Ciudad Guatemala
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que evalúa desplegar el ejército en la frontera con México, algo que describió como un "gran paso", en momentos en que una caravana de migrantes centroamericanos avanza a través de México.
“Vamos a proteger nuestra frontera con nuestro ejército”, dijo Trump durante una reunión con los líderes de los Estados bálticos, al tiempo que cuestionó a su predecesor Barack Obama, quien “hizo cambios que básicamente llevaron a la ausencia de fronteras”.
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Trump amenaza con quitar ayuda
El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes que la ayuda de su país a Honduras está “en juego” si los cientos de migrantes centroamericanos que avanzan a través de México hacia Estados Unidos no detienen su marcha.
Por tercer día consecutivo, el mandatario arremetió en Twitter contra el Viacrucis Migrante 2018, un grupo de más de mil centroamericanos, la gran mayoría hondureños, que huyen de la violencia y la pobreza en sus países. Muchos esperan poder solicitar asilo en Estados Unidos.
En su serie de tuits anti-inmigración del domingo y el lunes, Trump ya había amenazado con abandonar el TLCAN -el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, actualmente en revisión a pedido suyo- y había exigido que el Congreso estadounidense aprobara leyes migratorias más estrictas.
La caravana que enoja a Trump
“Dilúyanse, háganse cada vez menos”, fue el reclamo de autoridades migratorias mexicanas a activistas que acompañan al “Viacrucis Migrante”, la caravana de más de 1.000 centroamericanos que recorre México hacia Estados Unidos y que pareciera ser la pesadilla del presidente Donald Trump.
La caravana, en la que viajan familias completas, hasta con una veintena de integrantes incluidos abuelos, está detenida desde el fin de semana en Matías Romero, en el sureño estado de Oaxaca.
Ahí se ha instalado un diálogo entre los activistas que acompañan a los migrantes y las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Tuvimos un encuentro con la delegación del INM y ofreció ciertos beneficios, como visas humanitarias o permisos de libre tránsito”, dice a la AFP vía telefónica un miembro de la Coordinación de Pueblos sin Fronteras.
Pero habla bajo condición de anonimato porque, denuncia, desde que las imágenes de los migrantes, algunos andrajosos y caminando con sus pocas pertenencias a cuestas, fueron difundidas en medios estadounidenses han recibido amenazas.
“Nos llaman a nuestros celulares, nos mandan mensajes amenazantes, de muerte incluso. Es el sector racista de Estados Unidos”, relata el activista.
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El lunes, Trump descargó su furia en una serie de tuits contra el avance de la movilización: “México tiene poder absoluto para no dejar que esa enorme ‘caravana’ de personas ingrese a nuestro país. Deben detenerla en su frontera norte”, escribió el mandatario en Twitter.
Un día antes, el jefe de la Casa Blanca ya había acusado a México de no hacer lo suficiente para detener la migración, insistió en construir un muro fronterizo y amagó nuevamente con sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio del América del Norte.
La caravana partió el 25 de marzo de Tapachula, Chiapas, fronteriza con Guatemala. El 80% son hondureños, el resto guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses. Inicialmente eran unos 1.500, pero poco más de 300, todos hombres, abordaron el tren de carga que conduce hacia el norte.
Las pandillas que siembran el terror en Centroamérica con asesinatos, extorsión y tráfico de drogas, han logrado subsistir y mantenerse fuertes pese al aumento de la represión en el istmo y en Estados Unidos, según advierten analistas.
“Una solución a las pandillas no se puede ver en el corto plazo, y además es remoto que en los próximos 20 años los países del triángulo norte (de Centroamérica) erradiquemos la violencia” pandillera, advierte la salvadoreña Jannet Aguilar, investigadora de estas bandas delictivas.
El tema volvió al tapete en El Salvador, Honduras y Guatemala luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso del Estado de la Unión pronunciado el 30 de enero, arremetió contra “la salvaje pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha)”, en un llamado a endurecer los controles migratorios.
“Lo que demuestra es la enorme ignorancia y el populismo barato al que recurre Trump cuando se comunica con sus ciudadanos. Para comenzar la MS-13 es una de cientos de pandillas que generan y producen violencia en Estados Unidos”, destacó Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
Para el analista y profesor universitario Roberto Cañas, más allá del peligro que representa la pandilla MS, Trump lo que deja en claro es su “política antiinmigrante”.
“La mafia rusa, la mafia japonesa, la mafia de Nápoles y Sicilia son muchísimo más poderosas que la Mara Salvatrucha”, aclara Cañas.
La Mara Salvatrucha, junto a la pandilla Barrio 18, tienen alrededor de 140.000 miembros, de los cuales 40.000 viven en Estados Unidos y 100.000 están repartidos en El Salvador, Honduras, Guatemala, México e Italia, según el estudio “Política y violencia perpetua en El Salvador”, de International Crisis Group, presentado a fines de enero en San Salvador.
La MS nació en EEUU
La Mara Salvatrucha se forjó en Estados Unidos en los años ochenta a partir de las condiciones de exclusión que han vivido por décadas miles de jóvenes latinos, explicó Aguilar.
“El modelo como tal, el prototipo de pandilla MS-13 se formó en Estados Unidos, y es ese modelo transculturizado el que ha venido a generar mayor violencia a nuestros países, sobre todo por las deportaciones masivas en los años noventa”, comentó la investigadora.
A su juicio, las pandillas latinoamericanas no están liderando el control del tráfico internacional de drogas a Estados Unidos, sino que los responsables de ello son los grandes carteles de la droga mexicanos.
Guatemala, Honduras y El Salvador terminaron 2017 con 13.129 homicidios, en su mayoría atribuidos a la pandillas y al narcotráfico, por lo que la región figura como una de las zonas sin guerra más violentas del mundo.
Los tres países están muy por encima del promedio mundial de 5,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos de 2015 del Banco Mundial.
Guatemala, El Salvador y Honduras comenzaron a recibir el año pasado un aporte de 750 millones de dólares de Estados Unidos por la iniciativa Alianza para la Prosperidad, para impulsar programas de prevención y generación de empleo como forma de combatir la violencia y la migración.
Agrupaciones terroristas
El Salvador ha declarado a las pandillas como agrupaciones terroristas desde 2015, y mantiene seis presidios donde sus integrantes están recluidos bajo severas medidas de seguridad.
En el combate de las pandillas durante 2017, la policía salvadoreña reportó 536 incidentes armados que dejaron 413 pandilleros muertos, 67 heridos y 290 detenidos.
Ese feroz combate a las pandillas fue cuestionado esta semana por la relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, la francesa Agnes Callamard.
“He hallado un patrón de comportamiento entre el personal de seguridad, que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza”, señaló Callamard al exponer un balance preliminar de su visita.
En Guatemala, el ministro del Interior, Enrique Degenhart, adelantó que impulsará una reforma legal para que el Congreso tipifique a la MS y al Barrio 18 como “organizaciones terroristas”.
“Es necesario que no tapemos el sol con un dedo. Los guatemaltecos estamos sufriendo los embates criminales de estas estructuras que tienen armamento bélico pesado y que están dispuestas a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos”, comentó Degenhart.
Culpar a inmigrantes de la pandilla MS-13, un error de Trump según expertos
Por Mynor Toc y Geovanni Contreras
A 55 días para que termine la intervención militar en tareas de seguridad ciudadana, persiste la expectativa acerca de la decisión que tomará el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) acerca de la continuidad del Ejército en las calles.
Inicialmente la decisión era que se retiraría el 31 de diciembre, pero después se anunció que se prorrogaba la permanencia de los escuadrones del Cuerpo Especial de Reservas para la Seguridad Ciudadana hasta el 31 de marzo.
El director general del Departamento de Prensa del ministerio de la Defensa, Óscar Pérez, explicó que, si bien el nuevo cronograma vence en 56 días, existe la posibilidad de que el CNS decida extender el tiempo.
Pérez precisó que es el ministerio de Gobernación, en conjunto con el presidente Jimmy Morales, quienes toman la decisión en el seno del Consejo Nacional de Seguridad.
“Todo depende de lo que solicite el Ministerio de Gobernación. Si el Consejo Nacional de Seguridad hace el análisis de criminalidad, podría solicitarse otra prórroga, mientras nuevos elementos de la policía adquieren las capacidades necesarias”, dijo.
Eran nueve escuadrones militares en total con cinco mil 600 soldados, pero en una fase anterior, en abril del 2017, se retiró el 50 por ciento y, hasta ayer, quedaban entre mil 900 y dos mil militares que apoyan a la Policía Nacional Civil (PNC).
“El Ministerio de la Defensa Nacional es una herramienta que tiene el Estado en apoyo a la seguridad interna, y está contemplado en la Constitución. Es decisión del Ministerio de Gobernación y del presidente su continuidad, es algo de muy alto nivel. Si el presidente lo ordena, se retira, o si ordena continuidad, estaría en la disposición de seguir colaborando”, agregó Pérez.
El director de Prensa comentó que si el plan de apoyo a la PNC termina el 31 de marzo, los efectivos destinados a esos escuadrones se retirarían para reforzar las fronteras del país y la Reserva de la Biósfera Maya.
Condición de EE. UU.
En años anteriores, el Gobierno de Estados Unidos ha incluido el retiro paulatino del Ejército de las calles dentro de las condiciones para aprobar cooperación a Guatemala, en sus leyes de apoyo presupuestario.
Un funcionario de la Embajada de EE. UU. declaró: “La adhesión al cronograma para la retirada de las fuerzas militares de su papel en la Policía civil será una consideración importante para determinar si Guatemala está certificada o no. Este es uno de los factores específicamente mencionados en la legislación aprobada por el Congreso de los EE. UU. Esperamos ver el compromiso continuo de los líderes guatemaltecos con la transición de los militares fuera de este rol”.
El embajador de EE. UU. en Guatemala, Luis Arreaga, visitó la Dirección General de la PNC el 31 de enero y resaltó el papel de la seguridad en manos civiles. “Aplaudimos la labor de los valientes oficiales de la @PNCguatemala que luchan contra la #Corrupción y mejoran la #SeguridadCiudadana en toda #GUA, logrando reducir 32% el número de homicidios desde 2009”, tuiteó la Embajada ese día.
“Implementar un plan que incluya metas, puntos de referencia y líneas de tiempo para crear una fuerza policial profesional y responsable, y terminar el papel del Ejército en funciones policiales internas”, es uno de los compromisos que los países del Triángulo Norte deben cumplir para recibir el 50 por ciento de la asistencia estadounidense, como lo estipuló la Ley de Apropiaciones para el 2017, para la cooperación de la Estrategia de Acción en Centroamérica.
PNC está lista
“La pregunta me sorprende. La PNC está lista y ha desarrollado su trabajo siempre”, dijo el director de la PNC, Nery Ramos, cuando se le preguntó si están listos para asumir sin el Ejército las tareas de seguridad ciudadana.
Ramos enumeró, como muestra de que están listos, varios indicadores del año recién pasado, como la desarticulación de 96 estructuras, la anticipación a 800 casos de acciones criminales, la incautación de cuatro mil 500 armas de fuego y la reducción del 13 por ciento de la criminalidad.
Añadió que a finales de este año se graduarán tres mil nuevos efectivos, que esperan la recepción de mil 300 patrullas, y se licitarán dos mil motocicletas para tener más presencia y movilidad en las áreas urbanas.
“Necedad” presidencial
Haber ampliado tres meses más la presencia del Ejército en las calles es una “necedad” del gobierno del presidente Jimmy Morales, señala el politólogo Christhians Castillo, del Instituto Nacional de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, quien considera tres aspectos: “Primero. No solo es inútil y caro lo que el Estado le paga a los militares por esas tareas de seguridad conjunta. Segundo, genera suspicacia el porqué mantener esos patrullajes conjuntos. Pareciera que el Ejecutivo le está devolviendo favores a las fuerzas armadas. Recordemos el famoso bono”, indicó.
Añadió: “Comprar lealtad con la escasa efectividad de los militares en las calles, y el tercer elemento, es que el Gobierno busque en el Ejército un actor que le genere un respaldo al Ejecutivo ante la confrontación que tiene con sectores civiles”.
Para Castillo, resulta desafortunado que Trump condicione la ayuda que Guatemala recibe por combate al narcotráfico, porque el país ha hecho “todo lo que EE. UU. le ha pedido”. No obstante, los patrullajes militares surgen ahora como condición.
Un grupo de 109 hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, entre ellos mujeres y niños, fue interceptado por autoridades de México cuando viajaban clandestinamente hacia la frontera de Estados Unidos hacinados en un camión de carga, informó este viernes el Instituto Nacional de Migración (INM).
En un operativo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, los migrantes fueron hallados el jueves mientras “viajaban en un tráiler en condiciones de hacinamiento, sin alimento y sin agua” por el punto de inspección Oyama, en el municipio de Ciudad Victoria, en el fronterizo estado de Tamaulipas, indica un comunicado del INM.
Los migrantes “mostraban signos de deshidratación y asfixia, derivado del largo tiempo que permanecieron encerrados, poniendo en riesgo su vida y salud”; mientras que el conductor y su acompañante, de nacionalidad mexicana, fueron detenidos por el delito de tráfico de personas, añade.
Los migrantes pretendían llegar a Estados Unidos y aseguraron que fueron trasladados por los traficantes de personas desde el sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, hasta Tamaulipas, indicaron las autoridades.
Guatemaltecos detenidos
El grupo de extranjeros rescatados estaba conformado por 83 guatemaltecos, 17 hondureños y 9 salvadoreños. Entre ellos había 15 mujeres y 39 menores, de los cuales 10 viajaban sin acompañamiento adulto.
El INM organizará el “retorno asistido” de los centroamericanos a sus países, y aseguró que les informará sobre su derecho a solicitar refugio.
Amnistía Internacional (AI) denunció el martes que las autoridades migratorias de México deportan ilegalmente a miles de centroamericanos sin considerar los riesgos letales que corren en sus países de origen por las bandas criminales y la falta de oportunidades.
Un informe de la ONG, basado en entrevistas a 500 migrantes, señala que 75% de las personas detenidas no fueron informadas de su derecho a pedir asilo.
Más de 500.000 personas cruzan irregularmente la frontera sur de México cada año, según datos de Naciones Unidas. En su recorrido son víctimas de abusos por parte de criminales y traficantes de personas.
El Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, dictó auto de procesamiento en contra de cinco personas sindicadas de cometer ilegalidades en tres eventos administrativos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El juez Walter Villatoro durante la resolución manifestó que existen los suficientes indicios racionales de la presunta participación en los hechos que le sindica el Ministerio Público (MP). Por esta razón consideró procedente ligar a proceso a:
- Carlos Ramiro Moino Cárdenas por los delitos de asociación ilícita, fraude y defraudación aduanera.
- Oscar Armando García Muñoz por fraude de forma continuada.
- Luis Alfredo Morales Palma por asociación ilícita y fraude.
En el caso de Rebeca Cordón asociación ilícita y fraude.
Mientras que a Dominga Estela Cuellar Hernández, por incumplimiento de deberes en forma continuada.
Anomalías en el IGSS
La investigación realizada por el MP detalla que presuntamente las 5 personas participaron en la firma anómala de tres contratos de alquiler de un edificio ubicado en la zona 9, por cinco años a razón de 30 mil dólares mensuales.
Además realizaron la adquisición de una solución integral de sistemas informáticos SAP o su equivalente que incluyera la instalación, migración de datos puesta en operación, garantía, soporte y actualizaciones de un sistema de Gestión Administrativa de los Recursos Gubernamentales (GRP) con un valor estimado de Q 243 mil sin justificar dicho valor.
Sin embargo no tomaron en cuenta que el IGSS ya contaba con sistemas informáticos para el desarrollo de sus labores tanto administrativas como médicas.
También tienen relación con la compra de 50 ambulancias donde el valor unitario era de 880 mil quetzales cada una.
En ese entonces se estimó ese precio, pese a que según las cotizaciones el costo de las ambulancias debería de ser menor de acuerdo con las especificaciones requeridas por el IGSS.
Presuntamente los hechos ilícitos fueron cometidos en septiembre de 2013 a noviembre de 2014.
- Con información del Ministerio Público.
Esta mañana se reportó la captura de José Javier Donis Ávarez, gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Se trata de operativos coordinados por el Ministerio Público y la CICIG.
Donis Álvarez asumió el cargo hace cinco meses en sustitución de Óscar García Muñoz, también preso por actos de corrupción en el Seguro Social.
José Donis Alvarez gerente del seguro social, es ingresado a tribunales. @Guatevision_tv pic.twitter.com/LaXFO8hBnE
— Christian Martínez (@cmartinez_gtv) November 23, 2016
IGSS como botín
Fueron 5 los detenidos:
- Donis Álvarez actual gerente del IGSS por fraude y peculado por sustracción
- Domingo Estela Cuéllar Hernández, subgerente de integridad y Transparencia del IGSS por incumplimiento de deberes.
- Rebeca Cordón, representante legal de la entidad Coral Gables Bussines Group, S.A. (contrato de arrendamiento) por fraude y defraudación tributaria.
- Carlos Ramiro Moino Cárdenas, representante legal de la entidad Supplies Trading, S.A. (contrato de ambulancias).
por fraude y defraudación tributaria. - Luis Alfredo Morales Palma, representante legal de la entidad Intellego, S.C. (contrato de Sistema SAP) por fraude.
Luis Morales Palma es presuntamente involucrado por fraude. @Guatevision_tv pic.twitter.com/AQy46BxfXo
— Christian Martínez (@cmartinez_gtv) November 23, 2016
Logística criminal
Arrendamiento de edificio
De acuerdo con reportes del Ministerio Público, el primer evento fue el 12 de septiembre del 2013. Álvaro Manolo Dubón González, como subgerente administrativo, solicitó a la División de Mantenimiento un reconocimiento al edificio de las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ubicado en la Séptima avenida, 22-72, zona 1, para determinar si el inmueble cumplía con los requisitos de habitabilidad. El propósito era arrendar algún edificio con la excusa de que en el inmueble de las Oficinas Centrales había hacinamiento de personal.
Pero sin los procesos de transparencia y adquisición adecuada de servicios, el 07 de mayo de 2014 la empresa Coral Gables Bussines Group, S.A., envió una oferta de arrendamiento por parte de la empresa para la renta del inmueble localizado en la 6a avenida “A” 9-52 zona 9 de la ciudad capital, por una renta mensual de $30,000.00 durante 5 años.
La empresa presentó de forma espontánea esa oferta y en papel sin membrete, incluso el nombre de la empresa estaba incompleto. Lo anterior permite sospechar de la informalidad y poca experiencia de la empresa ofertante, reporta el MP.
Compra de Ambulancias
El segundo evento tiene relación con la compra de 50 ambulancias para el IGSS.
Cada ambulancia costaría Q.880,000.00 pese a que según las cotizaciones el costo de las ambulancias debería de ser menor, de acuerdo con las especificaciones requeridas por el IGSS.
Adquisición de Sistema SAP
En 2014, el Departamento de Informática del IGSS solicitó la adquisición de una Solución Integral de Sistemas Informáticas SAP para la instalación, migración de datos, puesta en operación, garantía, soporte y actualizaciones de un sistema de Gestión Administrativa de los Recursos Gubernamentales (GRP), estimando su valor en Q243,000,000.00, sin justificar dicho valor.
El IGSS contaba con sistemas informáticos para el desarrollo de sus labores tanto administrativas como médicas, incluyendo los sistemas de contabilidad del Estado, SIGES y SICOIN, cuyo uso no puede prescindirse en las instituciones públicas, cita el MP.
Por los tres casos descritos, otras 7 personas que ya están presas por el caso IGSS-Pisa deberán rendir primera declaración.
- Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente de la Junta Directiva del IGSS.
(asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción). - Julio Roberto Suárez Guerra, exprimer vicepresidente de la Junta Directiva del IGSS.
(asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción). - Jesús Arnulfo Oliva Leal, exsegundo vicepresidente de la Junta Directiva del IGSS.
(asociación ilícita, fraude, peculado por sustracción). - Max Erwin Quirin Schoder, exvocal II de la Junta Directiva del IGSS.
(asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción). - Julia Amparo Lotán Garzona, exvocal III de la Junta Directiva del IGSS.
(asociación ilícita, fraude, peculado por sustracción). - Oscar Armando GarcÍa Muñoz, exgerente del IGSS.
(fraude y peculado por sustracción). - Álvaro Manolo Dubón González, exsubgerente administrativo del IGSS.
(asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción)
Con información de: © Agence France-Presse
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