276 personas se reportan como desaparecidas por la tragedia del Volcán de Fuego.
Ciudad Guatemala
Una victoria para los dos lados, la FECI consiguió de nuevo una condena contra el ruso. A cambio el tribunal ordenó la investigación de varios funcionarios, incluida Mayra Véliz.
El ciudadano ruso Igor Bitkov fue condenado a cinco años por el delito de supresión y alteración de estado civil, y le fue suspendida una pena de dos años por uso de documentos falsificados, por el caso Migración. Además, fue absuelto por usurpación del estado civil. Los jueces ordenaron investigar a tres exalcaldes, y a la mano derecha de Thelma Aldana, Mayra Veliz, exfuncionaria de Migración y exsecretaria del Ministerio Público (MP).
El Tribunal de Mayor Riesgo D, integrado por Sara Yoc, presidenta, junto con Estuardo Morataya y Wendy Coloma, vocales, emitió la sentencia esta tarde.
Bitkov fue sentenciado a cinco años por el delito de supresión y alteración de estado civil, y a dos años por el delito de uso de documentos falsificados, la cual fue suspendida. Aparte, fue absuelto por el delito de usurpación de estado civil.
Los jueces avalaron la petición del Ministerio Público (MP) de expulsar a Bitkov aunque dejó en suspenso su sentencia debido al pedido de refugiado que planteó el ciudadano ruso.
Yoc explicó que quedó probado el ingreso legal de Bitkov al país y la manera en que obtuvo los documentos de identidad falsos. “El acusado en ningún momento fue objeto de trata de personas, tampoco existió objeto de tráfico ilícito”, dijo.
En la misma condena, el Tribunal ordenó al MP investigar a los exalcaldes y exsecretarios de Guazacapán y Taxisco, ambas en Santa Rosa; y Villa Canales, Guatemala, así como a Mayra Veliz, exsecretaria del MP y exfuncionaria de Migración, por la posible comisión del delito de lavado de dinero.
El Tribunal también ordenó al MP certificar lo conducente contra César Landino Franco López, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) por posible comisión de lavado de dinero y otros activos.
También fue ordenada una investigación contra Wolfang Janeiro Barrera Bravo, quien fue funcionario de Migración; Manuel Estuardo Roldán; Thelma Cecilia Leiva Ávila, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Ministerio Público (MP) acusó a Bitkov de los delitos de usurpación del estado civil, uso de documentos falsificados y supresión, y alteración del estado civil, solicitó una pena de 14 años de cárcel y que se ordenara la expulsión del ruso después del cumplimiento de la sentencia.
En tanto la defensa, liderada por Victoria Sandoval, explicó que Bitkov junto a su esposa Irina y su hija Anastasia fueron víctimas de una red criminal del Registro Nacional de las Personas (Renap) y de la Dirección General de Migración que le emitieron pasaportes falsos.
Señaló que empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, usurparon los bienes de los Bitkov. Sin embargo, autoridades rusas aseguran que Bitkov y su familia defraudaron a accionistas de una empresa papelera que poseían en Rusia y que huyeron a Guatemala.
Posturas
“Acá dicen que no soy migrante y sí lo soy. Lo importante es que acá se ordenó investigar a la estructura criminal, así como a Mayra Veliz”, mencionó Bitkov al finalizar la lectura de la sentencia.
Bitkov recordó que ya estuvo en prisión más de tres años por lo que la sentencia lo deja en libertad debido a que cualquier sindicado al cumplir la mitad de la pena puede optar a la redención.
Uno de sus abogados, Rolando Alvarado, explicó que el trámite de refugiado aún está en espera de la resolución. Además, adelantó que van a interponer la apelación especial debido a que su cliente sí es migrante.
En tanto, Veliz al ser consultada vía telefónica dijo: “No tengo ningún inconveniente. Estoy dispuesta a enfrentar una investigación. Me someto a las pruebas de grafotecnia para verificar los documentos originales porque no es mi firma la que avaló los documentos como me han señalado”.
El representante del MP, Rudy Herrera, adelantó que el fallo se va a apelar.
Ya había sido condenado
El ciudadano ruso ya fue juzgado y condenado a 19 años de prisión el 5 de enero pasado por aquellos cargos. Ese día también fueron condenadas 39 personas a penas de seis a 19 años por integrar una red que otorgaba pasaportes ilegales.
El nuevo debate inició el 5 de diciembre pasado. Fueron planteadas cien pruebas documentales y la declaración de peritos propuestos por el Ministerio Público (MP).
En una intervención ante el tribunal, Bitkov apeló a su condición de migrante y recordó que el Convenio de Palermo y la Ley de Migración establecen que los migrantes no pueden ser criminalizados.
La familia rusa fue capturada el 15 de enero del 2015, cuando el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) sacaron a luz el caso Migración.
Según lo indicado por Cancillería guatemalteca el cuerpo de la pequeña de 7 años ingresará al país a las 15:07 de la tarde, en un vuelo de comercial.
Jakelin, era originaria de una remota aldea de Raxruhá, Alta Verapaz, y retornará de la peor manera, como nunca lo hubiera esperado la familia. En un ataúd será recibida en el Aeropuerto La Aurora la menor que partió junto con su padre, Nery Caal, hacia EE. UU. con la idea de tener una vida mejor.
Ambos se entregaron a la Patrulla Fronteriza el 6 de diciembre y dos días después la niña falleció. Las causas aún son investigadas, al mismo tiempo que su muerte ha levantado una gran polémica en EE. UU. donde el debate migratorio se mantiene álgido desde que el presidente Donald Trump llegó a la presidencia.
Un grupo de abogados que representa a la familia exigió este miércoles una investigación exhaustiva e independiente.
“¿Qué pasó con Jakelin? ¿Pudo haberse evitado?
Estas preguntas deben ser respondidas”, dijo en conferencia de prensa en El Paso, Texas, Enrique Moreno, uno de los abogados, cita el portal de noticias Univisión.
Los abogados indicaron que solicitarán una investigación fuera de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, que incluya personal calificado y especializado, puesto que “los investigados no pueden ser los mismos que investiguen”.
De acuerdo con los abogados, el padre de Jakelin les indicó que ni él ni su hija recibieron agua la noche que fueron detenidos y solo les dieron galletas, declaración que contradice lo expuesto con anterioridad por el Departamento de Seguridad Nacional que afirmó que los detenidos habían tenido acceso a agua, alimentos y baños, durante su detención en Nuevo México.
El fallecimiento de Jakelin también ha causado que grupos humanitarios lleven a cabo protestas en EE. UU. en contra de las políticas migratorias de la actual administración de gobierno, al mismo tiempo Guatemala ha pedido investigaciones serias.
El vicepresidente Jafeth Cabrera dijo este miércoles que se ha pedido una investigación “seria” al gobierno de EE. UU. sobre la muerte de la menor y que si hay responsables, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos.
En tanto, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, envió una nota diplomática al secretario de Estado de EE. UU., donde le solicita el informe de la investigación sobre las causas de la muerte de la menor
[DAN PLAZO DE 72 HORAS]
Gobierno guatemalteco da 72 horas a 11 investigadores de la Cicig para retirarse del país o podrían ser expulsados por las fuerzas públicas, conozca las distintas reacciones tras esta decisión en esta emisión.
[BANCOS EN HORARIO ESPECIAL]
Junta Monetaria autoriza horarios especiales de atención de bancos, sucursales, sociedades financieras, compañías de seguros y casas de cambio para las fechas de navidad y año nuevo.
[MILLONARIAS REMESAS]
Hasta noviembre de 2018, Guatemala ha recibido más de 8 mil millones de dólares en remesas según datos del Banco de Guatemala, la cifra podría aumentar en esta última quincena del año.
[BUSCAN RECUPERAR ESPACIOS]
En Huehuetenango, autoridades y vecinos de Chiantla buscan implementar plan de ordenamiento territorial con lo que buscan recuperar espacios públicos y ordenar ventas informales.
[POR LOS REFUGIADOS]
Asamblea General de Naciones Unidas adopta Pacto Mundial sobre Refugiados pese a no contar con los votos de Estados uUnidos y Hungría.
Una fuerte condena internacional recibió este domingo el gobierno de Daniel Ortega tras la represión a una protesta opositora y el arresto de 30 líderes y defensores de derechos humanos, que se manifestaban en el marco del movimiento antigubernamental que deja más de 320 muertos desde abril.
La marcha, convocada bajo el eslogan “Unidos por la libertad”, fue reprimida por la policía con bombas aturdidoras, golpes y arrestos.
El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado; y organismos internacionales de derechos humanos pidieron el “cese de la represión” y la liberación de las personas detenidas.
Exigimos al gobierno #Nicaragua libere a manifestantes retenidos, respete el derecho a la protesta pacífica en el país y cese la represión y todo tipo de intimidación contra líderes políticos y la población civil #OEAenNicaragua https://t.co/b9hMuRWRWc
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 14, 2018
Profundamente preocupantes las detenciones de esta mañana en Nicaragua. La represión que está sufriendo el pueblo nicaragüense debe acabar.
— Carlos Alvarado Q. (@CarlosAlvQ) October 14, 2018
La cancillería costarricense señaló además en un comunicado que la situación de Nicaragua “afecta directamente” a esa nación en lo migratorio, social, económico y humanitario, por lo que solicitó a la comunidad internacional “su mediación” para restablecer el diálogo entre gobierno y oposición, suspendido desde junio.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, denunció en Twitter “inaceptables actitudes represivas y autoritarias” este domingo en Nicaragua. Un “estado de excepción se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos”, dijo.
“Qué triste e indignante que se produzcan otra vez hoy en Nicaragua actos de represión de la Policía contra la población que se manifiesta pacíficamente. ¡La represión no es la solución! ¡Basta ya de detenciones arbitrarias”, expresó por su parte el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
También se pronunciaron contra lo ocurrido el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) y Amnistía Internacional.
La Policía informó que 30 personas, entre manifestantes y líderes de organizaciones fueron detenidas. Se les responsabiliza de convocar a una marcha sin el debido permiso. Otras ocho ya fueron liberadas.
Entre los detenidos está el costarricense Alejandro Cordero, cuya condición jurídica fue demandada por la cancillería costarricense.
En tanto, la defensora de derechos humanos Haydee Castillo fue bajada de un avión cuando intentaba viajar y recluida en la cárcel de El Chipote, en Managua, según familiares.
Castillo había denunciado una serie de hostigamientos de parte de autoridades y tiene medidas cautelares dictadas por la CIDH.
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Golpeados y arrastrados
“No disparen”, “libertad”, gritaron los manifestantes a los agentes que los rodearon en el estacionamiento de un centro comercial, donde apenas se estaban agrupando para iniciar la marcha.
Hombres y mujeres, algunos personas mayores, fueron golpeados y arrastrados por la calle para luego ser subidos a patrullas de la policía.
Algunos periodistas también recibieron golpes y fueron retenidos pero luego les dejaron ir, según denunciaron medios de comunicación independientes.
“No respetan a nadie, ni a (personas) mayores ni a niños. Eso demuestra que hay una escala superior de represión”, declaró Azhalea Solís, dirigente de la Alianza Cívica de grupos sociales, empresarios y estudiantes.
La policía anunció el sábado que no iba a permitir marchas sin la debida autorización y que tomaría las medidas necesarias para impedirlas.
Ante la manifestación del domingo, cientos de agentes antimotines fueron desplegados a primera hora en varios puntos de la capital y la carretera a Masaya, donde estaba prevista la marcha entre dos rotondas.
Pero seguidores del gobierno ocuparon las rotondas, según voces oficiales para honrar el legado de monseñor Óscar Arnulfo Romero, canonizado este domingo por el papa Francisco.
“No vamos a pedir permiso para marchar (…) Hemos visto que es la misma policía y los paramilitares los que hacen actos vandálicos para culpar a manifestantes”, dijo la dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera.
Las protestas antigubernamentales iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguro social pero, tras la violenta represión -que hasta ahora deja 320 muertos-, los manifestantes comenzaron a exigir la salida del gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Por Sergio Morales
En total, son 950 guatemaltecos de 13 a 17 años (de una población total de mil 600) los que se encuentran en el albergue, que en principio funcionaría hasta agosto y que tenía capacidad para mil 200 albergados, pero que debido a la cantidad de menores migrantes se amplió a tres mil 800 y funcionará al menos hasta fin de este año.
Los menores son originarios principalmente de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá, el resto es de El Progreso, Retalhuleu, Izabal, Chiquimula y Petén.
Según el informe remitido por el consulado de Del Río, los menores están próximos a ser reunificados con sus familiares en EE. UU. y están “en buen estado de salud y ánimo” y las instalaciones, pese a ser temporales son adecuadas.
Las autoridades aseguraron que ninguno de los menores se quejó de malos tratos o de las atenciones que reciben en el lugar, incluso, “se constató que no hay hacinamiento y que los jóvenes cuentan con acceso a servicios de salud las 24 horas, orientación psicológica, espacios limpios” y que reciben alimentación adecuada.
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La visita que efectuó al albergue de Tornillo el cónsul de Del Río, Tekandi Paniagua, respondió a un requerimiento que efectuó días atrás, relacionada a una publicación del medio estadounidense The New York Times en la cal se afirma que se trasladó a ese lugar a muchos menores en horas de la noche y sin previo aviso.
La Cancillería informó que, según encargados del albergue temporal de Tornillo, algunos traslados se hacen de noche, pero que otros son por la mañana o la tarde, ya que depende de la logística de la movilización.
Los números de Tornillo reflejan una realidad innegable, que la mayoría de niños, niñas y adolescente que están arribando a EE. UU. de manera irregular y no acompañados son guatemaltecos.
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Según registros de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., de octubre del 2017 al 31 de agosto del presente año, 20 mil 701 menores que llegan solos a ese país se han entregado a las autoridades estadounidense, contra nueve mil 830 hondureños, nueve mil 300 mexicanos y cuatro mil 371 salvadoreños.
En cuanto a familias se refiere, en el mismo periodo, se han interceptado a 42 mil 757 familias originarias de Guatemala, 33 mil 123 de Honduras, 11 mil 525 de El Salvador y dos mil 36 de México.
El régimen sirio y su aliado ruso reanudaron el domingo los bombardeos en la provincia de Idlib, el último bastión rebelde al noroeste del país.
Helicópteros de las fuerzas del régimen lanzaron más de 60 barriles de explosivos en el sur de la provincia, matando al menos dos niños e hiriendo a otras seis personas, señaló la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
En paralelo, la aviación rusa lanzó “más de diez ataques” el noreste de la provincia de Hama, zona adyacente a Idlib que también está controlada por rebeldes y grupos yihadistas, según informó la misma fuente.
Los bombardeos hirieron a cinco rebeldes y afectaron a un hospital, que quedó fuera de servicio.
Los yihadistas de Hayat Tahrir al Sham, la exrama siria de Al Qaida, controlan el 60% de la provincia de Idlib, y el resto está en manos de grupos rebeldes rivales.
Este recrudecimiento de la violencia se produce luego del fracaso el viernes de una cumbre entre los mandatarios de Rusia e Irán, aliados del régimen de Bashar Al Asad, y Turquía, que respalda a los rebeldes.
Cientos de familias han comenzado a huir de sus hogares en los sectores bombardeados de Idlib.
La ONU teme una nueva “catástrofe humanitaria” y el desplazamiento de 800.000 personas en caso de una mayor ofensiva militar.
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Por Natiana Gándara
De esta forma, uno de los canales de distribución con presencia en el país dió trámite a lo que establece la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, sobre el retiro voluntario del producto en medios de circulación masivos.
Este lunes, Mondeléz International publicó un campo pagado, en dos medios de comunicación escritos, donde informan a la población guatemalteca sobre la posible presencia de salmonela en algunos de sus productos.
En el comunicado destacaron que esta posibilidad afecta únicamente a una parte de su portafolio y que el resto está libre de cualquier alerta sanitaria.
Mondeléz Guatemala Limitada afirmó que para la empresa es prioridad velar por la satisfacción de sus consumidores y garantizar la calidad de sus productos.
El documento refiere que el retiro abarca los productos Ritz Crackers Sandwiches y Ritz Bites. El resto de presentaciones no se están retirando del mercado porque, afirmaron, son seguras para el consumo y no representan ningún riesgo para la salud.
La empresa indicó que para aquellos consumidores que adquirieron algunos de los productos mencionados en la lista que podrá consultar en la imagen adjunta no deben consumirlos.
También, incluyen una línea de atención al consumidor 1800 423 0052, aunque es un número internacional, y está habilitada de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
Responden requerimientos
Carlos Vásquez, vocero de la Diaco informó el jueves pasado, que entregaron un oficio a la distribuidora con los siguientes requerimientos:
- Informar el mecanismo de retiro del producto con posible presencia de salmonela, tanto al Ministerio de Salud como a la Diaco.
- Publicar uno o varios campos pagados en medios de comunicación masivos para informar a la población de varios puntos: Publicar el contacto de la empresa, que se hace responsable por algún daño, cómo puede resolver dudas del consumidor.
El funcionario afirmó que realizaron verificaciones en varias cadenas de supermercados y les garantizaron que los productos con posible alerta de contaminación habían sido retirados.
Luego que se han reportado varios casos de retiro de productos por alguna anomalía o posible contaminación, la Diaco evalúa plantear algún mecanismo interinstitucional que pueda reaccionar de manera más ágil al momento que se presenten estos casos y velar por la pronta protección al consumidor.
Por Manuel Hernández Mayén / Guatemala
La Contraloría General de Cuentas (CGC) envió ayer una nota al Ministerio de Comunicaciones para que se suspenda el pago inicial de Q30 millones a la empresa a cargo de la construcción de viviendas para víctimas del Volcán de Fuego, en la finca La Industria, Escuintla.
Comunicaciones deberá suspender el pago para la firma V&T, S. A., a la cual se le adjudicó el proyecto Construcción, Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, por un monto de Q172 millones 769 mil 110.25.
La solicitud es una medida precautoria mientras finaliza la auditoría, aunque el objetivo es suspender en definitiva el proyecto.
Una segunda notificación emitida por la CGC busca cancelar el proyecto Diseño y Construcción de la Escuela La Reforma, un complejo educacional que estaría en la misma finca donde se construiría la urbanización para los damnificados.
La escuela fue adjudicada a la empresa Construsur, S. A., por Q52 millones 868 mil 718.20; sin embargo, la auditoría de la CGC detectó al menos 10 irregularidades, tanto en el área financiera como en criterios técnicos en la adjudicación.
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El documento de la CGC recomienda que, si se considera conveniente, se convoque a un nuevo evento que se ajuste a los requerimientos técnicos, legales y administrativos, que en ley corresponde y apegados a la Ley de Contrataciones del Estado.
Ambos proyectos fueron adjudicados por Comunicaciones amparados en el estado de Calamidad.
Cuestiona decisión
El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, cuestionó la decisión de la CGC sobre la suspensión del anticipo a la empresa encargada de la construcción del proyecto habitacional mencionado.
147 personas fallecidas por la erupción fue la cifra oficial anunciada ayer, tras la identificación de nueve personas.
Según Benito, hasta ayer todavía no tenía conocimiento de la nota enviada por la Contraloría; sin embargo, aseguró que será el departamento jurídico el que analice dicha recomendación.
El funcionario lamentó que se quiera suspender la obra, porque significaría un atraso en la construcción de las viviendas para los damnificados.
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Los hallazgos
En el caso de la escuela La Reforma, en el área financiera la Contraloría establece que la recepción, calificación y adjudicación del proyecto fue realizada por el director y subdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), dependencia del Ministerio de Comunicaciones, sin contar con un nombramiento previo por parte de la autoridad superior.
Por aparte, la oferta presentada por Construsur no incluye un programa preliminar de inversión y ejecución de los trabajos para la construcción de la obra.
2 mil 800 afectados se encuentran albergados y a la espera de viviendas temporales.
Según la auditoría, en el proceso de adjudicación del evento hay otras inconsistencias, por ejemplo, que la empresa beneficiada obtuvo el puntaje más alto respecto del precio, cuando otra empresa había ofertado Q4 millones más barato.
Una empresa interesada en la construcción del proyecto fue descartada por incumplir con algunos requisitos; sin embargo, la CGC estableció que no eran fundamentales, por lo que podrían haberse subsanado y tomar en cuenta la oferta, que era más barata.
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El proyecto también carecía de planos respectivos de ubicación y desmembración catastral de la finca La Industria, registrada a favor del Ministerio de Educación para construir ahí la nueva escuela, procedimiento indispensable para determinar si el área es suficiente y adecuada para el diseño del establecimiento educativo.
Aunque la CGC sostiene que el proyecto todavía está vigente, el ministro sostiene que ya fue cancelado, aunque por decisión propia.
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“Yo no aprobé lo actuado por la junta. La unidad ejecutora levantó el evento por requerimiento del Ministerio de Educación, pero lo levantaron muy tarde”, explicó Benito.
El ministro agregó que a pesar de que es necesaria una escuela en el lugar, no es urgente.
Urgencia lesiva
El jefe de la Contraloría, Carlos Mencos, indicó que por acelerar los procesos se pudo caer en varios errores, los cuales no se pueden obviar.
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“Lo que se vio en el informe es que aceleraron demasiado el tema de la adjudicación, si bien es cierto el estado de Calamidad se legaliza por el Congreso de la Republica, por lo que no están obligados a la licitación y cotización, las normas mínimas de transparencia se mantienen”, explicó Mencos.
Otro aspecto que resalta la Contraloría es que se desconocen las condiciones topográficas del terreno.
La UCEE debió considerar las recomendaciones que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo respecto de las medidas de mitigación y estudios técnicos; también si el suelo tiene la capacidad para que se desarrolle el diseño estructural.
El informe de la Conred, citado por la CGC, emitido el pasado 7 de junio, concluye que, de acuerdo con las observaciones de campo y la referencia de herramientas cartográficas, el terreno presenta indicios superficiales de inestabilidad por una corriente de agua principalmente de planicies, por lo que se considera “poco apto para su uso”.
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El vocero de la Conred, David de León, indicó que el informe es parte de un proceso de verificación de las condiciones de habitabilidad del lugar, por lo que este procedimiento se hizo en la finca La Industria, donde por procesos naturales, podría darse acumulación de agua y esto generaría dificultad a las personas del sector.
“En el informe lo que se hace es recomendar las medidas de mitigación que la empresa que va a encargarse de la construcción de las casas debe realizar, también se deben sumar los informes que el Ejército de Guatemala, a través del Cuerpo de Ingenieros. Así como ocurrió allí, ese procedimiento se hace en todos los proyectos habitacionales”, explicó De León.
Compras dudosas
Desde principios de julio, la Contraloría comenzó a investigar por lo menos 10 compras que fueron hechas bajo el estado de Calamidad por la erupción del Volcán de Fuego, en los ministerios de Comunicaciones, Desarrollo Social y Agricultura.
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Según el portal Guatecompras, las adquisiciones hechas por el Estado por dicha emergencia sumaron cientos de millones de quetzales, y muchas llamaron la atención por presentar inconsistencias, como la sobrevaloración de sardinas y la construcción de una cancha sintética de futbol.
Q172.76 millones es el monto para la construcción de mil casas en el proyecto La Dignidad.
En el caso de la cartera de Agricultura, adquirió 297 mil 612 latas de sardinas por Q5 millones 654 mil 628, pero debido a las críticas por el alto precio pagado, el Ministerio anuló el evento.
Esa institución había comprado a casi Q17 la unidad, lo que suponía un sobreprecio de hasta Q4 por lata.
Dicha compra se había adjudicado a la empresa Agro Industrias Albay, S. A., la cual no tenía en su giro natural de negocio la comercialización de enlatados, lo que también provocó dudas. El Ministerio de Agricultura explicó que esos elementos eran para 16 mil 932 familias agrícolas afectadas por la erupción.
Otra adquisición que se anuló fue la construcción de una cancha sintética de 528 metros cuadrados por parte de la Municipalidad de Escuintla.
Por esa compra se habían adjudicado Q260 mil en materiales de construcción. La cancha iba a construirse para los vecinos que perdieron casa y familia por la catástrofe.
Modelo de las viviendas
Según las especificaciones técnicas, las mil casas serían construidas en la finca La Industria, Escuintla, a aproximadamente 20 kilómetros del Volcán de Fuego, y cada lote tendría un área mínima de 84 metros cuadrados.
Cada vivienda contará con dos habitaciones, sala-comedor-cocina, servicio sanitario y área para la pila.
En los aspectos técnicos se detalla que el diseño estructural de la vivienda deberá contemplar la capacidad para que pueda ampliarse en un futuro a dos pisos.
Según la propuesta del Fondo Social de Solidaridad, el tiempo de ejecución de los trabajos de urbanización no podrá sobrepasar los cinco meses y el período contractual para la empresa que brinde los servicios de Estudio, diseño y construcción será de 18 meses prorrogable.
Mientras se define si se construyen las viviendas para los víctimas de la erupción del Volcán de Fuego, se prevé que para el lunes se empiece con el traslado de las primeras familias a los albergues.
No obstante, todo dependerá de que terminen de instalar los servicios básicos en los albergues de transición unifamiliares.
Por Sergio Morales
Si no cuenta con un teléfono, menos con una página de internet ni con delegaciones para atender a los migrantes en la provincia. Hace casi cuatro meses asumió el nuevo secretario ejecutivo, Carlos Narez, después de que Conamigua permaneció sin cabeza desde febrero del 2017, con la salida de Alejandra Gordillo, durante ese tiempo se acumularon las cuentas por pagar, que terminaron por afectar las funciones de la institución.
Aunque el artículo 2 de la Ley de Conamigua precisa que la naturaleza de esta es “coordinar acciones y actividades tendientes a proteger, atender y brindar asistencia y auxilio a los migrantes guatemaltecos”, esa misión no se ha cumplido, puesto que los migrantes y sus familias en el país no cuentan ni siquiera con un número telefónico para hablar con las autoridades y exponer sus casos.
Sumado a la falta de servicios se agrega el atraso en el pago de salarios. Una fuente de Conamigua explicó que al personal bajo el renglón 011 se le debe el sueldo desde diciembre último y no se ve cercana la contratación de personal 029 para la provincia.
La falta de pago de los servicios y las deudas que mantiene la institución son del conocimiento del Consejo, indicó la subsecretaria Rita Elizondo, quien, junto con Narez, ha participado en las dos reuniones que ha efectuado ese cuerpo colegiado desde que fueron nombrados.
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El diputado Fidel Reyes Lee, representante del Congreso ante el Consejo, explicó que han encontrado muchos problemas porque Conamigua no se había podido integrar, lo que causó que se acumularan las deudas.
“Trabajamos en eso. Ya aprobamos el Plan Operativo Anual. Se están tomando las medidas correctivas a efecto de que Conamigua sea funcional”, explicó Reyes Lee.
El presupuesto asignado a Conamigua es de Q18 millones, el mismo del 2017, debido a que el Legislativo no aprobó el plan de gastos propuesto por el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, Narez aseguró que aún no se ha recibido ningún desembolso y que esa es la causa principal del atraso en los pagos.
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No obstante, el Consejo aprobó recientemente un viaje que hizo Narez a EE. UU., donde se reunió con grupos de migrantes en Washington, D.C. El funcionario explicó que los boletos aéreos fueron adquiridos para “posteriormente ser acreditados”.
Aseguró que en el viaje se abordaron “temas importantes” como la petición de migrantes de reformar Conamigua y las posibilidades de “clasificar para un TPS” (Estatus de Protección Temporal).
Intereses políticos
Sectores consultados coincidieron en que Conamigua es un ente que se ha politizado y que ha dejado por un lado la atención a los compatriotas en el extranjero. Además afirmaron que las deficiencias siempre han existido, pero que se hicieron más evidentes desde que la oficina quedó acéfala.
“Es una realidad que se ha vivido desde su creación: el hecho de que Conamigua es inútil a las necesidades de los migrantes”, opina Pedro Pablo Solares, analista en temas de migración.
Solares añadió que el tinte político que ha mantenido la entidad desde que fue creada ha provocado que nunca haya presentado una política migratoria ni haya servido a los migrantes. Añadió que con la creación de la Autoridad Migratoria Nacional las funciones de Conamigua prácticamente se duplicarían, por lo cual pasa a ser prescindible.
“De acuerdo con la nueva institucionalidad, Conamigua debería desaparecer y los fondos deben ser trasladados a instituciones más eficientes”, apuntó Solares.
Similar opinión manifestaron los migrantes que radican en EE. UU.. Byron Quezada, representante de la Fraternidad Shecana de California, dijo que la entidad no ha apoyado a los migrantes “nunca”.
“Que enseñen una acción que haya sido para ayudar a los migrantes. Nunca, nunca se ha dado. Lo único que hacen acá —en EE. UU.— es que durante las fiestas patrias hacen camisetas y las regalan en las calles, esa es la única evidencia de Conamigua aquí”, afirmó Quezada.
Añadió que, con excepción de algunos migrantes que se han beneficiado con el otorgamiento de boletos aéreos, “la mayor parte dice que Conamigua debe desaparecer y que le den ese presupuesto al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo invierta en la ayuda al migrante, especialmente ahora que está dura la situación con —el presidente de EE. UU.— Donald Trump”.
Walter Batres, integrante de la Red Migrante Guatemalteca, expuso que a Conamigua solo se le vio nacer, pero nunca se le permitió “gatear, mucho menos caminar”.
Criticó la “inoperancia” del ente y considera que este ha sido utilizado para “pagar favores con el presupuesto que debería utilizarse para proyectos de defensa, dignificación y empoderamiento de la comunidad migrante”.
“Voy a levantar la institución”
Carlos Narez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), afirmó que la falta de presupuesto del 2018, más una restructuración y una “limpia” que se hace a la parte administrativa del Consejo, han causado las limitaciones en el funcionamiento de este.
Afirmó que el presupuesto ya fue aprobado por el Consejo, pero los recursos aún no llegan desde la banca central a la institución. Añadió que espera contar con ellos “a la brevedad posible”, para comenzar a ejecutar.
“Estoy levantando esto, que estaba en el suelo. Esperamos tener presupuesto ya en julio y agosto. Eso es un reto para mí. Voy a levantar esta institución como usted no tiene idea”, aseguró el funcionario.
Respecto del retraso en el pago de servicios básicos como el teléfono y la página web, indicó que no puede hacerlos con imprudencia, para evitar reparos de la Contraloría General de Cuentas, y aseguró que ya se canceló la deuda telefónica, lo que significa que Conamigua por fin tendría un número de teléfono durante julio.
En cuanto a la contratación de personal que debería ser asignado en los departamentos, Narez expuso: “Al tener asignado presupuesto comenzamos a hacer la convocatoria”.
La subsecretaria del Consejo, Rita Elizondo, afirmó que el trabajo de la institución no se detiene y que, por ejemplo, se han hecho esfuerzos para ayudar a los migrantes en casos emblemáticos como el asesinato de Claudia Patricia Gómez, a manos de un guardia fronterizo de EE. UU., ante el cual se gestiona apoyo para esta familia, y en el caso del migrante deportado Nasario Jacinto, se coordina asistencia para que recupere a su hija Filomena, que le fue arrebatada de los brazos en la frontera sur de ese país.
Hacen más con menos
La Casa del Migrante de Guatemala es una entidad dirigida por la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica.
Mauro Verzeletti, director de la entidad, estimó que al año unos tres mil migrantes son atendidos en la Casa del Migrante de Guatemala, en la capital, y otros cuatro mil en la de Ciudad Tecún Umán, San Marcos.
Aparte de brindar hospedaje y alimentación a los migrantes que lo requieran, Verzeletti indicó que, para auxiliarlos, la Casa del Migrante cuenta con una unidad de derechos humanos y de atención psicosocial. También tienen una sección de inserción laboral, que se coordina con grupos de la sociedad civil.
“Yo creo que Conamigua se ha burocratizado mucho y piensa que la solución está desde una oficina. Y no, los migrantes están en la calle”, enfatizó Verzeletti.
Ante el riesgo de ahogamiento en el Mediterráneo o morir de frío en los Alpes, las organizaciones humanitarias asumen su rol e intervienen para auxiliar a seres humanos en peligro, sean cuales fueren las circunstancias.
Pero también benefician “a los traficantes, al reducir el precio del pasaje” hacia Europa, acusó el martes el presidente francés Emmanuel Macron, sumándose a las críticas de otros dirigentes europeos.
“Las oenegés tienen razón de ir a salvar a gente, pero por otra parte los traficantes utilizan a las oenegés”, afirmó este miércoles el exdiputado europeo Daniel Cohn-Bendit. “Hay hoy un problema objetivo: los traficantes toman el dinero, y se dicen: ‘enviamos a la gente al mar, y emitimos luego una señal de SOS'”, explica a la cadena BFM
Frente a las costas de Libia los traficantes de seres humanos han comprendido que ya no necesitan invertir en barcos de alta mar capaces de llegar hasta las costas italianas. Les basta con botes inflables, que sobrecargan con migrantes, e incluso se llevan el motor de la embarcación una vez pasado el límite de las aguas territoriales libias, tras dejar a los migrantes un número de teléfono para pedir socorro.
Estado de necesidad
En los Alpes, los voluntarios relataron hace poco a la AFP que sus números de teléfono personales habían sido utilizados por los traficantes. “Se los revenden a los migrantes”, explica a la AFP Philippe Wyon, responsable de la ONG “Refugio solidario”. “Nos hallamos atrapados, pues nuestra misión es socorrer a la gente que está en peligro en la montaña, pero desde luego no hacer de taxi para los traficantes”.
Para el doctor Philippe de Botton, presidente de Médicos del Mundo-Francia, las asociaciones son víctimas de una crítica injusta.
“Ayudamos a los migrantes desde un punto de vista humanitario, pero no hacemos en absoluto el juego a los traficantes” afirma a la AFP.
“Lo que sí hace el juego a los traficantes es criminalizar el rescate en el mar o cerrar las fronteras. Si acogiéramos a la gente antes de estudiar sus casos, como debería ser la norma, acabaríamos con el mercado de los traficantes”, prosigue.
“Cuando sabemos lo que ocurre en Libia, la declaración del presidente Macron es de un increíble cinismo (…) que se alinea con la posición populista italiana, casualmente en víspera del Consejo europeo del jueves”, agrega.
La ONG Mission Lifeline, acusada de no haber entregado a los guardacostas libios a los migrantes que socorrió -y cuyo barco podrá desembarcar este miércoles por la noche en Malta tras una semana en el mar- defendió su posición en un comunicado.
“La única orden que el barco rehusó fue la de entregar a estas personas a los supuestos guardacostas libios, ya que ello habría violado la convención de Ginebra sobre los refugiados, y habría sido por lo tanto (un acto) criminal”, aseguró la ONG.
En marzo, el barco “Open Arms” de la ONG española Proactiva Open Arms, que recorre el Mediterráneo para ayudar a los migrantes, fue judicialmente incautado en Sicilia por sospechas de ayuda a la inmigración clandestina, por haber rehusado entregar a los migrantes a los guardacostas libios.
La incautación fue levantada por un juez siciliano que consideró que la ONG había actuado en “estado de necesidad”, porque los derechos fundamentales de los migrantes socorridos no estaban garantizados en Libia.
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