Un juez de ejecución de penas determinó que ya “no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia”, después que la corte suprema decidiera el jueves que nadie puede ser encarcelado mientras tenga recursos legales disponibles.
La excarcelación de Lula fue solicitada hoy por su defensa, en base a un fallo adoptado la noche del jueves por la máxima corte del país, que, en una ajustada votación por 6 a 5, determinó que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos es inconstitucional.
El juez Danilo Pereira Jr, de la 12 Sala Criminal de la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, analizó el pedido presentado por los abogados y autorizó su libertad, lo que podría ocurrir en los próximos minutos u horas.
Advogado de Lula, Cristiano Zanin protocola pedido de soltura do ex-presidente na Justiça Federal de Curitiba. #LulaLivreAgora
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— Lula (@LulaOficial) November 8, 2019
Lula está en prisión desde el 7 de abril de 2018, cuando empezó a cumplir una pena de ocho años y diez meses por corrupción tras ser condenado en segunda instancia, acusado de recibir a modo de soborno un apartamento de playa de la constructora OAS, a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con Petrobras.
La sentencia fue confirmada luego en una tercera instancia, pero aún le resta una apelación ante la Corte Suprema, que ya presentó, pero sobre la cual el Supremo todavía no se ha pronunciado.
Lula se benefició así del fallo de la Corte, que anuló una jurisprudencia que había establecido en 2016 y con la que había autorizado ejecutar una pena de prisión después de que ésta se confirmará en segunda instancia, pese a que en esa fase quedaban aún dos apelaciones pendientes en tribunales superiores.
Según la nueva decisión, la prisión solo podrá ordenarse cuando, como establece la Constitución, se complete el “tránsito en juzgado” (“cosa juzgada” en español) y se hayan agotado todos los recursos posibles, con lo que la culpabilidad estará plenamente determinada.
Los integrantes de la operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil, rechazaron la nueva decisión del Supremo y expresaron su temor de que “afecte a los resultados de su trabajo”.
