Ciudad Guatemala
El presidente estadounidense, Donald Trump, alentó este lunes a los militares venezolanos a aceptar la amnistía ofrecida por el líder opositor Juan Guaidó, o de lo contrario "lo perderán todo".
“Hoy tengo un mensaje para todos los funcionarios que están ayudando a mantener a (el presidente Nicolás) Maduro en el cargo. Los ojos del mundo están sobre ustedes”, dijo Trump en un encuentro con la comunidad venezolana en Miami.
“Pueden elegir entre aceptar la generosa oferta de amnistía del (autoproclamado) presidente Guaidó y vivir su vida en paz con sus familias y sus compatriotas, o pueden elegir el segundo camino: seguir apoyando a (el presidente Nicolás) Maduro. Si eligen este camino no encontrarán un refugio, no habrá una salida fácil. Lo perderán todo”.
Unas 300 personas del público vitorearon al presidente Trump en el evento en la Universidad Internacional de Florida en Miami, que tiene lugar un día después de la visita del senador Marco Rubio a la frontera colombiana con Venezuela.
Horas antes, al llegar al aeropuerto de Miami tres visitar los cargamentos de ayuda humanitaria estacionados en la ciudad colombiana de Cúcuta, Rubio había dicho a periodistas que preguntaban sobre la opción militar que, “si Estados Unidos actúa militarmente en cualquier parte del mundo, se enterarán de ello”.
“Pero aquí la única invasión que se ha pedido es una invasión de comida y medicinas”, añadió en español, asegurando además que “la única invasión que ha pasado en Venezuela es la invasión cubana”.
Guaidó, reconocido por 50 países como presidente interino, organiza el ingreso de ayuda humanitaria el 23 de febrero desafiando el rechazo del gobernante Nicolás Maduro, quien prometió impedir su paso porque la considera una puerta a la intervención extranjera.
Unos 2.3 millones de venezolanos (7% de la población) han migrado desde 2015, según la ONU, escapando de la mayor crisis económica en la historia reciente del país petrolero, con una hiperinflación estimada para este año en 10.000.000% por el FMI.
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Una fuerte condena internacional recibió este domingo el gobierno de Daniel Ortega tras la represión a una protesta opositora y el arresto de 30 líderes y defensores de derechos humanos, que se manifestaban en el marco del movimiento antigubernamental que deja más de 320 muertos desde abril.
La marcha, convocada bajo el eslogan “Unidos por la libertad”, fue reprimida por la policía con bombas aturdidoras, golpes y arrestos.
El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado; y organismos internacionales de derechos humanos pidieron el “cese de la represión” y la liberación de las personas detenidas.
Exigimos al gobierno #Nicaragua libere a manifestantes retenidos, respete el derecho a la protesta pacífica en el país y cese la represión y todo tipo de intimidación contra líderes políticos y la población civil #OEAenNicaragua https://t.co/b9hMuRWRWc
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 14, 2018
Profundamente preocupantes las detenciones de esta mañana en Nicaragua. La represión que está sufriendo el pueblo nicaragüense debe acabar.
— Carlos Alvarado Q. (@CarlosAlvQ) October 14, 2018
La cancillería costarricense señaló además en un comunicado que la situación de Nicaragua “afecta directamente” a esa nación en lo migratorio, social, económico y humanitario, por lo que solicitó a la comunidad internacional “su mediación” para restablecer el diálogo entre gobierno y oposición, suspendido desde junio.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, denunció en Twitter “inaceptables actitudes represivas y autoritarias” este domingo en Nicaragua. Un “estado de excepción se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos”, dijo.
“Qué triste e indignante que se produzcan otra vez hoy en Nicaragua actos de represión de la Policía contra la población que se manifiesta pacíficamente. ¡La represión no es la solución! ¡Basta ya de detenciones arbitrarias”, expresó por su parte el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
También se pronunciaron contra lo ocurrido el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) y Amnistía Internacional.
La Policía informó que 30 personas, entre manifestantes y líderes de organizaciones fueron detenidas. Se les responsabiliza de convocar a una marcha sin el debido permiso. Otras ocho ya fueron liberadas.
Entre los detenidos está el costarricense Alejandro Cordero, cuya condición jurídica fue demandada por la cancillería costarricense.
En tanto, la defensora de derechos humanos Haydee Castillo fue bajada de un avión cuando intentaba viajar y recluida en la cárcel de El Chipote, en Managua, según familiares.
Castillo había denunciado una serie de hostigamientos de parte de autoridades y tiene medidas cautelares dictadas por la CIDH.
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Golpeados y arrastrados
“No disparen”, “libertad”, gritaron los manifestantes a los agentes que los rodearon en el estacionamiento de un centro comercial, donde apenas se estaban agrupando para iniciar la marcha.
Hombres y mujeres, algunos personas mayores, fueron golpeados y arrastrados por la calle para luego ser subidos a patrullas de la policía.
Algunos periodistas también recibieron golpes y fueron retenidos pero luego les dejaron ir, según denunciaron medios de comunicación independientes.
“No respetan a nadie, ni a (personas) mayores ni a niños. Eso demuestra que hay una escala superior de represión”, declaró Azhalea Solís, dirigente de la Alianza Cívica de grupos sociales, empresarios y estudiantes.
La policía anunció el sábado que no iba a permitir marchas sin la debida autorización y que tomaría las medidas necesarias para impedirlas.
Ante la manifestación del domingo, cientos de agentes antimotines fueron desplegados a primera hora en varios puntos de la capital y la carretera a Masaya, donde estaba prevista la marcha entre dos rotondas.
Pero seguidores del gobierno ocuparon las rotondas, según voces oficiales para honrar el legado de monseñor Óscar Arnulfo Romero, canonizado este domingo por el papa Francisco.
“No vamos a pedir permiso para marchar (…) Hemos visto que es la misma policía y los paramilitares los que hacen actos vandálicos para culpar a manifestantes”, dijo la dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera.
Las protestas antigubernamentales iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguro social pero, tras la violenta represión -que hasta ahora deja 320 muertos-, los manifestantes comenzaron a exigir la salida del gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Unos 150 países se unen al “ Paro Internacional de Mujeres “ este 08 de marzo de 2017. Diversas organizaciones de Guatemala se unirán a esta actividad en conmemoración al Día de la Mujer.
La actividad busca reclamar contra el machismo, el sexismo, la desigualdad de género, la brecha salarial y los feminicidios. Mujeres de distintos países de todo el mundo se sumaron a la iniciativa para decir basta y para evidenciar el rol que cumplen en la sociedad.
12 mujeres son asesinadas por día en América Latina por el simple hecho de ser mujeres [Amnistía Internacional]
En Guatemala los grupos de mujeres se reunirán en el Parque Central, de la misma forma se realizará en departamentos como Quetzaltenango y Sololá.
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Paro Internacional de Mujeres
Acusada de corromper el fútbol internacional a través del pago de millonarios sobornos, la empresa argentina Torneos y Competencias logró el martes una amnistía en el marco del escándalo FIFA a cambio del pago de la fabulosa suma de USD 112,8 millones a la justicia estadounidense.
El acuerdo con la fiscalía federal de Nueva York otorga a la empresa una amnistía por cuatro años, sin que se presenten cargos en su contra, a cambio del pago de multas y devolución de dinero sucio, la implementación de mecanismos de control internos y una cooperación total con la investigación del escándalo de corrupción de la FIFA, aún en curso.
Torneos y Competencias “admitió su rol en un esquema de 15 años” que “incluyó el pago de decenas de millones de dólares en sobornos y beneficios a un alto funcionarios de la FIFA (que también era un alto funcionario de la Conmebol y de la Asociación de Fútbol de Argentina) para obtener entre otros los derechos de televisación de las Copas del Mundo de 2018, 2022, 2026 y 2030”, dijo la fiscalía del distrito este de Nueva York, en un comunicado.
También pagó y acordó pagar millonarios sobornos a la Conmebol y la Concacaf y a varios entes nacionales como la AFA para mantener o adquirir los derechos comerciales y de televisación de la Copa Libertadores, la Copa América, la Copa América Centenario y partidos amistosos de la selección nacional argentina, añadió.
Al cabo de 48 meses, si Torneos y Competencias ha cumplido todos los requisitos, el gobierno estadounidense eliminará el cargo presentado este martes en su contra -conspiración para cometer fraude bancario-, pero si los incumple será sometida a un proceso penal.
– “Un paso importante” –
“El anuncio de hoy marca otro paso importante en nuestro esfuerzo contínuo para erradicar la corrupción en el fútbol internacional y envía un claro mensaje de que las empresas que dependen del sistema financiero estadounidense para enriquecerse a través de sobornos serán consideradas responsables”, sostuvo el fiscal federal Robert Capers.
El exdirector de la empresa, Alejandro Burzaco, es una de las 40 personas acusadas en el marco del escándalo FIFA. Hasta ahora las dos únicas empresas acusadas en el marco de la causa son Trafic Sports USA y Trafic Sports International, con sede en Miami.
Burzaco fue extraditado a Estados Unidos por Italia en 2015, y se declaró culpable de varios cargos. Su sentencia está prevista para el 25 de mayo próximo.
El empresario declaró en una corte federal de Brooklyn que como director de Torneos y Competencias ofreció pagos ilegales “por decenas de millones de dólares” a “múltiples responsables de Conmebol y FIFA”.
Al declararse culpabe de tres cargos por asociación ilícita, conspiración para cometer fraude bancario y para lavar dinero, Burzaco aceptó devolver más de 21 millones de dólares, además de depositar otros 20 millones para pagar su fianza y obtener el arresto domiciliario.
– Solo los futbolistas deben ganar –
“Las únicas personas que deberían ganar en un partido de fútbol son los jugadores en la cancha, no el sinfín de compañías atrás de bambalinas que ven el juego como un manera fácil de conseguir dinero”, dijo William Sweeney, vicedirector adjunto del FBI en Nueva York.
Para esconder sus actividades ilegales, Torneos y Competencias y sus co-conspiradores empleaban varios medios, detalló la fiscalía: utilizaban facturas y contratos falsos, dependían de intermediarios y banqueros corruptos, creaban y utilizaban empresas de fachada y usaban dinero en efectivo.
En total, 40 exjerarcas del fútbol y empresarios deportivos y dos empresas fueron acusados por la justicia estadounidense de solicitar y recibir decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones en el marco del escándalo que generó una inmensa crisis en la FIFA y tumbó a su jerarquía, incluido a su expresidente Joseph Blatter.
Un total de 19 se han declarado culpables y aceptaron cooperar con la justicia a cambio de una posible reducción de su condena. Otros combaten su extradición desde el extranjero o están siendo o fueron juzgados en sus países de origen.
Apenas cinco se han declarado no culpables y serán juzgados a partir del 6 de noviembre de 2017.
© 1994-2016 Agence France-Presse
En una de las fotos se veía un Toyota blanco destartalado. En la otra, lo que había dentro del ataúd azul que llevaba en el techo: un hombre tumbado, vivo y con las manos a la espalda, seguramente esposado.
En el hilo de Twitter del 10 de enero en el que anunciaba su captura, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, aseguró que era un miembro activo de la Mara Salvatrucha acusado de homicidio.
Y que lo habían interceptado, escondido en el Toyota, dirigiéndose a la frontera con Guatemala con la intención de salir del país.
Estos cobardes terroristas están agotando sus escondites y sus formas de querer escapar de la justicia.
Mediante un dispositivo de control vehicular se encontró que este pandillero era transportado dentro de un ataúd. pic.twitter.com/HbnOWkdKR4
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) January 10, 2023
Las autoridades salvadoreñas han hablado en repetidas ocasiones de la fuga de presuntos pandilleros ante los arrestos masivos del régimen de excepción que, con 11 prórrogas, lleva ya un año en vigor y ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, mientras es aplaudido por gran parte de la población salvadoreña, que ve los efectos positivos y la reducción de la criminalidad en un país que llegó a registrar la tasa de homicidios más alta del mundo.
El gobierno de El Salvador le ha confirmado a la BBC que está colaborando con los países vecinos, con México y Estados Unidos, compartiendo información, para que sean devueltos a El Salvador.
Esa guerra contra las pandillas ha llevado a las vecinas Honduras y Guatemala, así como al sur de México, a reforzar la seguridad fronteriza y a multiplicar los operativos, que ya reportan detenciones y deportaciones.
Aunque no faltan las críticas de que en vista de las reducidas cifras, son acciones exageradas, y varias voces denuncian que entre los huidos también hay expandilleros que ya cumplieron sus penas y no deben nada a la Justicia y ciudadanos que temen detenciones arbitrarias.
“Evitar el éxodo”
“Desde que El Salvador tomó esas medidas restringiendo algunas garantías para sus ciudadanos, Guatemala estableció un plan con el propósito de evitar ese éxodo”, le confirma a BBC Mundo el ministro de Gobernación guatemalteco, David Napoleón Barrientos Girón.
“Obviamente ha habido desplazamientos. La porosidad en las fronteras de este país y de todos los países es una realidad”, reconoce. “Pero hay presencia policial, tenemos patrullajes aéreos y terrestres en las principales rutas y creemos que eso ha permitido que el país no se convierta en refugio de los pandilleros salvadoreños“.
El esfuerzo interinstitucional, en el que participan distintas unidades de policía, el Ministerio de Defensa y el Instituto de Migración, y la comunicación “constante y fluida” con las autoridades de El Salvador llevó a la detención y deportación de 115 “pandilleros salvadoreños debidamente identificados como tales” en 2022 y de 12 en lo que va de año.
Para tratar de confirmar el aumento de ese flujo, BBC Mundo trató sin éxito de obtener cifras de arrestos en territorio guatemalteco previas a marzo de 2022, cuando a pedido del presidente Nayib Bukele la Asamblea salvadoreña declaró el estado de excepción.
Los arrestos han tenido lugar en comunidades aledañas a El Salvador pero también en el norte del país, en el Petén, en zonas cercanas a la frontera mexicana. “Sin duda están huyendo de las medidas de El Salvador. Están buscando ir a México y muy posiblemente a Estados Unidos. Esa es una realidad que no podemos negar”, dice Barrientos Girón.
A través de puntos ciegos
Con el objetivo de estrechar la cooperación y articular más acciones conjuntas en materia de seguridad, varias autoridades de la región se reunieron en febrero en la capital guatemalteca.
Además del país huésped, asistieron representantes de México, El Salvador, Belice, Costa Rica y Honduras, país este último que también ha reforzado la frontera de algo menos de 400 km que comparte con El Salvador.
Ya en mayo de 2022 las autoridades hondureñas lanzaron patrullajes para “no permitir el ingreso de integrantes de estructuras criminales que buscan huir del vecino país” y en diciembre 600 elementos de la Policía Militar del Orden Público fueron enviados al área limítrofe.
“Ha habido un aumento notable de ingresos de pandilleros a territorio hondureño desde que se decretara el estado de excepción en El Salvador”, le asegura a BBC Mundo el comisionado Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación Estratégica de la Secretaria de Seguridad.
“Están migrando de forma irregular, a través de pasos ciegos, y no por los puntos fronterizos regulares o aduanales”, prosigue.
Los centroamericanos no necesitan visa o permiso migratorio para cruzar de un país a otro en la región. Pueden ingresar solo con una tarjeta de identificación. Pero quien no quiere ser detectado usa un punto ciego, aclara.
“En su mayoría son de la Mara Salvatrucha (MS-13). Algunos migran con perfil bajo y han tratado de integrarse en la sociedad hondureña sin participar en actividades criminales, pero otros han continuado con la vida delictiva aquí o encontrado refugio en la MS-13 hondureña”.
En el momento de la publicación de este reportaje BBC Mundo sigue a la espera de obtener cifras de detenciones.
Pero los dispositivos fronterizos no son el único “efecto Bukele” —como le llaman expertos consultados por BBC Mundo— en Honduras.
En diciembre, el país instauró su propio régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales como la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión y la inviolabilidad del domicilio, y que abarca más de la mitad de su territorio, con el objetivo de reducir la criminalidad.
Menos al sur, más al norte
Aplicar una medida similar en su territorio es algo que descarta Costa Rica, que está enfrentando sus propios problemas de inseguridad.
Así lo zanjó el presidente Rodrigo Chaves el 25 de enero, después de que unas declaraciones del ministro de Seguridad Jorge Torres se sacaran de contexto y llevaran a titulares erróneos.
“¿Queremos seguridad al estilo Bukele? En Costa Rica no tenemos ejército, tenemos garantías. En Costa Rica no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción”, respondió en una conferencia de prensa.
“Además, no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico político como los salvadoreños. (…) Tenemos que arreglar nuestros problemas de acuerdo a nuestra realidad política. Y yo soy un ferviente amante de la democracia, la separación de poderes y del diálogo firme y claro. Entonces aquí estoy poniendo el problema como es. Pero no, lo de Bukele se lo voy a quedar debiendo”.
Los problemas a los que hacía referencia es que entre el 1 de enero y el 15 de febrero Costa Rica contabilizó 103 homicidios, la cifra más alta en 200 años como país independiente, y eso después de cerrar 2022 como el año más violento.
Pero las autoridades descartan que en ello tengan algo que ver presuntos pandilleros llegados de El Salvador.
“En absoluto, para nada. Es una situación producto de unas disputas de territorio entre grupos criminales”, le dice tajante a BBC Mundo Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Es totalmente criminalidad local con algunas personas involucradas del sur del continente: Colombia, tal vez de Venezuela, pero mareros o pandilleros de El Salvador, no”.
Asegura que no han aumentado las detenciones de presuntos miembros de esas organizaciones — el promedio anual es de 25-30— y que el equipo de inteligencia encargado de darles seguimiento en el territorio no ha reportado ningún repunte de llegadas.
En 2022 deportaron a 18 extranjeros presuntamente vinculados a pandillas, 13 de ellos salvadoreños, y cuatro en lo que va de año.
Y explica que el no ser un país colindante con El Salvador ayuda a ello: “Nicaragua hace una buena contención”.
BBC Mundo intentó sin éxito obtener cifras oficiales relativas al tema de las autoridades nicaragüenses.
La misma explicación que Zúñiga dio el anterior ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, a Noticias Repetel en febrero del año pasado.
A lo que añadió que para los presuntos mareros es “más atractivo viajar hacia el norte”.
“Es más provechoso ir a un lugar donde los grupos ya están constituidos que a uno en el que no lo están. Y en este momento, no le puedo decir en el futuro, no hay un asentamiento de la MS o del Barrio 18 en Costa Rica ni en Panamá que permita que estas personas tengan un lugar donde llegar y cómo asociarse, como ocurre en los otros países”.
A México y camino a EE.UU.
Más al norte está México.
Allí, en Chiapas, el estado sureño que colinda con Guatemala, las autoridades locales formaron una fuerza especial antipandillas y apostaron policías en las estaciones de transporte público. Y el ejército mexicano desplegó en diciembre 350 soldados adicionales en las comunidades limítrofes con Guatemala.
Y es que, en el último año, conductores y propietarios de empresas de transporte público del estado fronterizo han denunciado un aumento de intentos de extorsión por parte de “delincuentes centroamericanos”.
Según reportes de medios locales, al menos tres conductores fueron asesinados por negarse a pagar y otros han recibido golpizas o les han quemado los vehículos.
Uno de los líderes de los transportistas en la zona, quien prefirió mantenerse anónimo por seguridad, se lo confirmó a BBC Mundo, que también tuvo acceso a audios de llamadas amenazantes.
Pero la presencia de estos grupos en México no es nueva, por lo que los expertos dudan de que se pueda decir tajantemente que los extorsionistas son recién llegados.
De hecho, se estima que la Mara Salvatrucha está en el país desde inicios de este siglo y, de una manera más formal, desde que hace casi una década, cuando la banda creó el Programa México.
En octubre, la Fiscalía General de Chiapas anunció que abrió 122 investigaciones contra presuntos miembros de la MS-13 y Barrio 18. Y entre enero y septiembre de 2022 fueron detenidos 148 presuntos pandilleros, de ellos 50 de El Salvador, según datos obtenidos por la agencia AP.
En cifras más recientes, proporcionadas por la Fiscalía a BBC Mundo, entre el 1 de enero y el 9 de febrero de este año se llevaron a cabo 36 operativos y se detuvo a 13 personas, nueve de ellas salvadoreñas, y abrieron siete carpetas de investigación por delitos como portación de armas, narcomenudeo y “pandillerismo”.
El fiscal estatal para asuntos migratorios de Chiapas, José Mateo Martínez, le dijo en enero a AP que la guerra de El Salvador contra las pandillas explicaba el aumento de la actividad de estos grupos en México.
Y aseguró: “Viene gente escondiéndose de eso, pero también vienen cabecillas a establecerse, a crear un grupo criminal acá”.
Aunque Joaquín Darío Barahona Núñez, segundo comandante del Grupo Antipandillas en Tapachula, encargado de dichos operativos y quien lleva ocho años trabajando en la zona, confirma el aumento de llegadas, niega que se estén estableciendo en la zona.
“Hemos hecho detenciones y se deporta a los que tienen orden de captura, pero la mayoría está de paso“, le dice a BBC Mundo.
“Realizamos patrullajes preventivos, para que también esos pandilleros no quieran establecerse en un solo lugar. Cuando ven que hay vigilancia, salen del sitio y van a otro lado. Siguen su camino hacia delante, hacia Estados Unidos”.
BBC Mundo solicitó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. información sobre presuntos pandilleros detenidos tratando de ingresar en el país desde su frontera con México, pero de momento no obtuvo respuesta.
Mientras, investigadores independientes como el mexicano Carlos García, especializado en estas organizaciones criminales, suscriben la tesis de que su objetivo es llegar a territorio estadounidense.
“Los pandilleros que huyen ya no quieren dedicarse a acciones delictivas por el miedo de que los deporten a su país y acaben en las peores condiciones”, asegura, y rechaza cualquier posibilidad de que México pudiera convertirse en el nuevo principal centro de operación de las maras.
“Además, habría que ver qué es lo que se considera pandilleros, porque hay activos llegando, pero también muchos que ya se han desactivado, que tienen mucho tiempo que dejaron la pandilla, entre ellos muchos cristianos, que han salido huyendo por traer tatuajes muy vistosos o llamativos”, matiza.
Sin cuentas pendientes
Es el caso de Walter, quien dice que dejó la MS-13 tras trece años de pertenecer a ella y haber pasado por varias cárceles, “por muchas cosas que la pandilla fue implementando conforme fue evolucionando”, dice sin dar más detalles.
“Renuncié aun sabiendo que iban a buscarme para quitarme la vida, porque usted sabe que salirse no es así como decirlo y ya,”, dice a BBC Mundo desde el otro lado del teléfono.
Asegura que no tiene cuentas pendientes con la Justicia de El Salvador. “Estoy 100% limpio. Cometí errores pero pagué por ellos”.
“Pero sabía que si me quedaba, iba a ser víctima de ese régimen que me iba a alejar de mi familia. Así que me dije: ‘Prefiero estar lejos pero que sepan que estoy bien, que me puedan ver aunque sea por una llamada’. Porque allí, ¿quién iba a saber de mí? Me voy a morir y no lo van a saber”.
Sus allegados reunieron el dinero para que pudiera salir del país y llegar hasta México, donde hoy se encuentra.
Aunque su plan —”como el de varios que conocí en la calle y en la cárcel y que ahora andan por aquí”, dice— es seguir a EE.UU. y esperar allí unos años, hasta que el gobierno o la situación en El Salvador cambie.
“Mi mayor temor es que, por intentar cruzar y llegar al sueño americano, me agarre Migración y me retorne. Imagínese llegar a El Salvador… No crea que me van a llevar con mi familia, voy a ir directo al Cecot”.
Se refiere al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la nueva megacárcel de El Salvador con cabida para 40.000 presos, según el gobierno.
Miguel también cree que ese es el destino que le espera si comete “un error” y lo terminan deportando de EE.UU.
Se sumó a las filas de la MS con trece años y pasó por numerosos centros penales. Pero tras cumplir una condena de 16 años “y al ver que mis principios y mis ideales estaban siendo pisoteados por las mismas personas en las que yo creía”, decidió desactivarse.
Con el 98% de su cuerpo tatuado, salió “de emergencia“ a Nicaragua y cuando reunió el dinero para pagar a un coyote se dirigió a EE.UU., bordeando El Salvador porque ya estaba en vigor el régimen.
“Si tú me preguntas si está bien lo que están haciendo allá en contra de la delincuencia y estos grupos, sin pensarlo te voy a decir que sí”, reconoce.
“Pero si me preguntas por el trasfondo de este asunto, todo esto viene de la suciedad, de tratos mugrosos”, apunta, refiriéndose a las supuestas negociaciones entre la MS-13 y dos funcionarios de alto rango del actual gobierno salvadoreño para que redujeran sus homicidios entre 2019 y 2021, algo que el gobierno siempre ha negado.
“Si (los pandilleros) participaron en algún delito, pues ni modo, pero con lo que no estoy de acuerdo es con que se lleven a sus mamás, a sus hijos, a ancianos, a personas que no tienen nada que ver“.
Las denuncias de detenciones arbitrarias son diarias en El Salvador.
Familiares de arrestados han llevado a cabo protestas con pancartas con mensajes como “cambio mi libertad por la de mi hijo con problemas mentales” y organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y entidades locales manifiestan que no hay manera de garantizar una defensa efectiva incluso de demostrar inocencia durante el régimen de excepción.
“Aquel que no es, no se preocupe, esa persona va a salir (de la cárcel)”, ha respondido a ello el viceministro de Seguridad, Osiris Luna.
“El que nada debe nada teme”, escribió en esa línea el diputado oficialista Walter Alemán en Twitter en abril.
“El que nada debe nada teme”
— Walter Aleman (@WalterAlemanSV) April 14, 2022
Entrevistado por la BBC, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, negó que existan detenciones arbitrarias basadas en llamadas anónimas o simples tatuajes.
“Podría ser que cuando llevas a cabo una operación de este tamaño, probablemente podría haber algún error y algunas personas podrían haber sido arrestadas sin tener vínculos con las pandillas. Pero miles de personas han sido ya liberadas” tras comprobarse que no era así, dijo.
Quienes huyeron prefieren no arriesgarse.
“Yo a El Salvador no vuelvo ni en caja. Ni en caja”, dice Miguel.
Por una excusa del juez, se aplazó la audiencia donde la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Virginia Laparra, buscaría obtener una medida sustitutiva de arresto domiciliar.
La audiencia comenzó a eso de las 9:15 horas, pero a las 11 horas, la jueza a cargo del proceso se excusó, lo que aplazo los planteamientos a una nueva diligencia que está prevista para el 11 de abril.
Según confirmó el equipo legal de Laparra, para este sábado buscaría obtener una medida sustitutiva, así mismo mantenían en agenda una petición para reformar el delito en su contra.
Laparra fue declara a finales del año pasado como una presa de “conciencia” por Amnistía Internacional, instancia extranjera que ve la detención de la antigua operadora de justicia como una represalia, por las acciones emprendidas contra la corrupción.
En este segundo proceso penal, la antigua fiscal es señalada de haber compartido información reservada, lo que ha valido una causa penal, según los reportes de las autoridades.
Así mismo, la operadora de justicia, recibió una condena conmutable por el cargo de abuso de autoridad de forma continuada, que en etapa de juicio le costó una pena de cuatro años de prisión.
Si en este segundo proceso obtiene una medida sustitutiva, pagando la sanción conmutable, Laprra podría salir de prisión.
La exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra presentó este martes una apelación que busca revertir la sentencia que un tribunal dictó en su contra en diciembre pasado, por un delito administrativo.
Laparra, por medio de sus defensores, alegó que la jueza Oly González cometió algunas “irregularidades” cuando la condenó a cuatro años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad.
“Existe una clara ausencia de elementos objetivos que sustenten la acusación contra Laparra”, declaró ante periodistas la abogada Claudia González, defensora de Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) en Quetzaltenango.
El recurso será conocido por una sala de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, que podría tardar hasta nueve meses en dictar un veredicto sobre la sentencia.
En reiteradas ocasiones, Laparra ha señalado que todo se trata de una “venganza política” en su contra, por haber sido parte de los operadores de Justicia que entre 2014 y 2019 encabezaron una histórica persecución contra estructuras de corrupción incrustadas en el Estado de Guatemala.
En diciembre último, la exfiscal fue condenada a cuatro años de prisión conmutables (con el pago de alrededor de 1.25 dólares diarios) por abuso de autoridad, en el primer proceso penal en su contra y por el cual ha apelado.
Varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, con sede en Londres, han exigido la libertad de Laparra por considerar que sus derechos han sido vulnerados por el Estado de Guatemala.
Hasta el momento, la exfiscal acumula 10 meses en prisión y está enfrentando un segundo proceso penal en su contra por supuestamente revelar información confidencial de un proceso penal que estaba a su cargo.
Entre 2018 y 2022, al menos 24 jueces y fiscales guatemaltecos se exiliaron en Estados Unidos al denunciar una persecución penal en su contra por haber investigado o juzgado a personajes vinculados a la corrupción, especialmente exfuncionarios, presidentes y empresarios de alto perfil.
Algunos de los que acceden a hablar al respecto eligen con cuidado sus palabras porque es un tema “complicado con el que hay que protegerse porque las autoridades intentan controlar”, le dice a BBC Mundo un taxista pakistaní que prefiere mantenerse bajo anonimato.
Qatar, uno de los países más ricos del mundo, no está libre de pobreza. Y si no se habla lo suficiente de ella es también por lo oculta a la vista que puede resultar.
Parte de los extranjeros que la experimentan viven en barrios aislados y peor comunicados, lejos de las zonas frecuentadas por turistas y aficionados.
Gracias principalmente al dinero del gas y el petróleo, Qatar cuenta con un producto interno bruto de US$180.000 millones que ha atraído a cientos de miles de migrantes para poder invertir en construcciones enormes en el desierto.
Qatar tiene alrededor de tres millones de habitantes. De ese total, solo 350.000 (un 10% de la población) son qataríes. El resto son extranjeros. Qataríes y expatriados occidentales cuentan con altos salarios y grandes beneficios sociales.
Según las estadísticas oficiales, Qatar eliminó virtualmente la pobreza, aunque hay otra realidad distinta para muchos migrantes del sudeste asiático.
“Muchos de los que vienen de países como India, Nepal, Bangladesh o Pakistán no tienen cualificación y apenas hablan inglés. Aunque aquí tienen mejores estándares de vida que en sus países de origen, una parte importante vive con lo justo, bajo salario mínimo y compartiendo una habitación de seis para mandar dinero a sus países”, cuenta el taxista pakistaní.
Tratamiento desigual
En un país donde qataríes y expatriados occidentales pueden ganar varias decenas de miles de dólares al año más beneficios, muchos empleados sin cualificar no tienen mayor paga asegurada que la del salario mínimo mensual, apenas US$275.
Qatar se convirtió en 2020 en el primer país árabe en abolir en efecto el controvertido sistema kafala (patrocinio en árabe) y el segundo en establecer un salario mínimo para todos los trabajadores independientemente de su nacionalidad después de Kuwait.
Cuando el kafala estaba vigente, si un empleado cambiaba de trabajo sin autorización, por ejemplo, podía enfrentar cargos penales, arresto y deportación.
Los empleadores a veces confiscaban el pasaporte de sus empleados, forzándolos en la práctica a permanecer de forma indefinida en el país.
Muchos migrantes también debían pagar una tasa de contratación a sus reclutadores de entre US$500 y US$3.500 antes de abandonar sus países.
Para ello, la mayoría tuvo que recurrir a préstamos con intereses que les dejó en posiciones vulnerables.
Como parte de su regulación en materia de derechos laborales, Qatar también promulgó una ley que permitía a los trabajadores que habían completado sus contratos cambiar de trabajo libremente e impuso multas a las empresas que confiscaban pasaportes a empleados.
Pero a pesar de los progresos, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) insisten en que “los trabajadores migrantes aún dependen de sus empleadores para facilitar la entrada, la residencia y el empleo en el país, lo que significa que los empleadores son responsables de solicitar, renovar y cancelar sus permisos de residencia y trabajo”.
“Los trabajadores pueden quedarse sin documentos por causas ajenas a ellos cuando los empleadores no cumplen con dichos procesos, y son ellos, no sus empleadores, quienes sufren las consecuencias”, dice este informe de HRW de 2020.
El año pasado, HRW señaló que los trabajadores extranjeros todavía sufren “deducciones salariales punitivas e ilegales” y enfrentan “meses de salarios impagos por largas horas de trabajo agotador”.
Y según Amnistía Internacional, las empresas aún presionan a los trabajadores para evitar que cambien de trabajo.
Un portavoz del gobierno de Qatar le dijo a la BBC que las reformas implementadas por el país están mejorando las condiciones laborales para la mayoría de los trabajadores extranjeros.
“Se ha logrado un progreso significativo para garantizar que las reformas se implementen de manera efectiva”, dijo el vocero.
“El número de empresas que incumplen las reglas seguirá disminuyendo a medida que se implementen las medidas de cumplimiento”, aseguró.
Copa del Mundo
Qatar construyó siete estadios para el Mundial, además de un nuevo aeropuerto, metro, calles y alojamientos.
La sede de la final, el Estadio Lusail, se encuentra en la ciudad del mismo nombre que prácticamente fue construida en los últimos cinco años.
Según el gobierno de Qatar, 30.000 trabajadores extranjeros fueron contratados para construir los estadios. La mayoría vinieron de Bangladesh, India, Nepal y Filipinas.
La cifra sobre el número de esos migrantes que murieron durante la preparación del Mundial es tema polémico y divisorio.
Basándose en informaciones de las embajadas en Qatar, el periódico británico The Guardian reportó que 6.500 trabajadores de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en Qatar desde 2010, cuando se le otorgó la sede del Mundial.
Pero Qatar condena tal cifra como engañosa e imprecisa, porque no todas esas muertes registradas son de trabajadores de proyectos vinculados a la Copa del Mundo y muchos pudieron haber muerto de vejez u otras causas naturales.
Qatar dice que en sus registros entre 2014 y 2020 hubo 37 muertes de trabajadores de la construcción de estadios y que solo la causa de tres de ellos estaba “relacionada al trabajo”.
Pero la Organización Internacional de Trabajo (OIT) dice que ese número no muestra toda la realidad, ya que Qatar no cuenta como vinculadas al trabajo las muertes por ataques cardíacos o insuficiencia respiratoria, síntomas comunes de insolación y cargas pesadas bajo altas temperaturas.
Según la OIT, 50 trabajadores extranjeros murieron y más de 500 resultaron gravemente heridos solo en 2021, mientras que otros 37.600 sufrieron lesiones leves a moderadas.
El servicio árabe de la BBC también ha reunido evidencia de que el gobierno de Qatar subestima las muertes entre los trabajadores extranjeros.
Tras la presión internacional por el trato a los trabajadores de los estadios y como parte de sus medidas de mejora, Qatar construyó Labour City (la ciudad del trabajo), un campo para acoger a muchos de estos migrantes.
Pero dicha instalación, para la que se destinaron cientos de millones de dólares, está fuertemente restringida para la prensa aquí en Qatar y ha sido criticada por su localización, en las afueras de Doha y lejos del lujo que aparece en las pantallas de televisión durante la cita mundialista.
*Reporte adicional de José Carlos Cueto, enviado especial de BBC News Mundo a Qatar.
Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dueño de Tesla y SpaceX, compró Twitter por US$44 mil millones y quiere transformarla para garantizar la libertad de expresión.
Le red social estadounidense “tendrá que adaptarse totalmente a las reglas europeas” sin importar las orientaciones del nuevo accionista en materia de libertad de expresión, dijo el martes 26 de abril el comisario europeo para el Mercado interior, Thierry Breton.
La promesa de Elon Musk de permitir que cualquiera diga lo que quiera en Twitter, luego de adquirir la red social, podría poner la responsabilidad de combatir el acoso y la desinformación en los usuarios de la plataforma, dicen los expertos.
Los detalles de los planes de Musk para Twitter fueron escasos tras el anuncio el lunes 25 de abril para para comprar la compañía. Sin embargo, el jefe de Tesla se autoproclama como un absolutista de la libertad de expresión.
Pero la privatización de Twitter con Musk como su dueño ha elevado preocupaciones de los analistas y activistas de que el sitio será regido caprichosamente por el hombre más rico del mundo, con más enfoque en la atención y la rentabilidad que en promover conversaciones digitales sanas.
El mensaje en latín
Musk ha estado activo en Twitter y sus últimos mensajes han sido visualizados por millones de usuarios, quienes refieren que probable hacen referencia a la adquisición de la red social. Sin embargo, una “misteriosa” frase en latín ha llamado la atención de multitudes.
De acuerdo con reportes en medios internacionales, las frases en latín se utilizan en momentos especiales. Sin embargo, el magnate la usó para durante la semana que se anunció la compra de la red social.
“Per aspera ad astra!”, escribió Musk.
Per aspera ad astra!
— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022
Según Infobae, esta frase en latín se refiere al momento en que se alcanza un objetivo luego de haberse esforzado para lograrlo y es sumamente importante y cuya traducción al español es “A través de las dificultades a las estrellas!”.
De acuerdo con Infobae, la frase compartida por Elon Musk fue escrita por el filósofo Lucio Séneca, también conocido como Séneca el joven, para diferenciarlo de su padre.
¿El Twitter de Musk tendrá más libertad o más mensajes de odio?
La compra de Twitter por el magnate Elon Musk ha hecho temer que, en aras de su concepción de la libertad de expresión, la red social se convierta en un aluvión de mensajes de odio. Pero los expertos esperan ver cómo abordará la moderación de contenidos.
Tras la compra de la red social por parte del propietario de Tesla y SpaceX, muchas voces están preocupadas por su eventual retroceso sobre el sensible asunto de su regulación.
“Señor Musk: la libertad de expresión es formidable, los discursos de odio son inaceptables”, resumió el presidente de la organización estadounidense para la defensa de los derechos cívicos NAACP, Derrick Johnson.
“Lo último que necesitamos es un Twitter que cierre los ojos deliberadamente a los discursos violentos contra los usuarios (…) en particular contra las mujeres, las personas no binarias y otras”, dijo por su parte el director de tecnología y derechos humanos de Amnistía Internacional, Michael Kleinman.
Enfrentada desde hace dos años a información engañosa sobre el covid, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a Elon Musk que asuma su “enorme responsabilidad” sobre el asunto, mientras que la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ve en la compra una “amenaza para el pluralismo de la libertad de prensa” y un “terreno favorable para la desinformación”.
SAN JOSÉ, COSTA RICA / WASHINGTON – Centroamérica vive uno de sus momentos más difíciles debido a actos de autoritarismo y violaciones a los derechos humanos, según expertos consultados por la Voz de América.
“Populistas que buscan entronizarse en el poder” amenazan las frágiles democracias, algunas recién consolidadas tras haber salido de sus episodios más oscuros como son las guerras en El Salvador y Nicaragua.
Reflejo de ello es que al menos cuatro de los siete países de Centroamérica, Guatemala, Honduras —dirigido entonces por el expresidente Juan Orlando Hernández—, El Salvador y Nicaragua no fueron invitados a la Cumbre por la Democracia celebrada a finales de 2021 por el gobierno de los Estados Unidos.
El experto Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, con sede en Washington DC, comenta que la situación política de la región muestra señales de desestabilización que, en algunos casos, pueden ser “irreversibles” en el mediano plazo, como es la actual concentración de poderes en El Salvador a manos del presidente Nayib Bukele, que se autodenomina como “el cool” de la región.
Según Orozco, el mandatario está llevando el país a la “impunidad frente a la ausencia de pesos y contrapesos institucionales, acompañados de censura y criminalización”.
Recientemente el gobierno de Bukele, por medio del Parlamento que controla su partido, decretó un régimen de excepción tras una escalada de asesinatos a finales de marzo; además de esto, el legislativo aprobó una serie de reformas al Código Penal de penas de cárcel para los medios de comunicación o periodistas que reproduzcan información o mensajes de las pandillas.
Para Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, con medidas de este estilo, “Bukele ha logrado en tiempo récord desmantelar las instituciones democráticas del país”.
La decisión de imponer un estado de excepción, aseguró Pappier a la Voz de América, “ha suspendido los derechos fundamentales de los salvadoreños y (…) abre la puerta a todo tipo de atropellos y violaciones a los derechos humanos”.
La figura de Bukele no está aislada, señaló el investigador, sino que forma parte de un “momento muy duro [y] muy preocupante en materia de derechos humanos” por el que está atravesando Centroamérica.
En esto coincide Eric Olson, investigador de la Seattle International Foundation, para quien en los últimos meses ha habido una “reversa en el tema de la democracia y la independencia de los mecanismos de control de los Estados” en la región.
El caso más paradigmático, aseguró Olson a la VOA, es el de Nicaragua, donde la crisis social y política que comenzó en el 2018 se ha prolongado. A este caso se le suman los de El Salvador y Guatemala, donde Olson señala que existe un retroceso democrático.
En estos países, afirmó, “las instituciones democráticas han sido deliberadamente politizadas y debilitadas en estos últimos meses”. La reducción de la independencia en la rama judicial es un común denominador en estos gobiernos, señaló Olson.
“En particular con la falta de la independencia de los ministerios públicos (…) la manera en que han politizado los tribunales y leyes con intención de debilitar la sociedad civil y limitar la libertad de expresión desde Nicaragua hasta Guatemala”, agregó.
En Guatemala varios exfiscales han sido forzados a salir del país debido a la persecución que enfrentan. El gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación por la falta de avances en los esfuerzos anticorrupción y agregó en una lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos a dos funcionarios de la administración de Alejandro Giammattei: la fiscal Consuelo Porras y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda.
En lo que va del año, al menos 15 impartidores de justicia han huido de Guatemala hacia Estados Unidos y otros países debido a los casos abiertos contra quienes trabajaron en casos de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que fue clausurada en 2019, durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales.
Si bien el gobierno guatemalteco ha negado los señalamientos, Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica indicó que tenían “grandes preocupaciones por que la lucha contra la corrupción no haya avanzado como debería y nos gustaría ver pasos concretos”.
En el gobierno de Alejandro Giammattei, existe una alianza “de sectores corruptos, tanto en el Estado como en el sector privado, que se han dedicado a perseguir a los jueces y fiscales honestos que hay en el país para garantizarse la impunidad y con ello se han llevado puesto el Estado de derecho y han debilitado fuertemente la independencia judicial y las instituciones democráticas”, en opinión de Pappier.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, evalúa que la situación en Centroamérica pasa por un crecimiento de los líderes populistas autoritarios.
Estas figuras políticas, señaló Guevara, resultan atractivos para una “población que está sometida a la vulneración de sus derechos humanos” donde estos líderes “presentan soluciones simples a complejos problemas, donde no se están atendiendo las raíces ni las causas estructurales”.
Guevara-Rosas pone como ejemplo el caso de Bukele, que como parte de un paquete de reformas aprobadas a finales de marzo, pasó una enmienda a la Ley Penal Juvenil que establece prisión para los menores de edad a partir de los 12 años, con condenas de hasta 10 años.
“En El Salvador el tema de la violencia tiene sus causas en las desigualdades, en la pobreza y en la violencia que han ejercido hasta las propias autoridades”, subrayó Guevera-Rosas, “son estas niñas niños, adolescentes quienes han estado sometidos a la reclutamientos forzados a la violencia sexual entre otras sin que el Estado se plantee políticas integrales de respuesta”, agregó.
Con información de: AFP
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