Ciudad Guatemala
El opositor Leopoldo López afirmó el jueves que el alzamiento militar del martes no fracasó, sino que inició el quiebre de la "dictadura". Más temprano el presidente Nicolás Maduro y la Fuerza Armada se declararon en ofensiva contra los "golpistas".
Convocan masiva manifestación
El líder opositor Juan Guaidó llamó a marchar el sábado hacia los principales cuarteles de Venezuela en un nuevo desafío al presidente Nicolás Maduro tras el fallido alzamiento militar del martes.
Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países, dijo la noche del jueves vía Twitter que será una “movilización nacional en paz” para pedir que las Fuerzas Armadas “se sumen a la Constitución” y cesen su apoyo a Maduro.
“Continuar en la calle es la única manera de mantener la atención, presión, acción de la comunidad internacional, impulsar la actuación constitucional de la Fuerza Armada y demostrar a quienes aún sostienen al dictador que no habrá estabilidad mientras siga la usurpación”, añadió en Twitter.
Su convocatoria se produce luego de que el martes liderara, junto al opositor Leopoldo López, la sublevación de un reducido grupo de militares en la base aérea de La Carlota, en Caracas, denunciada por Maduro como un “golpe de Estado”.
Armados y con vehículos blindados, los efectivos se apostaron frente a una base aérea de Caracas con López y Guaidó, quien pidió a la Fuerza Armada apoyar el levantamiento.
Pero la cúpula militar ratificó su adhesión a Maduro y 25 rebeldes pidieron asilo en la embajada de Brasil. López, liberado por ellos de su prisión domiciliaria, se refugió en la residencia del embajador de España.
Esa acción “ratifica que estamos en la fase final de nuestra lucha y que la #OperaciónLibertad es indetenible. El plan que hemos llevado a cabo tiene al régimen débil y al usurpador dudando hasta de su círculo más cercano”, reivindicó el jefe parlamentario, quien se proclamó presidente el pasado 23 de enero.
“En combate”
Guaidó, despojado de su inmunidad legislativa por la oficialista Asamblea Constituyente, se marginó de una masiva movilización que había convocado para el 1 de mayo, y este jueves no apareció en público.
Maduro, al contrario, se presentó en televisión con el alto mando y unos 4.500 militares para anunciar una ofensiva contra los “golpistas”.
“Estamos en un combate, máxima moral (…) para desarmar a cualquier traidor, a cualquier golpista”, dijo en Fuerte Tiuna, principal complejo militar del país.
El mandatario socialista pidió a los militares no vacilar a la hora de desarmar conspiraciones opositoras y de Estados Unidos, al tiempo que se confirmaba que cuatro opositores murieron en protestas ocurridas el martes y el miércoles.
Washington advirtió que si Guaidó es detenido sería “el último error de la dictadura”, y que “una acción militar es posible” en Venezuela.
Las expresiones de compromiso de los altos mandos hacia Maduro incluyeron fuertes insultos al opositor.
“No nos dejamos mandar por nadie que no sea nuestra línea de mando fundamental y mucho menos un idiota que se hace pasar por presidente”, lanzó el comandante estratégico operacional, almirante Remigio Ceballos, quien llamó a Guaidó “vagabundo”.
Maduro, a quien la oposición acusa de haberse reelegido de manera fraudulenta, se aferra al poder además con apoyo de China y Rusia.
Durante su gobierno, iniciado en 2013, el país con la mayor reserva de petróleo cayó en la peor crisis socioeconómica de su historia moderna.
López augura apoyo militar
López aseguró que la intentona del martes “siempre se planteó como un primer paso”.
“Es parte de un proceso, una grieta” que crecerá y terminará “rompiendo el dique”, sostuvo en su primera rueda de prensa tras cinco años preso. “El quiebre ha comenzado”, subrayó.
Condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia en protestas que dejaron 43 muertos en 2014, López retomó la beligerancia que lo convirtió en figura emblemática de la oposición.
“Van a venir más movimientos en el sector militar”, auguró el político de 48 años, confiando en “que sean semanas” para que se produzca “el cese de la usurpación”.
Aseguró además que ha hablado “con muchos generales”. España descartó entregarlo luego de que la justicia ordenara su recaptura.
De cara a las nuevas movilizaciones, Guaidó les pidió a sus seguidores “mantener el carácter masivo y pacífico de la protesta y no poner sus vidas en riesgo”.
Según Amnistía Internacional, disturbios ocurridos durante las movilizaciones dejaron además 200 heridos y 205 detenidos entre el martes y el miércoles. Desde el jueves, el ambiente era de calma.
Este viernes los cancilleres del Grupo de Lima, formado por una docena de países que reconocen a Guaidó, se reunirá en la capital peruana para analizar la evolución de la crisis venezolana.
La situación de Venezuela, que causa tensiones entre Washington y Moscú, será discutida la próxima semana en Finlandia por el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov.
El periodista austríaco-estadounidense Carl Goette-Luciak, quien cubría las protestas antigubernamentales en Nicaragua para medios internacionales, fue detenido y deportado a El Salvador, informaron este martes ONGs y medios locales.
Goette-Luciak fue detenido el lunes en su casa en Managua por agentes que se lo llevaron descalzo, sin camisa y vestido solo con un pantalón corto, dijo la revista digital nicaragüense Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro, citando declaraciones del propio reportero.
El gobierno de Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre la presunta captura y deportación de Goette-Luciak a El Salvador, ni sobre los cargos que se le imputan.
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Consultado por AFP, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo tener reportes de un ciudadano estadounidense arrestado en Nicaragua, pero declinó dar más detalles.
“Una de las funciones más importantes del Departamento de Estado y de embajadas y consulados es proveer ayuda para ciudadanos estadounidenses que son encarcelados o detenidos. Debido a razones de privacidad no tenemos más comentarios”, señaló una portavoz.
Confidencial dijo que habló con Goette-Luciak desde El Salvador.
“Me preguntaban si era agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) y me enseñaban las publicaciones y los memes de las redes sociales”, contó el periodista.
“Un policía me dijo que me iban a deportar porque en mis artículos escribía y opinaba cosas falsas, y también por andar en las marchas ilegales (…) Me preguntó que si no conocía las nuevas leyes”, señaló Goette-Luciak.
La policía nicaragüense declaró la semana pasada que las marchas de la oposición son ilegales, y advirtió que los organismos y personas que las convoquen serán responsables de daños o riesgos a la vida que ocurran en estos desplazamientos.
La organización de escritores PEN, Capítulo de Nicaragua, dijo que “lamenta la detención” de Goette-Luciak, reportero independiente para diarios como Washington Post, The Guardian y la BBC.
VEA: Crisis en Nicaragua: las razones del gobierno de Daniel Ortega para ilegalizar las protestas en el país (y la reacción de sus críticos)
El periodista era objeto de “amenazas y acusaciones en las redes sociales de ser enemigo y hasta pertenecer a agencias de inteligencia extranjeras”, señaló PEN en un comunicado.
Goette-Luciak, hijo del académico estadounidense Ilja Luciak, también es documentalista y antropólogo.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, también se pronunció el lunes sobre la captura de Goette-Luciak y recordó que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) pidió investigar “la campaña de acoso digital” y garantizar su seguridad personal.
De Nicaragua ya fue deportada la documentalista brasileña Emilia Mello, tras ser detenida el 25 de agosto junto a un grupo de estudiantes mientras se dirigían a una marcha en Granada.
Naciones Unidas y Amnistía Internacional rechazaron la impunidad sobre el caso de los 72 migrantes latinoamericanos masacrados en 2010 en México, un caso por el que nadie ha sido condenado, mientras familiares de víctimas exigieron una comisión de la verdad al gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador.
Con ocasión del octavo aniversario de la masacre ocurrida en Tamaulipas, un violento estado del norte de México fronterizo con Estados Unidos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a las autoridades “la plena identificación de todas las víctimas, el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas”.
Los familiares “han enfrentado irregularidades respecto a la correcta identificación y entrega de los cuerpos hallados” y dificultades para conocer las investigaciones, añadió la institución en un comunicado.
Masacre queda impune
En la matanza, ocurrida en el rancho de San Fernando, murieron ciudadanos de Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala y Brasil que habían sido secuestrados cuando intentaban llegar a Estados Unidos.
Según autoridades mexicanas, los migrantes fueron asesinados por integrantes del sanguinario cartel Los Zetas porque rechazaron integrarse a sus filas.
Los familiares de ocho víctimas recibieron restos que nunca fueron plenamente identificados, seis de ellos de Guatemala, uno de Brasil y otro de El Salvador, dijo a la AFP Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, tras una conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional (AI) en Ciudad de México.
“Aunque sea doloroso, queremos saber qué le pasó a nuestra familia, por qué desapareció (…) La herida no ha sanado y no sanará nunca”, pidió Bertila Osorio, una mujer de El Salvador cuyo hijo fue asesinado en Tamaulipas.
Para Erika Guevara, directora de la oficina regional de Amnistía Internacional, los migrantes siguen siendo víctimas “de una violencia que viene desde el Estado” y sufren “los peores horrores, como secuestros, trata, ejecuciones extrajudiciales, tortura, pero sobre todo el hecho de que no se puede garantizar que estos actos tan atroces no se vuelvan a repetir”.
El presidente electo López Obrador, que asumirá el cargo en diciembre próximo, ha prometido una comisión de la verdad para casos emblemáticos de masacres o desapariciones, aunque no ha quedado claro cuál sería su figura legal.
“Nosotros le tomamos la palabra al gobierno entrante, sí queremos una comisión de la verdad, donde también tendrán que colaborar los países de Centroamérica”, dijo en la conferencia Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
México indemnizó el miércoles en Quito a un sobreviviente de la masacre y a las familias de cinco ecuatorianos fallecidos, por montos que no fueron revelados por razones de seguridad.
Procesos parecidos de reparación se siguen con las víctimas de los otros países, aunque no se ha llegado a acuerdos.
Vea también: México compensa a víctimas de masacre la que dejó 72 migrantes muertos. También habían guatemaltecos
Con ocasión del octavo aniversario de la masacre ocurrida en Tamaulipas, un violento estado del norte de México fronterizo con Estados Unidos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a las autoridades “la plena identificación de todas las víctimas, el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas”.
Los familiares “han enfrentado irregularidades respecto a la correcta identificación y entrega de los cuerpos hallados” y dificultades para conocer las investigaciones, añadió la institución en un comunicado.
En la matanza, ocurrida en el rancho de San Fernando, murieron ciudadanos de Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala y Brasil que habían sido secuestrados cuando intentaban llegar a Estados Unidos.
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Según autoridades mexicanas, los migrantes fueron asesinados por integrantes del sanguinario cartel Los Zetas porque rechazaron integrarse a sus filas.
Familias son indemnizadas
Los familiares de ocho víctimas recibieron restos que nunca fueron plenamente identificados, seis de ellos de Guatemala, uno de Brasil y otro de El Salvador, dijo a la AFP Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, tras una conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional (AI) en Ciudad de México.
“Aunque sea doloroso, queremos saber qué le pasó a nuestra familia, por qué desapareció (…) La herida no ha sanado y no sanará nunca”, pidió Bertila Osorio, una mujer de El Salvador cuyo hijo fue asesinado en Tamaulipas.
Para Erika Guevara, directora de la oficina regional de Amnistía Internacional, los migrantes siguen siendo víctimas “de una violencia que viene desde el Estado” y sufren “los peores horrores, como secuestros, trata, ejecuciones extrajudiciales, tortura, pero sobre todo el hecho de que no se puede garantizar que estos actos tan atroces no se vuelvan a repetir”.
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El presidente electo López Obrador, que asumirá el cargo en diciembre próximo, ha prometido una comisión de la verdad para casos emblemáticos de masacres o desapariciones, aunque no ha quedado claro cuál sería su figura legal.
“Nosotros le tomamos la palabra al gobierno entrante, sí queremos una comisión de la verdad, donde también tendrán que colaborar los países de Centroamérica”, dijo en la conferencia Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
México indemnizó el miércoles en Quito a un sobreviviente de la masacre y a las familias de cinco ecuatorianos fallecidos, por montos que no fueron revelados por razones de seguridad.
Procesos parecidos de reparación se siguen con las víctimas de los otros países, aunque no se ha llegado a acuerdos.
Este miércoles el Senado en Argentina votará uno de los proyectos de ley que más ha dividido al país en la última década: la despenalización del aborto.
Ningún tema ha polarizado tanto a los argentinos desde la aprobación del matrimonio gay en 2010.
Según las encuestas, quienes apoyan la legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo son una leve mayoría, pero lo cierto es que en muchas familias, grupos de amigos y hasta en los chats de WhatsApp hay puntos de vista opuestos.
Y nadie permanece ajeno al tema, que se ha colado en todos los ámbitos de la vida. En especial después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto en junio pasado, después de un debate que duró 23 horas y que concluyó con una diferencia de solo cuatro votos a favor.
Se espera que el debate en la Cámara alta sea igual de reñido, aunque -como también ocurrió antes de que se votara en diputados- los pronósticos anticipan que habrá una mayoría de rechazos al proyecto.
Pero si volviera a darse la sorpresa y el proyecto se aprobara, ¿qué significaría concretamente?
Qué ocurre hoy en día
La interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en Argentina desde 1886, cuando se sancionó el primer Código Penal.
En ese entonces todas las causales de aborto estaban penalizadas, algo que se modificó en 1921, cuando se permitió el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de un abuso a una mujer con discapacidad, “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente”.
LA NACIÓNAsí Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en legalizar el aborto en ciertas condiciones.
Pasaría casi otro siglo (2012) para que se agregara otra causa no punible de aborto: el embarazo causado por una violación.
No fue a través de un cambio de legislación sino gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que estableció que toda mujer embarazada como resultado de un abuso sexual tiene derecho a acceder a un aborto, sin importar su capacidad intelectual.
El tribunal supremo determinó que no hace falta una autorización judicial previa para acceder a la práctica ni tampoco se debe denunciar la violación. La víctima solamente debe completar una declaración jurada manifestando que su embarazo es producto de un delito.
Como parte de su mismo dictamen la CSJ exhortó al Estado, tanto a nivel nacional como provincial, a que sancione protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a los abortos no punibles.
Si bien el Ministerio de Salud de la Nación publicó un protocolo tres años más tarde, muchas jurisdicciones aún no han acatado el pedido de la Corte. Y muchos médicos también han alegado razones de conciencia para no practicar los abortos permitidos.
Estos son dos de los motivos por los que los defensores del derecho a abortar consideran que es necesaria una nueva ley.
¿Tendencia?
De aprobarse el aborto en todas las causales Argentina se uniría a Cuba, Uruguay y Ciudad de México, donde la práctica ya es legal, al igual que en casi todos los países desarrollados.
GETTY IMAGESY seguiría los pasos de Irlanda, otra nación católica que en mayo pasado despenalizó el aborto.
Una legalización también podría dar mayor impulso a un proyecto para despenalizar completamente el aborto en la vecina Chile, que en 2017 permitió la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la mujer y embarazos producto de violación.
Hasta entonces el país sudamericano era uno de solo seis en todo el mundo en los que el aborto está completamente prohibido, incluso cuando la vida de la madre está en peligro.
Tres de esos seis países están en América Latina (El Salvador, Nicaragua y República Dominicana), aunque en la mayor parte de la región el aborto está permitido en ciertos casos.
Qué dice la norma que se vota en Argentina
El proyecto legislativo que recibió media sanción de la Cámara baja el pasado 14 de junio otorga a toda mujer derecho a optar voluntariamente por la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.
Pasado ese período, el aborto solamente es no punible en casos de violación, riesgo a la vida de la madre o mala salud del feto.
ISTOCKLa legislación permite, además, que el aborto pueda realizarse en cualquier hospital o clínica y obliga a los prestadores de salud tanto públicos como privados a cubrir el costo, no solo del procedimiento sino de los medicamentos y de las terapias de apoyo que sean necesarias.
Este es uno de los puntos más polémicos que tiene la ley. Los defensores de la norma aducen que debería ser gratuito porque se trata de un problema de salud pública. Citan las casi 66.000 hospitalizaciones de mujeres que se producen cada año como consecuencia de abortos mal hechos, de acuerdo con cifras oficiales.
Pero quienes se oponen consideran que no es un problema de salud pública ya que las estadísticas también muestran que en la actualidad mueren cerca de 40 mujeres cada año como consecuencia de abortos clandestinos, una cifra mucho menor que otras problemáticas de salud femeninas que no son cubiertas por el Estado.
Incluso algunas personas que están a favor del derecho de la mujer a elegir creen que el sistema de salud público no puede afrontar el gasto de los cerca de medio millón de abortos que, según estiman algunas organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, se realizan en la actualidad cada año en Argentina.
Objeción de conciencia
AFPOtro de los temas más controvertidos del proyecto de ley de aborto es el de la objeción de conciencia.
Si bien la norma permite que los profesionales de la salud queden eximidos de la obligación de practicar abortos si manifiestan su objeción previamente y por escrito, no permite dicha objeción en caso de que la mujer gestante “requiera atención médica inmediata e impostergable”.
Tampoco permite que un hospital o una clínica se rehúse a realizar la práctica, incluso si es un establecimiento confesional.
“Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario“, especifica en su artículo 11.
Esto llevó a que un grupo de centros de salud católicos denunciara que sus directivos podrían recibir penas de cárcel y el sanatorio incluso podría ser cerrado si se aprueba la ley y ellos no aceptan realizar abortos.
Del otro lado, quienes apoyan el derecho de las mujeres a elegir señalan que si se permite que todo un establecimiento sanitario se rehúse a realizar abortos algunas mujeres, en especial las que viven en zonas con pocos centros de salud, podrían no tener garantizado su acceso a la práctica dentro de las 14 semanas que prevé la ley.
Además, recuerdan que el alto número de objetores de conciencia es uno de los motivos por los cuales muchas niñas y mujeres que fueron violadas hoy no tienen acceso a un aborto seguro, a pesar de que así lo dispone la justicia.
¿Una ley alternativa?
Uno de los escenarios posibles es que el Senado apruebe una ley que permita el aborto, pero que le introduzca varias modificaciones.
El derecho a la objeción de conciencia institucional sería una de ellas.
GETTY IMAGESOtra sería la reducción del plazo legal para interrumpir el embarazo, que se limitaría a 12 semanas (en vez de las 14 originales).
También se eliminaría las penas para los médicos que se rehúsan a practicar abortos y se habilitaría la producción pública de misoprostol, un medicamento utilizado para interrumpir embarazos.
En caso de que la Cámara alta apruebe esta versión alternativa la norma volvería a la Cámara de Diputados, donde se descuenta que sería sancionada.
REUTERSEste escenario sería considerado igualmente un triunfo de los “verdes”, el color con el que se identifican los partidarios del derecho a elegir.
En cambio, si el Senado rechaza cualquier tipo de legalización del aborto habrán ganado los “celestes”, que -con la Iglesia católica al frente- se unen bajo el lema “Salvemos las dos vidas“.
“Los migrantes son un motor extraordinario de crecimiento”, señaló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al dar la bienvenida al nuevo “pacto mundial por una migración segura, ordenada y regulada”.
El pacto no es “vinculante, pero es un paso sin precedentes para aumentar la cooperación internacional”, agregó.
Bajo el liderazgo de dos facilitadores, los embajadores suizos Jurg Lauber y el mexicano Juan José Gómez Camacho, las negociaciones se alargaron durante 18 meses. El pacto será respaldado formalmente en una conferencia internacional prevista para mediados de diciembre en Marruecos.
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El documento remarca una serie de principios -defensa de los derechos humanos, los derechos de los niños, reconocimiento de la soberanía nacional- y comprende un catálogo de medidas para ayudar a los países a hacer frente a la migración: mejorar la información, acciones para integrar mejora los migrantes, intercambio de experiencias…
“El pacto mundial no impondrá nada a nadie, pero ofrece soluciones”, resume Gómez Camacho.
“No tenemos opción de aceptar o rechazar la migración, están ahí, en todo el mundo”, dijo a la prensa el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miroslav Lajcak, en la apertura de las negociaciones.
“Podemos meter la cabeza en la arena, pensar que ya nos ocuparemos de ella mañana, que será para otra generación, durante otra crisis, o bien actuar, planificar, organizar un sistema y responder a una fenómeno global por una solución global”, agregó.
Según Antonio Guterres, 60.000 migrantes han muerto desde el año 2000 en el mar, en el desierto o en otro lugar, por lo que no es posible continuar con los brazos cruzados. El documento de 25 páginas tiene como objetivo “aumentar la cooperación en materia de migración internacional en todas sus dimensiones” y combatir la trata de personas como las de Libia.
Detención de menores
El texto, que recuerda por su alcance al acuerdo sobre el clima de París 2015, preserva “la soberanía de los estados” al tiempo que reconoce que “ninguna nación puede enfrentar el fenómeno migratorio solo”. “Es crucial que la migración internacional nos una en lugar de dividirnos”, insiste el texto.
Según los facilitadores, los 27 países de la Unión Europea, que a menudo corta la entrada de migrantes en el continente, hablaron “con una sola voz” durante las negociaciones. Para los menores, mientras Estados Unidos trata de reunir a los niños separados de sus padres cuando trataban de entrar ilegalmente en el país, el documento reconoce la posibilidad de detención, pero solo como “último recurso”.
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El documento choca con las peticiones de Amnistía Internacional, que había exigido “tolerancia cero” sobre la detención de niños migrantes. Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francesco Rocca, pidió “levantar las barreras que impiden a los migrantes vulnerables el acceso a la ayuda humanitaria y los servicios básicos”.
Washington se retiró a fines de 2017 de la elaboración del pacto, porque incluía disposiciones contrarias a la política de inmigración de Donald Trump.
El número de migrantes en el mundo se estima en 258 millones, el 3,4% de la población mundial.
Desde una huelga general de mujeres en España, pasando por una carrera femenina en un antiguo bastión del grupo Estado Islámico en Irak a una multitudinaria protesta en Buenos Aires, muy variadas fueron las diferentes manifestaciones en el mundo que marcaron este jueves 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres.
Masiva huelga “feminista”en España
Millones de personas se volcaron este jueves en España en el Día Internacional de la Mujer, participando en una inédita huelga general y en marchas que inundaron varias ciudades del país, en defensa de sus derechos.
Según los dos mayores sindicatos del país, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, 5,9 millones de personas participaron en los paros de dos horas por turno de trabajo que habían convocado.
Al final de la tarde, mareas de mujeres con predominio del color lila y ambiente festivo abarrotaron las calles del centro de Madrid y Barcelona, luego de que durante el día se sucedieran una concentración tras otra en Valencia, Sevilla, Bilbao o Palma de Mallorca.
En la capital catalana, la policía municipal cifró en 200.000 los manifestantes, que a gritos de “viva la lucha feminista” colmaron la amplia avenida del Paseo de Gracia.
“Ni una menos”, piden en Argentina
Miles de mujeres con camisetas violetas y pañuelos verdes se agolparon en las calles de Buenos Aires en una masiva manifestación en la que el cortejo casi no se movió porque el recorrido estaba colmado antes de arrancar.
“Mujer bonita es la que lucha”, rezaba una de las pancartas con las que mujeres de todas las edades y condición social coparon las calles en una tarde de final de verano austral.
La consigna general fue el rechazo a la violencia hacia las mujeres, en un país que con 42 millones de habitantes registró 292 casos de femicidios en 2017.
Argentina fue pionera en el movimiento contra la violencia de género, con la agrupación “Ni una menos” surgida en 2015. Tres años más tarde, el activismo se ha generalizado.
Cruces en Ciudad Juárez
En Ciudad Juárez, localidad fronteriza tristemente célebre por la ola de feminicidios años atrás, las manifestantes colocaron una cruz de clavos a la entrada del puente internacional y también se dirigieron a un campo algodonero, donde fueron encontradas ocho jóvenes sin vida.
En Ciudad de México, una columna salió desde el icónico Ángel de la Independencia y recorrerá el céntrico Paseo de la Reforma. El principal reclamo es “alto a la violencia de género”.
“El machismo mata” gritan en Chile
En Santiago de Chile, miles de mujeres, jóvenes, adultas y ancianas acompañadas también por hombres marcharon en contra del “Machismo”.
“El machismo mata”, gritaron las manifestantes que pasaban por la gran Alameda, la vía vertebral de la capital chilena, al ritmo de tambores y batucadas, algunas con sus cuerpos pintados, mientras que otras mostraban sus senos.
“Vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a no ser violadas y no a los hombres a no violar”, reclamaba María, una estudiante de 20 años, que se había sumado a la manifestación.
EEUU: necrologías retardadas
El New York Times reparó una injusticia al publicar la necrología de 15 mujeres famosas sobre las cuales no difundió nada cuando su muerte.
Lanovelista británica Charlotte Brontë (1855), la p oeta estadounidense Sylvia Plath (1963) o la fotógrafa Diane Arbus (1971) hacen parte de las famosas olvidadas por el diario.
“Desde 1851, las necrologías del New York Times son dominadas por los hombres blancos. Hoy agregamos las historias de 15 mujeres notables”, indicó el diario.
Polonia contra la prohibición del aborto
Las polacas manifestaron en 40 ciudades del país. “El tema del aborto se impone hoy”, declaró Marta Lempart, militante feminista.
El parlamento, dominado por la derecha conservadora, trabaja actualmente en un proyecto de ley que, si se adopta, no autorizará el aborto sino en caso de riesgo por la vida o la salud de la madre y embarazo por violación o incesto.
Carrera femenina en Mosul
Unas 300 mujeres participaron en una carrera de 900 metros en una avenida de Mosul, la segunda ciudad de Irak, recuperada en julio tras estar en manos de los yihadistas del grupo Estado Islámico.
Alemania: Merkel quiere más tareas para los hombres
“El combate de las mujeres por la igualdad de derechos continúa”, afirmó en un video la canciller Angela Merkel, que consideró que aún queda mucho por hacer “para que las mujeres tengan los mismos derechos, y también nuevas tareas para los hombres”, dijo.
Egipto honra a Nefertiti
El Museo egipcio de El Cairo expone de manera excepcional tres tesoros que ilustran el papel de las mujeres en el antiguo Egipto. Una de estas obras es un busto en cuarcita de Nefertiti, reina de legendaria belleza que ejerció un papel político y religioso fundamental hace más de 3.300 años junto a su esposo el faraón Akenatón.
En Francia venden un diario más caro a los hombres
El diario francés Libération se vendió el jueves 25% más caro a los hombres que a las mujeres, para simbolizar la desigualdad salarial entre los sexos. El primer ministro Edouard Philippe anunció una batería de medidas para terminar con las desigualdades entre hombres y mujeres en el mundo laboral.
Manifestación ante la Duma en Moscú
Por iniciativa de Amnistía Internacional, una decena de personas, entre ellas Ksenia Sobtchak, candidata opositora a la elección presidencial del 18 de marzo, se reunieron ante la cámara baja del Parlamento ruso (Duma) en Moscú para apoyar a las periodistas que han denunciado por acoso sexual a un diputado, Léonid Sloutski. La URSS fue pionera en otorgar derechos a las mujeres hace un siglo. En 1965 se decretó feriado el 8 de marzo.
© Agence France-Presse
Un total de 137 emigrantes indocumentados, la mayoría de Centroamérica, fueron de detenidos en el estado mexicano de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, informó el martes el gobierno regional en un comunicado.
Con este aseguramiento suman más de un millar de centroamericanos detenidos en su viaje clandestino a Estados Unidos desde finales de enero, muchos de ellos interceptados en condiciones infrahumanas, derivado del endurecimiento de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En la última de estas detenciones, personal de la División de Caminos de la policía federal “rescató la mañana de este martes a 137 migrantes que eran trasladados dentro de un tráiler por la carretera de Zaragoza a Ciudad Victoria”, Tamaulipas, reportó el gobierno regional.
Del total de emigrantes, 95 son hondureños, 37 guatemaltecos, cuatro salvadoreños y uno ecuatoriano.
“El conductor del vehículo quedó detenido y junto con la unidad y los migrantes quedaron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República para los trámites e investigaciones correspondientes”, concluyó el comunicado.
El viernes fueron detenidos 103 emigrantes centroamericanos que habían sido abandonados dentro de un tráiler en el mismo estado, en el municipio de Ciudad Camargo, a menos de 10 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
Previamente el 11 de febrero, un total de 209 personas, todas centroamericanas, excepto uno que era mexicano, fueron localizadas en casas de seguridad de Matamoros, Tamaulipas por militares mexicanos.
De ellos, 109 eran menores de edad, 120 adultos y su detención fue producto de una llamada, informó el gobierno en ese entonces.
Tamaulipas, uno de los más golpeados por guerras intestinas entre varios cárteles de drogas, que han encontrado en el secuestro y tráfico de migrantes otra forma de financiamiento para el trasiego de drogas, de acuerdo con expertos.
– Sin interés por la vida de los emigrantes –
Desde finales de enero, las autoridades migratorias mexicanas han reportado la detención de al menos más de 1.000 emigrantes centroamericanos durante su periplo clandestino rumbo a Estados Unidos.
Amnistía Internacional denunció en enero que las autoridades migratorias de México deportan ilegalmente a miles de centroamericanos sin considerar los riesgos letales que corren en sus países de origen.
Un informe de la ONG, basado en entrevistas a 500 emigrantes, señala que 75% de las personas detenidas no fueron informadas de su derecho a pedir asilo.
Sobre las recientes detenciones masivas de emigrantes, Madeleine Penman, investigadora para México de Amnistía Internacional, dijo a la AFP que éstas reflejan “algo que temíamos que podía pasar” con las políticas migratorias endurecidas de Trump, que además sigue insistiendo en construir un muro en la frontera con este país.
“Frente a controles migratorios más duros en la frontera entre México y Estados Unidos, la gente se ve más obligada a tomar rutas más precarias y ponerse en manos de grupos (de traficantes de personas) que no tienen el menor interés en su vida”, expuso Penman.
Pero algo que también está llamado la atención de Amnistía Internacional es el hecho de que “cada vez más” los militares mexicanos están involucrados en los operativos contra emigrantes.
“La ley en México no da ni al Ejército ni a la Marina Armada las facultades para hacer revisión migratoria”, alertó la experta.
Esos emigrantes, enfatizó Penman, sólo pueden ser interceptados por los agentes del Instituto Nacional de Migración que a su vez tendrían que verificar si han sido víctimas de violaciones graves a sus garantías individuales porque de ser así tendrían la oportunidad de acceder a un trato humanitario.
Se estima que más de 500.000 personas cruzan irregularmente territorio mexicano cada año con intención de llegar a Estados Unidos, según datos de Naciones Unidas.
© Agence France-Presse por Daniel Ríos
por Noe LEIVA
Honduras se orienta a una mayor convulsión social provocada por la indefinición en el resultado de los comicios del 26 de noviembre, enmarañados en sospechas de un fraude para favorecer la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, opinaron analistas.
Aunque las protestas nocturnas en los barrios han perdido intensidad al prolongarse la incertidumbre, analistas creen que siguen latentes.
Simpatizantes de la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura, que postuló como candidato presidencial al popular presentador de televisión Salvador Nasralla, de 64 años, se declaran listos para tomar las calles para denunciar un posible fraude electoral.
– Protestas y represión –
“Si el Tribunal (Supremo Electoral, TSE) declara al presidente ganador, va a haber un rechazo, más protestas en las calles y, como consecuencia, mayor represión, mayor violencia”, vaticinó Marco Tinoco profesor de sociología de la Universidad Nacional.
Han pasado más de dos semanas desde la madrugada del 27 de noviembre, cuando el TSE dio en el primer informe de resultados con una ventaja del cinco puntos para Nasralla, con 57% de los votos escrutados.
Sorpresivamente el sistema de transmisión de los resultados se detuvo en forma intermitente los días siguientes y los resultados variaron, hasta que emergió como virtual ganador el presidente Hernández, candidato a la reelección del Partido Nacional (PN, derecha).
Según Tinoco, “cada día que pasa sin que se declare al ganador aumenta el descrédito del Tribunal”, atareado ahora en conocer impugnaciones presentadas por la alianza opositora y el tradicional Partido Liberal.
Protestas estallaron en las calles de las ciudades hondureñas contra el supuesto “robo”, con bloqueos de carreteras y manifestaciones masivas, en medio de la represión que, según Amnistía Internacional, dejó 14 muertos.
Los observadores de la Unión Europea y Organización de Estados Americanos (OEA) reconocieron en sendos informes las dudas que alienta el proceso y recomendaron al tribunal buscar la forma de hacerlo más transparente.
El TSE hizo dos recuentos de votos de más de 4.000 urnas que ratificaron la ventaja de Hernández con 42,95% de los votos frente a 41,42% de Nasralla.
– Fraude monumental –
“Con el 82% de las actas que tenemos nosotros el ganador es Salvador Nasralla”, proclamó Luis Zelaya, excandidato del PL, quien dijo tener actas que demuestran el triunfo del aspirante opositor.
“¿Qué haremos? ¿Permitiremos el robo, seguiremos reclamando? Porque el fraude (es) monumental por todos lados”, aseguró Nasralla el lunes en rueda de prensa, al llamar a la UE, la OEA y embajada de Estados Unidos en Honduras a reconocer que las elecciones fueron amañadas.
El presidente del TSE, David Matamoros, defiende que las elecciones fueron “transparentes”.
Defensores del tribunal sostienen que los primeros resultados que dieron la ventaja a Nasralla fueron del área urbana pero la reversión estuvo en la zona rural, donde el presidente Hernández gozaría de mayores simpatías debido a sus programas asistenciales.
Lester Ramírez, investigador de la no gubernamental Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), estimó que Hernández está en un encrucijada: “va a tener que hacer uso de la fuerza” para acallar las protestas “o llegar a un acuerdo” con la oposición para gobernar.
La candidatura de Hernández es cuestionada también porque participó en las elecciones después de lograr que la justicia invalidara un artículo de la carta magna que prohíbe la reelección.
La Constitución, que no ha sido reformada, define la reelección como un delito “imprescriptible” por “traición a la patria”.
nl/mas/ja
© Agence France-Presse
La izquierdista fuerza opositora de las elecciones en Honduras presentó este lunes copias de actas que aseguran fueron adulteradas para revertir la victoria de su candidato, Salvador Nasralla, en favor del presidente Juan Orlando Hernández.
Nasralla explicó en rueda de prensa que las irregularidades se dieron en las actas de 5.759 mesas electorales que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) transportó en vehículos a la capital para someterlas a un conteo especial, que le dio la victoria a Hernández.
Se trata de poco más de 30% del total de 18.103 actas de votación, según el aspirante de la izquierdista Alianza de Oposicón Contra la Dictadura, un presentador de televisión de 64 años.
Las restantes actas fueron transmitidas digitalmente y entraron al sistema de cómputo del TSE. El conteo de esas actas le habrían dado la victoria a Nasralla sobre Hernández, de 49 años, candidato del Partido Nacional (PN, derecha).
“El fraude está en las actas que llegaron por tierra”, afirmó Nasralla al presentar copias de los documentos, que serían entregadas posteriormente a los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la embajada de Estados Unidos.
“Tienen que revisarse las 18.103 actas y los cuadernillos” donde se anotan los votantes, demandó el candidato, cuyas denuncias de fraude han recibido el respaldo de miles de simpatizantes que han realizado manifestaciones y bloqueos de calles, algunas de la cuales han sido reprimidas y que, según Amnistía Internacional, habría dejado 14 muertos.
Nasralla aseguró que tiene en su poder copias de 80% de las actas, las cuales le dan la victoria, mientras que el tradicional Partido Liberal (PL), tercero en las pasadas elecciones, posee copias de 82% de las actas que arrojan el mismo resultado.
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Según el TSE, Hernández encabeza las elecciones con 42,98% de los votos frente al 41,38% de Nasralla.
El organismo no ha declarado ganador porque tiene que atender las impugnaciones que presentaron la Alianza y el PL.
En tanto, el expresidente Manuel Zelaya, coordinador de la alianza opositora, acusó a Estados Unidos de pretender imponer a Hernández.
Recordó que la encargada de negocios de la embajada estadounidense en Honduras, Heide Fulton, llegó el sábado al TSE y pidió a los contendientes que acepten el resultado y dijo que su país está listo para trabajar con cualquiera de los dos que gane.
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Con información de: AFP
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