El Ministerio Público (MP) informó que a requerimiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio decretó medida cautelar para la inmovilización de los 8 bienes inmuebles vinculados con Alejandro Sinibaldi.

Estas propiedades eran usadas por Sinibaldi como oficinas, bodegas, casa de recreo y casa familiar y también la que funcionó como Casa de Campaña del extinto Partido Patriota, de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, procesados por varios casos de corrupción.

El informe del MP asegura que en acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig), se pudo establecer que los inmuebles se encuentran bajo la titularidad de terceros, entre ellos sociedades mercantiles y entidades fuera de plaza conocidas como offshores en Panamá.

Foto: Esbín Garcia

Los exponentes amparados así como los terceros interesados en el amparo provisional otorgado el pasado 9 de enero de 2019 por la Corte de Constitucionalidad que dejó en suspenso de el acuerdo 2-2019 que daba fin al mandato de CICIG de manera anticipada y de forma unilateral por parte del presidente Jimmy Morales vertieron sus argumentos para solicitarle a los togados que les brinden amparo en definitiva, el MP sorpresivamente se limitó a señala que el caso ya “ha quedado sin materia”.

“El Ministerio Público -(MP)-considera que al resolver como lo hizo este Honorable Tribunal el presente caso ha quedado sin materia” indicó Verónica del Carmen Mazariegos Herrera fue quien expuso ante la CC en representación del MP.

El MP amplió

Minutos después de la intervención del MP ante la CC, Julia Barrera, portavoz de la Fiscalía, comunicó a través de WhatApp:

“En su oportunidad, la CC otorgó un amparo provisional presentado por diversas organizaciones, que dejó en suspenso lo dispuesto por el Gobierno de dejar sin efecto el acuerdo de Cicig. Se notificó lo resuelto a diversas autoridades, entre ellas el Ministerio Público, y la CC exhortó a todas las autoridades notificadas, para que, desde el ámbito de sus competencias, se verificara lo resuelto por la CC.

El criterio del Ministerio Público es que que la CC ya se pronunció en cuanto a que se deje en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig, es decir, la fiscalía avala lo resuelto por la CC.

Pedir que se deje sin materia el amparo (NO el provisional, sino el amparo en sí), significa que el MP es del criterio que la resolución de fecha 9 de enero de 2019, por medio de la cual se otorgó el amparo provisional, está vigente y debe ser cumplida. Para el MP ya la CC emitió un criterio que es de cumplimiento obligatorio, incluso en la resolución, se ordena que se publique inmediatamente en el Diario Oficial”.

Dra. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público a la opinión pública informa: pic.twitter.com/8dBFk1M1mt

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 21, 2019

Los magistrados titulares, Dina Ochoa, Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela, y una magistrada suplente, María Cristina Fernández, escucharon las intervenciones y argumentos de 5 representantes de organizaciones y abogados amparados Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y el abogado Marco Vinicio Mejía; el MP y la Cicig para exponer su postura en torno al amparo definitivo que tiene que emitir la corte.

Argumentos de Marco Vinicio Mejía

La vista pública fue solicitada por el abogado Marco Vinicio Mejía, un exprofesor y exasesor del presidente Jimmy Morales que el 8 de enero accionó contra el acuerdo gubernativo 2-2019 publicado en el Diario Oficial  y que el 9 del mismo mes fue amparado provisionalmente, señaló en la audiencia que “el Presidente de la República no tiene la atribución de legislar para dejar sin efecto un acuerdo del Congreso, y está asumiendo atribuciones que no le corresponden“, por ello pidió al resolución en definitiva.

Argumentos de Acción Ciudadana

Por su parte el abogado Edie Cux de Acción Ciudadana uno señaló que “resulta preocupante que el Presidente de la República pretenda ostentar facultades ilimitadas y que el poder se limite a una sola persona a travez de un acuerdo que violenta los derechos”.

Argumentos de la PDH

En representación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) habló el Procurador Jordan Rodas quien calificó de arbitraría la decisión del presidente Morales, además de señalar que todo se ha derivado de algo personal.

Argumentos del CICIG

La representante de la CICIG, Claudia González Orellana, expuso que la acción fue “un acto arbitrario” con los establecido en la norma y en el acuerdo de creación de CICIG tiene una norma para resolver diferencias, cómo es el proceso para su finalización y puso sobre la mesa las acciones que el Gobierno ha hecho contra la comisión, amparada en el acuerdo 2-2019, a pesar de que había sido suspendido por el tribunal.

Argumentos del Ministerio Público

La última en tomar la palabra fue Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, representante del Ministerio Público, que pese a tener 15 minutos para exponer sus argumentos y defender a su principal socio en los temas de corrupción en un minuto y 36 segundos se limitó a señalar que ya el caso está sin materia.

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana,  al escuchar esta postura del MP dijo que “Están –el MP- haciendo una petición sin mayor fundamento. La verdad es preocupante que una institución que en este caso es la socia principal de la Cicig no tenga elementos de juicio para defender a su socio principal en el combate a la corrupción. De verdad que lo deja a uno frío porque vemos que se expone que no hay materia en lo reclamado”.

La organización Acción Ciudadana presentó una denuncia ante el MP por los delitos de abuso de autoridad y desobediencia contra la canciller Sandra Jovel, el ministro del Mingob, Enrique Degenhart, así mismo contra el director general de Control de Armas y Municiones de la Policía Nacional Civil (PNC) Sergio Carías Barrera, y contra el director general den la PNC Carlos Tohom Escobar.

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La denuncia señala que los funcionarios han hecho caso omiso del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), emitida el pasado 9 de enero que emitió el acuerdo gubernativo 2-2019, con el cual el gobierno finalizó de manera unilateral el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Pese a ese amparo la canciller Sandra Jovel, solicitó al ministro de Gobernación Enrique Degenhart, que retirará a los agentes de la PNC, que se encontraban encargados de la protección del personas y de la sede de la Comisión en la zona 14, algo que se materializó el pasado 23 de enero, así como el retiro de las armas registradas a favor de la entidad adscrita a Naciones Unidas. 

Acción Ciudadana señala que los hechos ocurrieron de manera flagrante, y que ante ello el MP debió accionar de oficio contra los funcionarios que desobedecieron a la CC.

La organización señaló que ante la pasividad de la Fiscal General y Jefa del MP, presentó la denuncia para “instar a que el MP cumpla con sus funciones”, indicó Erick Kush abogado de Acción Ciudadana.

Denuncia presentada el 6 de enero

Acción Ciudadano también instó al MP a brindar información sobre le avance a las investigaciones de otra denuncia por desobediencia y violación de inmunidades interpuesta el 6 de enero, contra Sandra Jovel, Degenhart y el procurado General de la Nación, Jorge Luis Donado.

Esta acción se suma a la solicitud del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas que el pasado viernes 25 de enero accionó contra la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y el ministro de Gobernación (Mingob), Enrique Degenhart, por no acatar la resolución del pasado 9 de enero, señalado han desobedecido de forma continuada la resolución que suspende el cese que hizo el Ejecutivo sobre convenio de creación de la Cicig.

Ante la CC, Rodas presentó una acción para que los magistrados certifiquen lo conducente emitido en dicho amparo provisional. El PDH señaló la reiterada negación de no acatar las resolución y seguir desconociendo el mandato de la Cicig.

A pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que no se finalice el convenio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de Naciones Unidas, Cancillería se niega a acatar la resolución.

El gobierno argentino decidió retirar a los agentes de seguridad luego de que Guatemala “no accedió a renovar los privilegios e inmunidades al contingente“, dijo a periodistas Matías Ponce, vocero de la Comisión.

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Ponce indicó que el gobierno de Argentina por medio de una carta informó a Antonio Gutérrez, Secretario General de la ONU, la decisión.

“El gobierno de Guatemala no accedió a renovar los privilegios e inmunidades al contingente de seguridad argentino que presta funciones en la Cicig”, y por consecuencia el gobierno argentino tomó la decisión de realizar “un cambio de estatus migratorio que tenían al llegar a Guatemala a cumplir funciones en Cicig”.

Ante ello el gobierno argentino informó a ONU,  que se procedió a retirar los efectivos en el país debido a que no se les dio garantía de seguridad.

El vocero de la CICIG, también señaló el ente  aún continúan trabajando en conjunto con el Ministerio Público (MP).

Cancillería no obedece a CC

El presidente Jimmy Morales generó un revuelo político en su país al anunciar hace una semana el cierre prematuro de la CICIG, acusando al ente, que funciona desde 2007, de haber sobrepasado sus funciones.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, revirtió la decisión del mandatario al aceptar ocho acciones promovidas por personas e instituciones.

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La pugna de Morales con la Cicig arreció en agosto de 2017 cuando, junto a la fiscalía, la misión pidió investigar al mandatario por sospechas de corrupción en su campaña de 2015.

En agosto del año pasado, el presidente prohibió el retorno al país del jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, y dio marcha atrás a una promesa campaña de que pediría una nueva ampliación del mandato de la misión para 2019-2021.

La Cicig funciona por ahora diezmada, después que la mayoría de su personal salió del país al activarse el protocolo de seguridad ante las acciones del gobierno.

El Gobierno de la República de Guatemala publicó un comunicado luego de que la Corte de Constitucionalidad resolviera dejar en suspenso la resolución del presidente Jimmy Morales de dar por concluido el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con esto la CC ordena que la CICIG siga funcionando en el país.

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En el comunicado, el Gobierno menciona que, hasta el momento, no ha sido notificado por la CC en relación a los fallos emitidos por este tribunal.

También menciona que, una vez sean notificados, la resolución será analizada por todas las instituciones referidas.

Una vez evaluada, el Gobierno dará a conocer su postura oficial.

Gobierno deberá acatar resolución

Por más de 9 horas, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad permanecieron reunidos para conocer 5 acciones de amparo contra la decisión del presidente Jimmy Morales de concluir con el mandato de CCIG.

Con 4 votos a favor y 1 disidente de la magistrada presidenta Dina Ochoa, la CC resolvió dejar en suspenso la resolución de Morales.

Los magistrados exhortaron a las autoridades denunciadas a facilitar el debido funcionamiento de la Comisión y dicen que la notificación que se efectúe a los funcionarios públicos, los obliga al cumplimiento de los decidido por la CC.

Por Andrea Orozco

El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió no solo rechazar las visas pendientes a varios investigadores claves de la Comisión, sino que revocó las visas que ya había otorgado, hasta la visa de una pequeña de dos años quien viajaba con su padre, elemento importante de CICIG. Algo que según el Jimmy Morales se debió a que los funcionarios están señalados de “instalar bombas”.

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Por ello en las instalaciones del Ministerio Público la Fiscal General y Jefa del MP, María Consuelo Porras Argueta, manifestó “estar sumamente preocupada por la no renovación de visas a los investigadores” de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Fiscal General y Jefa del @MPguatemala María Consuelo Porras Argueta, manifiesta estar sumamente preocupada por la no renovación de visas a los investigadores de la @CICIGgt pic.twitter.com/I8xV81TQ93

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 17, 2018

Porras indicó que “muchos investigadores están llevando su labor en casos conjuntos MP-CICIG; mi preocupación obedece fundamentalmente a que estas investigaciones deben concluirse”, por ello le ha solicitado públicamente al presidente Morales que ordene al Minex que dé marcha atrás y conceda las visas.

Estos investigadores son “sumamente importantes” por varios casos

Fiscal General manifiesta que la presencia del personal de @CICIGgt es importante. Por lo que solicita que se tome en cuenta la petición por parte del #MinisterioPúblico para resolver en favor de los investigadores para que puedan continuar y culminar con las investigaciones. pic.twitter.com/NcQxTHKPv4

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 17, 2018

Los acusa de colocar bombas

Previo a la petición de Porras  Morales indicó que a los funcionarios se les negó la visa de cortesía ya que están señaladas de “haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado”.

“Nosotros no vamos a aceptar dentro de nuestro territorio personas que han sido señaladas por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado” que arreglen su situación de primero señala Jimmy Morales al referirse de las visas no renovadas a trabajadores de la CICIG.

Visas revocadas a funcionarios claves

El Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido por Sandra Jovel, revocó y denegó las visas de investigadores de CICIG claves en la lucha contra la corrupción e impunidad.

Por ejemplo, el investigador financiero del caso de Financiamiento Electoral Ilícito de FCN Nación había recibido una visa el pasado 18 de septiembre pero fue revocada tras exponer ante la comisión Pesquisidora del Congreso por el antejuicio a Jimmy Morales.

Luis Fernando Orozco, abogado, investigador responsable del caso La Línea y mandatario de CICIG en el caso de Financiamiento Ilícito de FCN Nación, lleva 10 años trabajando en CICIG y cada año sin falta recibe renovación de visa, excepto esta vez.

El Gobierno de Guatemala también denegó la visa de cortesía a César Rincón, abogado investigador del caso IGSS Pisa y Botín Registro de la Propiedad. Este último caso involucra directamente al hermano y al hijo del presidente Morales. Rincón también lleva más de 10 años de trabajo en CICIG, es decir le han renovado más de 10 veces.

Las autoridades guatemaltecas también denegaron la visa de cortesía a la investigadora financiera del caso Traficantes de Influencias, que involucra a Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso. Igualmente, al investigador uruguayo que capturó a Blanca Stalling. Cabe destacar que la propia Blanca Stalling estuvo en Cancillería requiriendo información sobre él, según fuentes allegadas a CICIG.

También se quedaron sin visa de cortesía, la coordinadora y el investigador financiero de la sede de CICIG en Xela, luego de conocido el caso de corrupción en Xela.

La decisión del presidente Jimmy Morales de vetar el ingreso del Comisionado de la CICIG Iván Velásquez, así como la orden de la ONU de que este siga al frente desde Estados Unidos ha generado que por medio de la redes sociales diversas personas muestren la pelea de una manera más divertida.

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Son diversos los memes que cuentan de manera divertida la manera en la que se desenvuelven las acciones tomadas por Morales contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el colombiano Iván Velásquez.

El Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, – PDH -se pronunció en torno a la decisión del Presidente Jimmy Morales de impedir el ingreso a Guatemala del Comisionado de CICIG Ivan Velásquez.

“El Comisionado Ivan Velasquez no representa ninguna amenaza”. Afirmó el PDH.

“Ingratitud es lo que hace el presidente, por una vendetta personal, porque él esta sujeto a un antejuicio producto de una investigación de la CICIG y el Ministerio Publico, él y su círculo están bajo investigación”.

 

"Es una ingratitud lo que hace el presidente @jimmymoralesgt por una venganza personal porque él esta sujeto a un antejuicio producto de una investigación de @CICIGgt y el @MPguatemala el y su circulo" Dijo el #PDH @JordanRodas en Conferencia de Prensa. pic.twitter.com/Nz2rugevX9

— Eslly Melgarejo (@EMelgarejo_gt) September 5, 2018

Escuche lo que dijo el Procurador:

Vea También: Congresistas estadounidenses condenan decisión de Jimmy Morales de terminar el mandato CICIG

@PDHgt Dice al presidente que recapacite y de marcha atrás sobre impedir el ingreso del Comisionado #IvanVelasquez al país. pic.twitter.com/XlK5yCigab

— Eslly Melgarejo (@EMelgarejo_gt) September 5, 2018

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