Con la voz hecha un susurro, responde en una corte de Los Ángeles a un cuestionario para confirmar su decisión de acogerse a la “salida voluntaria”.

La joven confirma que entró por Arizona el 17 de mayo de 2018, en plena aplicación de la política de “tolerancia cero” ordenada por el presidente Donald Trump, que llevó a que más de 2.600 niños fueran separados de sus familiares.

“¿Había sido deportada antes?”, le preguntan. “No, solo mi padre”, con quien aparentemente cruzó la frontera.

El gobierno divulgó un informe el jueves en el que sostiene que 2.157 menores ya han sido entregados a sus familias o a un representante, pero otros 445, entre ellos Sandy, aún están en custodia de las autoridades estadounidenses.

Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del centro legal Immigrant Defenders, explica a la AFP que si el menor “no tiene miedo de volver, la salida voluntaria es una opción”.

El gobierno indicó que “ha visto un incremento en el número de niños (…) que desean salir voluntariamente del país para ser reunificados con sus padres”. En su reporte, las autoridades precisaron que son 15 casos y señaló que “facilitará y pagará” el viaje de regreso.

Pero no es una decisión a la ligera. El miedo es un factor fundamental, sobre todo porque muchos de los emigrantes de América Central están huyendo de la violencia en esos países.

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Es el caso de Pedro, un hondureño de 34 años que pidió cambiar su nombre por seguridad pues fue separado de su hija y deportado de vuelta a su país, donde vive con muchísimo miedo y lo que menos quiere es que la pequeña sea enviada a casa.

“Aquí no hay nada bueno”

Pedro era funcionario de gobierno en Honduras y dice que decidió partir a Estados Unidos con su hija después de que una pandilla le hiciera dos atentados.

“Me escapé y me traje a la niña conmigo, a ella también la tenían amenazada”, cuenta a la AFP vía telefónica. “Yo de verdad no quería viajar a Estados Unidos, ya me habían contado que el camino era feo y era duro”.

Pero no le quedó opción. Al cruzar el río Grande por Texas, se entregaron a las autoridades migratorias y pidieron asilo. Recordó que le hicieron firmar un papel en inglés que no entendía.

“Le dije al oficial: ‘Si es para deportarme, no quiero firmarle porque está difícil allá, no quiero volver’. Se echó a reír y me dijo que no era para deportarme”.

Su historia continuó como muchas otras: lo separaron de su hija, lo deportaron y a ella la enviaron a un albergue, donde tiene ya más de dos meses.

“Estoy muy preocupado, no aguanta estar metida allá”, afirma.

La organización por la defensa de los derechos civiles ACLU, junto a otras asociaciones, ha contactado a los padres ya deportados de 322 niños que aún están en Estados Unidos, según el informe oficial, que indica que los representantes de 167 niños optaron por no ser reunificados.

A Pedro ya lo llamaron y tiene claro que, por su seguridad, es mejor que su hija no regrese. “Aquí no hay nada bueno porque yo no tengo paradero”, dice desde Honduras.

“Sienten nostalgia”

Al ser separados de sus padres, los niños pasaron a ser “menores no acompañados” en el sistema y como tal se les procesa.

La ventaja de este estatus es que no pueden ser deportados hasta que vean a un juez.

Tienen la opción de pedir asilo, aplicar a una visa juvenil o salir voluntariamente, una decisión con la que el expediente queda limpio y permite aplicar a una visa en el futuro desde el extranjero.

Fue la opción de Sandy y, como ella, “se ha visto un aumento de niños que vinieron con sus padres” y fueron separados, indicó Joanna Fluckey, abogada de la ONG KIND. “Sienten nostalgia”.

“Nadie anticipó que al llegar serían separados a la fuerza”, añade.

Pero a veces, sostiene Toczylowski, los niños “no entienden las razones que llevaron a la familia a huir, el peligro en el que se encuentran”.

“Muchas veces son los padres desde su país de origen los que tienen que ayudarlos a tomar la decisión y convencerlos a quedarse y pelear” por un estatus legal en el país.

Si el niño no tiene a nadie en Estados Unidos que lo cuide, entra en el programa de padres sustitutos hasta que cumpla los 18 años.

La jueza Ashley Tabaddor, que por nueve años ha llevado casos de “menores no acompañados”, dijo a la AFP que la salida voluntaria no es la decisión más común en su corte.

Pero estos niños son atípicos. “Con la separación de familias, el gobierno creó menores no acompañados”.

Fue Tabadoor quien llevó el caso de Sandy, a quien otorgó 120 días para preparar su salida. “Que tenga un regreso seguro a casa”, le dijo al despedirla.

En una carta dirigida a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, Business Roundtable instó a reconsiderar las recientes directivas de Washington que han puesto en duda el estatus migratorio de sus trabajadores y están dañando la contratación de talento.

“Pocos (trabajadores) moverán a su familia y se instalarán en un nuevo país si, en cualquier momento y sin previo aviso, el gobierno puede forzar su partida inmediata, muchas veces sin explicación”, dijo Business Roundtable en una carta.

“En momentos en que el número de ofertas de empleo alcanza niveles históricos debido a la escasez de mano de obra, ahora no es el tiempo de restringir el acceso al talento”.

Business Roundtable representa a la mayoría de las compañías más grandes de Estados Unidos. El grupo había criticado anteriormente a la administración de Trump por sus políticas de inmigración, al mismo tiempo que elogió a la Casa Blanca por recortar impuestos y regulaciones.

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Entre los presidentes ejecutivo que firmaron la misiva está Tim Cook de Apple, Jamie Dimon de JPMorgan Chase, James Quincey de Coca-Cola, Ginni Rometty de IBM y Arne Sorenson de Marriott.

Los ejecutivos criticaron a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, que está bajo la autoridad de Nielsen, por tener determinaciones inconsistentes que pueden resultar en denegaciones a empleados que habían tenido autorizaciones exitosas por años.

En otros casos, el departamento ha revocado los permisos de trabajo a los cónyuges de los trabajadores inmigrantes legales. En algunos casos, estos problemas afectan a los empleados permitidos bajo el programa H-1B, que permite a las empresas contratar extranjeros calificados para ocupar puestos especializados.

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“Para ser justos con estos empleados, y para evitar costos innecesarios y complicaciones para las empresas estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos no debería cambiar las reglas en la mitad del proceso”, dice la carta.

En junio, Business Roundtable se unió a un sinfín de críticos de la política de “tolerancia cero” de la administración de Trump que separó a niños migrantes de sus padres, calificando la práctica de “cruel y contraria a los valores americanos”. Finalmente, Trump rescindió de la política después del revuelo público.

En los últimos meses, Coryn y Silas se acostumbraron a mover el colchón de su cama a los demás cuartos de su casa.

En esas habitaciones luchaban por conciliar el sueño niños menores de 9 años, todos centroamericanos, que fueron separados de sus padres migrantes indocumentados en la frontera de EE.UU.

A la residencia de la joven pareja, en el estado de Michigan, llegaron cinco menores de edad que pasaron por esta experiencia: tres de Honduras y dos de Guatemala.

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“Estaban asustados de estar solos en un sitio nuevo. Los acompañábamos al lado de sus camas o nos sentábamos en una silla hasta que se quedaran dormidos“, le explica a BBC Mundo Coryn, quien junto a su esposo pidió reservar su apellido con el fin de preservar la seguridad de los menores de edad a los que atienden.

CORTESIA CORYN

Los pequeños que recibieron forman parte de los más de 2.500 menores de edad que, entre abril y junio, fueron separados de sus padres debido al endurecimiento en las políticas migratorias del presidente de EE.UU., Donald Trump.

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Pese a que la práctica de separar familias fue revertida hace casi dos meses, un informe del gobierno del jueves 16 de agosto todavía da cuenta de más de 560 menores de edad (entre 0 y 17 años) que no han vuelto con sus padres y siguen bajo custodia gubernamental.

Las agencias encargadas de las reunificaciones informaron que algunos de los adultos no son elegibles para volver con sus hijos por tener antecedentes penales o representar un peligro para el menor de edad.

Sin embargo, la mayoría, 366 niños, no ha vuelto con sus padres porque estos fueron deportados de vuelta a sus países de origen.

La grabación corresponde a una de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

Tras la separación, la mayoría de los niños fueron transferidos a instalaciones administradas por la Agencia de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).

Pero otros fueron enviados a casas particulares con padres adoptivos temporales, como Silas y Coryn.

Cuestionamientos

La agencia de adopción a la cual están adscritos Silas y Coryn, Bethany Christian Services-una de las más grandes del país y que recibe fondos del gobierno federal-, fue cuestionada en días recientes por sus vínculos con la secretaria de Educación estadounidense, Betsy DeVos.

Familiares de la funcionaria trabajaron en cargos altos dentro de la agencia en años anteriores y esta recibió más de US$6 millones por parte de las fundaciones de la familia DeVos entre 1998 y 2016, según informó la Radio Pública Nacional de EE.UU. (NPR, por sus siglas en inglés).

A raíz de los cuestionamientos, Bethany dijo en un comunicado que aunque Betsy DeVos y su familia “han apoyado generosamente a la agencia antes de que Betsy fuese secretaria de Educación (…), la idea de que una persona o una organización nos haga cambiar nuestras prácticas es simplemente errada”.

“No descansaremos hasta que cada niño separado de su padre que está bajo nuestro cuidado sea reunido con su familia”, decía el escrito.

Dona Abbott, portavoz de la organización, le dijo a BBC Mundo que reunieron con sus padres al 90% de los niños que mantenían bajo su tutela.

En promedio, continuó, los menores de edad bajo custodia de este grupo fueron reunidos con sus padres al cabo de 66 días.

Anderson aseguró también conocer dónde está “el 100% de los padres de los niños que están bajo nuestro cuidado”.

“Estos niños tienen muchos traumas que no ves en otros”

Silas y Coryn llevan más de un año cuidando de menores de edad que cruzan la frontera sin acompañantes. Pero la experiencia de acoger a niños separados de sus padres, según dicen, fue “mucho más difícil”.

“Hay comportamientos que notamos en estos niños y no en otros que hemos cuidado anteriormente. Por ejemplo, algunos se orinan en la cama de repente otra vez y se quejan de síntomas físicos como dolores de cabeza o de estómago”, dice Coryn.

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Ella, de 25 años, y su esposo Silas, de 29, recibieron un entrenamiento para tratar con niños con posibles traumas como parte de la licencia a la que optaron con el fin de convertirse en padres adoptivos.

El momento en que un niño separado de su familia en la frontera reúne con su abuela

Sin hijos biológicos, la pareja dice que fue su religión cristiana y los viajes que han hecho a Centroamérica lo que les motivó a acoger a niños migrantes.

De más de una veintena de niños que recibieron temporalmente en su casa, los cinco que llegaron después de ser separados de sus padres estaban entre los más jóvenes(menos de 9 años de edad).

“Cuando son pequeños les cuesta entender qué pasa y por qué les separaron de sus padres”, dice Coryn.

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La pareja recuerda el caso concreto de una de las pequeñas, que lloraba con desespero cada vez que le ponían al teléfono a su madre, quien estaba detenida en un centro para migrantes indocumentados.

“En su mente jovencita creo que se sentía abandonada“, cree Coryn. “En el tiempo que estuvo con nosotros, no habló con su madre porque era un detonante. Le decíamos que su mamá la quería mucho y que estaba muy emocionada de verla”.

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Silas dice que los niños a veces “se sentían muy mal” cuando los dejaban en la escuela, donde participan en un programa educativo especial.

“Algunos decían que pensaban que estaban con nosotros en casa durante un tiempo y ahora los estaban mudando con otra gente“, describe.

Llanto o silencio

El llanto o el silencio acompañaban a estos niños desde el día en que la pareja los recogía en el aeropuerto, por lo general en vuelos que llegaban de madrugada.

Ni Coryn ni Silas hablan español, pero cuentan que aprendieron a preguntar por el color o la comida favorita de los niños en ese idioma para intentar entablar una relación.

“Todos estaban tristes cuando llegaban. Antes de llegar a nuestra casa, estuvieron en centros de detención con adultos que no conocían”, dice Silas.

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Después de unos días, los niños comenzaban a abrirse un poco más. “En muchas ocasiones, se empezaban a adaptar estando todavía muy tristes”.

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Durante su estadía, la mayoría habló con sus padres por teléfono o videollamada. E incluso Silas y Coryn intercambiaban algunas palabras con ellos, algunos todavía detenidos.

“No parecían niños menores de 9 años”

Hubo un periodo de este año en el que la pareja acogió al mismo tiempo a cuatro niños que habían sido separados de sus padres en la frontera.

Durante una tarde en su casa, los cuatro se sentaron en la sala a compartir y jugar. Luego ocurrió algo que la pareja dice que no olvidará nunca.

Uno de los niños empezó a contar de forma espontánea cómo había dormido en una toalla en un centro de detención.

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Los otros tres niños lo escucharon con expresiones serias en la cara y poco a poco empezaron a compartir detalles de sus historias personales.

Uno habló de que su madre lloraba cuando la llevaron lejos de él mientras se quedaba sentado en un cuarto. Otro se levantó para mostrar en un gesto con sus manos el momento en que los agentes fronterizos esposaban a su padre.

“No es la manera normal de ver a niños hablando”, recuerda Silas. “Se estaban escuchando, esperaban el turno del otro, no parecían niños menores de 9 años“.

El costo emocional

El primer niño migrante separado de sus padres que cuidaron Silas y Coryn llegó a su casa en diciembre del año pasado, cuando la política de Trump estaba en experimentación y no era oficial.

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El pequeño era hondureño y su padre estaba en un centro de detención.

El plan inicial era que estuviese con sus padres adoptivos durante unas semanas, pero acabó viviendo con la pareja por ocho meses.

El día en que llegó el anuncio de que el niño sería devuelto a su padre fue agridulce para la pareja.

“Sentí que perdí un hijo”, dice Coryn.

“Fue duro, en el aeropuerto lloramos mucho. Después de que se fue, atravesamos un duelo”, añade.

Pero la pareja dice que espera que no haya necesidad en el futuro de tener que cuidar a niños separados de sus padres.

“Esos niños necesitan personas que los amen, que les ayuden y que les den afecto como lo hacen sus padres”, dice Coryn.

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Rolando pagó 6.000 dólares a un coyote que lo ayudó a entrar a Estados Unidos con Johan, entonces de diez meses. Pero la Patrulla Fronteriza lo interceptó en McAllen, Texas, el 17 de marzo pasado.

Cinco días después Johan fue trasladado a un albergue en Arizona. Rolando fue deportado el 5 de abril pero su hijo llegó a Honduras recién el 20 de julio.

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Sus primeros pasos y palabras en un albergue

En ese periodo le crecieron casi todos los dientes, dio sus primeros pasos y pronunció su primera palabra.

Entre abril y mayo la “política de tolerancia cero” del presidente estadounidense Donald Trump separó a unos 2.000 niños de sus padres, que intentaban ingresar a Estados Unidos de forma ilegal.

Hasta el 10 de agosto la cancillería hondureña tenía un registro de 146 niños reunificados. Pero aún faltaban 313.

Con un ingreso que como mucho alcanza ocho dólares por día en Honduras, Rolando aspiraba a una vida mejor con sus hermanos, instalados en Maryland.

Pero luego de cuatro intentos sin éxito y la amarga experiencia con su hijo, ha renunciado a seguir buscando el “sueño americano”.

Foto: Prensa Libre

Los tres niños de entre 5 y 10 años retornaron para reunirse con sus respectivos padres, de quienes habían sido separados y quienes habían sido deportados en el marco de la política migratoria estadounidense de “tolerancia cero”.

Además, retornaron otros seis niños que migraron sin acompañamiento de adultos y que fueron interceptados en Estados Unidos, así como siete adolescentes que habían sido detenidos solos en México.

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Los menores fueron recibidos en el aeropuerto de la capital guatemalteca por Patricia Marroquín, esposa del presidente Jimmy Morales, señaló el departamento de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según la cancillería, bajo la política migratoria de “tolerancia cero” de Washington, 2.279 niños guatemaltecos fueron separados de sus padres en la frontera estadounidense. De ellos, 56 lograron reunirse con sus familias en Guatemala o con otros parientes en Estados Unidos desde hace tres meses.

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La crisis migratoria creada por esa política, luego abandonada por el presidente Donald Trump, provocó una ola de críticas tras revelarse audios de niños que suplicaban por sus padres en albergues de Estados Unidos.

Guatemala repudió esa política y la calificó como violatoria de los derechos humanos.

La crisis llevó a Estados Unidos, México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras- a promover nuevas acciones para desalentar la migración ilegal.

En junio pasado, durante una reunión con los mandatarios de estos tres países centroamericanos en Guatemala, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, hizo un duro llamado a no migrar ilegalmente: “Vengan legalmente, si no, no lo hagan”, aseveró.

Maricela contó que le daban cuatro pastillas en la mañana y cinco más por la noche, sin explicarle por qué. Y describió cómo empleados del centro de detención inmovilizaban a otra niña mientras un médico le ponía una o dos inyecciones.

Cuando Maricela se quejó sobre recibir demasiada medicación, con el doctor del centro para niños inmigrantes en Texas (EE.UU.), este le dijo no tener control sobre esas dosis.

“Cuando tomo esa medicina, no tengo ningún ánimo…me han dado dolores de cabeza, he perdido el apetito y he tenido náuseas“, dijo.

Este es el testimonio que la migrante menor de edad compartió con abogados que hicieron visitas durante casi un año a la residencia administrada por la gubernamental Oficina de Reasentamiento para Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).

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Al menos cuatro menores más dieron testimonios similares a los de Maricela, lo que llevó a los abogados a demandar al centro de tratamiento Shiloh, ubicado a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Houston, ante una corte federal de Los Ángeles (California).

La parte acusadora argumentó que ORR administraba a los internos “múltiples drogas psicotrópicas sin importar los deseos o necesidades del niño”, según se lee en la demanda.

Los trabajadores del centro defendieron sus prácticas al decir que administraban los fármacos “solo en casos de emergencia” cuando los “extremos síntomas psiquiátricos” del niño representaban un peligro.

Pero la jueza Dolly Gee descartó ese argumento y el lunes ordenó al gobierno de EE.UU. solicitar autorización de padres, representantes legales o una orden judicial antes de dar fármacos psicotrópicos a estos niños, excepto si es una emergencia.

HHS

Más de 10.000 migrantes menores de edad están bajo custodia del gobierno estadounidense. La mayoría llegó desde Centroamérica y entró sin acompañantes por la frontera sur del país, aunque también hay cientos que fueron separados de sus padres tras un reciente endurecimiento de las políticas migratorias del presidente, Donald Trump.

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El escándalo que causó la separación de familias de migrantes indocumentados, práctica que fue revertida, hizo surgir más cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, abogados y medios sobre las condiciones en que detienen a los migrantes, especialmente a los niños.

El gobierno, por su parte, insiste en que las instalaciones de albergue o detención temporal para menores de edad y familias cumplen con estrictos controles contra posibles abusos y son monitoreados constantemente.

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Sobre el caso de Shiloh, el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) le dijo a BBC Mundo que por cuestiones de política interna no comentan “asuntos relacionados con litigios en curso” y que están revisando la reciente orden de la jueza “para determinar los siguientes pasos”.

Ansiedad y depresión

Rosa, cuya edad no está especificada en el documento judicial, cuenta que le daban cuatro o cinco pastillas al día y que creía que una de ellas era para tratar la ansiedad.

“A veces me ponían inyecciones a la fuerza…uno o dos empleados me sujetaban de los brazos y la enfermera me ponía la inyección”, describe.

Entre las drogas registradas en su expediente médico, aparecen antipsicóticos como aripiprazol y clorpromazina, y antidepresivos como escitalopram y trazodona.

GOOGLE

El centro Shiloh, un conjunto de casas rodantes en una zona rural de Texas, tiene capacidad para albergar las 24 horas a poco más de 40 niños, según estimaciones del Centro de Informes de Investigación, que ha reportado sobre el lugar en años anteriores.

Este año recibió fondos por más de US$5 millones por parte del gobierno federal, según detalla un sitio web oficial que hace seguimiento de las subvenciones que otorga el HHS.

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Shiloh está dotado para recibir a niños migrantes que “representan un peligro para sí mismos o para otros” de acuerdo a la valoración de psicólogos y psiquiatras, según detalla el HHS.

Sin embargo, esta designación no es una vía libre para administrar drogas a los menores sin autorización, según lo contempla el acuerdo de Flores de 1997, un documento que fija que los inmigrantes menores de edad sean detenidos “bajo las condiciones menos restrictivas” posibles.

“Me dijeron que si no me tomaba la medicina no me podía ir de ahí”

La madre de una de las internas aparece en la demanda diciendo: “Nadie me pidió permiso para darle medicinas a mi hija, aun cuando los empleados de Shiloh siempre tuvieron mi teléfono y mi dirección”.

Otro niño llamado Julio detalló que lo amenazaron con lanzarlo al piso y obligarlo a tomarse las pastillas. “Me dijeron que si no me tomaba la medicina no me podía ir de ahí, que la única forma de salir de Shiloh era tomándome las pastillas”.

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El menor de edad detalla que, después de tomar los fármacos, “estaba más cansado, me sentía triste y mis ojos estaban llorosos… empecé a engordar… en unos dos meses engordé 20 kilos”.

BBC Mundo contactó al centro Shiloh por teléfono pero en un mensaje de operadora indica que sus oficinas están cerradas.

En un comunicado en su sitio web, informa que ha sido sometido a auditorías y visitas por parte de autoridades estatales, la ORR y de representantes de consulados de Guatemala, El Salvador y México.

“Se encontró que todos los alegatos ampliamente difundidos sobre Shiloh carecían de fundamento. Se ha concluido que los niños están bien cuidados y tratados”, dice el escrito.

SHILOH TREATMENT CENTER

El fallo de la jueza Gee del lunes también incluye que todos los menores de edad inmigrantes arropados bajo el acuerdo de Flores sean transferidos del centro Shiloh, a menos que un psicólogo o psiquiatra con licencia determine que el menor de edad representa un peligro para sí mismo o los demás.

“Estaban letárgicos”

Los testimonios de los niños surgieron a partir de unas entrevistas que condujeron abogados de varios centros de inmigración, con el fin de hacer cumplir el acuerdo de Flores sobre las debidas condiciones de detención.

Neha Desai, abogada del National Center for Youth Law en California y representante de la demanda, le cuenta a BBC Mundo que la mayoría de los menores tenían entre 12 y 17 años, y hablaban en español.

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La letrada llegó a Shiloh a partir de una conversación que tuvo con un niño en otro centro de detención en mayo del año pasado.

“Él había estado detenido en Shiloh y compartió conmigo las experiencias que tuvo ahí. Me dijo que lo habían forzado a acostarse en el suelo para inyectarlo”, dice.

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Según Desai, varios de los menores de edad con los que conversó en Shiloh“estaban letárgicos“. “Al punto de que me pareció que tomaban algo que les hacía estar adormecidos”.

Ganar la confianza de los niños no fue fácil, detalla la abogada. “Algunos son huérfanos y ni siquiera tienen un abogado. No hablan de esto con nadie, teníamos que asegurarles que no éramos funcionarios y que protegeríamos sus identidades”.

Tras las entrevistas, los abogados pidieron a los niños que firmaran autorizaciones para pedir sus expedientes médicos al gobierno.

Ahí pudieron ver qué fármacos les recetaron. También notaron que funcionarios del centro firmaron documentos médicos en el apartado de “padre o representante legal” sin serlo.

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En la demanda, los abogados afirman que, aunque los abusos “más graves” en cuanto a medicación supuestamente ocurrieron en Shiloh, a jóvenes en otras instalaciones manejadas por ORR también les dan psicotrópicos.

Algo que han reportado ampliamente medios y que han denunciado activistas, especialmente desde la oleada de críticas causada por la separación de familias indocumentadas en la frontera.

El caso de Shiloh, sin embargo, cobró notoriedad por haber llegado a los tribunales.

Ahora queda la pregunta sobre qué pasará con niños como Maricela, Rosa y Julio.

Miles de niños migrantes se han despedido en días recientes de sus cuidadores en refugios de EE.UU. para volver con sus padres. Pero cientos se quedan, preguntándose cuándo saldrán de ahí.

Para algunos, el riesgo de no volver a ver a sus padres de nuevo es muy alto.

El gobierno de Donald Trump dijo el jueves haber reunido con sus familiares a más de 1.800 niños de entre 5 y 17 años que fueron separados de sus padres en la frontera sur del país entre abril y junio, cuando intentaban cruzarla sin documentos.

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Según sus estimaciones, los padres de los 711 menores de edad restantes no califican para la reunificación.

Entre los motivos, explican, están que los adultos tienen antecedentes penales o son considerados un riesgo para los niños.

Sin embargo, hay más de 430 que el gobierno no devolverá a sus padres simplemente porque estos ya fueron deportados a sus países de origen.

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Estos casos ocupan a abogados de inmigración y organizaciones de derechos humanos que argumentan que los adultos en ocasiones no estaban conscientes de que firmaban su deportación voluntaria o que los convencían de hacerlo como garantía de recuperar a sus hijos.

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Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defienden que aquellos que fueron deportados sin sus hijos tomaron “una decisión informada”.

El destino de esos 430 niños es incierto. De no poder reunirse con sus padres, podrían ser entregados a familiares dentro del país o acabar con familias adoptivas.

BBC Mundo preguntó al Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense (HHS, por sus siglas en inglés) por su plan para este grupo específico de menores de edad, pero no recibió respuesta al momento de la publicación de esta nota.

“Se sienten abandonados”

“Muchos de esos niños se sienten abandonados. En conversaciones con sus padres, preguntan: ¿por qué no vienes a buscarme?”, le dice a BBC Mundo Michelle Brané, directora de la ONG Comisión de las Mujeres Refugiadas (WRC, en inglés).

Algunos tienen la suerte de tener familiares en Estados Unidos que los reclaman como sus responsables legales. Pero otros no tienen a nadie más en el país.

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La abogada de inmigración Cynthia Felix, del Immigrant Defenders Law Center en Los Ángeles, atendió el caso de una niña de 11 años cuyo padre fue deportado y se quedó sola.

“El juez nos pidió que la pusiéramos en contacto con su padre. Ellos hablaban para decidir si era mejor que ella se quedara aquí. Al principio ella decía que sí, pero luego se arrepintió”.

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Felix cuenta que la menor de edad, que estuvo detenida por más de siete meses, manifestó ante el juez su deseo voluntario de volver a su país de origen, con el consenso de su padre, y fue enviada.

Pero en otros casos, los padres de los niños no quieren que regresen, pues hacerlo implicaría ponerlos en peligro.

Muchas de las familias que migran desde Centroamérica escapan de la violencia de pandillas que, en algunos casos, tienen el control de localidades enteras.

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En EE.UU., los menores de edad se enfrentan a procesos judiciales de solicitud de asilo que demoran meses o años.

Y sus padres, ya deportados, tienen imposible entrar en Estados Unidos por años también.

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Si los niños hubiesen entrado junto a sus padres, advierte Brané, las familias tendrían un solo caso de solicitud de asilo. Pero al ser separados, los menores de edad adelantan un proceso judicial propio y los padres otro, los primeros en cortes de inmigración y los segundos en cortes federales bajo la acusación de ingreso ilegal en el país.

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Esto es consecuencia de la política migratoria de “tolerancia cero” implementada oficialmente por el gobierno de Trump desde mediados de abril.

Pese a que el presidente revirtió la práctica de separar familias, todavía abundan los casos de niños que no se han reunido con sus padres.

“Muchos, muchos padres no tenían idea”

El gobierno de Trump tenía una orden judicial de reunir a los más de 2.500 niños con sus padres para el 26 de julio.

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En la audiencia ante el juez federal Dana Sabraw el pasado viernes, los representantes del gobierno expusieron las cifras y dijeron que las agencias federales habían invertido grandes recursos y esfuerzos para acelerar y completar las reunificaciones.

Sabraw dijo que el gobierno merecía “un gran reconocimiento” por cumplir con la orden antes del plazo límite.

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Pero la parte acusadora, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) criticó la forma “unilateral” en que el gobierno diseñó las categorías de elegibilidad.

Además, expuso más de 20 testimonios de padres migrantes que dicen haber firmado, sin entender, formularios de deportación en los que renunciaban a llevarse a sus hijos con ellos.

“Lo que hemos encontrado es que muchos, muchos padres no tenían idea de lo que estaban haciendo. Y quieren a sus hijos de vuelta”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU, citado por el diario The New York Times.

Según datos del gobierno, 120 padres renunciaron a reunirse con sus hijos cuando firmaron los papeles de deportación.

“Quisiéramos saber exactamente qué pasó en esos casos, si los padres tenían pleno conocimiento de lo que hacían o si se violaron sus derechos“, dice Michelle Brané, que desde el WRC está apoyando a ACLU.

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Brané explica que conoce de casos donde el adulto firmaba una carta que designaba a un familiar como cuidador de su hijo.

“Pero eso no significa que no querían reunirse con sus hijos. En algunos casos, ICE consideró que esto era la renuncia de algunos padres a tenerlos de vuelta”, dice.

No saber inglés también fue otra barrera que, según denuncian estas organizaciones, hizo que los migrantes firmaran documentos que no entendían.

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Varias organizaciones, incluidas ACLU y WRC, están recabando datos sobre los padres y sus hijos para localizarlos y asignarles asesoría legal.

“Esto puede significar que el padre vuelva a Estados Unidos o que el niño sea enviado al padre”, dice Brané.

Pero el proceso no es sencillo, involucra retos legales y es difícil saber cómo acabará.

Lo que sí es una posibilidad, advierte Brané, es que haya niños que no vuelvan con sus padres.

Este viernes venció el plazo de un mes que dio el juez Dana Sabraw, de San Diego, para entregar estos menores a sus familias.

El Departamento de Justicia (DOJ) indicó el jueves que esperaba que todos los niños “considerados elegibles para reunificación” fueran entregados a sus familiares.

El balance corresponde a 2.551 niños de entre 5 y 17 años, de los cuales 1.820 salieron de los albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para ser entregados a sus padres o representantes.

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De los 1.820, 1.420 fueron reunidos con sus padres en instalaciones de la policía migratoria ICE y 378 liberados en “otras circunstancias”, como los entregados al padre u otro pariente en libertad.

El gobierno insiste en que cumplieron el plazo, pues 711 fueron considerados “no elegibles” porque los vínculos familiares no pudieron ser confirmados, los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados, o fueron deportados.

De hecho, según el DOJ, 431 padres fueron removidos del país sin sus niños, algunos de ellos de forma voluntaria, lo que complica la reunificación.

Con estas cifras, Sabraw “podría determinar que el gobierno está en desacato, lo que no necesariamente aceleraría el proceso de reunificación”, explicó Stephen W. Yale-Loehr, profesor de leyes migratorias de la universidad de Cornell. O “podría creerle lo que dice (sobre) que está trabajando rápidamente y de buena fe para darle más tiempo”.

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La audiencia está prevista para las 13h30 locales (21h30 GMT).

Reunificar y deportar

Las polémicas separaciones comenzaron en mayo, en el marco de la política de “cero tolerancia” de Donald Trump, cuando los migrantes, la mayoría huyendo de la violencia de América Central, entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo.

Eran detenidos y procesados en masa, mientras que los niños con los que venían eran enviados a albergues en todo el país.

Esa política levantó una ola de condenas dentro y fuera de Estados Unidos, que presionó al presidente a ponerle fin tras seis semanas y abrir un lento proceso de reunificación.

Si Sabraw considera que el gobierno no cumplió con el plazo, probablemente pida a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a la parte acusadora, que recomiende sobre alguna sanción.

Así ocurrió el 10 de julio cuando la administración incumplió el plazo para reunir a los menores de 5 años con sus familias: 45 de ellos fueron considerados “inelegibles”.

“Queremos proponer soluciones que ayuden a mover el proceso más rápidamente de lo que se está moviendo hasta ahora”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU en una conferencia telefónica con periodistas.

Entre las peticiones de ACLU, destaca la exigencia de un plazo de siete días desde la reunificación para que las familias puedan discutir su siguiente paso: si luchan por el asilo, si el adulto sale y el niño se queda, o si ambos aceptan ser deportados.

Para los aogados del gobierno este plazo de siete días es injustificado, pues afirman que han tenido tiempo suficiente para considerar sus opciones mientras han estado detenidos.

Manipulación de cifras

En un comunicado emitido posteriormente, Gelernt afirmó que el gobierno está manipulando cifras para ofrecer una falsa impresión.

“La administración Trump está tirándolos debajo de la alfombra al elegir unilateralmente quién es elegible para la reunificación”, dijo.

“Seguiremos responsabilizando al gobierno y reuniremos a esas familias”.

Si el juez decide que el gobierno está en desacato, podría pedirle a la ACLU que recomiende sanciones.

La Asociación de abogados migratorios de Estados Unidos (AILA) exhortó por su parte al gobierno a que disponga lo necesario “para el regreso de los más de 400 padres deportados sin sus niños”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en una entrevista con Fox News que tenía “la intención de reunir a todas las familias que podamos”.

Pero ubicar a los padres que fueron deportados a México o América Central será una tarea larga y complicada. Gelernt dijo que ya comenzó un trabajo “detectivesco”.

Para el martes -antes de que las últimas cifras fueran dadas a conocer- el Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía bajo custodia, en refugios por todo el país, a 11.500 niños clasificados como Menores Extranjeros No Acompañados (UACs, en inglés).

Redacción

BBC News Mundo

Escenas de inmigrantes adultos abrazando emocionados a sus pequeños se han sucedido durante esta semana a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

El gobierno de Donald Trump dijo este jueves que reunificó a más de 1.800 niños migrantes con sus familias, o adultos responsables de ellos, para cumplir con el plazo establecido por un juez de San Diego, California, que dictaminó que para este 26 de julio tenía que haber concluido el proceso.

Esta cifra incluye 1.442 niños que están de vuelta con sus padres bajo custodia de los servicios migratorios del país y 378 que fueron puestos en libertad en “circunstancias adecuadas”, según se lee en el expediente del tribunal.

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Según el gobierno, más de 700 padres no son elegibles para la reunificación por distintos motivos, 431 de ellos ya no están en Estados Unidos.

El gobierno estadounidense puso en marcha el pasado abril la política de “tolerancia cero” hacia la inmigración irregular en la frontera entre Estados Unidos y México. Una de las consecuencias más sonadas de esta medida fue que las autoridades separaron a más de 2.500 niños de los adultos indocumentados.

Pero la política de separación de familias fue suspendida por el presidente Trump a mediados de junio tras recibir una fuerte oleada de críticas.

¿Qué sabemos sobre los niños?

La mayoría de los niños, 1.442, fueron reunificados con sus padres que están bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Otros 378 fueron liberados bajo lo que el gobierno describe como “circunstancias adecuadas“, un concepto que incluye a los menores que fueron devueltos a padres que ya estaban libres de la custodia del gobierno, aquellos que fueron enviados con otro pariente o un amigo de la familia, y aquellos que son mayores de 18 años.

De los 711 calificados como no elegibles, los padres de 120 habían “renunciado a la reunificación”, según explicó el gobierno este jueves.

Decenas más siguen separados por la llamada “alerta roja adulta“, en referencia a situaciones en las que el menor puede estar en peligro.

¿Por qué fueron reunificadas las familias?

La reunificación se aceleró por una orden judicial que fijó una fecha límite para que el gobierno estadounidense dejara en libertad a todos los niños migrantes de edades entre los 5 y los 17 años separados de sus familias en los últimos meses.

El juez federal de San Diego Dana Sabraw falló el mes pasado que todos los menores detenidos separados bajo la política de “tolerancia cero” debían ser entregados a sus familias para el 26 de julio.

“De acuerdo a la fecha límite fijada por el tribunal para esta noche, estamos en camino de reunificar a todos los padres elegibles que están en custodia del ICE“, dijo este jueves Chris Meekins, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Pero la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que presentó una demanda contra el gobierno por la política de separación de familias, declaró que las autoridades sólo cumplieron con “un plazo autodefinido”.

El abogado de ACLU Lee Gelernt le dijo a la prensa: “El gobierno no debería estar orgulloso del trabajo que está haciendo con las separaciones. Esto es un desastre que ellos mismos crearon“.

¿Qué pasa con los menores no elegibles?

El expediente del tribunal observa que cientos de niños no son elegibles para la reunificación porque sus padres abandonaron Estados Unidos.

ACLU señaló que intentará rastrear a los padres que faltan, pero un ex subdirector de ICE sostiene que teme que muchas familias nunca serán reunificadas.

“Hay una gran probabilidad de que esos padres no vuelvan a ver a sus hijos”, le dijo John Sandweg al canal estadounidense CBS News.

¿Cómo se llegó a este punto?

El gobierno de Trump reunificó el pasado mes a más de 100 niños inmigrantes menores de 5 años con sus padres, aunque sobrepasó un plazo judicial para hacerlo.

Dijo que 57 de estos menores estaban con sus familias, y que 46 no eran elegibles por razones de seguridad, deportaciones de los padres u otras cuestiones.

El presidente Trump suspendió las separaciones familiares a mediados de junio después de que las imágenes de niños encerrados y las grabaciones de los pequeños llorando angustiados causaran una gran conmoción.

Pero el proceso de reunificación está siendo caótico. Las cifras bailan según las fuentes y algunos niños que fueron trasladados para ver a sus padres se encontraron con que sus seres queridos no estaban en el lugar de destino.

Algunas familias fueron detenidas al intentar entrar en Estados Unidos de forma irregular; otras pidieron asilo en la frontera por la violencia imperante en sus países de origen como El Salvador, Guatemala y Honduras.

Los niños fueron repartidos por distintos centros de asistencia de todo el país mientras que los adultos fueron retenidos en centros de detención o prisiones.