De acuerdo a la información oficial, en el trayecto hacia la estación de la patrulla fronteriza de Lordsburg la niña presentó un cuadro de fiebre y vómitos, lo que requirió que paramédicos intervinieran para su estabilización.

La mañana del 7 de diciembre, la condición de la niña agravó y presentó de nuevo un cuadro de fiebre alta y convulsiones por lo que de nuevo para médicos de la patrulla fronteriza la atendieron, pero esta vez la trasladaron vía aérea a un centro asistencial en la ciudad de El Paso, Texas, donde quedó internada y falleció el 8 de diciembre.

La Cancillería guatemalteca confirmo que ella murió a causa de una sepsis estreptococo (una infección bacteriana generalizada).

“El Consulado de Guatemala en del Río, Texas, informo que hace unos minutos se comunicó con el padre de la niña, el señor Nery Caal, quien se encuentra en otra ciudad de los Estados Unidos, siguiendo su proceso”, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La muerte de Jakelin causó conmoción en Estados Unidos y en la región que vive dramas migratorios con la salida masiva de centroamericanos rumbo a ese país, además de un intenso debate antiinmigrante abanderado por el presidente Donald Trump.

Caal era originaria del caserío San Antonio Secortez en Raxruhá, Alta Verapaz, donde la recuerdan como una niña alegre y muy amada.

Su padre salió de la comunidad en busca de mejores condiciones, ya que viven en la extrema pobreza.

El abuelo de la niña explicó que Nery es su primer hijo que intenta viajar a Estados Unidos y que cuando supo que se iba a ir, no le dijo nada.

“Él me dijo que quería trabajar, yo no podía decirle algo porque lo que hace falta en la comunidad es trabajo. No pagan bien. Se gana alrededor de Q40 a Q50 al día. No alcanza para mantener a una familia. Cuando los niños se enferman, con la voluntad de Dios es que sobrevivimos, tomamos hierba o a veces si se puede una pastilla”, manifestó.

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La “fortificación” de la frontera entre Estados Unidos y México es un motivo permanente de fricciones entre Donald Trump y sus opositores.

La última chispa saltó en el estado limítrofe de Nuevo México, donde la gobernadora, Michelle Lujan Grisham, lanzó un desafío directo al mandatario.

La gobernadora demócrata ordenó “el retiro de la mayoría de los (118) soldados de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur del estado”.

Los militares habían sido desplegados en abril de 2018 por orden de la Casa Blanca pero la gobernadora fue tajante al decir que su estado “no participará en la farsa del presidente de infundir miedo en la frontera”.

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Hasta inicios de 2019, había alrededor de 2.200 guardias nacionales en los cuatro estados fronterizos (California, Arizona, Nuevo México y Texas).

Cuando llegaron, la republicana Susana Martínez todavía era la gobernadora nuevomexicana y acató la decisión del mandatario.

Pero su sucesora no parece dispuesta a hacer lo mismo.

“Farsa”

La Guardia Nacional depende de las autoridades estatales. A diferencia de las Fuerzas Armadas, la integran civiles con entrenamiento militar que responden a emergencias como desastres naturales o problemas de orden público estatales, federales e internacionales.

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Los guardias no tienen autoridad para detener ni deportar a nadie. Solo proveen vigilancia, apoyo logístico o ayuda con proyectos de mantenimiento y construcción, como levantar barreras o instalar alambres de púas, explica un portavoz de la Guardia Nacional a BBC Mundo.

Así, liberan a las patrullas fronterizas para que puedan aplicar las leyes migratorias, lo que sí implica arrestar personas.

De los 118 guardias nacionales desplegados en la frontera sur de Nuevo México, la gobernadora busca retirarentre 103 y 107.

Entre estos últimos hay 25 que provienen de Arkansas, Kansas, Kentucky, Nueva Hampshire, Carolina del Sur y Wisconsin.

La gobernadora Lujan ordenó el martes que todos “regresen a sus lugares de origen inmediatamente”.

“Nuevo México no participará en la farsa del presidente de infundir miedo en la frontera al malutilizar nuestras diligentes tropas de la Guardia Nacional”, advierte la demócrata en su comunicado.

“Rechazo el argumento federal de que existe una crisis de seguridad nacional abrumadora en la frontera sur, donde se encuentran algunas de las comunidades más seguras del país”, añade.

¿En qué normas se basa Luján para desafiar al presidente?

Control de la gobernadora

La norma que regula la Guardia Nacional (conocida como Título 32) establece que esta opera bajo control de los gobernadores.

Pero el grupo también puede ser convocado a misiones federales bajo la ley de las Fuerzas Armadas. En estos casos, queda bajo control directo del presidente de EE.UU.

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“Pero los guardias de la operación Guardian Support son personal del Título 32, así que la gobernadora los controla”, explica un portavoz de la Guardia Nacional a BBC Mundo.

Los gobernadores deben aprobar la designación de la Guardia Nacional para fines federales (como cuidar la frontera)”, dice Doris Meissner, analista del Instituto de Políticas Migratorias de EE.UU., a BBC Mundo.

“En general, los gobernadores están de acuerdo (con estos fines federales), pero no es inusual que impidan algunas tareas”, añade la experta.

Cumpliendo la orden

Joseph Vigil, vocero de la Guardia Nacional de Nuevo México, dijo a BBC Mundo que “bajo la orden de la gobernadora, los líderes de la Guardia Nacional de Nuevo México han empezado la desmovilización para retirar a la mayoría de tropas de la frontera”.

El retiro de esta mayoría de soldados calculan que tome entre 45 y 60 días, según dijo el gobierno de Nuevo México a BBC Mundo.

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Un grupo de entre 11 y 15 soldados permanecerá en la frontera en los condados de Hidalgo y de Luna debido a que, según aclara la gobernadora, reconoce “las preocupaciones legítimas del suroeste de Nuevo México, en particular el condado de Hidalgo”.

Los habitantes de este lugar han pedido la ayuda de las autoridades “ya que los migrantes y solicitantes de asilo siguen apareciendo en su puerta”, de acuerdo a Luján.

Los guardias se quedarán “para ayudar con las necesidades humanitarias de las comunidades que han visto a grandes grupos de familias, mujeres y niños cruzando la frontera en la remota área de Antelope Wells en meses recientes”.

Antelope Wells es el cruce fronterizo por el que entró a EE.UU. Jakelin Caal Maquin, la niña guatemalteca de siete años que murió bajo custodia de la Patrulla Fronteriza en diciembre.

Caal había llegado al lugar como parte de la caravana de migrantes centroamericanos que partió de Honduras en octubre de 2018.

Una vez detenidos, el menor mostró signos de “enfermedad potencial” y fue trasladado en dos ocasiones a un centro asistencial.

La primera vez, los médicos le diagnosticaron resfriado y fiebre. Le dieron medicamentos y lo pusieron en libertad, pero tuvo que regresar en la noche porque se seguía sintiendo mal, ahora con náuseas y vómitos, murió unas horas después.

Se tenía previsto que el cuerpo arribara este medio día, pero el vuelo que lo trasladaba tuvo un atraso.

Será trasladado a la aldea Yalambojoch en Nentón, Huehuetenango, donde su familia le dará sepultura.

Su padre, Agustín Gómez, de 47 años, optó por viajar a Estados Unidos por la pobreza y falta de desarrollo en su comunidad.  Ambos fueron detenidos el 18 de diciembre al cruzar el paso fronterizo por El Paso, Texas, y los trasladaron a Alamogordo, Nuevo México el 23 de ese mes.

La Cancillería guatemalteca afirmó que “solicitará una investigación clara y resguardo del debido proceso sobre este caso” a las autoridades de EE. UU., así como los informes médicos que se efectúen, para esclarecer la causa de la muerte del niño.

Es el tercer niño guatemalteco migrante que muere en resguardo de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos.

El primer deceso ocurrió el 10 de mayo de 2018, tres meses después de que Yazmin Juárez y su hija Mariee, de 18 meses, salieran de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas, donde la menor contrajo una enfermedad.

Jakelin Caal, de 7 años, murió el 14 de diciembre por un paro cardiaco debido a deshidratación. Esto ocurrió luego de que un grupo de migrantes se entregara a las autoridades después de cruzar una zona desértica en Nogales, Arizona.

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Agustín salió desde la remota aldea de Yalambojoch en el municipio indígena occidental de Nentón, colindante con la frontera de México, donde, según familiares, escuchó rumores sobre mayores oportunidades para quedarse en Estados Unidos si entraba con el niño.

Sin embargo, la ilusión se vio truncada con la muerte de Felipe la noche de Navidad bajo custodia en un hospital de Nuevo México, casi una semana después de que ambos fueran detenidos en Texas al cruzar ilegalmente la frontera.

El niño falleció tras presentar síntomas de gripe, según las autoridades estadounidenses que investigan el caso.

Dos semanas antes, Guatemala ya se había visto sacudida por la muerte de la niña indígena Jakelin Caal, de siete años, internada en un centro médico de Estados Unidos en condiciones similares.

La menor viajó con su padre Nery, de 29 años, desde el poblado maya de Raxruhá, en el norte guatemalteco, y habría fallecido por deshidratación en su intento por alcanzar “el sueño americano”.

Aunque la migración de padres y niños e incluso familias completas tiene su origen en los problemas estructurales del país como la pobreza y violencia, Roxana Palma, activista de la Casa del Migrante de Guatemala, explicó que circulan mensajes de que llevar menores da mayores “garantías” de establecerse en Estados Unidos.

Palma indicó que en muchas ocasiones las personas que guían a los migrantes, conocidos como “coyotes”, no brindan la información completa sobre el proceso migratorio y solo informan de “lo bonito” de estar en Estados Unidos.

“Lamentablemente son los que informan mal a las personas sobre cómo poder llegar a Estados Unidos de una forma segura, entre comillas”, agregó.

Promesas de un mejor futuro

Otra fuente en temas migratorios que prefirió el anonimato señaló que en la administración del presidente Barack Obama “había un trato especial para los padres que entraban con niños” a Estados Unidos, pero eso se acabó con la llegada de Donald Trump.

De hecho, un centenar de hombres y mujeres con niños pequeños de los cerca de 1 mil 500 centroamericanos que permanecen en la mexicana Tijuana intentaron cruzar la valla fronteriza durante la noche de Año Nuevo hacia Estados Unidos, pero debieron retroceder ante una fuerte movilización de los oficiales que lanzaron bombas de humo.

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“Los guías van diciendo que con niños pueden entrar y ya no es válido”, refirió la fuente.

“Como mecanismo vemos también a las redes de traficantes de migrantes y coyotes que ofrecen, cobran y están engañando también a las personas para que migren”, agregó por su lado Danilo Rivera, coordinador del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (Incedes).

Rivera mencionó que conocen de casos en el occidente indígena de Guatemala donde redes usan radios locales para hacer ofrecimientos falsos de visas y viajes a Estados Unidos de una forma “inmediata y segura”.

El experto señaló que no existe “mucho trabajo” desde el Estado guatemalteco para demostrar que esa no es la realidad, y tampoco hay un esfuerzo estatal para atacar las causas de la migración forzada.

El empobrecido occidente

De acuerdo con estudios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayor parte de los guatemaltecos deportados de Estados Unidos y México provienen de poblaciones del occidente del país, que presenta altos índices de pobreza y falta de oportunidades de trabajo.

Esa carencia de empleo llevó al padre y dos hermanos de Pascual Domingo, de 24 años, a emigrar de Yalambojoch a Estados Unidos desde donde ayudan a la familia con el envío de remesas.

“Todo los aldeanos que se van para allá es por la misma necesidad de dinero, por falta de oportunidades de trabajo”, indicó Pascual sobre el poblado donde la pobreza alcanza al 73.8% de sus habitantes.

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Mientras que María Lucas, de 40 años, señaló que su hijo Juan viajó a Estados Unidos hace tres años y, desde entonces, con el dinero enviado, lograron construir una casa de concreto. “Mi hijo se fue por la pobreza, tenemos necesidad, por eso decidió irse”, declaró.

Aunque la pobreza es el principal impulso de los guatemaltecos que migran con niños, también existen otras causas como el reclutamiento de menores para las pandillas.

El éxodo forzado de familias también ocurre por conflictos de tierras a causa de megaproyectos y el cambio climático que daña cultivos, entre otros factores, coincidieron los expertos.

El niño, identificado por el congresista Joaquin Castro como Felipe Alonzo Gómez, había sido trasladado a un centro médico de Nuevo México el lunes, tras mostrar síntomas de enfermedad, dijo el CBP en un comunicado.

El personal le diagnosticó un resfriado común, pero más tarde descubrió que tenía fiebre. Fue dado de alta a mitad de la tarde, con recetas de ibuprofeno y amoxicilina.

Posteriormente el cuadro evolucionó y Alonzo, que se encontraba detenido junto a su padre, comenzó con nauseas y vómitos, por lo que fue trasladado nuevamente al hospital, donde finalmente murió el lunes poco antes de la medianoche.

El CBP indicó el martes que no había establecido la causa de la muerte pero que garantizaría “una revisión independiente y completa de las circunstancias”.

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Más tarde, el comisionado Kevin K. McAleenan anunció que la agencia estaba “realizando controles médicos secundarios a todos los niños bajo el cuidado y custodia de CBP” y “revisando sus políticas con especial atención al cuidado y custodia de niños menores de 10 años”.

Agregó que el CBP estaba considerando buscar apoyo médico de otras agencias, entre ellas la Guardia Costera y el Departamento de Defensa estadounidenses.

“El CBP también está coordinando con los Centros para el Control de Enfermedades el número de niños bajo custodia”, señaló.

Investigación

Según información del ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, el niño y su padre fueron detenidos el 18 de diciembre tras haber cruzado la frontera por la ciudad de El Paso, en Texas.

El día 23 habían sido trasladados a la estación de Alamogordo, en el estado vecino.

Las autoridades estadounidenses señalaron que no se conocen las causas de la muerte del niño y prometieron que se realizará un “examen independiente y en profundidad de las circunstancias” del deceso.

El gobierno de Guatemala pidió una investigación “clara y resguardando el debido proceso”.

El 8 de diciembre la niña guatemalteca Jakelin Caal falleció en el hospital de El Paso, Texas, por causas aún no reveladas después de haber sido detenida junto a su padre tras cruzar ilegalmente la frontera desde México en la noche del 6 de diciembre.

Según el diario The Washington Post, que citó al CBP, la niña habría fallecido por “deshidratación y shock”.

El caso de Jakelin Caal generó una gran indignación en Estados Unidos y una delegación de congresistas que visitó las instalaciones donde estuvo detenida la niña denunciaron “fallos sistémicos” en el proceso y condiciones de higiene deplorables.

Tras la muerte de la niña, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció una investigación, cuyos resultados se presentarán al Congreso y serán públicos.

Buscando respuestas

“Estoy descorazonada de enterarme de la muerte de un segundo niño bajo detención”, escribió en Twitter la representante de la cámara baja por Nueva York Nydia Velazquez.

“Debemos exigir responsabilidades, encontrar respuestas y poner fin a la odiosa y peligrosa política contra los migrantes de esta administración”, agregó.

“Otro niño muere bajo la vigilancia de este gobierno”, tuiteó el congresista demócrata Marc Veasey de Texas.

En tanto el senador demócrata Martin Heinrich, de Nuevo México, escribió en la misma red social: “Con el corazón roto y enfermo por esta noticia”.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) calificó los hechos como una “tragedia espantosa”.

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“El CBP debe rendir cuenta y dejar de detener a niños. El nuevo Congreso debe poner como una de sus primeras prioridades realizar una investigación sobre el Departamento de Seguridad Interna (DHS)”, dijo la ONG.

El presidente Donald Trump impulsa una política de tolerancia cero contra la inmigración, en el marco de la cual 2.300 migrantes menores de edad fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio, algo que generó indignación en el país y en el mundo.

Para contener la inmigración, Trump quiere construir un muro en la frontera con México cuyo presupuesto de unos 5.000 millones de dólares es objeto de pugna con la oposición demócrata que ha provocado un cierre parcial del gobierno federal que ya lleva cuatro días. El presidente prometió que no cederá hasta que consiga los fondos para el muro.

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Según lo indicado por Cancillería guatemalteca el cuerpo de la pequeña de 7 años ingresará al país a las 15:07 de la tarde, en un vuelo de comercial.

Jakelin, era originaria de una remota aldea de Raxruhá, Alta Verapaz, y retornará de la peor manera, como nunca lo hubiera esperado la familia. En un ataúd será recibida en el Aeropuerto La Aurora la menor que partió junto con su padre, Nery Caal, hacia EE. UU. con la idea de tener una vida mejor.

Ambos se entregaron a la Patrulla Fronteriza el 6 de diciembre y dos días después la niña falleció. Las causas aún son investigadas, al mismo tiempo que su muerte ha levantado una gran polémica en EE. UU. donde el debate migratorio se mantiene álgido desde que el presidente Donald Trump llegó a la presidencia.

Un grupo de abogados que representa a la familia exigió este miércoles una investigación exhaustiva e independiente.

“¿Qué pasó con Jakelin? ¿Pudo haberse evitado?

Estas preguntas deben ser respondidas”, dijo en conferencia de prensa en El Paso, Texas, Enrique Moreno, uno de los abogados, cita el portal de noticias Univisión.

Los abogados indicaron que solicitarán una investigación fuera de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, que incluya personal calificado y especializado, puesto que “los investigados no pueden ser los mismos que investiguen”.

De acuerdo con los abogados, el padre de Jakelin les indicó que ni él ni su hija recibieron agua la noche que fueron detenidos y solo les dieron galletas, declaración que contradice lo expuesto con anterioridad por el Departamento de Seguridad Nacional que afirmó que los detenidos habían tenido acceso a agua, alimentos y baños, durante su detención en Nuevo México.

El fallecimiento de Jakelin también ha causado que grupos humanitarios lleven a cabo protestas en EE. UU. en contra de las políticas migratorias de la actual administración de gobierno, al mismo tiempo Guatemala ha pedido investigaciones serias.

El vicepresidente Jafeth Cabrera dijo este miércoles que se ha pedido una investigación “seria” al gobierno de EE. UU. sobre la muerte de la menor y que si hay responsables, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos.

En tanto, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, envió una nota diplomática al secretario de Estado de EE. UU., donde le solicita el informe de la investigación sobre las causas de la muerte de la menor

La niña identificada como Jakelin Caal falleció el 8 de diciembre en el hospital de El Paso, en Texas, después de haber sido detenida junto a su padre tras cruzar la frontera desde México en la noche del 6 de diciembre.

“Hoy nos enteramos de algunos fallos sistémicos muy perturbadores relativos a cómo fue manejada la situación de la niña”, dijo a la prensa Joaquin Castro, un representante demócrata por Texas que dirigió la delegación que visitó el centro gestionado por la patrulla fronteriza en Lordsburg, Nuevo México, donde estuvo detenida la niña.

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La menor de siete años había recorrido con su padre más de 3 mil kilómetros para llegar a Estados Unidos desde la remota localidad de Raxruhá, en Guatemala.

El caso salió a la luz la semana pasada tras la publicación de la noticia por el diario The Washington Post.

“El asunto comenzó cuando el servicio de vigilancia de fronteras de Estados Unidos (CBP) violó la ley al no notificar al Congreso en un plazo de 24 horas que Jakelin había muerto bajo su custodia”, afirmó Castro, que presidirá a partir de la próxima legislatura la Liga de Congresistas Hispanos.

Según Castro, durante el trayecto desde el lugar donde fueron detenidos los migrantes hasta Lordsburgh, un recorrido de 94 millas (151 kilómetros), no había nadie a abordo del vehículo que pudiera darle ningún tipo de auxilio médico.

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En la mañana del 7 de diciembre, cuando el estado de la menor se agravó, la niña tuvo que ser trasladada por una ambulancia aérea a un hospital de El Paso, en Texas, donde murió.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció que realizará una investigación por la muerte de la niña y que los resultados se presentarán al Congreso y serán públicos.

Esta tragedia se produce en un momento en que en Estados Unidos hay casi 15 mil menores extranjeros no acompañado a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Según las estadísticas estos niños pasan en promedio 60 días en estos centros.

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