es usted oficialmente el candidato”, dijo entre aplausos.
Maduro, exconductor de autobús de 55 años, enfrenta una impopularidad del 70%, según la encuestadora Delphos, pues muchos venezolanos lo culpan de la hiperinflación -proyectada en 13.000% por el FMI para 2018- y la grave escasez de alimentos y medicinas que hacen angustiante su vida diaria.
Pero el mandatario, cuyo período de seis años vence en enero de 2019, tiene un sólido control institucional -con excepción del parlamento, de mayoría opositora-, incluida la Fuerza Armada, que este viernes le ratificó su lealtad.
Apoyado por Rusia y China, que le han dado respiro en una economía declarada en default, Maduro encara el aislamiento internacional y las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por considerar que derivó en la autocracia.
– Arma contra el imperialismo –
La oficialista Asamblea Constituyente, que rige al país con poderes absolutos, decidió el pasado 23 de enero adelantar los comicios al primer cuatrimestre del año -tradicionalmente se realizan en diciembre-, aunque aún no hay fecha exacta.
“Más elecciones, más democracia, más poder popular, ése es el arma nuestra contra el imperialismo”, afirmó el mandatario al ser proclamado.
Según Maduro, “el gobierno de Estados Unidos ha entrado en una fase de obsesión impotente y de desesperación” por destruir la “revolución bolivariana”. “Y la batalla electoral define los campos para los próximos años”, agregó.
Apenas la Constituyente adelantó los comicios, empezó su campaña con todo: propaganda en televisión, mitines y actos en los que baila salsa y reguetón, y una cascada de subsidios para embarazadas, discapacitados, pensionados y hasta para el disfrute del carnaval.
En su discurso, el presidente prometió garantizar “la paz, la independencia y un camino de prosperidad”.
“El tema económico es el más complejo de los años futuros y solo nosotros tenemos el proyecto, la experiencia y la capacidad para construir una economía diversificada”, aseguró, al criticar el rentismo petrolero del que depende el 96% de las divisas del país.
– Un adversario debilitado –
La decisión de anticipar los comicios, sumada al control institucional, volvió a colocar al sucesor de Hugo Chávez en posición favorable ante a una oposición dividida y fragilizada.
Dos días después de la decisión de la Constituyente, el poder judicial -acusado por la oposición de servir al gobierno- excluyó a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de los comicios, argumentando que es una coalición de partidos y no está permitida la doble militancia.
La oposición aún no decide si irá a primarias o elegirá a un candidato único por consenso, que sea postulado por alguno de los partidos de la MUD, ante la exclusión de la alianza.
Pero no hay un candidato fuerte. Los principales líderes de la MUD, Henrique Capriles -quien en 2013 perdió ante Maduro por estrecho margen- y Leopoldo López -en arresto domiciliario-, están inhabilitados políticamente.
“El chavismo tiene oportunidades de ganar esta elección (…) Si la oposición no da los pasos correctos, milimetrados, las posibilidades de que Maduro gane una elección, incluso sin trampa, existen”, aseguró a la AFP el analistas Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.
Las condiciones electorales y la fecha de los comicios son los principales puntos de las negociaciones iniciadas por el gobierno y la MUD el 1 de diciembre en República Dominicana.
Ese adelanto de elecciones estuvo a punto de acabar con el diálogo, aunque esta semana las partes conversaron en Santo Domingo y decidieron continuar en Caracas la búsqueda de un acuerdo.
Según los analistas, la abstención es el gran enemigo de la oposición, que pasa por una fuerte crisis de credibilidad tras intentar en 2016 sacar a Maduro del poder con un referendo revocatorio -que no prosperó- y con masivas protestas que dejaron unos 125 muertos en 2017.
© Agence France-Presse
La fiesta de los independentistas catalanes tras ganar las elecciones de diciembre se transformó en resaca la última semana, cuando fueron incapaces de formar gobierno lastrados por las divisiones y la falta de una estrategia común tras el fallido intento de secesión.
A diferencia del movimiento independentista en Escocia (Reino Unido) o Quebec (Canadá), controlados por un partido casi hegemónico, en Cataluña el poder está repartido entre tres formaciones, unidas en su empeño de romper con España pero a menudo reñidas entre ellas.
Estas riñas saltaron de nuevo a la palestra el martes, cuando el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, aplazó por sorpresa la investidura de Carles Puigdemont, cesado de la presidencia regional por el gobierno español de Mariano Rajoy el 27 de octubre, horas después de la fallida declaración de independencia.
El presidente de la cámara afirmó que lo hacía para asegurar un debate de investidura “efectivo y con garantías” ante las restricciones judiciales para impedir una elección de Puigdemont, perseguido por rebelión y sedición e instalado en Bélgica desde hace tres meses.
Diferentes estrategias
Pero de fondo se aprecian las diferentes estrategias entre los grupos independentistas, Junts per Catalunya de Puigdemont (34 diputados de 135), Esquerra Republicana de Catalunya (32) de Torrent y la pequeña formación de izquierda radical Candidatura d’Unitat Popular (4).
Tras el fracaso de la vía unilateral adoptada en octubre con el referéndum inconstitucional y la proclamación de una república, ERC apuesta por enfriar el conflicto e intentar aumentar los electores independentistas, que todavía se quedaron por debajo del 50% en los últimos comicios (47,5%).
Pero esto choca con la estrategia de Junts per Catalunya, que ven irrenunciable la candidatura de Puigdemont aunque eso suponga reanudar la tensión con Madrid, y de la CUP, que apuesta por la desobediencia civil.
“La realidad es que Esquerra no quiere investir al presidente Puigdemont y van a alargarlo y a buscar excusas”, lamenta un alto responsable del partido del expresidente regional.
“Pero no se atreven a decirlo en público porque se los van a comer”, añade.
Las divisiones han sido aprovechadas por la oposición, que les reclama proponer otro candidato y asumir públicamente que su líder no podrá volver a ser presidente.
“El independentismo está roto por la mitad”, aseguraba el martes su máxima rival, Inés Arrimadas, líder del antinacionalista de centroderecha Ciudadanos, la formación más votada de las elecciones pero sin apoyos suficientes para gobernar.
La restitución del “exiliado” Puigdemont fue su principal arma electoral y se ha convertido en una cuestión innegociable para muchos independentistas molestos porque Rajoy cesó a sus líderes y tomó el control de la región.
El martes, unos miles se manifestaron con caretas de Puigdemont junto al Parlamento, disconformes con el aplazamiento de la investidura. “Si la gente ha votado Puigdemont, Madrid no tiene nada que decir al respecto”, decía Anna Segarra, una química de 39 años.
Presidencia “simbólica”
Su elección es problemática. Si acudiera al Parlamento para defender su programa como marca el reglamento, podría ser detenido y enviado ante el juez que seguramente lo encarcelaría preventivamente como a su exvicepresidente Oriol Junqueras, de ERC.
Una investidura en su ausencia, con otro diputado leyendo su discurso, será suspendida por la justicia, provocará la permanencia de la intervención de Madrid y podría implicar nuevos problemas legales, especialmente para Torrent.
Ante esta situación y lamentando que sus aliados no les explican cómo piensan esquivar las restricciones judiciales para la toma de posesión de Puigdemont, el presidente parlamentario optó por retrasar la votación.
Mientras tanto, altos cargos del partido de izquierdas empezaban a abrir la puerta de salida a Puigdemont que, según unos mensajes privados captados furtivamente el martes por una televisión, se siente “sacrificado”.
Quien fuera su vicepresidente y todavía líder de ERC, Junqueras, propuso otorgarle una presidencia “simbólica” combinada con una ejecutiva, en Barcelona, que pudiera gobernar de forma efectiva.
De momento, Junts per Catalunya rechaza cualquier candidato alternativo aunque eso lleve a un bloqueo político y a unos nuevos comicios.
“Nosotros no queremos elecciones, pero no les tenemos miedo”, afirma el responsable de Junts per Catalunya.
Las negociaciones siguen y nadie descarta un acuerdo que selle la frágil unidad como ha ocurrido en anteriores crisis internas de los independentistas.
“No será la última vez que oigamos que el movimiento político está muerto. Pero no solo no está muerto sino que continuará creciendo”, advertía Torrent.
Cataluña: ¿Qué significa una declaración unilateral de independencia?
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Bajo presión de la justicia española, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, pospuso indefinidamente este martes la investidura del independentista Carles Puigdemont como presidente regional, provocando duras críticas desde dentro de las filas del separatismo.
A pocas horas de que debiera iniciarse la sesión de investidura en la cámara regional, Torrent anunció que “el pleno de hoy queda aplazado” hasta tanto haya garantías de un debate “efectivo y con garantías” dada la situación judicial de Puigdemont.
El anuncio fue aplaudido por el gobierno central de Mariano Rajoy, quien había iniciado la jornada advirtiendo a Torrent de “responsabilidades” judiciales si seguía adelante con el pleno en ausencia de Puigdemont, instalado en Bruselas. “Se ha evitado que hoy se hubiera producido una burla a nuestra democracia”, indicó el Ejecutivo español en un comunicado.
Y aunque intervino tras duras críticas al gobierno y al tribunal constitucional, acusados de violar los derechos de millones de catalanes, el aplazamiento de la sesión de investidura derivó en una crisis abierta en el seno del independentismo, con mayoría absoluta en la cámara regional.
La lista de Puigdemont, Juntos por Cataluña, la más votada de las independentistas en las pasadas elecciones del 21 de diciembre, se quejó en un comunicado de no haber sido consultada de la decisión de Torrent, a quien había presionado para tratar de forzar la investidura.
De su lado, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), señaló que Torrent, miembro de ese partido, intentó llamar infructuosamente a Puigdemont antes de pronunciarse.
“Se toma la mejor de las decisiones, para tener una investidura efectiva y eficaz, (…) una investidura que nos permita el día después tener gobierno y levantar el 155”, el artículo de la Constitución bajo el cual se intervino la autonomía regional de Cataluña, le defendió Sergi Sabria, portavoz de ERC.
Un destacado miembro de ERC en el Congreso español, Joan Tardá, había esbozado el fin de semana pasado la posibilidad de “sacrificar” a Puigdemont y buscar un candidato alternativo por “el bien superior” de formar gobierno en Cataluña y terminar el control regional desde Madrid.
– Puigdemont es el candidato –
De todas maneras, el candidato sigue siendo Puigdemont, dijo Torrent, porque pese a estar perseguido en España por rebelión y sedición, “tiene toda la legitimidad para ser candidato a la investidura y tiene todo el derecho”.
Instalado en Bruselas desde pocos días después de la fallida declaración de independencia de Cataluña del 27 de octubre, tras lo cual fue destituido de la presidencia catalana, Puigdemont había pedido a Torrent garantizar “las medidas necesarias” para asistir al pleno.
Puigdemont mantuvo hasta el último momento el interrogante de si comparecería personalmente en la cámara regional, exponiéndose a ser detenido si volvía a España, cuyo gobierno desplegó un operativo especial para evitar su ingreso incluso de incógnito.
Esa era la única manera en la que podía ser elegido, dictaminó el Tribunal Constitucional tras reunirse de urgencia el sábado pasado, para estudiar un recurso del gobierno central.
En su auto, la corte prohibió una designación a distancia de Puigdemont, una alternativa elevada por el candidato y su formación Juntos por Cataluña.
Para acudir a la cámara, Puigdemont debía primero pedir permiso ante el juez del Tribunal Supremo que lleva la causa contra el núcleo duro del independentismo.
El propio Puigdemont recurrió ese dictamen y el Constitucional lo rechazó este mismo martes por unanimidad, según fuentes del tribunal.
– “No aceptaremos injerencias” –
El empeño de los separatistas en investir a Puigdemont aumentaba la tensión en España, que vive su peor crisis política en décadas a raíz del llamado “desafío independentista”.
Luego de semanas de tensión y un referéndum de autodeterminación realizado pese a la prohibición de la justicia el 1 de octubre, el Parlamento catalán declaró la secesión de España el 27 de ese mes.
La independencia no se materializó: horas más tarde el Gobierno central intervino la autonomía regional, cesó a su Ejecutivo y convocó nuevas elecciones, para el 21 de diciembre, con la esperanza de calmar las aguas en esta región, cuya sociedad se muestra muy dividida sobre la independencia.
Pero en los comicios adelantados los independentistas retuvieron la mayoría absoluta del Parlamento y dijeron querer regresar al poder a Puigdemont, como una muestra de “dignidad” frente a Madrid.
“Ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ni el Tribunal Constitucional decidirán quién tiene que ser el presidente de la Generalitat (ejecutivo catalán)”, señaló Torrent el martes.
Un bloqueo en el Parlamento desembocaría en la repetición de elecciones.
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El destituido presidente catalán y los cuatro miembros de su gobierno requeridos por una orden europea emitida por la justicia española obtuvieron finalmente el domingo en la noche la libertad con medidas cautelares, tras la decisión de un juez belga al término de una larga jornada.
“La petición realizada esta tarde por la oficina del fiscal de Bruselas para la libertad condicional de todas las personas requeridas ha sido otorgada por el juez de instrucción”, dijo la oficina de la fiscalía en un comunicado.
Los cinco requeridos se habían entregado el domingo a las autoridades de Bélgica y fueron liberados cerca de 15 horas después.
El abogado de Puigdemont abandonó la sede de la fiscalía hacia las 23H45 (22H45 GMT), sin hacer ninguna declaración, constató una periodista de la AFP.
Tras esta decisión corresponde a otra jurisdicción pronunciarse sobre la ejecución de la orden de arresto, en los próximos 15 días.
Carles Puigdemont y sus consejeros tienen prohibido salir de Bélgica sin una autorización del juez, deben comunicar su dirección y obedecer a todas las citaciones de la justicia y de la policía, añadió la fiscalía.
Cataluña, región del noreste de España con 7,5 millones de habitantes y un 19% del PIB nacional, celebró el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia española.
La consulta, realizada sin las garantías exigidas y marcada por violentas cargas policiales, atrajo casi exclusivamente a los partidarios de la separación: con una participación de 43%, el ‘sí’ obtuvo 90% de los votos.
Apoyándose en ese resultado, el parlamento catalán aprobó el 27 de octubre una declaración unilateral de independencia, a raíz de la cual la justicia española abrió investigaciones contra los responsables del legislativo y del ejecutivo regionales.
Ocho de los 14 miembros del gobierno de Puigdemont, que comparecieron ante la justicia en Madrid investigados por “rebelión”, “sedición” y “malversación”, fueron encarcelados. Otro, que había dimitido oponiéndose a una declaración unilateral, quedó en libertad bajo fianza.
La misma jueza emitió el viernes órdenes europeas de busca y captura contra Puigdemont y los cuatro consejeros restantes, que habían viajado a Bruselas en busca de “seguridad”.
Preparados para cooperar
El domingo, los manifestantes volvieron a salir a las calles de Cataluña para pedir la liberación de estos “presos políticos”.
En Barcelona, centenares de personas se congregaron en la céntrica Plaza Universidad, al grito de “¡Libertad!”, según la policía municipal.
Puigdemont había asegurado el sábado en Twitter que están “preparados para cooperar plenamente con la Justicia belga”.
Su entrega responde a un deseo “de no huir de la justicia sino de defenderse en un proceso justo e imparcial, posible en Bélgica, altamente dudoso en España”, afirmó el domingo desde Barcelona un portavoz de su partido, el conservador PDeCAT.
“Voy a ir a la justicia, pero a la verdadera justicia”, había dicho Puigdemont en una entrevista con la televisión belga RTBF, asegurando que en Madrid no existen garantías de “tener una sentencia justa, independiente, que pueda escapar a esta enorme presión, a esta enorme influencia de la política sobre el poder judicial en España”.
Se abre ahora un procedimiento que será probablemente largo: Puigdemont y su abogado ya anunciaron su intención de recurrir.
Unos carteles clamando “Libertad para los presos políticos”, en alusión a los miembros del destituido gobierno catalán encarcelados, fotografiados el 5 de noviembre de 2017 en Barcelona, durante una protesta de estudiantes universitarios
Según la ley, la decisión sobre la ejecución de una orden de detención europea debe tomarse en el plazo de 60 días tras concretarse ésta. Pero si se agotan todos los recursos, el procedimiento puede llevar hasta tres meses.
Pocos rechazos
“Las autoridades judiciales belgas podrían rechazar la entrega de Puigdemont si existen riesgos comprobados y serios para los derechos fundamentales si es entregado a España, y si las autoridades judiciales belgas consideran que los hechos que se reprochan a Puigdemont no son infracciones penales en el derecho belga”, explica Anne Weyembergh, presidenta del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas (ULB).
Sin embargo, según varios abogados contactados por la AFP, los casos de rechazo son pocos.
De los tres delitos por los que la justicia española busca a Puigdemont y sus consejeros, los de “rebelión” y “sedición” no existen como tales en el Derecho belga.
Puigdemont, que se sigue reivindicando como presidente del “gobierno legítimo” de Cataluña, se declaró dispuesto a presentarse a las elecciones regionales convocadas en Cataluña para el 21 de diciembre.
El domingo recibió el apoyo de su partido, que insiste en que los independentistas se presenten unidos en una coalición, aunque las reticencias de su exsocio de gobierno ERC (izquierda republicana) hacen esta posibilidad improbable.
Dos sondeos publicados el domingo muestran que el PDeCAT solo retrocedería en las urnas, mientras que ERC se convertiría en la primera fuerza política catalana.
El retroceso de los conservadores y del pequeño partido anticapitalista CUP harían que los independentistas perdiesen la mayoría absoluta en el parlamento.
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Karla Gonzalez
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