La CSJ acató la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que le ordenaba emitir una nueva resolución y llevó a cabo un pleno extraordinario para el efecto.
Alejos fue señalado por la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público por ser el intermediario de una supuesta red criminal que operó en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para “agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas”.
El legislador fue señalado en enero de 2018 por tráfico de influencias y cohecho activo, y desde esa fecha ha obstaculizado el avance del proceso. Para ello ha esgrimido que el proceso en su contra es político y se han violado sus derechos.
En dos oportunidades, el legislador planteó acciones en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fueron rechazadas. Además, se resistió en 15 ocasiones a comparecer ante el juez pesquisidor y fue multado por recusaciones malintencionadas y frívolas.
Alejos es diputado de la bancada Todos y cuando el caso salió a la luz era el primer vicepresidente del Congreso.
En octubre de 2018 estaba citado a una audiencia, pero no asistió:
