La decisión de desestimar el embargo de la aeronave de Martinelli Berrocal fue decretada el pasado 21 de abril por el Juzgado Noveno Penal de Narcoactividad del Organismo Judicial guatemalteco, según confirmaron a Efe el jueves fuentes judiciales.
La avioneta fue retenida inicialmente en febrero de 2021 y su embargo fue ordenado en octubre del mismo año, investigada por el supuesto traslado de narcóticos, a petición de Estados Unidos.
Sin embargo, tras no encontrar indicios al respecto, solamente faltas administrativas, el Juzgado Noveno Penal de Narcoactividad decretó “la devolución de la avioneta tipo jet”, con “matricula estadounidense y modelo 2005”.
De acuerdo a la judicatura, el representante del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en el proceso, Enrique Sosa Ordóñez, “no se opuso a la devolución” de la aeronave “siempre y cuando fuere en calidad de depósito” pues “existe una investigación pendiente por parte de otra fiscalía”.
Según fuentes judiciales, la otra fiscalía a la que se refiere el Ministerio Público es la de Extinción de Dominio, que tiene un proceso abierto para trasladar la aeronave a posesión del Estado de Guatemala.
Será, por tanto, decisión del Ministerio Público si solicita que se retire el proceso en marcha en la Fiscalía de Extinción de Dominio.
La aeronave, de matrícula N799 RM, fue decomisada el 26 de febrero de 2021 en el momento en el que presuntamente la esposa de Martinelli llegaba a Guatemala, donde se encontraban en prisión sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, a la espera de ser extraditados a Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero.
La extradición de ambos se concretó a finales de 2021 y los dos hermanos permanecen en prisión en Estados Unidos.
La avioneta fue incautada en el aeropuerto internacional La Aurora, ubicado en el sur de la Ciudad de Guatemala, cuando supuestamente varios familiares de los hermanos Martinelli Linares, además de su madre, viajaban para visitarlos en la prisión donde se encontraban desde 2020.
La Ley de Extinción de Dominio fue aprobada en 2010 en Guatemala y permite a las autoridades locales decomisar de manera permanente los bienes de procedencia ilícita.
