La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó este jueves 11 de mayo la participación de Sandra Torres y su compañero de fórmula Romeo Guerra Lemus en las elecciones generales 2023.

La CC declaró sin lugar la apelación que planteó el partido Todos contra la sentencia que había dado semanas antes la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El partido Todos presentó recurso de nulidad contra la inscripción de Guerra por ser ministro de culto.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) había declarado sin lugar el recurso, por lo que luego acudieron a CSJ, y lo mismo. Ahora la CC resolvió en este caso del binomio presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El recurso fue planteado por el partido Todos bajo el argumento de que Guerra ejercía como ministro de culto hasta noviembre de 2022, por lo que tendría impedimento legal para optar a la candidatura vicepresidencial, de acuerdo con el artículo 186, literal “f” de la Constitución Política de la República.

El inciso “f” del artículo 186 de la Constitución, señala que no pueden optar a los cargos de presidente y vicepresidente “los ministros de cualquier religión o culto”.

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El recién pasado 17 de abril, Todos presentó una apelación ante la CC, que buscaba dejar sin efecto la inscripción de Romeo Guerra Lemus como candidato vicepresidencial de la UNE, debido a que es pastor evangélico en una iglesia.

El partido Todos presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que busca que se deje sin efecto la inscripción de Romeo Guerra Lemus como candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), debido a que es pastor evangélico en una iglesia.

Según se informó, la apelación es luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidera mantener en pie la inscripción de Guerra Lemus, lo cual consideran como ilegal.

Lo que busca Todos es que se deje sin efecto tal inscripción del vicepresidenciable que acompaña a Sandra Torres en el binomio de la UNE, y con ello que ambos queden fuera de la contienda electoral.

El pasado 12 de abril, el pleno de magistrados de la CSJ denegó en definitiva los amparos que buscaban revertir la decisión del TSE de inscribir a los binomios presidenciales de la UNE y la coalición Valor-Unionista con lo que se les allanó el camino en la carrera por la Presidencia de la República que podría definirse el 25 de junio próximo.

La resolución del pleno de magistrados de la CSJ de ese día mantiene en la contienda electoral al binomio presidencial de la UNE, pues la CSJ también denegó en definitiva el amparo interpuesto contra los magistrados del TSE por haber avalado la inscripción de Guerra, al consideran que, al igual que Zury Ríos, tiene prohibición constitucional para optar al cargo de vicepresidente de Guatemala, aunque en su caso es por ser ministro de culto.

Respecto a este caso, el pleno de magistrados del TSE declaró sin lugar el 5 de febrero pasado un recurso de nulidad planteado contra el binomio presidencial de la UNE, bajo el argumento de que Guerra ejercía como ministro de culto hasta noviembre de 2022, por lo que tendría impedimento legal para optar a la candidatura vicepresidencial, de acuerdo con el artículo 186, literal “f” de la Constitución Política de la República.

El inciso “f” del artículo 186 de la Constitución señala que no pueden optar a los cargos de presidente y vicepresidente “los ministros de cualquier religión o culto”.

Un incidente armado ocurrió la noche del pasado domingo 26 de febrero en la venta de licor y restaurante Paty, ubicado en Chahal, Alta Verapaz, en donde murieron tres hombres, entre ellos el precandidato a la alcaldía de ese municipio por el partido Todos, Edwin Aradio Pop Artola, de 37 años.

Además de Pop Artola, murieron Gerber Antonio Betancourth Carías, 32, y Benedicto Aparicio Magdaleno Pop Artola, de 40, hermano del político.

En la balacera resultaron heridos Jaime Geoffredy Pop Artola, 38, también hermano del político, y Geydi Bo Pop, 27.

Inicialmente se había dicho que otra mujer, no identificada, también había resultado herida en la balacera, pero finalmente se descartó.

El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) detalla que el precandidato a alcalde tenía varias heridas de arma de fuego y que su cuerpo fue hallado dentro del negocio, mientras que Betancourth Carías quedó muerto afuera de este.

Benedicto Aparicio Magdaleno Pop Artola, hermano del político, fue llevado al Centro de Salud, pero murió a su llegada.

Tenían un colmillo de cocaína

El informe policial da cuenta que en el lugar donde quedó muerto Edwin Aradio Pop Artola, quien había sido proclamado como candidato a alcalde de Todos en ese municipio, hallaron 19 casquillos de bala y un recipiente plástico -colmillo- que contenía cocaína.

A Gerber Antonio Betancourth Carías las autoridades le encontraron Q3 mil 304 en billetes de distintas denominaciones, 45 pesos mexicanos y US$1 de Estados Unidos. Además, una licencia de portación de armas de fuego a su nombre.

Las hipótesis y el colmillo de cocaína

El reporte de la PNC y el seguimiento de investigadores de esa institución detallan que en ese restaurante, el político, sus hermanos y otros familiares y amigos participaban en una fiesta.

Añaden que Betancourth era el propietario del negocio y discutió con el político y sus familiares debido al pago de un colmillo de cocaína.

El dueño del local habría desenfundado su arma y atacó a balazos al precandidato y a sus hermanos.

En el hecho mató al precandidato Edwin Aradio Pop Artola e hirió gravemente a Benedicto Aparicio Magdaleno Pop Artola y luego intentó huir.

En ese momento, según la Policía, Jaime Geoffredy Pop Artola, desenfundó un arma de fuego y le disparó a Betancourth, quien murió afuera de local.

Jaime Geoffedy resultó herido y subió a un picop para tratar de huir del lugar, pero fue copado.

Debido a la herida de bala en un hombro, Jaime Geoffedy fue llevado a un centro asistencial en Fray Bartolomé de Las Casas en donde quedó con custiodia policial, pero posterioriormente fue llevado ante un juez.

Rubén Téllez, vocero del Ejército de Guatemala, dijo que personal militar que estaba en sector escuchó los disparos y llegó al lugar para apoyar a la PNC que ya trataba de atrapar a uno de los involucrados en la balacera.

El seguimiento de investigadores revela que la primera hipótesis es que el dueño de la venta de licor, desenfundó el arma porque el político y sus acompañantes no querían pagar un colmillo de cocaína que le habían comprado.

Otra versión, es que el dueño del negocio no había pagado la cocaína que le era suministrada y ante el reclamo del político y sus acompañantes, que le estaban cobrando, este sacó su arma y les disparó.

Según las primeras investigaciones, tanto el precandidato a alcalde de Chahal como el dueño de local eran socios en la venta de drogas, pero que serán las investigaciones complementarias las que determinen este extremo.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Alta Verapaz reportó que un incidente armado ocurrió la noche del 26 de febrero en una venta de licor en Chahal, en el cual murieron tres hombres.

El reporte de autoridades menciona que dentro de las víctimas del ataque figura Edwin Aradio Pop Artola, quien era el coordinador municipal y precandidato a la alcaldía del municipio de Chahal, Alta Verapaz, por el partido Todos.

El hecho ocurrió en una venta de licor Patty, ubicada en el barrio El Centro, sobre la Franja Transversal del Norte, en donde fueron atacados los tres hombres.

El partido político Todos hizo circular una esquela en la que lamenta el fallecimiento de Edwin Aradio Pop Artola, quien era el coordinador municipal y precandidato a la alcaldía del municipio de Chahal, Alta Verapaz, por esa organización.

El Tribunal Supremo Electoral, a través de una fuente del Registro de Ciudadanos, confirmó que Pop Artola fue proclamado como candidato a alcalde de Chahal, pero no había presentado papelería para ser inscrito.

La información oficial explica que el político murió dentro de la venta de licor junto con otro hombre al que identificaron como Gerber Betancourth.

Benedicto Aparicio Magdaleno Pop Artola, hermano del político, fue llevado al Hospital Nacional con múltiples heridas de bala, pero murió.

A ese mismo hospital también fueron llevadas Heidi Bo Bo y otra mujer que no ha sido identificada, quienes resultaron heridas de bala en el incidente.

Un detenido

La PNC también reportó la captura de Jaime Geofredy Pop Artola, de 38 años, quien presuntamente estaría vinculado al ataque e intentó escapar del lugar a bordo de un picop, pero fue interceptado.

El detenido es hermano del precandidato a alcalde y de otro de los fallecidos, reportan las autoridades.

Qué habría ocurrido

Aparentemente el candidatos a alcalde, sus hermanos y otros amigos se encontraban dentro de la venta de licor en una celebración familiar, pero se habría originado una discusión y eso desató una balacera.

Se cree que en el intercambio de disparos perdieron la vida dos hombres y otro más falleció en el centro asistencial.

Jaime Geofredy Pop Artola sería el responsable de disparar en el incidente.

Este jueves 9 de febrero, integrantes del partido Todos presentaron una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La acción legal presentada es contra el binomio de ese partido, integrado por Sandra Torres para presidenta y Romeo Guerra para vicepresidente.

Según el señalamiento del partido Todos, Romeo Guerra tendría un impedimento legal para participar a ese puesto de elección popular al ser un ministro religioso.

El 6 del mes en curso, Torres y Guerra recibieron las credenciales para participar en el proceso electoral por parte del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.

La convocatoria a elecciones generales fue celebrada por el TSE el 20 de enero y participarán candidatos a los puestos públicos para la presidencia Organismo Ejecutivo, diputados del Congreso de la República, corporaciones municipales y representación ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La primera fase comprende del 20 de enero hasta el 26 de marzo y, uno de sus eventos determinante es la inscripción de los candidatos.

Del 27 de marzo en al 23 de junio los participantes podrán lanzar su propaganda electoral.

El partido Todos presenta amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra de la inscripción del binomio presidencial de la UNE, Sandra Torres y Romeo Guerra. Según la acción legal, Guerra tiene impedimento para participar en el proceso electoral por ser ministro religioso. pic.twitter.com/60lJQeGZZb

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) February 9, 2023

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Hace algunos días, el alcalde de Mixco, Neto Bran, solicitó la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en lo que calificó como un caso de persecución política de parte del diputado Felipe Alejos Lorenzana, del partido Todos, agrupación de la que el jefe edil fue expulsado.

Este viernes 26 de marzo, Alejos respondió a una solicitud de la PDH sobre la supuesta persecución política hacia Bran, y en la carta el parlamentario expone las supuestas circunstancias que motivaron la expulsión del alcalde del partido Todos.

En el documento, Alejos expone que Bran contrató como asesor administrativo a su pareja sentimental con un salario de Q11 mil 450 mensuales; además, dice que dos hermanos de esta también laboran en la comuna mixqueña, algo que califica de inapropiado.

“Me comentó que esa situación le preocupaba porque por ser Guatemala un país conservador y mayormente cristiano, le afectaría en una virtual candidatura a un puesto de elección popular”, señala la carta.

Además, agrega que Bran le solicitó apoyo para defenderse de los antejuicios en su contra y que como respuesta le sugirió que “que buscara abogados”.

Resalta que Bran se incrementó al cien por cien el cobro por dietas junto a su Concejo. “Le mencioné que ganar un salario mensual en la municipalidad de más de Q60 mil, arriba de Q1 millón anual, contrasta con la realidad de su municipio, en donde faltan servicios básicos, como por ejemplo agua potable”, refiere.

El diputado @FelipeAlejos respondió a una solicitud de la @PDHgt sobre la supuesta persecución política hacia el alcalde @netobran. En la carta, Alejos expone las supuestas circunstancias que provocaron la expulsión del alcalde de @TODOSXGT pic.twitter.com/E8waW4opl5

— Alex Rojas (@alexr_pl) March 26, 2021

Sin argumentos

Luego de la publicación de la respuesta de Alejos a la solicitud de Neto Bran, el alcalde de Mixco respondió de forma escueta en sus redes sociales.

De acuerdo con una publicación de Bran en Facebook, la respuesta y señalamientos de Alejos carecen de argumentos.

“Creí que tendrías mejores argumentos para responderle a la PDH, no no Felipe, le hubieras pedido a alguno de tus abogados que paga el congreso a responder mejor y usar buenos argumentos jurídicos!!”, posteó el jefe edil.

Neto Bran se convirtió hace ocho días en el secretario general del partido Todos, y su objetivo podría ser buscar la Presidencia de la República, pero su momento ha sido empañado por la solicitud del retiro de antejuicio que hizo el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), por aprobar la contratación de un operador de netcenter en la comuna de Mixco que amenazó en el 2019 a un mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Rolando Moisés Pérez es el supuesto operador de netcenter que apoyó a Bran en la campaña electoral y que no fue contratado en la municipalidad de Mixco por presentar un título universitario falso, pero el jefe edil ya había firmado documentos que avalaban su plaza.

No es la primera vez que Bran se ve inmiscuido en polémica por las contrataciones en la municipalidad.

En octubre del 2016, Prensa Libre publicó una investigación en la que expuso dudas de dos asesores del alcalde. El asesor en seguridad, Juan José Pineda Vásquez, fue capturado en El Salvador en el 2010, señalado de haber intentado transportar a Estados Unidos 60 cápsulas con heroína, junto a su primo Genaro Pineda Rojas. Ambos fueron condenados en ese país.

El director financiero de la comuna en esa época, César Augusto Pérez Cáceres, tiene como antecedentes una captura en el 2012, señalado de haber girado cheques sin fondos por Q100 mil. Además, ha tenido expedientes abiertos por estafa desde el 2003.

Bran, días después de publicada la investigación, destituyó a ambos asesores.

En su historial el alcalde también está incluido en la lista de políticos que incurrieron en campaña electoral ilegal, según el Tribunal Suprema Electoral.

En ese tribunal el jefe edil tiene abierto un proceso por campaña electoral ilegal con multa de US$200 mil -equivalente a Q1.5 millones- por el proceso electoral del año pasado en el que recibió el apoyo de Pérez, ahora detenido y señalado de dirigir un netcenter.

La CSJ conoció de nuevo la solicitud de retiro de inmunidad de Alejos por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), que otorgó un amparo provisional a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En su fallo, la CC dijo que la CSJ se había extralimitado en sus funciones y por ello debía argumentar “fundamentando debidamente su decisión”.

La votación fue 9-3, con votos disidentes de María Eugenia Morales, Silvia García y Delia Dávila, informó Mario Siekavizza, portavoz del Organismo Judicial (OJ).

“Se resuelve de mantener la posición de no a lugar de formación a causa, por mayoría”, detalló Siekavizza.

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El caso

El MP y la Cicig presentaron el antejuicio en contra de Alejos el 25 de enero del 2018. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.

El MP señaló al diputado de Todos en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

El pasado 20 de enero, el joven de 20 años fue capturado en la zona 11 de Mixco, conduciendo un vehículo asignado al parlamentario y con un arma que era propiedad del Ministerio de Gobernación, para la cual no tenía licencia de portación.

Salió horas después porque la fiscalía no pudo presentar pruebas durante la audiencia.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones revocó la falta de mérito que dictó el juez de turno de Mixco, Égar Campos.

Según el reporte policial, Lau López intentó agredir a los policías durante el operativo en el que fue detenido.  Cabe resaltar que el arma tenía reporte de robo con fecha 17 de enero de 2019.

Según el congresista, el agente de policía que le asignaron olvidó que había dejado su arma en el carro.

“No es un arma robada, no existe falta ni delito cometido”, afirmó en un comunicado, en el que dio a conocer que ha sido amenazado de muerte en diversas ocasiones.

Diputado respone

Juan Ramón Lau Quan afirmó que la responsabilidad penal es de su hijo y como mayor de edad le toca resolver su situación.

“Es bueno que el pueblo de Guatemala a la larga se dé cuenta cómo son las circunstancias del hecho y ojalá que se ventile dentro de los tribunales como corresponde. Él resolverá su situación jurídica a mí no me pone ninguna preocupación, la justicia es la justicia y que bueno que el pueblo se dé cuenta de que en un tribunal se pueden resolver las cosas”, agregó el legislador.

Penas por portación ilegal de armas

El artículo 112 de la Ley de Armas y Municiones dicta:

Comete el delito de tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas experimentales, quien tenga una o más armas de esta clase sin estar autorizado.

El responsable de este delito será sancionado con prisión de 10 a 15 años inconmutables y comiso de las armas.

El examen especial practicado al partido Todos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), detalla la posibilidad de financiamiento electoral ilícito durante la campaña del 2015.

La auditoria interna identificada como  CUA No. 68291  comprende del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2015. En total son 12 hallazgos, de ellos seis fueron denunciados en el Ministerio Público, siete sancionados y uno desvanecido.

TSE denuncia al partido Todos

La denuncia es por diferencias registradas entre el saldo de cuentas de los proveedores y lo reportado por la organización política. Además, detalla sobre aportaciones en efectivo que suman Q359,733.72 en las que no se utilizó  las cuentas bancarias del partido político.  Durante el 2018 el Congreso de la República reformó el delito de financiamiento electoral ilícito y eleva la prueba para demostrar la responsabilidad sobre los secretarios generales de las organizaciones políticas.

La auditoria interna finalizó en diciembre del 2017, pese a ello la sanción y la denuncia se dan hasta diciembre del 2018. El Registro de Ciudadanos multó al partido Todos el 6 de diciembre de 2018 por US$70 mil, mientras que la denuncia fue trasladada hasta el último día de labores del personal del TSE, el 19 de diciembre de 2018.

La denuncia llega cuando el proceso electoral 2019 ha comenzado para que el partido pueda esclarecer si cometió delitos y será hasta el próximo proceso electoral que tenga efectos la auditoria.

La denuncia fue planteada el 19 de diciembre 2018,  un día después que se le consultara al Inspector General del TSE, Óscar Sagastume, quien aseguró que: “la  investigación se da según los hallazgos, no hay plazo”.

La auditoria

La auditoria reveló 12 hallazgos, seis fueron denunciados. Entre ellos se encuentra.

1. No existe registro contables, ni documentación  de soportes en gastos e ingresos correspondientes a la campaña electoral anticipada.
2. El partido Todos recibió Q11 millones 765 mil 288.39 de simpatizantes o afiliados sin contar con una declaración jurada.
3. Se registró una donación por 2 millones 168 mil 500 en campaña para el diputado Juan Ramón Lau, aportación no dineraria que carece de documentación.
4. Durante el 2015 se detectaron diferencias de gastos de campaña por Q 1 millón 171 mil 69.95 los que no fueron documentados.
5. Diferencias de saldos que se registran entre proveedores y el partido político.
6. Aportaciones en efectivo que suman Q359,733.72 en las que no se utilizó  las cuentas bancarias del partido político.