Ciudad Guatemala
El pasado sábado, la policía de Miami desalojó finalmente este campamento en horas de la madrugada. Ahora, los “depredadores sexuales”, fueron desplazado a una zona bajo un puente, no muy lejos de donde se encontraban. Antes del desalojo, estuvimos allí y esto fue lo que vimos.
Luis Concepción mira para todos lados, fuma una y otra vez y mueve el cigarrillo con cierto nerviosismo entre sus dedos.
Dice que está preocupado. El dispositivo de ubicación satelital del grillete electrónico que lleva hace más de tres años se está quedando sin batería.
Si se apaga, le sonará una alerta a la policía y podrían interpretarlo como una violación a la ley.
Cada barra de carga menos es una posibilidad de volver a la cárcel, donde ya pasó ocho años acusado de abusar de su ahijada, una menor de 7, sobrina de quien entonces era su esposa.
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Pero allí, en la esquina de una calle en el norte de Miami donde vive, debajo de una carpa, entre latas de conserva, envases vacíos y desechos, no tiene cómo conectarlo ahora.
“Entre todos compramos un generador para por las noches, pero ahora por la mañana un muchacho que también está aquí se lo llevó porque lo necesita”, dice, mientras fuma y espanta las moscas que se le posan insistentemente en la cara.
Con “todos” Concepción se refiere a los más de 270 “agresores sexuales” que viven “oficialmente” allí, en un asentamiento improvisado con lonas, pedazos de madera, muebles viejos y otros trastos que les han donado o que han encontrado en la basura.
Muchos viven en tiendas de campaña, donde acumulan sus pocas pertenencias. Unos pocos tienen carros o casas móviles, en los que se desplazan durante el día, aunque en la noche deben regresar aquí.
Otros duermen a la intemperie, sobre tablas o colchonetas, y guardan sus cosas en maletas viejas o carritos de supermercado.
En el campamento, el agua corriente sale de una pequeña tubería y hasta hace poco no tenían ni siquiera baños. Hace no mucho, las autoridades les colocaron unos retretes portátiles.
La mayoría de ellos estuvieron presos por abuso sexual de menores.
Los delitos van desde ver pornografía infantil o tener relaciones con una novia menor de edad, hasta desnudarse delante de niños, tocarlos de forma lasciva o violarlos.
Todos ya cumplieron sus condenas.
Pero las leyes de Miami, las más estrictas en este sentido en Estados Unidos, establecen que las personas juzgadas por abuso de menores, aunque hayan cumplido sus sentencias, no pueden residir, de por vida, a menos de 600 metros de una escuela, área de juego, jardín infantil, parque o parada de autobús escolar.
“Después de que salen de prisión, que terminan su etapa probatoria, que cumplen con todo lo que se supone que deben cumplir, se encuentran con estas excesivas restricciones que los deja prácticamente sin lugares para vivir. Y lo más lamentable es que este delito los sigue para el resto de sus vidas“, explica Nancy Abudu, directora legal de la Asociación para las Libertades Civiles (ACLU) en Florida.
La medida, tomada tras el dramático caso de una menor que fue violada y quemada viva en 2005, convierte a la ciudad en un sitio prácticamente inhabitable para ellos.
Muy pocos lugares cumplen con los requisitos, y las opciones se reducen al Aeropuerto Internacional de Miami, los Everglades, un pantano infestado de cocodrilos que cubre gran parte del estado, y algunos pocos lugares alejados de todo, como estas calles de una zona industrial en la ciudad de Hialeah, en el norte de Miami.
Pero ahora su estancia allí está también en riesgo.
El Departamento de Sanidad de la ciudad dictaminó el mes pasado que las condiciones de salubridad en las carpas constituyen un riesgo para la salud pública y que el campamento, considerado uno de los mayores de su tipo en Estados Unidos, debe ser desalojado.
El caso llegó incluso a las cortes esta semana, pero la decisión se mantuvo.
Las normas del estado disponen además que está prohibido pernoctar en las calles, aunque dados los altos precios de la renta en Miami, uno de los lugares más caros de Estados Unidos, el centro de la ciudad se vuelve en las noches el dormitorio de cientos de personas sin hogar.
Ahora, la incertidumbre revuela como una nube densa sobre el campamento de Hialeah: nadie parece tener idea de a dónde podrán ir estas personas y las autoridades carecen de soluciones para ofrecerles.
Sin oportunidades
No es la primera vez que ocurre una situación similar. Ya en 2010 fueron desalojados de un puente camino a la famosa playa de Miami Beach, debajo del que vivían desde 2005, cuando se aprobó la nueva ley.
Esta vez, los vecinos han salido a protestar en los lugares alejados que les han propuesto como alternativas para un nuevo campamento, en los límites de la ciudad con los pantanos de los Everglades.
“Nadie nos quiere en ningún lado. Un criminal que mató gente, un narcotraficante, cumplen sus condenas y vuelven a hacer sus vidas. Pero nosotros no tenemos esa oportunidad. Es una muerte en vida“, se lamenta Concepción.
Ronald Book, jefe de Homeless Trust, la iniciativa del gobierno del condado de Miami Dade para encontrar soluciones para las personas sin hogar, entre las que se incluyen estos “agresores sexuales”, considera que esto se debe al tipo de infracción que cometieron.
“En Estados Unidos, a diferencia de otros países, tratamos a las personas que cometen delitos sexuales retorcidos de una forma diferente a cualquier otro delito. Cuando le robas la niñez a un menor, porque lo violas, destruyes su vida, y como resultado, te vamos a tratar diferente“, explica.
“Los que venden drogas a menores también les destruyen la vida, pero eso se puede corregir. Una persona que mató a alguien puede rehabilitarse, puedes hacer que se rediman de ese comportamiento, pero no puedes hacer lo mismo con depredadores sexuales. No puedes cambiar sus conductas. Eso no tiene cura”, opina.
Abudu, por su parte, considera que el argumento de que estas personas no pueden reformarse es “insostenible” y cree que la situación a la que se les expone es “inconstitucional”.
“Las leyes también dicen que no puede borrar a las personas, no puedes tener una sociedad donde las personas no tienen absolutamente un lugar a dónde ir. Reconocemos que ellos cometieron delitos y fueron condenados por eso. Pero ahora necesitan la ayuda social para rehacer sus vidas”, considera.
Primer día en el campamento
Daniel Fundora llegó al campamento un día antes de que un juez confirmara su desalojo.
Pese a la polémica sobre el destino del asentamiento, asegura que fue la propia policía quien le sugirió que se fuera allí.
“No hay muchos lugares para nosotros y, cuando sales, ellos mismos te dan esta dirección. A mí me dieron ayer la condicional, pero yo la verdad hubiera preferido quedarme en la cárcel. Era mejor que estar aquí”, dice.
Lo que más le incomoda, afirma, es el grillete electrónico.
Él, como casi todos, lleva un dispositivo en el tobillo que permite a las autoridades acceder a su ubicación a cada momento, aunque algunos, como Luis Concepción, ya no se pueden mover de una silla de ruedas.
Al salir de la prisión, donde estuvo por una condena asociada al abuso de un adolescente de 14 años, a Fundora, como a la mayoría, no le ha quedado más opción para vivir que la calle.
Por su condición, no son admitidos en los albergues para personas sin hogar que administra el condado y la mayoría de quienes rentan viviendas se niegan a aceptar en sus propiedades a exconvictos por abusar sexualmente de un menor.
Lo mismo pasa con las oportunidades para encontrar un trabajo y generar ingresos. La ayuda social que recibe la mayoría se reduce a un bono de comida, con el que no pueden comprar productos de aseo ni comida elaborada, y en el campamento no tienen con qué cocinar.
Por el día pueden estar en donde quieran. Muchos pueden, incluso, acercarse a lugares donde haya niños.
Los que tienen casa o familia tiene permitido visitarla y los pocos que han encontrado trabajo tras salir de la cárcel, pueden realizar sus rutinas habituales.
Pero de 7 pm a 7 am (para algunos es de 10 pm a 6 am) deben pernoctar únicamente en alguno de los pocos espacios que tienen permitido por la ley.
Fundora, de 45 años, dice que no quiere estar en el campamento, pero no sabe qué puede hacer para salir de esa situación.
Como todos sus nuevos “vecinos”, su nombre aparece en una base de datos de “agresores sexuales” que muestra incluso su ubicación.
Y sus identificaciones oficiales los definen como “depredadores sexuales”, algo que, dice, puede ser un obstáculo para rehacer su vida, encontrar trabajo o vivienda.
Llega la noche
En la noche, el campamento vacío de la mañana se llena de sombras que se mueven entre las carpas.
La mayoría de las tiendas de campaña están a oscuras. En algunas, se ve un poco de luz.
Algunos de sus residentes hablan, beben y fuman en las esquinas. Huele a orines y a marihuana.
Azari González, que fue condenado a los 18 años por violar a una menor de 12, dice que ahora hay más personas en el campamento, porque los que tienen casa o carros vienen solo a pasar la noche.
La mayoría de los que no estaban en la mañana, están ahora en sus camionetas y otros vehículos. A algunos los acompañan unas mujeres.
Cerca, cargando su teléfono con un generador en la carpa de Luis Concepción, está otro joven. Tiene puestos audífonos y mira videos de mujeres desnudas. Está ajeno a todo, incluso a quienes están a su alrededor.
Llegó el día anterior de vuelta al campamento. No habla mucho.
El anciano lo mira y dice que se pasa el día así, viendo “esas cosas” en el teléfono. Cuenta que lo apresaron por mirar pornografía infantil. Reincidió hace poco y volvió a la cárcel.
Luis cambia de tema y cuenta que finalmente pudo cargar su “GPS” con el pequeño generador que ahora usan los demás para sus celulares.
Cuenta que ya en la tarde fueron notificados de que el campamento será finalmente desalojado.
No sabe a dónde les dirán que se vayan.
Pero dice que, de cualquier forma, él no se puede mover para ningún lado, que no le importa para dónde lo manden, que él ya no tiene motivos para vivir.
Por Mike Castillo
Según investigación, el funcionario es sindicado de haber agredido a la vendedora Eulalia Alonzo Esteban, el 21 de mayo del 2016, cuando junto a trabajadores municipales llegó al campo de futbol del referido municipio, donde se celebraba la feria patronal.
El Ministerio Público (MP) estableció que el jefe edil llegó al lugar y le arrebató a la vendedora su mercadería consistente en golosinas, gaseosas y cervezas. Entre la trifulca que se formó la mujer asegura haber recibido golpes y patadas por parte del funcionario, a quien denunció el 24 de mayo de ese mismo año.
“Yo lo que pido es que sea encarcelado”, afirmó Esteban, quien asegura que el proceso legal ha sido lento.
La comerciante asegura que ha seguido el proceso del cual poseen pruebas contundentes para lograr una sentencia condenatoria; sin embargo, el jefe edil ha provocado que la audiencia se suspenda en reiteradas ocasiones.
Alonzo Esteban dice que se dedica a vender cerveza y golosinas, lo cual no es un delito, pero que pese a ello ha sido víctima de persecución por parte del alcalde.
“Para llevar a mi hijo a la escuela debo pagar taxi o llevarlo personalmente, pues temo que sea agredido”, manifestó.
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Wagner Argueta Martínez, asesor de la víctima, dijo que este es un caso de violencia contra la mujer, pues durante la celebración del aniversario del municipio hubo agresiones con puñetazos y patadas.
Explica que ellos tienen fotografías y testigos que acreditan los hechos. En esta fase el sindicado fue enviado a juicio y será el próximo 25 de mayo cuando ambas partes ofrezcan sus evidencias y se fije una fecha para el inicio del debate.
Se defiende
El alcalde dijo que como representante de un pueblo debe dar la cara y enfatizó que la Ley debe prevalecer. “Que me juzguen que Dios haga su justicia”, expresó.
El funcionario resaltó que es inocente y que todo se trata de una persecución política combinada con las acciones que la vendedora realiza, pues posee una cantina donde con frecuencia tiene problemas con sus clientes.
Explicó que la noche antes de los hechos la mujer tuvo problemas con unos clientes en su negocio, a raíz de eso le pidió que no se instalara en el campo de futbol, pues se realizaban actividades deportivas con niños y jóvenes; sin embargo, ella ignoró el acuerdo que se había hecho para evitar la venta de bebidas alcohólicas en el lugar.
Félix reconoció que hubo un desalojo, pero que este se originó a petición de los pobladores.
Añadió que posee suficientes evidencias para demostrar su inocencia y además de aclarar que el caso tiene un trasfondo político.
Por Oscar Felipe Q.
Vecinos del asentamiento Jesús de la Buena Esperanza, que pidieron no ser nombrados y viven en construcciones precarias en la base de la estructura, comentaron que si son desalojados no tienen a dónde ir.
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Los afectados lamentan que no haya avances de la promesa que hizo hace más de un año el Viceministerio de Vivienda, de buscarles un lugar seguro para la construcción de edificios multifamiliares y con pagos cómodos de acuerdo con sus capacidades.
No hay riesgo
Juan José Hanser, director general de Caminos, restó importancia a la información que se ha divulgado en torno al inicio de labores en el puente, pues aduce que las primeras acciones de la empresa contratada, Grupo Muratori, S. A., incluyen la colocación de andamios desde la parte baja de la estructura, y que habrá mallas de protección para evitar peligro por la caída de alguna herramienta u otro objeto.
Agregó que en las reuniones de la mesa técnica y de diálogo, la cual está integrada por la Dirección General de Caminos –en representación del Ministerio de Comunicaciones–, Municipalidad de Guatemala y la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (Conred), han acordado que en su momento habilitarán un albergue para las familias que será necesario desalojar durante las horas de trabajo.
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El funcionario hace énfasis en que desde la mesa se prevé que será a partir de noviembre que entrará a funcionar el albergue, solo durante las horas de trabajo en el puente, y podría ser habilitado en un área del mismo sector.
Hanser agregó que la empresa contratada comenzó hace varios meses con los estudios, en laboratorios.
Sin desalojo
Julio Sánchez, vocero de la Conred, informó que en ningún momento se ha hablado de desalojo en los asentamientos, pero que desde la mesa se ha solicitado la colaboración de esa institución y de la comuna para la habilitación de un albergue temporal, que funcionará durante el día, pero depende de la programación de la empresa a cargo de la obra, pues al momento no se conocen fechas ni horarios.
“Estamos a la espera de que nos compartan la agenda de trabajo para coordinar la habilitación del albergue y para socializar con los vecinos de los asentamientos, para hacerles conciencia de la necesidad de ser evacuados por cierto tiempo”, dijo Sánchez.
Añadió que se analiza que el albergue podría ser la sede de la alcaldía auxiliar de la zona 6, en la 24 calle 15-95, colonia Bienestar Social.
Añadió que, de acuerdo con lo hablado en la mesa, los primeros cuatro meses de trabajo no serán de actividad física, cierre de calles o remoción de materiales, sino de diagnóstico y evaluación de la estructura.
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Añadió que han tenido acercamientos con líderes del asentamiento, y han manifestado que hay familias que tienen disponibilidad de movilizarse a casas de familiares en las fechas que sea necesario.
Amílcar Montejo, intendente de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Guatemala, informó que no tiene solicitud de cierre de calles en el inicio de trabajos en el puente Belice.
Alto riesgo
El puente Belice fue inaugurado en 1958, y desde entonces no ha recibido mantenimiento. Expertos opinan que podría desplomarse y que representa peligro para las 450 familias que viven en el asentamiento Jesús de la Buena Esperanza, según datos del CIV.
La Conred catalogó hace 14 años el lugar como zona de alto riesgo, pero eso no ha detenido la llegada de familias.
Rolando Torres, director del Instituto de Investigaciones de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas, de la Universidad Mariano Gálvez, expuso en una entrevista reciente que el estado actual del puente es incierto, aunque reconoció que solo tiene un margen corto de seguridad.
Señaló que hace falta un estudio de fatiga, que analiza cada una de las 770 piezas de acero de la estructura.
La elaboración de este informe se basa en la observación realizada durante la visita in loco que tuvo lugar del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, así como otras visitas de la CIDH y de sus Relatorías Temáticas, en el monitoreo que la Comisión realiza en cumplimiento de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su alcance, tales como audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos.
Este informe analiza la situación de derechos humanos en Guatemala. La CIDH aborda el sistema de administración de justicia, la situación de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y personas afrodescendientes, migrantes y personas desplazadas, la situación de la libertad de expresión, temas relacionados a la seguridad ciudadana, y la situación de personas bajo custodia del Estado. A su vez, el informe ofrece recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado guatemalteco en el fortalecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
La Comisión valora en su informe avances en materia de derechos humanos
La Comisión destaca avances en el combate a la impunidad, gracias al trabajo coordinado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público y reitera el reconocimiento a la labor realizada por ambas instituciones. En materia de seguridad, la Comisión saluda el plan del Estado para el retiro gradual del Ejército en tareas de seguridad ciudadana.
Asimismo, la CIDH observa avances en la especialización del sistema de justicia; y la entrada en vigor del nuevo Código de Migración.
No obstante, persisten importantes desafíos en materia de derechos humanos. Subsisten varios de los motivos que generaron el conflicto armado interno: se mantiene una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos y una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y altos niveles de corrupción y violencia. Asimismo, la Comisión recibió información de manera reiterada sobre la persistencia de estructuras de poder paralelas que impiden la lucha contra la impunidad y la corrupción, y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Discriminación y desigualdad social
También persisten problemas estructurales como la discriminación racial, la desigualdad social, una profunda situación de pobreza y exclusión, y falta de acceso a la justicia, los cuales constituyen un obstáculo para el pleno respeto a los derechos humanos. Guatemala se ha convertido en el país más afectado por la desnutrición crónica en América Latina, y es uno de los países con las mayores tasas de desnutrición crónica a nivel mundial. En relación con la violencia e inseguridad, a pesar de haber tenido una ligera disminución en los últimos años, la tasa general de homicidios en el país sigue siendo una de las más altas de América Latina y el Caribe.
Impunidad por no tener un sistema de justicia fortalecido
Guatemala enfrenta un alto nivel de impunidad por la falta de un sistema de administración de justicia fortalecido y eficiente. Los sectores de la población históricamente marginados, como las mujeres, las personas LGBTI, las niñas, niños y adolescentes, los pueblos y comunidades indígenas, y las personas afrodescendientes, personas migrantes, entre otros, enfrentan obstáculos particulares que limitan su acceso efectivo a la justicia.
La CIDH analiza en su informe la importancia de garantizar la independencia e imparcialidad a través de procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia y de altas autoridades que cumplan con los estándares internacionales sobre la materia. Asimismo, la CIDH insta al Estado a impulsar la importante reforma constitucional en materia de justicia.
Por otra parte, la CIDH resalta en su informe la grave situación que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos en el país y la importancia de prevenir y sancionar los ataques e intimidaciones contra personas defensoras, por la valiosa labor que desempeñan y dado el impacto multiplicador que dichos ataques tienen en la vigencia de los derechos humanos en el país.
Del mismo modo, el informe constata la preocupante situación de operadores de justicia en el país, quienes enfrentan señalamientos, actos de hostigamiento, campañas de difamación, ataques y amenazas contra su vida e integridad, especialmente quienes participan en casos de alto impacto de corrupción, graves violaciones a derechos humanos o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos. Esta situación ha conllevado a que la CIDH solicite al Estado de Guatemala la adopción de medidas cautelares a favor de personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia, incluyendo al Procurador de Derechos Humanos.
La Comisión advierte la importancia de la elaboración de un programa o política pública para la protección integral de las y los defensores de derechos humanos, en cumplimiento a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala.
Falta de avances en el caso por genocidio
En materia de memoria, verdad y justicia, el informe revela que los avances relacionados a casos que tuvieron lugar durante el conflicto interno son limitados comparados con el número de violaciones a los derechos humanos perpetradas y las obligaciones que tiene el Estado de Guatemala al respecto. La CIDH observa también con preocupación la falta de avances en el caso por genocidio.
Respecto al derecho a la consulta previa, la CIDH resalta que su implementación debe ante todo, respetar el derecho a la libre determinación y asegurar que no se convierta en un mero proceso formalista que no responda a las particularidades del pueblo o comunidad indígena consultada. Por otra parte, la CIDH recibió abundante información sobre acciones de desalojos forzosos que han afectado a cientos de personas que habitan en zonas rurales, y el riesgo que enfrentan un número significativo de comunidades campesinas e indígenas de ser desalojadas por el Estado como resultado de la ejecución de órdenes judiciales.
Hogar Seguro la muestra de un sistema deplorable
El informe analiza la tragedia ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción, en el que murieron 41 niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Dicha tragedia evidenció las condiciones inseguras de los hogares, la situación deplorable de los centros de detención, la debilidad y desarticulación institucional en materia de derechos de la niñez, y la falta de una Política Pública Nacional de garantíade derechos que no sea reduccionista ni proteccionista.
Respecto de la situación de periodistas, el informe constata que Guatemala vive un contexto de violencia, caracterizado por asesinatos, amenazas y un discurso que busca estigmatizar a los medios y comunicadores comprometidos con el combate a la corrupción y el abuso de poder. Durante su visita in loco, la CIDH también constató que Guatemala no registra avances en relación con los excesivos niveles de concentración en la propiedad y control de medios audiovisuales, en especial de la televisión abierta.
En cuanto a las personas privadas de libertad en centros de detención, el informe registra que el sistema penitenciario guatemalteco se caracteriza principalmente por el hacinamiento, el uso excesivo de la prisión preventiva, y el retraso de la justicia. Además, lo caracterizan las deplorables condiciones de detención, los altos niveles de violencia, la falta de programas eficaces para la reinserción social, la corrupción, y la ausencia de control efectivo de las autoridades al interior de los centros de reclusión. Asimismo, la CIDH advierte el internamiento forzado al que se enfrentan las personas con discapacidad mental en el Hospital Nacional de Salud Mental “Federico Mora”, ante la falta de servicios de atención en la comunidad que permitan su integración a la misma.
CIDH pide medidas inmediatas para enfrentar corrupción
El informe incluye recomendaciones al Estado de Guatemala para enfrentar los graves problemas de derechos humanos del país. En especial, la Comisión recomienda al Estado, como medidas inmediatas, redoblar su compromiso para continuar con la lucha contra la impunidad, la violencia, intolerancia y la corrupción, a través de políticas y programas de prevención y de respeto a los derechos humanos, así como de una justicia fortalecida, independiente e imparcial.
El informe también incluye otras recomendaciones específicas en relación con administración de justicia, justicia transicional y reparaciones a las víctimas del conflicto armado, la desigualdad y exclusión persistente de ciertos grupos y comunidades, la violencia e inseguridad, y sobre sectores específicos de la población tales como mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos, la niñez, personas migrantes y personas bajo custodia del Estado.
La CDIH reiteró su compromiso con el Estado guatemalteco en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y en la implementación de las recomendaciones del presente informe, formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación. La CIDH está a disposición del Estado para colaborar con Guatemala en dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.
¿Qué es la CIDH?
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La Corte de Constitucionalidad, resolvió a favor del Hogar Rafael Ayau, para que conserve el edificio por lo que podrá permanecer en el inmueble de la zona 1 capitalina.
No fue otorgado a la PGN
El edificio fue requerido por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la orden que los obligaba al desalojo quedó en suspenso.
El director de la Escuela Taller de la Municipalidad Gerardo Ortega indicó que las autoridades nunca explicaron la razón principal de desalojo.
Vicios legales
el 21 de marzo del 2017 la PGN solicitó a los responsables del Hogar Rafael Ayau la entrega del inmueble, alegando vicios legales en el usufructo de 50 años que le fue otorgado en el año 1996.
Alejados de pandillas
Actualmente más de 300 jóvenes entre 14 a 21 años en alto riesgo, han logrado a través de una beca y Q500.00 que reciben al mes.
Los jóvenes siguen estudiando de 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. son capacitados en los talleres de carpintería, electricidad, herrería y albañilería.
Becados
La próxima semana se integrarán 20 niños que provienen del hogar seguro.
Estos jóvenes (hombres y mujeres) provienen de zonas marginales de la capital y de hogares desintegrados.
El gobierno de Venezuela podría ser desalojado de la oficina de su Consulado en Miami porque no ha pagado el alquiler desde agosto del año pasado, según una demanda de interpuesta la semana pasada por los dueños del edificio.
Venezuela debe 142.118 dólares por el alquiler de la oficina en el distrito financiero de Brickell, en el centro de Miami, según la petición de desalojo.
La demanda contra el ministerio de Exteriores de Venezuela fue presentada por TWJ 1101 -la empresa dueña del edificio- el 15 de febrero en un tribunal de circuito de Miami-Dade, Florida (sureste de Estados Unidos).
En 2012, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez cerró el consulado en Miami, lo que llevó a sus ciudadanos a movilizarse a Nueva Orleans para realizar trámites consulares o votar.
Crisis en Venezuela
El país sufre una grave escasez de alimentos y medicinas, tiene una inflación proyectada este año de 13.000% y padece una crisis migratoria sin precedentes.
Pero la cancillería seguía pagando -hasta agosto- los 20.800 dólares mensuales de alquiler, según muestra la demanda de desalojo.
Venezuela alquila esta oficina desde 2003, según muestra el contrato de alquiler.
El día anterior a la fecha de la demanda, el 14 de febrero, el presidente Nicolás Maduro había ordenado abrir inmediatamente el consulado para que los venezolanos pudieran votar en las elecciones del 22 de abril.
La oposición venezolana dijo que no participará en estas elecciones porque las considera fraudulentas. También el llamado Grupo de Lima, integrado por 14 países latinoamericanos, rechazó el adelanto de los comicios y algunos países anunciaron que desconocerán los resultados.
Según datos de 2016 de la oficina del censo, unos 300.000 venezolanos viven en Estados Unidos. De ellos, casi la mitad (144.000) residen en Florida, particularmente en Miami.
© Agence France-Presse
Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos desalojó a encapuchados que desde semanas atrás realizaban cobros ilegales en el área de los parqueos.
De acuerdo con los sancarlistas desde hace semanas atrás personas que integraban el anterior Comité de Huelga intentan retomar esas malas prácticas.
La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) respondió al llamado de los estudiantes que buscaban recuperar los parqueos de la universidad estatal.
Este Honorable Comité de Huelga 2018 está comprometido con la recuperación de la Huelga de Dolores y dejar las prácticas de los delincuentes que tenían secuestrada la AEU y el Hono
¡NUNCA MÁS COMITÉS DE HUELGA MANEJADOS POR DELINCUENTES PARA EXTORSIONAR A LOS Y LAS ESTUDIANTES! pic.twitter.com/twseQZmHYV
— Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores (@HonorableHuelga) February 22, 2018
Durante unos minutos los ánimos se caldearon entre los dos grupos llegando a los insultos y empujones, luego de eso acordaron para este jueves iniciar un diálogo, donde intervendrán las autoridades universitarias.
Cobros no autorizados
Los encapuchados que realizan los cobros no autorizados al ingreso de los parqueos pertenecen a los colectivos de Ciencias Económicas, de la Facultad de Humanidades, de Derecho y de la EFEPN.
Comunidades autóctonas de Guatemala que luchan por sus territorios continúan sufriendo represión, como la de hace 38 años en la masacre de la Embajada de España, que dejó 37 muertos, denunciaron este miércoles decenas de indígenas y campesinos.
Con una caminata hacia el lugar que ocupó la sede diplomática, en el sur de la capital guatemalteca, los activistas recordaron la matanza de indígenas y denunciaron la persecución que sufren estos pobladores a manos de fuerzas de seguridad y empresas de megaproyectos y monocultivos.
Se hizo una caminata que salió del Obelisco zona 10 y ahora se encuentran en la 6 avenida"A" y 10 calle de la zona 9, los campesinos permanecerán hasta las 13 horas conmerando a las víctimas de la quema de la Embajada de España. pic.twitter.com/RtQ0pTFkIn
— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) January 31, 2018
“Por la memoria, verdad y justicia de los héroes y mártires, seguimos luchando en contra de las violaciones de los derechos humanos”, manifestaron miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones que convocó los actos conmemorativos.
La masacre en la embajada de España ocurrió el 31 de enero de 1980 en el desalojo violento de una ocupación campesina para denunciar violaciones de los derechos humanos y represión en comunidades indígenas en el norte y oeste del país, principalmente a manos del ejército durante la guerra civil (1960-1996).
Comité de Unidad Campecina CUC conmemora el 38 aniversario de la quema de la Embajada de España. pic.twitter.com/tLVYzeN8No
— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) January 31, 2018
Para desalojarlos, militares y policías irrumpieron en la embajada desatando un incendio.
Entre las víctimas figura Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú; el cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol; el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres y el excanciller Adolfo Molina.
En los actos conmemorativos se realizó una ceremonia maya con flores, velas y fuego, mientras un grupo de activistas cargó un ataúd para recordar a las víctimas.
“Vinieron a quemar vivos a nuestros hermanos y hermanas”, señaló durante la ceremonia el dirigente indígena Daniel Pascual.
En la incursión militar sobrevivió el entonces embajador español, Máximo Cajal, fallecido en 2014, mientras que el único de los ocupantes indígenas rescatado con vida, Gregorio Yujá, fue posteriormente secuestrado del hospital y su cadáver lanzado en el campus de la estatal Universidad de San Carlos.
CUC: El presente sigue siendo el mismo, reflejado en las migraciones al norte, y las mismas peticiones de hace 38 años siguen sin ser escuchadas. pic.twitter.com/5RFW15fA8t
— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) January 31, 2018
En 2015, un tribunal condenó a 90 años de prisión por la matanza a Pedro García Arredondo, exjefe de la desaparecida Policía Nacional.
“Reiteramos que las estructuras de poder criminal que se ensañaron contra los pueblos indígenas durante el conflicto armado interno siguen latentes e impunes”, agregó la Fundación Rigoberta Menchú en un comunicado.
El conflicto armado interno en Guatemala dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU.
hma/mas/dga
© Agence France-Presse
Este video ha causado conmoción en Perú. Sin saberlo, este periodista se puso en un gran riesgo que transmitió en directo por la televisión.
El reportero, identificado como Eduardo Juárez de RPP entrevistaba a un representante de los transportistas pues el gremio estaba en protesta y se negaba a abandonar la Terminal de Fiori, en el distrito San Martín de Porres, de donde serían desalojados.
Mientras lo entrevistaba en vivo, fue amedrentado por un encapuchado que estaba detrás de su entrevistado. El hombre con un sudadero rojo, capucha y el rostro cubierto sale al frente del entrevistado, la rastrilla y luego la apunta en el rostro al comunicador quien se cubre con las manos.
Reportero pensó que iba a morir el día de su cumpleaños
El hecho ocurrió el pasado miércoles, mismo día en que Juárez celebraba su cumpleaños. Dijo en varias entrevistas que pensó que “iba a morir el día en que nació”, reportaron medios locales.
El desalojo dejaría en la calle a 1,500 trabajadores que se habían apropiado ilegalmente de los terrenos.
Autoridades de los Bomberos Municipales, trabajaron para sofocar un incendio registrado en el un segundo nivel en un edificio de la zona 1 capitalina.
Elementos de Bomberos Voluntarios trasladaron una motobomba hasta el edificio Braun Valle en el Paseo de la Sexta, en Centro Histórico, donde se reportó un incendio para lograr sofocar el incendio en el lugar, donde se desalojó a todo el personal del edificio.
Según Gerardo Martínez portavoz de la entidad que controló el incendio indicó que al menos por una hora se trabajó para sofocar el siniestro que el incendio consumió tres apartamentos del segundo nivel.
Apartamento se quema en su totalidad
El incendio se registró en un apartamento en el segundo nivel, pero hasta el momento no se han determinado las causas del mismo. Según el dueño del lugar estima la perdidas materiales en la menos Q6o mil, ya que cerca del 90% de sus muebles se quemaron.
Incendio estructural en la 6ta avenida entre 12 y 13 calle de la zona 1. https://t.co/fVU49BcziR
— David Sanchinelli (@Sanchinelli_gtv) January 17, 2018
Sin víctimas
Según los Bomberos no se registraron víctimas, en el lugar solo se atendieron personas que al ser evacuadas fueron atendidas por las molestias que el humo les causó.
- Con información de David Sanchinelli.
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