La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que 32 bienes vinculados al excandidato presidencial Manuel Baldizón seguirán inmovilizados, pues dio sin lugar una apelación interpuesta por varias entidades que tienen relación con el político.

La resolución está incluida en el expediente 2183-2022 y está fechada el 22 de noviembre de 2022.

El documento detalla que se examinó la sentencia de 25 de noviembre de 2021, que dictó la Corte Suprema de Justicia , a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio, sobre una acción constitucional de amparo que promovieron varias entidades.

La apelación había sido presentada por Proyectos del Orbe, Sociedad Anónima; Circuito Norte, Sociedad Anónima; JB Exirium, Sociedad Anónima; Meridan, Sociedad Anónima; y Servicios para Turismo, Sociedad Anónima -vinculadas a Baldizón-.

La acción estaba presentada contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo Penal y Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, por un fallo del 19 de diciembre de 209 emitido por dicha sala que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por las ahora postulantes contra la resolución que decretó la medida cautelar de inmovilización de 32 bienes inmuebles de su propiedad.

Los postulantes estiman vulnerados los derechos y el principio jurídico enunciados porque “la autoridad reprochada profirió una resolución arbitraria, por cuanto avaló la decisión de decretar la medida cautelar de inmovilización sobre sus bienes inmuebles, sin consignar una relación fáctica congruente, sustentada probatoriamente, sobre la presunción razonable del origen ilícito o delictivo de aquellos, aun cuando nominalmente se indicó que la acción ilícita corresponde a la de Lavado de dinero u otros activos, limitándose a indicar que la resolución se ajusta a los postulados y presupuestos preestablecidos en la Ley de Extinción de Dominio, siendo que tales enunciados carecen de contenido jurídico”, se lee en los antecedentes del caso.

Los postulantes solicitaban a la CC que se otorgara el amparo y con eso se dejara en suspenso definitivo el acto reclamado y se ordenara dictar nueva resolución, haciendo los demás pronunciamientos que conforme a la ley corresponden.

Luego del análisis de los argumentos de los señalados, la CC declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Proyectos del Orbe, Sociedad Anónima; Circuito Norte, Sociedad Anónima; JB Exirium, Sociedad Anónima; Meridan, Sociedad Anónima; y Servicios para Turismo, Sociedad Anónima – postulantes– y, como consecuencia, confirma la sentencia venida en grado.

La Fiscalía de Extinción de Dominio de Ministerio Público (MP) solicitará en audiencia de apertura a juicio la extinción de dominio sobre varios bienes del exministro de Energía y Minas, Erick Archila, quien está sindicado en el caso denominado Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La investigación del MP determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

El MP busca extinción de dominio sobre los siguientes bienes del exministro Archila.

• Depósito por US$1 millón 003 mil 969.77
• Depósito por Q4 millones 565 mil 985.82
• Depósito por US$860
• 2 propiedades en Zona Pradera, Torre Empresarial
• Propiedad en Mansiones de Alta Vista
• Mobiliario de cocina, estufa, extractor de olores, refrigerador, muebles, mesas y sillas.
• 2 esculturas de la Época Republicana

La información del MP detalla que la investigación de la Fiscalía se desarrolló tras la compra de una propiedad en Isla de Bahía, Pristine Bay, Honduras, relacionada a Ingrid Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta de Guatemala, a través de la entidad Conyers Bussines quien abonó cantidades dinerarias para la adquisición del bien.

La Entidad Conyers Bussines fue vendida al exministro de Energía y Minas Erick Archila el 14 de octubre de 2008, teniendo un comportamiento tributario irregular tras pasar 4 años posterior a la compra declarando ingresos de venta por servicios por valor Q0.00.

Sin embargo, en 2013 presentó un crecimiento reportando ventas por Q 33 millones 343 mil 791.00, estableciendo que, en el periodo que Archila fue ministro de Energía y Minas declaró ingresos y egresos sospechosos, hecho por el cual la Fiscalía inicia investigación en el año 2016

La estructura

La investigación del MP determinó la existencia de una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro Archila, una red de empresarios y varios exfuncionarios, que utilizó el Ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

El fin primordial de esa estructura, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota, según el MP.

Eso le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, así como negocios ilícitos en el ámbito privado, según el señalamiento.

La fiscalía dio a conocer que Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.

Archila fue señalado de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y concusión, pero el exministro está libre bajo fianza en Estados Unidos, pues fue detenido por un proceso de inmigración.

Comisiones ilícitas y sobornos

Erick Archila, según la Feci, obtuvo comisiones ilícitas en el período comprendido entre agosto de 2012 y abril de 2015. Luego de recibir estas dádivas, Archila benefició con contratos y/o resoluciones administrativas. La entidad que la Feci ubicó dentro de la investigación son Edemtec, S.A.; Petro Energy, S.A.; City Petén, S. de R.L.; e Hidro Xacbal, S.A. Asimismo, Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca fue intermediario para el cobro de las comisiones por lo menos en estas dos últimas compañías.

Los sobornos emitidos por estas entidades suman Q75 millones 700 mil 811.07 más US$477 mil.

La Feci había explicado en su momento que Conyers Bussiness S. A fue una empresa receptora de comisiones ilícitas por cheques de diversas sumas.

Agregaba que Archila adquirió diversas obras de arte en México valoradas en varios miles de dólares, una de las cuales fue ubicada en los allanamientos.

Asimismo Archila compró, entre marzo y noviembre de 2014, obras de arte de artistas guatemaltecos por un costo de Q1 millón  779 mil 510; relojes, brazaletes y joyas que fueron adquiridos a través de Conyers Bussiness S. A., valorados en varios miles de quetzales.

También adquirió equipos de televisión, así como una unidad móvil valorados en Q7 millones 201 mil.

La investigación también estableció que, entre las coimas, con fecha 17 de julio de 2014, Conyers Business, S.A. realizó una transferencia por la suma de 129 mil 32 dólares, la cual sirvió como abono para la compra de la Villa 02-53, que ahora corresponde a la villa 02-61, ubicado en el sector denominado The Cove, en Crawfish Rock, Roatán, Honduras.

El dinero fue transferido a North Shore Development de la República de Honduras, para adquirir la villa para la entonces vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Baldetti Elías.

El abogado Alejandro Pérez Saldaña, quien es conocido como abogado personal del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, señaló a un medio de comunicación de ese país que en Guatemala buscan “robarse” el avión que le incautaron al exfuncionario en febrero de 2021, pues es un país con mucha corrupción.  

Según una publicación del medio Panamá América, publicada el 4 de mayo pasado y actualizada este 5 de mayo, el abogado Alejandro Pérez Saldaña denunció que pese a que un juzgado de Guatemala ordenó recientemente la devolución del avión tipo jet N799RM propiedad del expresidente Martinelli, el Ministerio Público (MP) guatemalteco no agiliza los trámites para cumplirlo. 

El abogado afirmó que el objetivo de las autoridades guatemaltecas sería “robarse o apropiarse” ilegalmente del avión del exmandatario.  

El reporte periodístico también menciona que la retención del avión se mantiene pese a que se les ha presentado a las autoridades guatemaltecas toda la documentación donde se certifica que este no tiene ningún tipo de ilícito en Panamá.  

Señala que el abogado cree que en Guatemala vieron la oportunidad de robarse la aeronave y por eso están poniendo muchos obstáculos jurídicos para no devolverla.  

“A pesar de la Constitución guatemalteca, a pesar de las leyes guatemaltecas, de todas maneras se quieren robar esa aeronave. Ese diputado es uno de los que está metido en eso, se quieren robar el avión de Martinelli, porque es un país de corrupción Guatemala”, dijo el abogado al medio de comunicación panameño.  

Puntualizó que la nave de Martinelli fue adquirida hace más de 15 años y durante ese tiempo ha viajado a diferentes países y considera que fue “una maldad” denunciar el avión en caso.  

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Roniel Ortiz, de la defensa de Ricardo Martinelli en Panamá, señaló al medio de comunicación que fiscales de Guatemala se han prestado para retener un bien que un juez ya ordenó que se devolviera. 

“Están dando excusas con relación a que no tienen hangar y que lo tuvieron que mover a un hangar del Ejército de Guatemala, propiedad del Ministerio de la Defensa de este país, algo que no lo podían hacer porque es un bien cuyos motores están apagados desde hace más de un año y medio”, expresó el abogado Ortiz. 

Señala que el jet tiene especificaciones técnicas que tiene que revisar personal de Estados Unidos, que tienen que garantizar que los motores están en condiciones de volar.  

Hay que demandar a las autoridades 

Según dijo Ortiz a Panamá América, el expresidente Martinelli dio la instrucción de querellar y demandar a los fiscales y a todas las personas que se hayan prestado para “cometer este exabrupto jurídico”. 

“Este tema de los hijos de Ricardo Martinelli –extraditados a Estados Unidos desde Guatemala- han querido mezclar con el tema del avión del expresidente”, señaló. 

El defensor dijo que las autoridades del país centroamericano van a tener que pagar por los daños causados a este avión. 

Señala a la fiscal Consuelo Porras 

El abogado Ortiz también dijo que la fiscal general y jefa del MP de Guatemala, Consuelo Porras, ha permitido que los fiscales hagan lo que les da la gana en este caso.  

“Este no es cualquier tema, es no es el avión de juan de los palotes, es el avión de un expresidente de la República, un candidato político que hoy día marca alto en aceptación y se perfila en los próximos dos años como el nuevo presidente de Panamá”, puntualizó el abogado al medio de comunicación.  

Las declaraciones de los abogados de Martinelli se dan luego de que un funcionario de la Fiscalía de Extinción de Dominio de Guatemala dijo que el avión no tiene ningún ilícito, pero aún no la liberan. 

Es falso 

Consultado el Ministerio Público de Guatemala sobre el tema y los señalamientos que hacen los abogados del expresidente Martinelli, en Comunicación Social de la institución afirmó que dicha información es falsa.  

Agregaron que, por medio de la investigación, la Fiscalía de Extinción de Dominio estableció que la aeronave no es de ilícita procedencia y ahora corresponde al Juez competente resolver en definitiva el tema. 

Juez ordena devolver nave 

El pasado 21 de abril el Juzgado Noveno Penal de Narcoactividad del Organismo Judicial guatemalteco, ordenó la devolución del avión decomisado en 2021 al expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), pero la aeronave permanecerá aún bajo la tutela de un tribunal de Extinción de Dominio. 

El avión fue retenido inicialmente en febrero de 2021 y su embargo fue ordenado en octubre del mismo año, investigada por el supuesto traslado de narcóticos, a petición de Estados Unidos. 

Sin embargo, tras no encontrar indicios al respecto, solamente faltas administrativas, el Juzgado Noveno Penal de Narcoactividad decretó “la devolución de la avioneta tipo jet”, con “matricula estadounidense y modelo 2005”. 

De acuerdo a la judicatura, el representante del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en el proceso, Enrique Sosa Ordóñez, “no se opuso a la devolución” de la aeronave “siempre y cuando fuere en calidad de depósito” pues “existe una investigación pendiente por parte de otra fiscalía”. 

Según fuentes judiciales, la otra fiscalía a la que se refiere el Ministerio Público es la de Extinción de Dominio, que tiene un proceso abierto para trasladar la aeronave a posesión del Estado de Guatemala. 

La aeronave, de matrícula N799 RM, fue decomisada el 26 de febrero de 2021 en el momento en el que presuntamente la esposa de Martinelli llegaba a Guatemala, donde se encontraban en prisión sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, a la espera de ser extraditados a Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero. 

La extradición de ambos se concretó a finales de 2021 y los dos hermanos permanecen en prisión en Estados Unidos. 

Un operativo que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llevaron a cabo el 13 de marzo de 2019 concluyó con un millonario decomiso que pasó por un proceso de extinción de dominio.

La “Operación Stuart” se desarrolló en la zona 8 de Mixco, en residenciales La Arboleda, donde personal de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad localizó vehículos y una fuerte cantidad de dinero.

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El proceso quedó a cargo de la Fiscalía de Extinción de Dominio, la cual obtuvo un fallo favorable para que el dinero pase a favor del Estado de Guatemala.

Se trata de Q2 millones 620 mil 126.25 y US$474 mil 515, los cuales pasarán a favor del Estado.

El día indicado, las fuerzas de seguridad efectuaron unos 40 allanamientos en Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Escuintla y Suchitepéquez.

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Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil indicó ese día que buscaban a al menos diez personas que estarían involucradas en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Edwin Alfredo Cifuentes Díaz, el presunto líder de la estructura delictiva, también fue localizado y detenido en residenciales La Arboleda, zona 8 de Mixco.

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Además del dinero, el Ministerio Público inmovilizó 75 vehículos de lujo, motocicletas y otros objetos de valor.

#ExtinciónDeDominio
La Fiscalía de Extinción de Dominio logró que se declare con lugar acción de extinción de dominio y pasen a favor del Estado de Guatemala, 2 millones 620 mil 126.25 quetzales y 474 mil 515 dólares de los Estados Unidos de América. pic.twitter.com/zcaxcj1d1m

— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 6, 2022

El Ministerio Público informó este miércoles 9 de febrero que la Fiscalía de Extinción de Dominio logró que se declare con lugar la acción de extinción de dominio sobre 11 bienes inmuebles y 20 bienes muebles ubicados en Santa Catarina Pínula, Guatemala.

Las propiedades están vinculadas con la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías.

Entre los bienes hay menaje de casa y propiedades consistentes en parqueos, apartamento y bodegas en un edificio de la zona 10 capitalina, el valor aproximado de los inmuebles es de 100 mil dólares (Q769 mil).

Los bienes fueron entregados a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y las medidas fueron decretadas el 10 de junio del 2016, añadió el MP.

Baldetti enfrenta varios procesos judiciales por su presunta participación en actos de corrupción durante el Gobierno del Partido Patriota.

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Entre los actos de corrupción en los que la señalan, está el Caso La Línea.

Durante el comienzo del juicio por el Caso La Línea, que tiene en el banquillo de los acusados al expresidente Otto Fernando Pérez Molina y la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías por supuestamente haber dirigido una estructura criminal que se habría beneficiado de millones de dólares en sobornos por defraudación aduanera, la exvicemandataria alegó inocencia e hizo señalamientos en contra de quienes, según ella, son los responsables de que ambos estén en prisión desde hace casi siete años.

El Ministerio Público (MP) confirmó que trasladó al fiscal Darwin Orozco de la Fiscalía de Extinción de Dominio hacia la Fiscalía de Suchitepéquez.  

Según el MP, el movimiento se justificó por una “reestructuración” de la unidad de investigación en la que estaba asignado. 

Orozco tenía a su cargo diferentes pesquisas relacionadas con el posible origen irregular de bienes y dinero vinculados al diputado Hérber Melgar Padilla y el exdiputado Armando Escribá. 

También casos que se relacionan con el exjuez Mynor Moto, Jaime Aparicio, Edwin Escobar y el narcotraficante Jairo Orellana. 

La mayoría de estos casos surgieron pesquisas que realizó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.  

Razones para el traslado 

El MP dijo que el traslado del fiscal Orozco se realizó con base en lo que establece el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y derivado de solicitud realizada por el Fiscal de Sección por razones del servicio y reestructuración de la fiscalía. 

Menciona Orozco incumplió con las metas previstas para 2021 y aunado a eso tuvo una queja, presentada por un juez ante Supervisión General, por presunta negligencia en el diligenciamiento de un caso. 

Afirma que los casos que conoce la Fiscalía de Extinción de Dominio continúan con normalidad, toda vez las investigaciones se desarrollan por un equipo de trabajo, no por una persona en particular. 

 Traslados de personal en el MP 

El MP también informó sobre estadísticas de traslado de personal durante distintas administraciones. 

Explican que durante la gestión de la fiscal Claudia Paz y Paz hubo 1 mil 89 traslados, en el período de Thelma Aldana, 1 mil 356, y en la actual administración de Consuelo Porras, 870 traslados.

La Fiscalía de Extinción de Dominio declaró con lugar este lunes 18 de octubre la acción de dominio de más de Q107 mil que eran producto de explotación sexual.

El dinero había sido incautado en varios allanamientos el 30 de julio de 2020, justo el Día Mundial contra la Trata de Personas.

El Ministerio Público (MP) informó que Q107 mil 770 eran propiedad de Jefferson Ángel Asdrúbal Castro Morales y Klariza Estefany Morales Ávila.

La investigación refiere que en 2020 fueron identificados y ubicados dos inmuebles que funcionaban aparentemente como espás en las zonas 10, 11 y 13 capitalinas.

Sin embargo, los negocios eran utilizados para la explotación sexual de mujeres.

Durante las diligencias fue decomisado dinero en efectivo, varios documentos, un arma de fuego, computadoras y celulares.

En los inmuebles también fueron rescatadas dos adolescentes. 

El 4 de agosto de 2020 fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva Castro Morales y otras seis personas por los delitos de trata, lavado de dinero u otros activos, y empleo de menores de edad en actividades lesivas.

El 30 de junio de 2021, el MP solicitó el traslado del dinero incautado a manos del Estado.

#Actualización #MPcontraLaTrata
MP/Fiscalía contra la Trata en coordinación con #DICRI y apoyo de la #PNC continúa con las diligencias de allanamiento. #DíaMundialContraLaTrata
#UnidosContraLaTrata pic.twitter.com/g4sHnsgtVk

— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 31, 2020

El Ministerio Público (MP), informó este jueves 15 de abril que con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía de Extinción de Dominio se declaró con lugar acción de extinción de dominio de dos fincas ubicadas en colina El Campo, zona 14 de la ciudad de Guatemala, valoradas en Q4 millones 100 mil.

Además, se extinguieron Q21 mil 818, 2 mil 190 pesos mexicanos y US$267.

De acuerdo con la investigación de esa fiscalía, los bienes se encontraban en posesión y propiedad de Fabiola Maricela de León Alarcón, conviviente de Wilson Wilfredo Luargas García, alias “Primazo”, quien fue extraditado hacia Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Otra extinción de dominio

El MP también logró que se declaró con lugar la acción de extinción de dominio sobre varios bienes que fueron decomisados en el 2017 durante un operativo que llevaron a cabo en San Marcos.

Se trata de:

• Vehículo con matrícula P-646FRX
• 1 arma de fuego calibre 9mm
• 50 proyectiles de 9 milímetros
• 3 cargadores para arma de fuego calibre 9X19 milímetros

De acuerdo con la fiscalía los bienes fueron incautados el 20 de agosto de 2017, tras un procedimiento realizado por el MP en coordinación con la Fuerza de Tarea Institucional Tecún Umán en la aldea Las Margaritas, Tecún Umán, San Marcos.

En el lugar se ubicó una camioneta agrícola y tras la inspección realizada fueron localizados 20 paquetes con cocaína, que estaban escondidos en un doble fondo del vehículo; durante el operativo fueron aprehendidas dos personas.

El Ministerio Público (MP) informó este martes 23 de marzo que la Fiscalía de Extinción de Dominio logró que se declare con lugar acción de extinción de dominio de un yate denominado “Nono”.

Este fue localizado navegando en mar territorial guatemalteco el 14 de abril del 2017 al efectuar operaciones de vigilancia y control del tráfico marítimo en la Bahía de Amatique, Izabal.

De acuerdo con la Fiscalía, el yate ingresó a territorio nacional de forma clandestina, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras y la cual era utilizada con fines comerciales.

Esto causó un perjuicio fiscal al Estado de Guatemala, quien dejó de percibir en concepto de tributos Q306 mil 540.86 al no haberse declarado el ingreso de dicha embarcación a territorio nacional.

Con esta acción se incurrió en la actividad ilícita de contrabando aduanero.

El valor del yate según aforo practicado por la Superintendencia de Administración Tributaria, es de Q1 millón 64 mil 378.

El valor del yate según aforo practicado por la Superintendencia de Administración Tributaria, es de Q1 millón 64 mil 378.

Salvador Estuardo González Álvarez, alias Eco, uno de los colaboradores eficaces en actos de corrupción del gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti, perdió una cifra millonaria de dinero ante la justicia.

El Ministerio Público (MP) reportó que a Eco le fue extinguido el dominio de Q2 millones 388 mil 951.46 y de US$23 mil 302.61 en un juicio.

El dinero estaba en cuentas bancarias que fueron abiertas en 2014 por montos de Q35 mil 962 y US$13 mil 302.

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Pero desde ese monto hasta parte de 2015 las cuentas incrementaron su caudal por las actividades ilícitas de González Álvarez, quien colaboró con Baldetti en el manejo de entidades de cartón.

Durante los procesos penales alias Eco ha sido colaborador eficaz en los casos la Línea y Cooptación del Estado.

González Álvarez fue puesto en libertad en octubre de 2017, bajo compromisos de seguir colaborando con la fiscalía en casos de corrupción.