“Mi esposo no tiene precio, mi esposo fue a manifestar por una causa justa.”, fueron las palabras de Josefa Virginia Puac, esposa de una de las víctimas que murió a causa de disparos durante una manifestación en 2012 en la Cumbre de Alaska.

Por este hecho, nueve militares enfrentan juicio en el Tribunal de Mayor Riesgo B y este lunes 5 de febrero se presentaron a audiencia.

“Por culpa de ellos (mientras observa a los militares acusados), se quedaron huérfanos (refiriéndose a sus hijos), mi familia y yo estamos sufriendo”, continuó su relató Josefa.

La petición de ella es solo una del total de víctimas y agraviados que comparecieron este 5 de febrero ante el tribunal a cargo de juicio contra militares acusados de ejecución extrajudicial.

El testimonio de Joaquina María Yax es casi el mismo que el de Josefa. “Lo que queremos señora jueza es justicia, porque los soldados mataron a mi esposo. La tristeza nunca se sale de mi corazón”, externó.

“Tanto sufrimiento, tantas lágrimas por culpa de los soldados. Por culpa de ellos se quedaron huérfanos mis hijos. Ellos (los soldados) tienen que pagar por el daño que hicieron”, señaló. Joaquina.

Para concluir su intervención, la mujer hizo alusión a los acusados. “Solo Dios sabe quién fue el que mató a mi esposo. Ojalá algún día se arrepientan los asesinos que cortaron la vida a mi esposo y solamente queremos justicia”, finalizó la agraviada.

Estos son algunos de los relatos que se escucharon en el Tribunal de Mayor Riesgo B durante la audiencia donde comparecieron familiares de las víctimas del caso Cumbre de Alaska, donde continúa el debate.

A la audiencia también acudieron autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, liderados por el presidente de la junta directiva Edín Rafael Zapeta Tzul, quién también se unió a las peticiones ante el tribunal.

Los 48 Cantones de Totonicapán son querellantes adhesivos en el caso. “Esta es la voz del pueblo y esta es la petición de los 48 Cantones”, dijo Edín Rafael.

“Que se pueda hacer justicia y que se tenga reparación digna para nuestros hermanos que fueron agredidos el 04 de octubre de 2012 en la masacre de la Cumbre de Alaska… Es ilógico que por parte de los militares se nos señale de atentar contra ellos” expresó.

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Para finalizar su intervención, el presidente de la junta directiva de los 48 Cantones indicó: “No somos terroristas, somos ciudadanos y por ello recalco lo que las víctimas pidieron, que se haga justicia. Que los acusados sean condenados y que el Ejército nunca más vuelva hacer daño a nuestros pueblos. Esta es la petición del pueblo de Totonicapán al cual yo represento”, concluyó la autoridad.

Algunos de los familiares de las víctimas portaron algunos retratos de sus seres queridos. El debate está en su etapa final previo a que las juezas se reúnan para deliberar y dar una sentencia del caso.

La audiencia se aplazó para continuar el próximo 14 de febrero, cuando se les dará la palabra a los acusados.

Este jueves 14 de diciembre, se presentaron ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, el expresidente, Otto Pérez Molina, y el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para declarar como testigos en el juicio contra un coronel y ocho soldados acusados de la muerte de seis personas durante el desalojo de una manifestación el 04 de octubre de 2012.

A los militares se les acusa del delito de ejecución extrajudicial. El juicio está a cargo de las juezas María Eugenia Castellanos, Elia Perdomo y Marling González.

Peritos también llegaron a declarar y confirmaron lo indicado en los informes referentes a las heridas causadas por proyectiles de armas de fuego y el tiempo de recuperación para cada uno de los heridos en esa ocasión.

Un testigo narró los hechos sobre la forma en que sucedieron los incidentes en 2012 y describió cómo fue el momento en que iniciaron los disparos en su contra.

Los hechos

En el 2012 se registró la denominada masacre en la Cumbre de Alaska. En esa ocasión murieron seis personas y 34 resultaron heridas.

Durante una manifestación, pobladores de Totonicapán fueron atacados con arma de fuego, por un guardia privado que custodiaba un camión cargado de cemento.

Este disparó contra Santos Hernández Menchú, uno de los manifestantes, y le causó la muerte, así como a otros cinco campesinos.

Las personas manifestaban en la carretera desde las 5 de la mañana debido a que adversaban la modificación de la carrera de Magisterio; además, protestaban contra la empresa que distribuye energía eléctrica en Totonicapán y las propuestas de reformas a la Constitución que impulsaba el gobierno de turno.

Declara expresidente

En su declaración de este jueves, el exmandatario Pérez Molina indicó que tenían una secretaría que trataba de anticiparse a cualquier problema o acción de hecho que se diera, ya sea en un bloqueo u ocupaciones.

Recordó que esa secretaría buscaba el diálogo, previo a las acciones de hecho, mientras que los ministerios de Gobernación y Defensa tenían sus propios protocolos para detallar qué hacer para cumplir con la ley como en este caso.

Mencionó que había un mapa de la conflictividad en el país y el objetivo era solucionar problemas por medio del diálogo para evitar medidas de hecho. “Si alguien tomaba medidas de hecho lo que quedaba era actuar bajo la ley y bajo los protocolos que tenía cada uno de los ministerios”, afirmó.

Resaltó que siempre privilegió el diálogo y recordó que fue representante del Ejército para los Acuerdos de Paz, por lo que siempre priorizó dialogar para evitar personas heridas o enfrentamientos entre grupos.

Luego indicó que tenía conocimiento de los protocolos, pero no al detalle, ya que eso le correspondía a cada ministro. Indicó que él dio lineamientos estratégicos sobre los cuales los ministros tenían que basarse para hacer sus protocolos y “lo demás es responsabilidad directa de cada uno de los ministros, era hacer un trabajo más a detalle basado en lineamientos generales”.

Recordó que no participó en la aprobación de los protocolos, ya la función del presidente era dar lineamientos.

También se refirió a su agenda del 4 de octubre de 2012 y cómo “tuvo que interrumpir su agenda para atender a la comisión de manifestantes que llegó a hablar con él”.

Reiteró la importancia de los protocolos e indicó que toda acción se hace para resguardar la seguridad de las personas ante un momento de inseguridad.

Agregó que en varios lugares del país había batallones de seguridad ciudadana, estos en puntos con inseguridad, pues se buscaba proteger la vida de los guatemaltecos.

Recordó que lo ocurrido en la Cumbre de Alaska fue una situación “muy lamentable” de la que le llegó información cuando estaba reunido con los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán.

Informó que no tuvo información de que se iba a registrar una acción de este tipo.

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Afirmó que una manifestación pacífica es cuando no se violan los derechos de los guatemaltecos, contrario a un bloqueo que en algunos se ha incitado a violencia.

Aplicaron protocolos

“Se aplicaron protocolos de seguridad y cada ministro es el responsable de la implementación de los mismos. Me dijeron que había un bloqueo que se estaba dando en la Interamericana que va hacia Quetzaltenango, ahí me enteré de eso, pregunté si sabían qué tipo de peticiones eran y que me informaran más tarde cómo se estaba desarrollando la situación”, añadió.

Aseguró que todas las acciones efectuadas en esa ocasión fueron para garantizar la seguridad de los guatemaltecos.

Por su parte Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, indicó que hay un protocolo para actuar en atención a los diferentes sucesos y se prioriza el diálogo, en el cual se da un tiempo perentorio para que se deje libre la vía, esto ante una manifestación y que cuando se agota la comunicación, entonces ya actúa la fuerza pública.

“Cada agente que forma parte de las Fuerzas Especiales de la Policía, no solo tiene un entrenamiento de uso de equipo, sino también una evaluación psicológica porque deben tener el temple para actuar en cualquier contingencia”, puntualizó.

Después de más de ocho horas de audiencia, el tribunal estableció que el juicio continuará el próximo 18 de diciembre a las 8:30 horas.

Un grupo de personas fue atacada a balazos la mañana de este 4 de octubre en la cumbre de Alaska, mientras se dirigían a participar en las manifestaciones y bloqueos que se dan en el km 169.5 de la ruta Interamericana.

En el sector hay tensión debido a que en la zona hay hombres armados con fusiles y que serían los responsables del incidente armado, que está atribuido al conflicto de tierras que mantienen pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

Según el reporte oficial, a eso de las 10 horas de este 4 de octubre las víctimas del ataque iban en el pico rojo
P-573DWM y que todas eran residentes en la aldea Chuisivel, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

Las personas se dirigían hacia la manifestación del km 169.5 ruta Interamericana, en la cumbre de Alaska, pero en el km 167 fueron emboscados por personas armadas con fusiles y pistolas, y quienes se cubrían el rostro con gorros pasamontañas.

Los agresores mataron a un hombre e hirieron de bala a otras cuatro personas, quienes aseguraron que los agresores eran pobladores de comunidades de Nahualá.

La víctima mortal fue identificada como Lorenzo Tzoc Ajtzalam, de 55 años aproximadamente, originario y residente en aldea Chuisivel, Santa Catarina Ixtahuacán.

Del lugar trasladaron en carros particulares a las cuatro personas a la emergencia del Hospital Nacional José Felipe Flores de Totonicapán

El picop tiene dos impactos de bala en el vidrio delantero, en la puerta de la palangana otros tres balazos, confirman las autoridades.

Tensión

Debido a este incidente se generó tensión en el lugar, puesto que las personas estaban manifestando para mostrar su rechazo contra las acciones emprendidas por el Ministerio Público en contra del Tribunal Supremo Electoral y para exigir la renuncias de la fiscal general Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, quien ha autorizado cateos y acciones legales contra magistrados del TSE y el partido Movimiento Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo.

#URGENTESe reportan al menos 4 heridos de personas que acudían a manifestar en la Cumbre de Alaska.

El ataque en cercanías de Chirijox, Sololá, causó pánico entre la población que acudía a manifestar.

En el lugar, se observaron escenas de dolor.

Prensa Comunitaria pic.twitter.com/aKWqPBANCL

— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 4, 2023

Este jueves 15 de junio comenzó el juicio contra el coronel Juan Chiroy y soldados señalados en el caso Cumbre de Alaska.

La audiencia se suspendió y continuará el 28 de junio. Aún no han sido presentados pruebas o testigos en el caso y el Ministerio Público leyó de nuevo la acusación contra los implicados.

En el 2012 se registró la denominada masacre en la Cumbre de Alaska. En esa ocasión murieron seis personas y 34 resultaron heridas. El hecho ocurrió el 4 de octubre.

Durante una manifestación, pobladores de Totonicapán fueron atacados con arma de fuego, por un guardia privado que custodiaba un camión cargado de cemento.

Este disparó contra Santos Hernández Menchú, uno de los manifestantes, y le causó la muerte, así como a otros cinco campesinos.

Los perdigones también hirieron a José Eusebio Puac Baquiax, de 33 años; Arturo Félix Sapón Yax, 39; Jesús Baltazar Caxaj Puac, 40; Jesús Francisco Puac Ordóñez, 48, y a Rafael Nicolás Batz, 52, quienes murieron.

Lo sucedido en la manifestación desencadenó un enfrentamiento contra la Policía Nacional Civil. (PNC) y miembros del Ejército.

En la Cumbre de Alaska había unas tres mil personas de   11 cantones de Totonicapán quienes tenían bloqueado el paso en el referido lugar, y otras 500 personas cerraron Cuatro Caminos.

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Por qué manifestaban

Las personas manifestaban en la carretera desde las 5 de la mañana debido a que adversaban la modificación de la carrera de Magisterio; además, protestaban contra la empresa que distribuye energía eléctrica en Totonicapán y las propuestas de reformas a la Constitución que impulsaba el gobierno de turno.

El entonces presidente Otto Pérez Molina llamó a los pobladores de Totonicapán a que mantuvieran la calma.

En marzo del 2019, Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A, otorgó la medida de coerción que, además de Chiroy, benefició a ocho militares más.

Este lunes la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, les otorgó arresto domiciliario.

El 4 de octubre de 2012 pobladores de Cuatro Cantones de Totonicapán bloquearon el kilómetro 170 de la ruta Interamericana, en protesta por las políticas del gobierno del Partido Patriota.

Los pobladores fueron atacados por un guardia privado que custodiaba un camión cargado de cemento, eso desató un enfrentamiento contra la PNC y miembros del Ejército. Seis personas murieron y 34 resultaron heridas.

El Ministerio Público (MP) sindicó al coronel  Juan Chiroy Sal como principal responsable de la masacre y a ocho soldados por la muerte de seis campesinos y la desaparición de otro poblador.

Los señalamientos se les imputan después de que evidencias fotográficas y de video revelaran que Chiroy abandonó a su tropa, minutos después de obviar instrucciones de las fuerzas civiles, que les recomendaron no acercarse al área de concentración, ya que no era conveniente involucrar a las fuerzas militares.

Los soldados detenidos son Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Ábner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Felipe Chuc Coc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Edín Adolfo Agustín Vásquez y Manuel Lima Vásquez.

Los dos últimos son sindicados por ejecución extrajudicial consumada. Contra Lima Vásquez existen evidencias gráficas de que en el lugar apuntó contra los pobladores.

En el caso de Agustín Vásquez, el informe forense lo relaciona con el análisis de fragmentos balísticos que se encontraron en el cuerpo de Santos Nicolás Hernández Menchú.

El resto fueron capturados por el mismo delito, pero en grado de tentativa, al no poderse determinar si las balas de sus armas causaron la muerte de las víctimas.

El lugar del crimen fue investigado en un kilómetro a la redonda, y se analizaron 108 casquillos, 89 restos de bombas de gas lacrimógeno, 11 muestras de sangre, 18 prendas de vestir, 12 fusiles galil y 69 informes periciales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Se estudian más de 50 imágenes y videos, así como 150 declaraciones.

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