Ciudad Guatemala
Estudio determina que una crisis tributaria, el Plan Alianza para la Prosperidad y el caso La Línea causaron cambios en el comportamiento de los Magistrados.
A partir de enero, el Centro de Estudios económico-sociales recopiló mil 613 resoluciones de casos tributarios a nivel de amparo y de apelaciones de sentencia en amparo resueltos por la Corte de Constitucionalidad, del 2006 al 2017, con el objetivo de conocer el comportamiento de los magistrados de la CC.
Esta primera investigación generó 5 hallazgos importantes:
- A pesar de las divisiones de criterios entre los magistrados, estos votan por unanimidad en el 98% de los casos.
- Aunque los magistrados votan en bloque, hay una diferencia estadísticamente significativa entre los votos de la magistratura 2011-2016 y los de la 2016-2021.
- Los casos tributarios resueltos por la CC tienen un incremento del 188% en el 2014.
- De abril de 2006 a diciembre del 2017, los magistrados otorgan más recursos a favor de la SAT que a favor de los individuos y empresas. Esta tendencia se fortalece a partir del 2014.
- De abril de 2006 a diciembre del 2017, los magistrados denegaron el 70% de los recursos legales, pero a partir del 2014, otorgaron un 4 por ciento más en los amparos en única instancia y en las apelaciones de sentencia de amparo.
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Los magistrados resolvieron más casos tributarios a partir del 2014, de 73 a 210 casos, es decir que hubo un 188% de crecimiento.
Esto como respuesta estratégica a una crisis tributaria ocurrida en el 2014 y a la necesidad de elevar la recaudación como condición para la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad, promovido en Estados Unidos.
Según el estudio, el caso de la línea presentado en el 2015, sirvió como incentivo para mantener la tendencia de resoluciones favorables a la SAT entre el 2015 y 2017, generando un cambio de comportamiento en los magistrados.
Si se tiene la tendencia de una Corte con comportamiento activista, el estudio dice que podría tener consecuencias como la concentración del poder político en donde la Corte podría adoptar más funciones de otros poderes del Estado.
Esto se refleja en decisiones como la suspensión de leyes o de acuerdos gubernativos.
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