La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en definitiva un amparo contra el Congreso que se disponía a reformar la Ley de Reconciliación Nacional.

El tribunal consideró que “resulta constitucional y convencionalmente inviable” que el Legislativo pudiera dar amnistía en torno a delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

El razonamiento sostiene que las amnistías que puede decretar el Congreso deben ser en observancia de la protección de los derechos humanos establecidos en los artículos constitucionales 1, 2, 44 y 46, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los convenios internacionales suscritos por el Estado de Guatemala.

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El amparo fue otorgado a los ciudadanos Paulina Ixpatá Alvarado de Osorio, Pedrina López de Paz de López, Sergio Vi Escobar, Helen Mack Chang y Héctor Oswaldo Samayoa Sosa.

La iniciativa de ley estaba en segundo debate en el Legislativo y buscaba dar amnistía a personas condenadas y señaladas por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno. El amparo provisional se firmó en julio de 2019.

Voto en contra

Roberto Molina Barreto, magistrado titular, votó en contra y expuso que no puede evitarse por la vía del amparo que un organismo del Estado, en este caso el Congreso, cumpla con sus principales obligaciones pues pudo ser el caso que la discusión legislativa pudo terminar en la improbación de las reformas en mención.

Señala que lo actuado por la CC esta vez es una “indebida intromisión” en las funciones que la Constitución asigna al Congreso al vedar la potestad legislativa sobre un proyecto de ley que correspondía aún debatir y agotar todas las fases previstas en la Carta Magna.

El pleno se integró con los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Roberto Molina Barreto, María de los Ángeles Araujo y María Cristina Fernández.

El Congreso considera que el amparo, emitido la semana pasada, le prohíbe “una de sus atribuciones constitucionales”.

Los magistrados denunciados son Gloria Patricia Porras Escobar, Bonerge Amilcar Mejía Orellana y José Francisco De Matta Vela, por los delitos de violación a la constitución, resoluciones violatorias a la constitución, prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

La comisión permanente le “requiere a la Corte Suprema de Justicia de forma urgente e inmediata remita las actuaciones al órgano competente para conocer el retiro de antejuicio”.

El 19 de julio el Congreso fue notificado por la Corte de Constitucionalidad del amparo provisional para que se suspendiera el procedimiento de formación, sanción y promulgación de ley que corresponde a la iniciativa de ley 5377.

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A criterio de la Comisión, el amparo “erosiona los cimientos de la República de Guatemala al prohibirle al Congreso una de sus atribuciones constitucionales, legislar, inobservando flagrantemente uno de los pilares básicos de una democracia: la separación de poderes”.

El proyecto de ley fue presentado por el diputado Fernando Linares Beltranena y ya fue discutido en segundo debate en el pleno del Parlamento guatemalteco.

De ser aprobada, la ley absolvería a personas condenadas por crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996), aplicando retroactividad de la ley.

También modificaría el artículo 5 para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura.

“La aprobación de las enmiendas (…) daría lugar a una amnistía inmediata para los autores de graves violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil, incluidos los crímenes de lesa humanidad y el genocidio”, advierte la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

Durante los 36 años de guerra civil, Guatemala registró 200 mil muertos y desaparecidos, sobre todo en comunidades indígenas, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, según cifras de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) auspiciada por la ONU, que también reconoció un genocidio de poblaciones mayas.

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La Ley de Reconciliación Nacional, aprobada tras el fin de la guerra en 1996, otorgó amnistía a militares y guerrilleros, pero dejó fuera los delitos de lesa humanidad como genocidio, tortura y desaparición forzada.

Pero, de aprobarse las reformas, la ley obligaría al sobreseimiento y la liberación de las personas que cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas.

Mogherini, que se pronuncia en una declaración en nombre de los 28 países europeos, expresó también su preocupación por las enmiendas propuestas a otra ley que regula las oenegés y que, a su juicio, “limitaría las actividades de los defensores de los derechos humanos”.

“Los últimos acontecimientos en Guatemala (…), así como la falta de adhesión a los compromisos internacionales, están aumentando la tensión sobre el Estado de derecho y la separación de poderes en el país”, advierte la también ex canciller italiana.

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La UE expresa también su preocupación por el “creciente número de ataques y asesinatos de defensores de los derechos humanos” en 2018 y reitera su oposición a la decisión del gobierno guatemalteco sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los europeos urgen así al gobierno de Jimmy Morales a “respetar los principios democráticos fundamentales, los derechos humanos y la independencia del Tribunal Constitucional” y advierten de su disposición a adoptar “nuevas medidas” para fortalecer la democracia en el país.

En una reciente resolución, la Eurocámara recordó que la “violación” de los derechos humanos puede conllevar la “suspensión” de la participación de Guatemala en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, cuyo capítulo comercial se aplica desde 2013.

“La reforma propuesta a la Ley de Reconciliación Nacional plantea una amenaza considerable para el Estado de Derecho en Guatemala”, subrayan los eurodiputados en la resolución aprobada en Estrasburgo (Francia).

Para el Parlamento Europeo, de aprobarse, esta reforma “socavaría gravemente el importante progreso logrado mediante el trabajo de los tribunales nacionales en su lucha contra la impunidad”.

La amnistía “alimentaría aún más la violencia” y “podría provocar una desestabilización de la sociedad”, apuntan los eurodiputados, que instan “por tanto al Congreso guatemalteco a no aprobar el proyecto de ley”.

La Ley de Reconciliación Nacional, aprobada tras el fin de la guerra en 1996, otorgó amnistía a militares y guerrilleros, pero dejó fuera los delitos de lesa humanidad como genocidio, tortura y desaparición forzada.

Pero, de aprobarse las reformas, la ley obligaría al sobreseimiento y la liberación de las personas que cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas.

Los eurodiputados aprovecharon la ocasión para reiterar su apoyo a la misión anticorrupción de la ONU, que enfrenta el acoso del presidente guatemalteco Jimmy Morales, que trató de forzar su cierre prematuro.

La Eurocámara pide así “al gobierno guatemalteco que cese todos los ataques ilegales contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y su personal nacional e internacional”.

Tras expresar su preocupación por el aumento de los asesinatos y la falta de seguridad para mujeres y defensores de derechos humanos, la resolución adoptada deja planear la amenaza de eventuales medidas contra el país.

La “violación” de los derechos humanos puede conllevar la “suspensión” de la participación de Guatemala en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, cuyo capítulo comercial se aplica desde 2013, advierten.

En 2017, los intercambios comerciales entre la UE y Guatemala se elevaron a unos 2.025 millones de euros (unos 2.290 millones de dólares), frente a los 1.585 millones de euros registrados en 2014, según la Comisión Europea.

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La Corte IDH señaló en su información que “de conformidad con todas las anteriores consideraciones y de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 63.2 de la Convención Americana, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los 14 casos indicados en el Considerando 50, la Corte requiere al Estado que interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de ley 5733 que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional”  señaló parte del documento que presentó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En la resolución se señaló que la reforma, es estaría “concediendo una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno y la archive“.

#ALERTA Tras audiencia por caso Molina Theissen, la @CorteIDH ordena al Estado de #Guatemala interrumpir y archivar el trámite de la iniciativa 5377 para reformar la Ley de Reconciliación Nacional que pretende mantener en impunidad los crímenes del conflicto. #NoALaAmnistía pic.twitter.com/6UfNJ4VhUR

— CEJIL (@cejil) March 13, 2019

A ello el Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, que pidió a los miembros del Congreso de Guatemala a rechazar el proyecto de ley de revisión de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996. El Asesor también expresó su profunda preocupación por las graves consecuencias que tendría la aprobación de este proyecto ley para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad guatemalteca.

Según el Asesor Especial, “el proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia“. El Asesor Especial destacó que, a pesar de los muchos desafíos y retrasos que se han presentado a lo largo de los años, las recientes decisiones judiciales en los casos de Sepur Zarco, Molina Theissen y dos Erres han demostrado cómo un país puede trabajar para superar un legado de guerra e impunidad, y de este modo contribuir a la prevención de crímenes en el futuro.

El Asesor Especial destacó que “el juicio por genocidio contra el ex Jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt hace algunos años en los tribunales de Guatemala, envió un incuestionable mensaje al mundo de que la justicia puede prevalecer y de que nadie está por encima de la ley. Guatemala fue el primer país que enjuició en sus tribunales a un ex jefe de Estado por genocidio. ¿Qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley? ¿Qué es la impunidad, y no la justicia, lo que prevalece después de todo? Esto constituiría una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad “.

#Comunicado Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, urge al Congreso a rechazar la #iniciativa5377 que reforma Ley de Reconciliación Nacional https://t.co/I6uFwr73ec pic.twitter.com/tsqEQw2hZF

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) March 13, 2019

La solicitud ante la CIDH

Este lunes 11 de marzo Familiares de un menor desaparecido durante el conflicto interno en Guatemala y defensores de derechos humanos alertaron este lunes sobre una reforma en discusión en el Congreso guatemalteco para instaurar una amnistía para crímenes cometidos durante la guerra civil.

Las advertencias se hicieron en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en San José, para evaluar el cumplimiento de la sentencia condenatoria contra el Estado guatemalteco por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, a los 14 años.

El menor fue secuestrado por militares que incursionaron en su casa en octubre de 1981, un día después de que su hermana Emma, entonces de 21, escapara de un cuartel militar donde sufrió torturas y violación a manos de los solados.

Cuatro militares de alto rango fueron sentenciados en mayo de 2018 a más de 30 años de prisión por el caso.

Ana Lucrecia Molina Theissen, hermana de las víctimas, declaró en la audiencia: “La justicia alcanzada es una satisfacción para mí y para mi familia y para otras miles de víctimas de crímenes horrendos”.

Pero advirtió que la reforma a la ley de reconciliación nacional de 1996, que contempla amnistías para los crímenes cometidos durante el conflicto armado, será un retroceso en lo avanzado por la justicia.

“La reforma a la ley de reconciliación nacional que está a punto de aprobarse es un agravio más para Marco Antonio, Emma, mi familia y las decenas de miles de víctimas del terrorismo estatal”, sostuvo.

La ley de reconciliación nacional fue promulgada tras los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en Guatemala (1960-1996), y excluyó la posibilidad de exculpar los delitos de lesa humanidad, como tortura y desaparición forzada de personas.

La reforma en discusión en Guatemala busca amnistiar esos delitos, y fue aprobada en dos debates legislativos, requiriendo un voto más para ser adoptada.

“La inminente aprobación y entrada en vigencia (de la reforma) alentaría la repetición de hechos violatorios, profundizaría la impunidad e incumpliría con los compromisos internacionales“, expuso en la audiencia la jurista Claudia Paz y Paz, directora regional del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Agregó que “esta iniciativa solo tiene un propósito: garantizar la impunidad a a los graves perpetradores de los crímenes” cometidos durante el conflicto armado.

El representante del Estado guatemalteco en la audiencia, Jorge Luis Borrayo, aseguró que el gobierno del presidente Jimmy Morales no tiene incidencia sobre la votación en marcha en el Congreso.

Los familiares reclamaron al gobierno la falta de atención a la búsqueda de los restos de Marco Antonio Molina.

“No se imaginan, le destrozan a uno la vida, mi corazón está siempre pensando lo mismo: ¿Dónde está mi hijo, qué hicieron con él?”, lamentó Emma Theissen, madre del desaparecido.

Las advertencias se hicieron en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en San José, para evaluar el cumplimiento de la sentencia condenatoria contra el Estado guatemalteco por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, a los 14 años.

El menor fue secuestrado por militares que incursionaron en su casa en octubre de 1981, un día después de que su hermana Emma, entonces de 21, escapara de un cuartel militar donde sufrió torturas y violación a manos de los solados.

Cuatro militares de alto rango fueron sentenciados en mayo de 2018 a más de 30 años de prisión por el caso.

#NoALaAmnistía Si se aprueba esta ley se detienen los procesos de investigación alrededor del paradero de Marco Antonio. La ausencia del acatamiento del Estado también es una medida inmoral y perversa que lo que busca es mantener el régimen de impunidad en #Guatemala pic.twitter.com/STsl4BNzCl

— CEJIL (@cejil) March 11, 2019

Ana Lucrecia Molina Theissen, hermana de las víctimas, declaró en la audiencia: “La justicia alcanzada es una satisfacción para mí y para mi familia y para otras miles de víctimas de crímenes horrendos”.

Pero advirtió que la reforma a la ley de reconciliación nacional de 1996, que contempla amnistías para los crímenes cometidos durante el conflicto armado, será un retroceso en lo avanzado por la justicia.

“La reforma a la ley de reconciliación nacional que está a punto de aprobarse es un agravio más para Marco Antonio, Emma, mi familia y las decenas de miles de víctimas del terrorismo estatal”, sostuvo.

La ley de reconciliación nacional fue promulgada tras los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en Guatemala (1960-1996), y excluyó la posibilidad de exculpar los delitos de lesa humanidad, como tortura y desaparición forzada de personas.

La reforma en discusión en Guatemala busca amnistiar esos delitos, y fue aprobada en dos debates legislativos, requiriendo un voto más para ser adoptada.

.@CIDH en audiencia Caso Molina Theissen Vs. #Guatemala ante @CorteIDH: Preocupación sobre existencia de amenazas y hostigamientos contra miembros de familia Molina Theissen. CIDH ha constatado frecuentes amenazas contra quienes luchan por obtener justicia en Guatemala.

— CIDH – IACHR (@CIDH) March 11, 2019

“La inminente aprobación y entrada en vigencia (de la reforma) alentaría la repetición de hechos violatorios, profundizaría la impunidad e incumpliría con los compromisos internacionales”, expuso en la audiencia la jurista Claudia Paz y Paz, directora regional del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Agregó que “esta iniciativa solo tiene un propósito: garantizar la impunidad a a los graves perpetradores de los crímenes” cometidos durante el conflicto armado.

El representante del Estado guatemalteco en la audiencia, Jorge Luis Borrayo, aseguró que el gobierno del presidente Jimmy Morales no tiene incidencia sobre la votación en marcha en el Congreso.

Los familiares reclamaron al gobierno la falta de atención a la búsqueda de los restos de Marco Antonio Molina.

“No se imaginan, le destrozan a uno la vida, mi corazón está siempre pensando lo mismo: ¿Dónde está mi hijo, qué hicieron con él?”, lamentó Emma Theissen, madre del desaparecido.

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Iniciativa que dará amnistía por crímenes de guerra pasa en segundo debate

Durante esta jornada legislativa el diputado Estuardo Galdámez, secretario de la Junta Directiva, comenzó a leer la iniciativa a excesiva velocidad, mientras diputados pidieron la palabra para intentar discutir la propuesta.

Entre los que se opusieron está Nineth Montenegro, quien recordó que la actual Ley establece que no se le puede otorgar amnistía a los que cometieron delitos de lesa humanidad.

Raúl Romero reiteró que el Estado debe priorizar la reconciliación nacional, pero a través de mejoras para la población.

El diputado Oliverio García Rodas propuso que la iniciativa se regresara a la comisión para que se corrija el dictamen, ya que tenía varios defectos.  Entre los errores mencionó que en el artículo 5 dice “cielitos” en lugar de delitos”.

Su propuesta obtuvo 27 votos a favor y 74 en contra.  No obstante, el parlamentario y otros colegas propusieron que se consulte a la Corte de Constitucionalidad a legalidad de la iniciativa, pero en este caso los votos a favor se redujeron a 18 y aumentaron los contras a 83.

En respuesta a las mociones que presentó García Rodas, Galdámez le dijo que era un “mal agradecido con el Ejército”.

Rechazan iniciativa

La iniciativa fue propuesta por Fernando Linares, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez, Claude Harmeling, Boris España, Armando Melgar, Javier Hernández, Delia Bac, Manuel Conde, Javier Hernández, Julio Lainfiesta y José Ubico.

Varios sectores sociales se han pronunciado en contra de la iniciativa por considerar que pone en riesgo el Estado de Derecho.

Entre ellos, la comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien señaló: “Si se aprueba esta reforma, representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia y para el Estado de Derecho en Guatemala”.

“Los juicios que se efectuaron en Guatemala por violación a los derechos humanos y abusos han restaurado la dignidad a las víctimas, familiares de sobrevivientes, inspiraron mayor confianza en las instituciones estatales y sirvieron de ejemplo para que otras naciones para otras naciones”, indicó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Con esta modificación, quienes incurran en ese crimen se enfrentarán a una pena de hasta 20 años de prisión.

También se busca crear la figura delictiva de actor intelectual, con una pena de hasta 25 años de prisión y que el delito no tenga, por ningún motivo, medida sustitutiva.

Los actores intelectuales “desde su casa o oficina manejan una estructura criminal muy poderosa, donde tienen sicarios, cobradores, mensajeros”, explicó Lau.

#SeguridadparaTODOS | El diputado de #TODOS, Juan Ramón Lau explica más detalles de la iniciativa que busca el combate a la extorsión. pic.twitter.com/7wmYoAMeZg

— Bancada TODOS (@BancadaTODOS) February 25, 2019

El parlamentario del bloque Todos reitero que su agrupación política apoya las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, las cuales daría amnistía por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

La normativa busca dejar en libertad a quienes ya fueron condenados y que se deje de perseguir a los señalados por los delitos de guerra, Lau firmó su dictamen.

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Los asistentes también conmemoran los 20 años del informe que presentó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y rechaza las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional que busca otorgar amnistía a los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

De aprobarse se absolvería a los condenados por delitos como genocidio, desaparición forzada y tortura.

“El riesgo es que retrocedamos y se repita la historia de vejámenes a Derechos Humanos”, señalaron los activistas que participaron en la actividad.

Entre los asistentes se encontraba la nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y la Secretaria General de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Lenina García.

Rigoberta Menchú participa en la marcha por la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno. https://t.co/VDZAQv7MOG pic.twitter.com/dBjXEVnrfz

— Guatevisión (@Guatevision_tv) February 25, 2019

“Venimos a retumbar la conciencia de los genocidas, a decirles que no olvidaremos, no perdonaremos hasta no tener justicia”, afirmó el dirigente del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual.

Frente al OJ se conmemora el Día de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Un día como hoy la Comisión para el Esclarecimiento Histórico presentó el informe Guatemala: Memoria del Silencio. pic.twitter.com/nqxnn1zxon

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 25, 2019

Para honrar a las víctimas, los participantes hicieron un altar con flores frente a la Corte Suprema de Justicia, también colocaron fotos de los desaparecidos y coronas de flores en memoria de los crímenes a los cuales fueron sometidos como el desplazamiento forzado y las ejecuciones extrajudiciales.

Durante los 36 años que duró el conflicto armado interno (1960-1996) 250 mil personas murieron o fueron desaparecidas. Se puso fin en 1996, con la firma de los Acuerdos de Paz.

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Los diputados no llegaron a acuerdos e incluso algunos se desmarcaron con el objetivo de no llenar quórum, con ello se perdió el préstamo que daría el Banco Mundial por un monto de 100 millones de dólares para el proyecto Crecer Sano, que estaba destinado a combatir la desnutrición en el país.

Este proyecto apoyaría la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención la Desnutrición Crónica 2016-2020 y llevará a cabo un conjunto coordinado de acciones de manera escalonada en los municipios de siete departamentos seleccionados.

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La primera fase incluiría los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango y Quiché, mientras que la segunda se atenderá a menores de San Marcos, Sololá y Totonicapán.

Estos departamentos fueron seleccionados en base a las altas tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil y corta talla en una gran cantidad de niños menores a cinco años y con una alta proporción de población indígena y rural.

Según estimaciones oficiales, aprobar los fondos ayudaría a cambiar la vida de al menos 400 mil niños de los departamentos más afectados por la desnutrición crónica infantil.

¿De quién es la culpa?

El presidente del Congreso además de culpar a los Legisladores en plena sesión, en sus redes sociales culpói a bancadas de “izquierda” por perderse el préstamo “Crecer Sano”.

Hoy perdimos el Préstamo Crecer Sano porque las bancadas de izquierda rompieron el quorum para sabotear la discusión de la Ley de Reconciliación Nacional. Es una lástima que nublados por su ideología no quieran discutir temas importantes y perdamos oportunidades para el país.

— Alvaro Arzú (@AlvaroArzuE) February 20, 2019

Entramparon la agenda

La sesión comenzó y transcurrió de forma normal hasta que llegó al punto sexto de la Orden Del día, discusión en segundo debate de la iniciativa 5377, las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que estaba antes que la del Préstamo Crecer Sano.

Dicho proyecto va dirigido a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original de la Ley de Reconciliación Nacional, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley en materia penal cuando favorece al reo, según establece la Constitución.

Está es la Orden del Día que los diputados aprobaron para la #SesiónPlenaria. Se espera que se apruebe el préstamo para el proyecto Crecer Sano. pic.twitter.com/9T3PmsdaHg

— Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) February 20, 2019

La iniciativa también pretende modificar el artículo 5 de la actual Ley para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, las personas que pertenecieron a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), así como las autoridades del Estado.

La reforma también adiciona un nuevo artículo, en el que indica que “toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción, tales como auto procesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas”