“Ella no tiene inmunidad en este momento, las inmunidades aplican desde el momento en el que se autorizan, no previamente”, señaló el funcionario.

“Todas las órdenes de aprehensión previas tienen vigencia por encima de ese momento”, agregó.

El funcionario indicó que tienen conocimiento de que Aldana se encuentra en San Salvador, aunque dijo que por medidas de precaución no podía revelar la dirección exacta.

Explicó que la orden de captura no tiene alcances internacionales, así que hay que esperar hasta que regrese al territorio guatemalteco.

El funcionario también habló de la movilización e los Jeeps J8 a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) y reiteró que fue una operación que se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Defensa.

“Hacemos una evaluación de con qué velocidad y manejo logístico ponemos en conjunto”, afirmó.

Al ser consultado de por qué se hizo un día después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunciada la suspensión de transferencia de equipos y capacitación de fuerzas de tarea, indicó que ya se tenía programado y que se ha especulado mucho con la información.

“No hay retiro de ayuda… el apoyo de Estados Unidos a Guatemala nunca ha sido mejor que en estas condiciones actuales. Estados Unidos está muy claro que su socio principal en esta región en la lucha antinarcótica es Guatemala “, aseguró.

Respecto al mal uso de los vehículos que señaló el gobierno estadounidense, dijo que es una interpretación que ellos no comparten.

El traslado tuvo lugar un día después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos suspendiera la transferencia de equipos y la capacitación a las Fuerzas de Tarea, como consecuencia del mal uso que se les dio a esos vehículos.

Por mal uso se refiere a los patrullajes efectuados con los Jeeps J8 frente a la sede de la Cicig y la embajada estadounidense.

Cuando se buscó información de la movilización los voceros del Ministerio de Gobernación no atendieron las llamadas, ni los mensajes.

El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, afirmó que desconocía las razones de la concentración de los vehículos.

Seis días después autoridades de Gobernación y Defensa confirmaron que la movilización se debió a una “operación de apresto”, la cual calificaron como normal y exitosa.

Pero fue hasta este viernes, durante un acto de graduación de nuevos agentes de PNC, que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, se pronunció al respecto.

“Los ejercicios que hemos hecho son los que hoy tienen la incidencia criminal en los niveles tan bajos en los que están”, resaltó

Respecto a la crítica que exministros hicieron por la movilización dijo: “Exministros que estuvieron en el puesto tuvieron la oportunidad de hacerlo lo que hacemos y no lo hicieron, así como nosotros respetamos esa opinión, sería conveniente que ellos respetaran lo que nosotros estamos haciendo ahora”.

Orden de captura contra Thelma Aldana

Degenhart recordó que es el Ministerio Público el que hace las solicitudes a Interpol y que son los jueces los que autorizan las órdenes de captura nacionales o internacionales.

“Al Ministerio de Gobernación, a través de la PNC, lo único que le compete es ejecutar esas ordenes de captura o de detención que órganos jurisdiccionales generan.  No podemos hacer nada más que seguir las órdenes que los jueces nos dictan”, comentó.

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Desde hace seis días el Ministerio de Gobernación mantiene el hermetismo por la concentración de los jeeps J8 en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en zona 13.

Esa decisión se tomó luego que el gobierno de EE. UU., suspendiera la ayuda militar a Gobernación y advirtió evaluar los aportes al Ministerio de la Defensa.

El Departamento de la Defensa de EE. UU. hace énfasis en que los jeeps J8 tuvieron “uso incorrecto”, pero no solicitaron la devolución de esos vehículos. Sin embargo, Gobernación decidió concentrarlos y no se ha aclarado esa decisión.

No obstante, meses atrás, el secretario de Inteligencia, Mario Duarte, ofreció devolver los vehículos si no les parece el uso que se les da.

“Nosotros le dijimos a la embajada de Estados Unidos, si tanto es el problema de cómo utilizamos algo que ustedes nos donaron, se los vamos a dejar enfrente, no se preocupen”.

#Ahora | Vehículos jeep J8 circulan en avenida Hincapié, zona 13. pic.twitter.com/9wPhVhL8Jh

— Josué León (@JLeon_PL) March 21, 2019

Hermetismo

Óscar Pérez, director de Prensa del Ejército, dijo que, por ley, no competía a ese ministerio la administración de los vehículos, sino a la cartera de Gobernación, cuyo portavoz, Fernando Lucero, no contestó a las llamadas.

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, fue consultado el pasado miércoles al respecto, pero se negó a responder.

Hasta el momento se desconoce cuál es el paradero de los vehículos. Extraoficialmente se dio a conocer que fueron regresados a las áreas asignadas.

#Ahora | Jeeps J8 salen del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Video: Cortesía. pic.twitter.com/E0gxR0TZy8

— Prensa Libre (@prensa_libre) March 21, 2019

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Jimmy Morales guarda silencio y sigue concentrando Jeeps J8 en hangar de EE.UU.

Desde el pasado viernes los Jeeps J8 fueron movilizados a la FAG donde permanecen estacionados frente a un hangar de uso exclusivo de EE.UU.

El Gobierno de Morales ha optado por guardar silencio respecto a los motivos por los cuales fueron concentrados en el lugar.

Brito indicó que fue @mingobguate quien ordenó fueran llevados a la Fuerza Aérea pero dice "no saber los motivos". pic.twitter.com/2jvwhleTAu

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) March 18, 2019

El Secretario de Comunicación Social de la presidencia, Alfredo Brito por medio de una llamada telefónica señaló no conocer los motivos del movimiento. Mientras Gobernación no atiende llamadas.

En @mingobguate el vocero no responde llamadas y al buscarlo señalan que no esta en el edificio y que "él llamará". https://t.co/tJfQlaVGFT

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) March 18, 2019

La movilización se dio un día después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha suspendido la transferencia de equipos y la capacitación a las Fuerzas de Tarea, en consecuencia, al mal uso que se les dio a los Jeeps J8, que ellos donaron.

Al ser consultado el Secretario de Comunicación Social de la presidencia, Alfredo Brito, afirmó que desconoce las razones de la concentración de vehículos; no obstante, afirmó que estos “están a disposición del gobierno”, y, es el Ejecutivo y el Ministerio de Gobernación (Mingob) “los encargados de la movilización”.

Jeeps J8 continúan llegando a la Fuerza Aérea. Hasta el momento ninguna autoridad guatemalteca se ha referido al traslado de los vehículos. pic.twitter.com/jiesqVTNZQ

— Verónica Orantes (@VeronicaOrants) March 15, 2019

Mientras que los voceros del Mingob no atienden las llamadas, ni los mensajes sobre las causas de estas movilizaciones.

Otros tres vehículos ingresan, aún se desconoce el número exacto de cuántos Jeep J8 están trasladando a la Fuerza Aérea. El vocero del MINGOB aún no responde nuestras llamadas. pic.twitter.com/DEkVOdgeSs

— Verónica Orantes (@VeronicaOrants) March 15, 2019

Jeeps J8 en mal estado

Desde los alrededores de la Fuerza Aérea se pueden ver las unidades donadas por el departamento de defensa de EE.UU., estacionadas en el parqueo del hangar, algunos con rótulos que señalan que están en mal estado, otros que fueron remolcados por grúas y vehículos del Ejército con rótulos en los que se señalaba que los artilleros tenían fuga o algún tipo de daño.

Continúa el ingreso de los vehículos Jeep J8 a la fuerza aérea, EE. UU los retira por el "uso incorrecto" del apoyo. Foto: Érick Ávila pic.twitter.com/PFvXDea2BE

— Verónica Orantes (@VeronicaOrants) March 15, 2019

La lectura que extraoficialmente se hace del hecho es que el Ejecutivo podría “devolverlos” al gobierno estadounidense, por lo que los estacionó frente a un hangar que utiliza la embajada de ese país.

“Los devolvemos”

El pasado 31 de enero el uso de los Jeeps se tornó más polémico cuando el Secretario de Inteligencia Estratégica del gobierno de Morales, Mario Duarte, dijo durante una entrevista radial que si la Embajada de EE. UU.

Lo hubiera requerido la devolución de los vehículos se los habrían ido a dejar “enfrente”.

“También nosotros le dijimos a la embajada de Estados Unidos Si tanto es el problema sobre cómo utilizamos algo que ustedes -Estados Unidos- nos donaron, se los vamos a dejar ahí enfrente… Se los vamos a devolver, se los hubiéramos ido a devolver si lo piden de regreso, por supuesto, pero el trabajo lo seguimos haciendo” enfatizó Duarte.

Los inicios de cooperación de EE.UU. en seguridad

Hacia finales del gobierno de Alonso Portillo —2000-2004—, Guatemala estaba descertificada por el gobierno estadounidense en materia de la lucha contra las drogas, y las posibilidades de cooperación en el ámbito de seguridad eran cada vez menores.

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A inicios de la gestión de Óscar Berger —2004-2008— se pusieron en marcha nuevos planes de cooperación. La incautación de narcóticos en el territorio nacional, el apoyo a la marina guatemalteca a través del Comando Sur estadounidense comenzaron a abrir de nuevo los espacios con el gobierno de EE. UU.

El informe del 2006 de la Estrategia Internacional de Control de los Narcóticos, del Departamento de Estado, señalaba: “Los esfuerzos futuros se centrarán en las investigaciones, la interdicción, la corrupción, el blanqueo de capitales, el desarrollo del grupo de trabajo y la reestructuración de la SAIA —entonces Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica—, para que pueda ser un socio eficaz de la aplicación de drogas”.

Acuerdos con Mingob

Dado que la cooperación militar estadounidense con el Ejército de Guatemala, en materia de equipo militar, fue interrumpida en 1977, por violaciones a los derechos humanos, los acuerdos de cooperación de seguridad tenían como contraparte al Ministerio de Gobernación (Mingob), el cual forma parte de las fuerzas de tarea interinstitucionales establecidas.

“Comienza a fluir más la cooperación direccionada durante el gobierno de Berger, y durante el de —Álvaro— Colom —2008-2012—, con la captura de importantes narcos guatemaltecos con fines de extradición, se amplía la ayuda y se firman acuerdos”, explicó Carlos Menocal, exministro de Gobernación en la administración de Colom.

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Estos aportes incluyeron la entrega de helicópteros, hasta alcanzar un número de seis durante el gobierno de Otto Pérez Molina, siempre bajo la administración del Mingob, aunque piloteados en un principio por militares.

Origen de aportes

Durante la gestión de Claudia Paz y Paz en el Ministerio Público se firmó un convenio de cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y Gobernación, entonces con Menocal al frente. Según el exministro, era para la instalación de un dispositivo conjunto de seguridad y justicia en Quetzaltenango, para la erradicación de amapola. En ese momento se detecta la necesidad de un tipo de vehículos especiales para la intervención en estas zonas.

Los agentes de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) y del Grupo de Acción Rápida (GAR) se veían muy expuestos al conducirse en las palanganas de picops cuando se internaban en zonas controladas por el crimen organizado.

Esa necesidad fue también detectada por el ministro durante el gobierno de Pérez Molina, Mauricio López Bonilla —actualmente en prisión, por casos de corrupción—, añadió Menocal.

La Fuerza de Tarea Tecún Umán, con operaciones en San Marcos, empezó a funcionar en el 2013, con 42 vehículos blindados, donados por el Comando Sur de EE. UU.

De igual forma, la Fuerza de Tarea Chortí, creada en 2014 y desplegada en Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso, recibió 75 vehículos y equipo donado por Estados Unidos en el 2016, ya durante el gobierno de Jimmy Morales.

Más adelante hubo otro aporte, en diciembre de 2017, de 41 jeep J8, 32 Polaris Ranger, 12 camiones de 9.5 toneladas, 12 remolques y ocho camiones de 12 toneladas, además de dos buses y un microbús.

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En aquella oportunidad, el vocero del Ejército, Óscar Pérez, indicó a la revista militar digital Diálogo: “Tenemos lugares como las zonas fronterizas, en donde se necesita apoyo de este tipo porque son vehículos que tienen la suficiente capacidad para dar batalla cuando se necesite”.

El Departamento de Defensa también está evaluando las transferencias al Ministerio de la Defensa de Guatemala caso por caso, en el contexto de nuestra larga relación y nuestros esfuerzos de fortalecimiento institucional”, precisó el portavoz de la embajada estadounidense.

Reitera que Guatemala es un aliado y socio en los esfuerzos de seguridad en la región, pero el uso incorrecto de los vehículos ha requerido una revisión del apoyo a los programas de cooperación y seguridad.

En agosto de 2018 los Jeeps J8 fueron empleados para hacer patrullajes frente a la sede de la Cicig y la Embajada de Estados Unidos, pese a que se entregaron para que los usaran exclusivamente para las fronteras y contra el narcotráfico.

Los patrullajes causaron alarma en la población y repudio por diversos sectores, debido a que coincidió con la época en la cual el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la Cicig.

El secretario de Inteligencia Estratégica del Estado; Mario Duarte, dijo en enero pasado que en cuanto una vez aceptada la donación, “ya es propiedad de Guatemala”.

“Nosotros le dijimos a la embajada de Estados Unidos, si tanto es el problema de cómo utilizamos algo que ustedes nos donaron, se los vamos a dejar enfrente, no se preocupen”.

Este es el audio completo de sus declaraciones:

El anuncio de la Embajada se produce un día después de que el Departamento de Estado destacara dentro de su Reporte Anual sobre Derechos Humanos el mal uso de esos vehículos.

El informe cita informes de oenegés locales, según las cuales el enviar a esos vehículos a hacer patrullajes constituyó una demostración de fuerza, intimidación y un intento de reprimir a la sociedad civil.

Esto fue lo que respondió el gobierno guatemalteco:

El Gobierno de la República de Guatemala a la opinión pública informa: pic.twitter.com/6baXYbgd6z

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 14, 2019

Por Sergio Morales Rodas

El Departamento de Estado no pasó desapercibido el uso de los vehículos militares que el propio gobierno de EE. UU. donó a Guatemala para ser utilizados en operaciones antinarcóticas.

Al respecto de estos, precisa el informe, oenegés locales señalaron que el despliegue de los jeeps, que coincidió con el anuncio del presidente Morales de no extender el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pretendía ser una demostración de fuerza, intimidación y un intento de reprimir a la sociedad civil.

En ese sentido, el reporte señala que “las autoridades civiles en algunos casos no mantuvieron el control efectivo sobre la PNC, y el gobierno careció de mecanismos efectivos para investigar y castigar el abuso y la corrupción”.

También el hecho de que hubo denuncias de impunidad en las fuerzas de seguridad.

El reporte precisa que tras la conferencia de prensa del presidente Morales del 31 de agosto, destacados defensores y activistas de los derechos humanos informaron que la Policía los visitó, aparentemente para preguntar sobre sus medidas de protección. Además, periodistas también informaron sospechas de vigilancia de sus hogares y oficinas en los días posteriores a la a esa conferencia de prensa.

Los activistas y periodistas, según el informe del Departamento de Estado, interpretaron estas acciones como un esfuerzo para intimidarlos por las críticas que en contra del gobierno a raíz de sus decisiones respecto a la Cicig.

El reporte indica que aumentaron los ataques contra periodistas independientes y medios de comunicación. Según el Ministerio Público (MP), se presentaron 54 quejas por estos ataques o amenazas, y dos periodistas fueron asesinados desde enero hasta fines de agosto, en comparación de tres asesinatos en todo 2017.

Respecto a la corrupción, el informe señala que, pese a que la ley establece sanciones por estas acciones, “los funcionarios con frecuencia participan en prácticas corruptas con impunidad”. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, muchos de los cuales el Ministerio Público, con el apoyo de la Cicig, investigó y procesó por cargos que incluyen lavado de dinero, financiamiento ilegal de partidos políticos y sobornos.

Se destaca la acusación que el MP y la Cicig presentaron en contra del expresidente Álvaro Colom y miembros de su gabinete por el caso Transurbano, y los operativos que se llevaron a cabo por el caso Odebrecht, en los cuales resultó salpicado el excandidato presidencial Manuel Baldizón.

Estos son otros aspectos a los que se refirió el Departamento de Estado de EE. UU. sobre Guatemala:

• Activistas: al menos nueve activistas indígenas y defensores de los derechos humanos fueron asesinados o murieron en circunstancias controversiales entre mayo y septiembre. Algunos de los asesinatos parecieron tener motivaciones políticas.
• Prisiones: las condiciones de la prisión eran duras y potencialmente amenazantes para la vida, con múltiples casos de reclusos que mataban a otros reclusos. La agresión sexual, el saneamiento y la atención médica inadecuados, y el hacinamiento grave pusieron a los presos en un riesgo significativo.El hacinamiento en la prisión sigue siendo un problema. Al 24 de septiembre, según las autoridades penitenciarias, había 24 mil 314 reclusos, incluidas dos mil 645 mujeres, recluidas en instalaciones diseñadas para albergar a seis mil 800 personas. Según las autoridades, desde enero hasta el 31 de agosto, al menos 14 reclusos murieron por causas no naturales mientras estaban en prisión.
• Justicia: el sistema judicial generalmente no proporcionó juicios justos u oportunos debido a la ineficiencia, la corrupción y la intimidación de jueces, fiscales y testigos. Estos continuaron informando sobre amenazas y vigilancia, la mayoría de las veces de organizaciones de narcotraficantes.El poder judicial estimó que el país tenía una proporción de 2.46 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que observadores internacionales y nacionales consideraron insuficiente.
• Mujer: según el informe, durante 2018 la Policía mostró “capacidad mínima” para investigar delitos sexuales o ayudar a los sobrevivientes de tales delitos, y el gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva. La violación y otros delitos sexuales siguieron siendo graves problemas, así como el abuso infantil, delito del cual el MP reportó ocho mil 930 informes.
• Niños desplazados: los delincuentes y las pandillas a menudo reclutaron a niños de la calle, muchos de ellos víctimas de abuso doméstico, con fines de robo, extorsión, transporte de contrabando, prostitución y actividades de drogas ilegales.
• Preocupación: de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y las evaluaciones de las ONG, al menos tres de los líderes asesinados pueden haber sido atacados por su participación política y defensa de los derechos de los indígenas.

Senador Leahy y Cicig

Al mismo tiempo que el Departamento de Estado divulgaba su informe sobre derechos humanos, el senador demócrata Patrick Leahy emitían un pronunciamiento en contra de las acciones del Gobierno de Guatemala por no renovar el mandato de la Cicig.

“Esa asociación —Cicig— ha permitido a valientes fiscales guatemaltecos investigar y llevar a juicio los casos que nunca podrían haber seguido sin el ‘escudo’ internacional y la asistencia proporcionada por la CICIG”, señala Leahy en el comunicado.

Agrega que la misión antmafias de la ONU “también ha permitido a valientes magistrados de la Corte Constitucional defender a las débiles instituciones judiciales de Guatemala. En un país donde a lo largo de su historia, funcionarios públicos de alto rango, incluidos oficiales militares han disfrutado de una impunidad casi total por actos corruptos”.

Leahy criticó que la decisión gubernamental de no ampliar el mandato y posteriormente darlo por terminado de forma unilateral se hizo sin previo aviso y “después de meses de negociaciones entre funcionarios guatemaltecos, de la ONU y de Estados Unidos sobre las reformas solicitadas por el gobierno guatemalteco”.

El senador aseguró que la semana pasada, junto con otro grupo de senadores, introdujeron una iniciativa de ley en el Senado y la Cámara de Representantes con el propósito de responder a las acciones flagrantes del gobierno de Morales para subvertir el estado de derecho, incluida su campaña contra la Cicig, y afirma que el mandatario no tiene la autoridad para restringir unilateralmente un acuerdo con la ONU.

“Me preocupa que hay algunos, incluso en la ONU, que creen que la Cicig debería reducir significativamente sus actividades y, para todos los efectos, desaparecer”, agregó Leahy, lo cual consideró “extremadamente preocupante”.

Nuevamente el uso de los jeeps J8 que la embajada de Estados Unidos donó a las autoridades guatemaltecas, causa polémica, esta vez en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Los vehículos tipo militar, utilizados por el Ministerio de Gobernación, realizaron en el interior del campus central de la Universidad de San Carlos un recorrido.

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La AEU se pronuncia:

Ante la presencia de un vehículo tipo J8 de las fuerzas represivas del Estado, que circuló hoy dentro de las instalaciones de la USAC, como Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León”, manifestamos:

1. Nuestro total repudio a este tipo de hechos que intentan atemorizar a la comunidad sancarlista, quien históricamente ha tenido un posicionamiento firme en defensa de la paz y la democracia.
2. Exigimos al @mingobguate y al @Ejercito_GT que se abstengan de realizar este tipo de medidas en nuestra casa de estudios y que limiten su accionar en las verdaderas problemáticas que atentan contra la seguridad de nuestro país.
3. Demandamos a las autoridades de la USAC y a la Dirección General de Administración DIGA, a que rindan un informe sobre la presencia de este vehículo en las instalaciones de la USAC y el proceder del Departamento de Vigilancia, haciendo uso de las cámaras de seguridad.
4. Hacemos un llamado al Consejo Superior Universitario, a que también emita pronunciamiento ante este lamentable hecho.

Además, le hacen un llamado a la comunidad sancarlista a mantenerse unidos y unidas en la defensa de la autonomía universitaria y a seguir ejerciendo el derecho a la libre expresión.

Invitamos a toda la comunidad sancarlista a mantenernos unidos y unidas en la defensa de la autonomía universitaria y a seguir ejerciendo nuestro derecho a la libre expresión, para que prevalezca un Estado de Derecho y sean respetadas nuestras garantías constitucionales.

Recorrido evidenciado

El recorrido quedó evidenciado en fotografías tomadas por personas que se sorprendieron por la inusual circulación de dichos vehículos, en la casa de estudios superiores del Estado.

El exministro del Interior, Carlos Menocal, reaccionó ante el hecho y publicó una fotografía en su cuenta personal de Twitter en la cual se observa a uno de los jeeps J8 en cercanías de la Facultad de Ingeniería.

¿Y esto qué onda? Los J8 en la USAC. pic.twitter.com/ipd20hOjTi

— Carlos Menocal (@Carlos_Menocal) October 5, 2018

Presidente cambia versión y contradice al Mingob sobre Jeeps J8

En una entrevista en radial, el presidente Jimmy Morales afirmó que los jeeps J8, donados por la embajada de los Estados Unidos, fueron desplegados el pasado 31 de agosto cuando anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), previendo que se podrían realizar “marchas violentas”.

Jimmy Morales contradijo lo señalado por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, el pasado 6 de septiembre, cuando indicó que lo que realizaron fue un patrullaje normal.

Es oportuno aclarar que lo que sucedió el viernes pasado es un patrullaje normal, como se hace en las zonas 18, 12, 5 y 14 también se desarrollan dichos patrullajes, porque la criminalidad no tiene una zona definida de operación. Señaló Degenhart en aquella ocasión.

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