CIDH recomienda otorgar medidas provisionales a Juan Francisco Sandoval, pero PGN dice que no es necesario

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó este viernes 27 de agosto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) mantener medidas provisionales al exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, y dos fiscales más, quienes tienen a su cargo la investigación de casos de ejecuciones extrajudiciales.

“La Comisión le solicita que reitere al Estado (de Guatemala) su deber de asegurar que los operadores de justicia cuenten con las garantías de seguridad en términos de las sentencias que se han dictado, solicitando que se continúe con el monitoreo cercano de los propuestos beneficiarios”, dijo Esmeralda Arosemena de Troitino, relatora de país para Guatemala de la CIDH durante una audiencia pública de la CorteIDH de solicitud de medidas cautelares por los casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el operativo “Plan Gavilán” entre 2005 y 2006.

Alejandro Rodríguez, representante de una de las víctimas, dijo que en ese operativo participaron funcionarios del actual gobierno, entre ellos el presidente Alejandro Giammattei, el ministro de Gobernación Gendri Reyes y el procurador general de la Nación Luis Donado.

Arosemena señaló que el 28 de julio pasado se presentó la solicitud de otorgamiento de medidas provisionales a favor de Sandoval y dos fiscales más, identificados como B y C, para que el Estado les brinde medias de protección y que se restituya al exjefe de la Feci; además que se garantice la estabilidad laboral de los otros dos para que las investigaciones que efectúan sigan su curso.

Esta solicitud se relaciona con dos sentencias emitidas el 11 de octubre de 2019 en el caso de la muerte de dos reos, donde la Corte se refirió a la situación de las personas involucradas en el proceso penal por la muerte de Tirso Román Valenzuela Ávila y decidió que el Estado debe continuar con las investigaciones para procesar y juzgar a los responsables de esa muerte.

“La Comisión considera que la solicitud planteada se diserta en un contexto monitoreado por la CIDH referido a la situación de las y los operadores de justicia del país, y en particular observa con preocupación de este contexto adverso hacia las labores de la Feci y otros órganos del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción, a través de acciones o medidas que tienen como efecto el debilitamiento de las y los operadores de justicia, por consiguiente, eso representa severos retroceso en la lucha contra la corrupción en el país ”, señaló Arosemena.

Añadió que “la Comisión considera que la situación de las personas propuestas como beneficiarias se encuentran íntimamente ligadas a la situación contextual referida, y por tanto corresponde al Estado que los propuestos beneficiarios cuenten con las debidas garantías para desempeñar sus funciones de manera adecuada, independiente e imparcial, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de conformidad con lo resuelto por esta Corte en sentencias dictadas”.

 No tiene competencia

Jorge Luis Donado, procurador general de la Nación, señaló que la Corte “debe rechazar las medidas provisionales solicitadas en el marco de la supervisión de sentencias dictadas en los casos Valenzuela versus Guatemala y Ruiz Fuentes y otras versus Guatemala”.

“Es preocupante la falta de fundamento jurídico con la que los representantes solicitaron las medidas provisionales, así como la decisión misma de esta Corte mediante nota de fecha 25 de agosto de 2021 en la que se limita el objeto de la presente audiencia exclusivamente sobre la solicitud de restituir al licenciado Sandoval como fiscal de sección”, añadió.

El jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN) agregó que “llama la atención cómo se pretende hacer la presente solicitud para focalizar a uno de los tres propuestos beneficiarios, desnaturalizando el procedimiento actual y demostrando que la integridad y la vida tanto del fiscal B como del auxiliar fiscal C no representan urgencia y necesidad que manifiestan los representantes, ya que se brinda un trato distinto, diferenciado y atención privilegiada a la petición del licenciado Sandoval”.

Donado dijo que “estimamos que la Corte no tiene competencia apara conocer la presente solicitud y la medida provisional y en todo caso no puede ser entregada en virtud de no concurrir los elementos establecidos en el articulo 63.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”.

Además justificó que “es improcedente que la Corte entre a conocer la solicitud de adoptar como medida provisional la restitución de Sandoval, puesto que la solicitud de los representantes pretende obtener la protección y restitución de un derecho laboral, cuando no se han agotado los recursos interpuestos  ante la referida restitución” y que si la Corte llegase a otorgar las medidas provisionales estaría prejuzgando de manera indirecta, “lo que constituye una grave violación al derecho internacional”.

Por aparte, Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos, reconoce la competencia de la Corte para conocer la solicitud, “porque la justicia, el trabajo y el debido proceso son derechos humanos y estos han sido vulnerados por el Estado de Guatemala de forma flagrante, al hacer referencia a la destitución de Sandoval al frente de la Feci.

“No es un hecho casual. Los funcionarios íntegros han tenido que salir al exilio, lo que es una señal alarmante, lo que nos pone a las puertas de un régimen autoritario en Guatemala. Es importante que se reinstale al fiscal Sandoval para dejar un precedente ante otros estados.