En concreto, los países de la UE aprobaron hoy el marco legal que les permitirá aprobar sanciones en el futuro contra los individuos y las entidades que impidan el traspaso de poder, tras las elecciones que se celebraron en Guatemala en julio del año pasado.

“La UE mantiene su firme e inequívoco apoyo a la democracia en Guatemala. La adopción de este marco (legal) es parte de este compromiso. Demuestra que estamos con el pueblo de Guatemala y contra quienes están socavando la democracia del país”, dijo en una nota el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que iniciará mañana un viaje a Guatemala para acudir a la toma de posesión de Arévalo de León.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores ya anunció en diciembre que Bruselas estaba ultimando los preparativos para aprobar sanciones contra los “fiscales con motivaciones políticas” en Guatemala.

Cuando se aprueben, las sanciones prohibirán a los individuos entrar en la UE y a las empresas se les congelarán los bienes y activos que tengan en los países comunitarios.

Borrell se reunirá mañana -sábado- con Arévalo de León, en la víspera de la ceremonia de investidura, con quien discutirá las posibilidades de fortalecer la relación entre la UE y Guatemala.

Desde que Arévalo de León ganó las elecciones en agosto, el Ministerio Público (Fiscalía) ha buscado con casos judiciales impedir la investidura del presidente electo y su vicepresidenta, Karin Herrera.
En medio de los rumores de que la Fiscalía podría arrestar a Herrera, la Corte Constitucional de Guatemala alertó ayer contra esa posibilidad.

Borrell también tiene previsto reunirse el domingo con la exfiscal anticorrupción del Ministerio Público de Guatemala, Virginia Laparra, liberada recientemente de la cárcel para pasar a arresto domiciliario.

También mantendrá un encuentro con los defensores de los Derechos Humanos Claudia González y Haroldo Vasquez, así como con representantes de las autoridades indígenas.

Borrell aprovechará la visita a Guatemala para mantener reuniones bilaterales con el presidente de Chile, Gabriel Boric, el del Paraguay, Santiago Peña, el vicepresdiente brasileño, Geraldo Alckmin y la canciller mexicana, Alicia Bárcena Ibarra

Sanciones

En diciembre pasado parlamentarios de la Unión Europea (UE) aseguraron que “no hubo fraude en las elecciones” en Guatemala  y apoyan sanciones personalizadas para los responsables de lo que califican como un “intento de golpe de Estado.

“La Unión Europea está dispuesta a actuar ante las últimas acciones del MP, hemos acordado la adopción de un marco jurídico para adoptar medidas restrictivas en contra de los responsables”, sentenció Borrel en esa oportunidad.

Leopoldo López Gil, diputado del parlamento Europeo por España, manifestó su pesar por lo que pasa en Guatemala, al considerar que es importante socio en la UE.

“Guatemala ha sufrido la violencia y autoritarismo, las elecciones que tuvieron fueron transparentes como lo verificó la OEA. Con un conducente resultado de un 60 por ciento de votos se le dio la victoria a Bernardo Arévalo, como lo confirmó el Tribunal Supremo Electoral, única entidad para validar los resultados, es inaceptable que el MP pretenda invalidar lo decidido por las autoridades competentes”, indicó.

La eurodiputada Alicia Homs, calificó las investigaciones del MP como la culminación de un plan que se que se lleva a cabo desde hace meses para un claro golpe de Estado.

“La falta de escrúpulos del MP es evidente tanto que ya no se molesta en ocultarlo, es hora de imponer sanciones a los responsables de quienes atentan contra el orden constitucional de Guatemala”, recomendó.

Para Jordi Cañas, del partido de la Ciudadanía, en Guatemala hay un pacto de corruptos que usa jueces y fiscales para anular los resultados de las elecciones.

“No hubo fraude y el voto debe ser respetado, y nosotros debemos estar en lado correcto, quiero repetir, que no los dejaremos solos y a los corruptos quiero decirles que serán sancionados por la Unión Europea”, acotó.

La eurodiputada Ana Miranda, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, dijo que  Guatemala “ha sufrido mucho, tiene pobreza y problemas de desigualdad y por esa razón votaron por un cambio”.

“Vimos legitimidad de resultados en las eleciones, vimos que es un resultado claro y hay un presidente electo que se llama Bernardo Arévalo, no hubo fraude como dijo la Unión Europea. Ni todos los ataques a la democracia conseguirán un golpe Estado”, agregó.

El Ministerio Público (MP), a través de su jefe de Prensa, Luis Pantaleón, respondió a los señalamientos que el Parlamento Europeo hizo en su propuesta de resolución sobre el intento de golpe de Estado en Guatemala en la que pide al Consejo que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar, contra funcionarios del Ministerio Público (MP) y un juez.

Este 14 de diciembre, el Parlamento Europeo publico la propuesta de resolución conjunta que contiene 10 puntos y en cuyo número 5 se destaca la importancia de exigir responsabilidades a quienes obstaculizan la democracia en Guatemala.

En eses sentido, pide al Consejo, “que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar”, contra la fiscal general María Consuelo Porras Argueta;  el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), José Rafael Curruchiche Cucul; el juez Fredy Raúl Orellana Letona; la fiscal de la Feci, Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del MP Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otros.

La resolución señala que estas personas “están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición”.

En un video publicado en redes sociales del MP, Pantaleón, menciona que, tal y como se ha manifestado en múltiples oportunidades, es una falacia señalar que el Ministerio Público quiera alterar los resultados electorales o que se haya vulnerado la voluntad popular.

Señala que, por el contrario, el MP únicamente ha cumplido con su mandato legal de investigar las denuncias ciudadanas, y señala que, de no hacerlo, sería denegarles justicia a las víctimas de delitos.

“El Ministerio Público rechaza toda narrativa falsa y maliciosa, y lamenta que los miembros del Parlamento Europeo desconozcan el sistema legal de Guatemala y hayan obviado informarse por la vía oficial”.

“De igual forma, el Ministerio Público es categórico al señalar que únicamente responde a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes vigentes del país, y no a instancias que carecen de mandato legal en Guatemala, por lo que actualmente se están analizando las acciones jurídicas en el ámbito del derecho internacional público, ya que, aparentemente, se busca obstaculizar la justicia”, refirió Pantaleón.

El jefe de Prensa del MP dijo que la institución reafirma su compromiso con la población guatemalteca, de continuar con sus investigaciones con el fin de averiguar la verdad.

El Parlamento Europeo presentó este 13 de diciembre de 2023 una propuesta de resolución común sobre el intento de golpe de Estado en Guatemala en la que pide al Consejo que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar, contra funcionarios del Ministerio Público (MP) y un juez.

La propuesta de resolución contiene 10 puntos y en el número 5 se destaca la importancia de exigir responsabilidades a quienes obstaculizan la democracia en Guatemala.

En eses sentido, pide al Consejo, “que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar”, contra la fiscal general María Consuelo Porras Argueta;  el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), José Rafael Curruchiche Cucul; el juez Fredy Raúl Orellana Letona; la fiscal de la Feci, Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del MP Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otros.

La resolución señala que estas personas “están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición”.

En el punto 8 pide al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros y a la Delegación de la Unión que sigan supervisando la situación en Guatemala, en particular las decisiones del MP, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, “hasta que haya garantías claras y serias de que se respeta la voluntad de los votantes expresada en las elecciones generales del 25 de junio de 2023 y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto de 2023.

También expresa su apoyo a los trabajos en curso de la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar con la transición presidencial, de conformidad con el mandato del Consejo Permanente de la OEA.

La resolución también exhorta a las autoridades guatemaltecas competentes a que “apliquen las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en particular las que abordan las deficiencias constatadas en el Estado de Derecho, la separación de poderes y la promoción de los derechos humanos y políticos”.

Además, el Parlamento Europeo encarga a su presidenta que transmita esta resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la OEA, a las Naciones Unidas, a las autoridades de Guatemala y al Parlacen.

Condena intento de golpe de Estado

En la propuesta, en el numeral 1, el Parlamento condena lo que califica como intento de golpe de Estado en Guatemala y “los continuos esfuerzos del Ministerio Público por invalidar los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala sobre la base de acusaciones infundadas de fraude”, y pide que se ponga fin de inmediato a estas acciones.
También rechaza “todas las acciones por motivos políticos de algunas autoridades que conculcan manifiestamente la Constitución guatemalteca, el Estado de Derecho, la integridad del proceso electoral y los principios más fundamentales de la democracia, incluido el principio fundamental de la separación de poderes”.

Apoyo al presidente electo

En el numeral 3 de la resolución, el Parlamento da su apoyo al presidente electo, Bernardo Arévalo, y pide una transición ordenada que conduzca a su investidura como el 52 presidente de Guatemala el 14 de enero de 2024.

Petición a Giammattei y otras instituciones

La mencionada resulición también solicita a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso y el presidente Alejandro Giammattei, “que tomen medidas para preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho, que rechacen los intentos inaceptables de invalidar los resultados electorales, que garanticen el respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos guatemaltecos con sus votos y que velen por el respeto de sus derechos civiles y políticos, su integridad y su seguridad, incluido el derecho de los cargos electos a asumir debidamente sus funciones, de conformidad con las normas internacionales y las leyes guatemaltecas”.

En otro punto, la resolución menciona que la independencia del poder judicial, del pluralismo político y de la libertad de expresión de todo el pueblo guatemalteco son derechos fundamentales y pilares básicos de la democracia y el Estado de Derecho y además expresa “su profunda preocupación ante el continuo deterioro del Estado de Derecho en Guatemala”.

Persecución penal

La resolución también expresa la preocupación por la detención “arbitraria” de fiscales, jueces, antiguos funcionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y periodistas independientes, entre otros José Rubén Zamora.

Pide la “liberación inmediata e incondicional” de todas las personas detenidas arbitrariamente, “así como la desestimación de todas las acusaciones penales infundadas contra ellas; pide a las autoridades guatemaltecas, en particular al Ministerio Público, que se abstengan de todo intento de obstaculizar la labor de los defensores de los derechos humanos, los operadores de justicia y los periodistas que han investigado y puesto de manifiesto la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y el abuso de poder”.

MP responde

El Ministerio Público (MP), a través de su jefe de Prensa, Moisés Ortiz, respondió a los señalamientos que el Parlamento Europeo.

En un video publicado en redes sociales del MP, Ortiz, menciona que, tal y como se ha manifestado en múltiples oportunidades, es una falacia señalar que el Ministerio Público quiera alterar los resultados electorales o que se haya vulnerado la voluntad popular.

Señala que, por el contrario, el MP únicamente ha cumplido con su mandato legal de investigar las denuncias ciudadanas, y señala que, de no hacerlo, sería denegarles justicia a las víctimas de delitos.

“El Ministerio Público rechaza toda narrativa falsa y maliciosa, y lamenta que los miembros del Parlamento Europeo desconozcan el sistema legal de Guatemala y hayan obviado informarse por la vía oficial”.

“De igual forma, el Ministerio Público es categórico al señalar que únicamente responde a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes vigentes del país, y no a instancias que carecen de mandato legal en Guatemala, por lo que actualmente se están analizando las acciones jurídicas en el ámbito del derecho internacional público, ya que, aparentemente, se busca obstaculizar la justicia”, refirió Ortiz.

El jefe de Prensa del MP dijo que la institución reafirma su compromiso con la población guatemalteca, de continuar con sus investigaciones con el fin de averiguar la verdad.

Diputados del Parlamento Europeo de la delegación para las Relaciones con los Países de América Central discutieron este jueves 21 septiembre sobre el proceso electoral en Guatemala, el cual calificaron de incuestionable y también señalaron los proceso judiciales de las últimas semanas. Además, intervino el diputado Samuel Pérez, quien se refirió a las acciones contra el Movimiento Semilla.

Leopoldo López Gil, diputado del Parlamento Europeo, indicó que a pesar de que las misiones de observación son siempre invitadas por los países que las pidan, estas se meten en “aguas tempestuosas” y no siempre son bienvenidas.

Recordó que de 22 candidatos cuatro fueron inhabilitados y “utilizando las leyes, no de forma ilegal, sino que el complejo sistema legal, la malla de las leyes en este país -Guatemala- les permite a los distintos actores actuar de formas que para nosotros a veces son incomprensibles o inadmisibles incluso, y logran los objetivos que no siempre son bienvenidos”.

Hizo énfasis en que un juez juzga de acuerdo a las leyes que le dan, “no inventa las leyes. El problema que nos encontramos en Guatemala era una división de poderes donde confluían las jurisdicciones de una Corte de Constitucionalidad (CC) con el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público (MP),  incluso, hoy hay un evento que nos llama la atención, algún intento de invalidar o inhabilitar un partido político, pero utilizando la ley, no que se inventaron una ley”.

“Un proceso -electoral- que fue para mí ejemplar donde participaron 140 mil ciudadanos guatemaltecos organizando y llevando a cabo el proceso electoral, nadie cuestionó la segunda vuelta, la primera podía tener más cuestionamientos, la segunda nadie la cuestionó, pasamos del 17 % de votos nulos en la primera vuelta, a prácticamente ningún voto nulo en la segunda vuelta, que en todo caso no llegaron a los 200 mil”, resaltó.

Destacó que los ciudadanos creen en el sistema electoral y que “nadie ha cuestionado el triunfo del presidente Arévalo, presidente electo”.

López Gil le hizo el llamado a Bernardo Arévalo a que “vuelva a su procedimiento para la transición por fue él el que se retiró, no lo retiraron, el presidente Arévalo se retiró voluntariamente del proceso de transición”.

Dijo que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le ha pedido a Arévalo que regrese al proceso y que exigirán el compromiso que indicó el presidente Giammattei de entregar el poder el 14 de enero de 2023 a quien ganó las elecciones.

Mientras que la diputada Enikő Győri manifestó que tenía dudas durante la primera vuelta electoral del 25 de junio y que la situación es “grave” porque hay mucha tensión en el sistema.

Argumentó que se necesitan otros encuentros con el gobierno para tener un cuadro equilibrado de la situación y no hacer daño a la imagen de la Unión Europea.

Dijo que la segunda vuelta estaba más equilibrad y había más interacción con el gobierno.

Pidió que en las misiones de observación a futuro se tenga comunicación con cada protagonista del proceso electoral y contactos más fluidos con la misión, cuyos actos no puedan estar interpretados como alguna injerencia en los asuntos interiores.

Indicó que para hablar de golpe de Estado hay procedimientos jurídicos y hay que dejar trabajar a las autoridades.

La diputada Mónica Silvana González en su intervención resaltó que el pueblo de Guatemala habló claro y otorgó la victoria a Bernardo Arévalo de forma contundente.

Agregó que en democracia se aceptan los resultados que surgen de las elecciones libres y justas.

Señaló que el problema es cuando hay quienes lejos de aceptar el resultado se dedican a cometer acciones que socavan la voluntad popular, el orden constitucional y ponen en peligro la posibilidad de tener una transición pacífica y ordenada.

Indicó que las acciones de las últimas semanas efectuadas por la fiscal general Consuelo Porras, por la Fiscalía Especial contra la Impunidad a cargo del fiscal Rafael Curruchiche y las acciones del juez Fredy Orellana, “son inaceptables”.

Resaltó que se debe estar atentos no solo a lo que ocurra hasta el 31 de octubre, sino hasta el 14 de enero.

Jordi Cañas, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), en su intervención destacó que el trabajo ha sido clave para que las elecciones pudieran desarrollarse.

Agregó que la presencia de la MOE UE ha sido fundamental en el proceso electoral de Guatemala, aunque el contexto de las elecciones ha sido en deterioro del estado de derecho, de violaciones a la independencia del poder judicial, falta de separación de poderes y de eliminación gradual de controles y contrapesos que ha llevado a la cooptación de las instituciones y la judicialización con fines políticos electorales.

Señaló un contexto de persecución a la libertad de prensa y de expresión.

“Las elecciones se han desarrollado de una forma impecable. El día de las elecciones fue impecable, la segunda vuelta se produjo en un contexto de judicialización de los resultados de la primera vuelta y de poner en cuestión la legitimidad de los mismos, pero las elecciones se desarrollaron de una forma impecable y con unos resultados incuestionables”, resaltó.

Lea también: Corte de Constitucionalidad le requiere información al juez Fredy Orellana sobre acción planteada por el TSE

Dijo que la ciudadanía confía en la democracia y recordó lo del voto nulo en la primera vuelta.

“Estos próximos meses van a determinar no solo el futuro democrático de Guatemala, sino del conjunto de la región, las repercusiones a todo nivel pueden ser muy importantes en función de cómo acaben los acontecimientos”, agregó.

Advirtió que hay serias amenazas de que el proceso electoral no termine como corresponde.

Anunció que tienen que seguir activos por lo que pase en Guatemala, ya que la presencia de la MOE UE e internacional son claves.

Dijo que los actores de la OEA, Unión Europea y Estados Unidos “se han alineado” en la defensa del proceso electoral.

Culminó: “Un proceso complejo, per impecable democráticamente”.

Qué dijo Semilla

El diputado del Movimiento Semilla, Samuel Pérez, intervino de forma remota en la sesión del Parlamento e indicó: “Quisiera advertir que en Guatemala se está llevando a cabo un golpe de Estado”.

Según Pérez, durante las últimas décadas en Guatemala se ha consolidado “un régimen de corrupción e impunidad”, que no solo ha traído consecuencias negativas, sino se ha acelerado un proceso hacia el autoritarismo.

Agregó que se vive “bajo un régimen de corrupción e impunidad y no es una consigna política, pues es fácilmente comprobado por las decisiones políticas y la agenda legislativa y el respaldo a acciones de persecución judicial”.

“El actual gobierno de Alejandro Giammattei no tiene una sola política pública exitosa, pero más preocupante, sí tiene una agenda de persecución política”, señaló el legislador.

Dijo que la agenda legislativa de los diputados en el mandatario “compró” se ha enfocado a corrupción e impunidad.

Según Pérez, lo más peligroso de este “régimen de corrupción”, es que puede sobrevivir solamente a partir de una tendencia fuerte hacia el autoritarismo.

Pérez ve ausencia de contrapesos democráticos, pues según él, el gobierno actual tiene el Ejecutivo, “compra una mayoría obediente en el Congreso, tiene el Ministerio Público y buena parte de las cortes del país”.

Señaló que el MP se ha dedicado a “inventar casos en contra de quienes se pronuncien contra el régimen y no en perseguir crímenes reales”.

También indicó que se ha socavado la libertad de expresión y el encarcelamiento de periodistas incómodos al poder y el exilio de otros.

Dijo que hay violencia y represión contra las manifestaciones ciudadana.

Además, hay rechazo al “régimen corrupto” que no da resultados. Pérez recordó la oposición que tiene la bancada de Semilla en el Congreso.

“Nuestra victoria electoral incomodó profundamente a un régimen que ahora está dando una batalla final para intentar impedir que su modelo de saqueo, impunidad y exclusión encuentre su inevitable final, han instrumentalizado al Ministerio Público para emprender una persecución política en dos vías, primero contra el Movimiento Semilla, con el objetivo de evitar la continuidad del proyecto e intentar impedir que nuestros diputados asuman sus cargos el 14 de enero, incluso poniendo en duda que Bernardo Arévalo puedan tomar posesión. Segundo, intentando tumbarse la democracia en Guatemala rebasando los límites del descaro”, señaló.

Según Pérez, hay un golpes de Estado “liderado por la fiscal Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, esto acompañado de un silencio cómplice del presidente Alejandro Giammattei”.

Afirmó que la CC “se ha lavado las manos y ha evitado resolver en contra de la persecución política que ha puesto en riesgo la democracia”.

Tema de la carta

En declaraciones a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el diputado Samuel Pérez informó sobre la carta que entregarán al gobierno por el tema de la transición.

Indicó que preparan una comunicación que se enviará en los próximos días al gobierno para retomar bajo ciertas condiciones que van a solicitar para el proceso de transición.

Afirmó que no están de acuerdo con la metodología que planteó el gobierno actual.

Dijo que por el momento no tienen listado específico de los cambios que solicitarán, pero el Arévalo lo informará en los próximos días.

Pérez afirmó que desean una transición que sea sobre todo técnica y tener la información completa de parte de los ministerios para empezar el próximo gobierno.

Probablemente este viernes 22 entregarían la carta o el lunes 25 de septiembre.

El pleno del Parlamento Europeo denunció este jueves los intentos por parte especialmente del Ministerio Público de Guatemala de “revertir el resultado” de las elecciones del pasado 25 de junio, en las que se impuso Bernardo Arévalo de León con una “clara” victoria.

En una resolución aprobada a mano alzada, los eurodiputados felicitaron a Arévalo de León y a su compañera de candidatura, Karin Herrera, por su “clara victoria electoral”, e instaron a todas las instituciones y sectores sociales a apoyar una transición y traspaso de poderes ordenados tras unos comicios que fueron “pacíficos” y estuvieron “bien organizados”.

La Eurocámara criticó los intentos reiterados de suspender el Movimiento Semilla, del progresista Arévalo de León, y pidió que se respete la voluntad expresada por los guatemaltecos en las urnas.

Condenó en particular las maniobras del Ministerio Público de Guatemala por revertir el resultado de las elecciones por medio de la instrumentalización de la justicia y a costa de socavar el Estado de derecho.

En concreto, la resolución denuncia las redadas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, así como la apertura de cajas con votos emitidos en las elecciones generales y la incautación de material informático relacionado con la transmisión de los resultados electorales preliminares, ya que esto vulnera la integridad del proceso electoral.

Los eurodiputados expresaron inquietud por las detenciones arbitrarias de fiscales, jueces, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y antiguos responsables de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, y reclamaron la liberación inmediata y sin condiciones de Virginia Leparra, su abogada Claudia González y todos los detenidos sin motivo.

Arévalo de León denunció el martes que la Fiscalía continúa “un golpe de Estado”, aseguró que no seguirá con el proceso de transición de mando con el actual Gobierno hasta que se detenga la judicialización de los resultados electorales y pidió la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.

Desde el 12 de julio, la Fiscalía ha emprendido acciones contra el Movimiento Semilla después de que Arévalo de León ganase las elecciones contra todo pronóstico.

El próximo 14 de enero, Arévalo de León debe asumir la Presidencia de Guatemala para el periodo 2024-2028, el primero de un Gobierno socialdemócrata en la historia de la nación centroamericana.

Francia urge respetar resultados

Francia urgió este jueves al “conjunto” de autoridades de Guatemala a respetar el resultado de las elecciones generales y expresó su preocupación por los “últimos acontecimientos judiciales” que, en su opinión, “buscan cuestionar” dichos comicios.

“Francia llama al conjunto de las autoridades guatemaltecas a respetar los resultados de estas elecciones y la voluntad expresada por la población”, dijo a la prensa la portavoz de la diplomacia francesa, Anne-Claire Legendre.

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denuncia que varios fiscales guatemaltecos emprendieron una cruzada contra su elección el 20 de agosto y los acusa de orquestar un plan de golpe de Estado para bloquear su llegada al poder.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) o la Organización de Estados Americanos (OEA), así como grupos indígenas, empresariales y de derechos humanos, ya denunciaron el allanamiento por parte de la fiscalía el martes del archivo electoral.

“Francia expresa su preocupación ante los últimos acontecimientos judiciales que buscan cuestionar el resultado de las elecciones generales”, agregó Legendre, expresando su inquietud por su impacto en el “Estado de derecho y la democracia”.

A raíz del allanamiento, Arévalo, un exdiputado socialdemócrata que ganó en el balotaje tras dar la sorpresa en la primera vuelta, anunció que suspendía el proceso de transición hacia su investidura prevista en enero de 2024.

La normativa fue aprobada por aplastante mayoría de 602 votos a favor y 13 en contra, con ocho abstenciones. La medida hará que Apple tenga que abandonar el puerto específico para carga de sus modelos iPhone, denominado Lightning.

De acuerdo con la legislación aprobada, a partir de la implementación de la normativa los aparatos portátiles podrán ser vendidos con o sin el cargador, para dar a los consumidores la posibilidad de utilizar cables que ya posean en sus viviendas sin pagar por uno nuevo.

Durante las discusiones los eurodiputados alegaron que la adopción de un modelo único de cargador reducirá la montaña de cargadores obsoletos descartados cada año y reducirá los costos para los consumidores.

Se espera que el cambio permita el ahorro al menos US$195 millones por año y reduzca más de mil toneladas de desechos electrónicos anuales en la UE, dijo la comisaria europea para la Competencia, Margrethe Vestager.

Apple había resistido las iniciativas para homogenizar los puertos de carga de teléfonos celulares y dispositivos portátiles, alegando que tal legislación sería un obstáculo a la innovación tecnológica.

Sin embargo, usuarios de los más recientes modelos de iPhone se quejan que el puerto Lightning es capaz de transferir datos a apenas una fracción de la velocidad que lo hace el USB-C.

Larga negociación

La normativa adoptada este martes 4 de octubre por el Parlamento Europeo deberá ser aplicado en forma plena en un plazo de dos años para teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, altavoces portátiles, consolas portátiles de videojuegos y lectores electrónicos, entre otros.

La normativa determina que, una vez que la ley sea publicada en el Diario Oficial de la UE, los países del bloque tendrán un plazo de 12 meses para adaptar sus legislaciones internas, y otros 12 meses para tornar obligatoria su aplicación.

El eurodiputado maltés Alex Agius Saliba, que coordinó las delicadas negociaciones durante más de un año, celebró la adopción de la norma y apuntó que “es un gran día para los consumidores y un gran día para el medio ambiente”.

Este martes 4 de octubre, en la última sesión de debates, Saliba tenía en su mesa de trabajo una caja con un enorme enmarañado de cables inútiles, como los que se pueden encontrar en la mayoría de las viviendas de Europa.

“Esto es el pasado”, dijo el legislador, mostrando la maraña de cables sin uso.

El proyecto por un cargador universal fue objeto de agotadoras negociaciones y varias tentativas frustradas en los últimos años, ante la feroz oposición de Apple.

Finalmente, en junio fue posible hilvanar un acuerdo mayoritario que permitió su aprobación este martes.

Se espera que la medida de la UE tenga repercusiones en todo el mundo.

Los 27 países de la Unión Europea albergan a 450 millones de personas que se cuentan entre los consumidores más ricos del mundo. Por ello, cambios regulatorios para el bloque a menudo impulsan la adopción de estándares globales.

El Gobierno de Guatemala y la Cámara del Agro (Camagro) manifestaron su rechazo a una resolución del Parlamento Europeo en la cual el organismo regional manifiesta su “preocupación” por el “deterioro” del Estado de Derecho en el país, situación que lo ubica al lado de Rusia y de Corea del Norte respecto al respeto de los derechos Humanos.

“Reconocemos los retos en materia de certeza jurídica y Estado de derecho y la importancia de continuar procurando su fortalecimiento. Hemos sido testigos de los grandes desafíos que representa la débil institucionalidad del país, la impunidad y la falta de aplicación de la Ley a quienes cometen delitos flagrantes y violaciones a los ddhh de la mayoría de los ciudadanos como es el caso de invasiones a la propiedad, bloqueos a la libre locomoción, entre otros”, señala un comunicado de Camagro.

Añade que “desde 1985 a la fecha en Guatemala se han vivido procesos democráticos que garantizan la altemancia en el poder. Todos ellos han sido observados y avalados por observadores intencionales, incluyendo misiones de la Unión Europea. Como sector hemos sido y seguiremos siendo vigilantes de los procesos democráticos, la independencia de poderes y el Estado de Derecho”.

Por lo anterior, Camagro señala que “exhortamos a las distintas instituciones de la Unión Europea y Estados miembro que previo a emitir este tipo de resoluciones, amplíen su información sobre Guatemala, sus sectores y el resto de las instituciones. De tal manera que les permita una aproximación más integral a partir de un diálogo abierto verdaderamente inclusivo que tome en cuenta a todos los actores de la sociedad de la que también las empresas y los productores somos parte”.

En tanto, el Gobierno de Guatemala manifestó el jueves último su “rechazo” a la resolución del Parlamento Europeo.

“El Gobierno de Guatemala expresa su total rechazo a la resolución del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en Guatemala”, aseguró el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, en un mensaje divulgado por el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, la resolución “no abarca todas las posturas que resaltaron el trabajo hecho en el combate a la corrupción”.

Búcaro añadió que el anuncio del Parlamento Europeo “no es vinculante para Guatemala” y argumentó que en el país “hay democracia y hay Estado de Derecho”.

El canciller guatemalteco también resaltó que la nación ha “participado” de “la mano de la Unión Europea” en “un papel activo en el liderazgo de la invasión contra Ucrania”.

La resolución del Parlamento Europeo fue divulgada ese mismo jueves y enfatiza su “preocupación” por el “deterioro del Estado de Derecho”.

Además, el enunciado del organismo regional “condena la criminalización y el acoso contra defensores de los derechos humanos y periodistas”.

El lunes, el periodista guatemalteco Juan Luis Font, director de un programa radial crítico del Gobierno del presidente Giammattei, informó que dejaba temporalmente el país por denuncias “espurias” en su contra.

El comunicador, exdirector de la revista política ContraPoder, indicó en su programa de radio “Con Criterio” que “en este momento de tanta tensión, provocada por denuncias espurias, he optado por poner distancia”.

Font, de 55 años, había sido arraigado en 2021 por un caso que se encuentra bajo reserva y del cual el Ministerio Público (MP) no ha facilitado información.

La salida de Font del país es la primera de un periodista reciente, pero se suma a las de 15 juristas, entre fiscales y jueces, que han dejado Guatemala en los últimos meses y años debido a la persecución política en su contra por su protagonismo en la lucha anticorrupción entre 2014 y 2020.

La mayoría de ellos ha señalado la persecución judicial de la fiscal general y jefa del Ministerio Público guatemalteco, Consuelo Porras, sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos con el retiro de su visa acusada de “obstruir” la justicia en casos de alto impacto.

“La Cámara critica las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema de Justicia y la fiscal general de Guatemala contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan o persiguen estructuras delictivas vinculadas a altos cargos del Estado y a propietarios de empresas”, apostilló este jueves el Parlamento Europeo.

Además de Font, en las últimas semanas tuvo que salir del país la reconocida jueza Erika Aifán, quien llevaba varios casos de alto perfil en un tribunal de máximo riesgo debido a hostigamiento de todo tipo en su contra, según afirmó en reiteradas ocasiones desde 2019.

La corrupción y el deterioro del estado de derecho en Guatemala profundizan en la desigualdad y la pobreza. Restaurar la democracia pasa por promover la justicia social. La mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. @PDE_EDP @RenewEuropa @eajpnv pic.twitter.com/A31FHdgTr4

— Izaskun Bilbao (@IzaskunBilbaoB) April 6, 2022

Con información de EFE

Este jueves 7 de abril de 2022 el Parlamento Europeo publicó un comunicado de prensa en las que se informa que adoptó tres resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Rusia, Corea del Norte y Guatemala.  

El comunicado se titula “Violaciones de derechos humanos en Rusia, Corea del Norte y Guatemala y fue difundido por dicho parlamento.  

Guatemala 

En el comunicado se lee que “los eurodiputados están preocupados por el deterioro del estado de derecho en Guatemala y las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan estructuras criminales vinculadas a altos funcionarios del Estado y empresarios”. 

Agrega que también condena la criminalización, detención y hostigamiento de operadores judiciales que investigan casos de corrupción, así como de defensores de derechos humanos y periodistas.  

“Los eurodiputados instan a las autoridades guatemaltecas a poner fin a estas acciones y defender el estado de derecho y el pleno respeto a la independencia de los poderes”, se lee en el documento.

Asimismo, hacen un llamado a las autoridades guatemaltecas a “realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las amenazas, actos de hostigamiento y campañas de estigmatización contra operadores de justicia y actores de la sociedad civil”. 

“El Parlamento hace hincapié en que la selección y nombramiento de jueces debe ser transparente y basado en méritos y reclama la derogación de leyes como la de ONG que entró en vigor en febrero y que pone en riesgo la protección de los defensores de los derechos humanos y refuerza la impunidad”, dice la resolución.

Eurodiputada habla de la corrupción en Guatemala 

Izaskun Bilbao Barandica, política española que integra el Parlamento Europeo desde 2009, habló sobre la situación del la independencia de poderes en Guatemala y otros temas en una sesión de ese foro. 

“El camino hacia las dictaduras siempre arranca en el mismo sitio. Se destruye la independencia del Poder Judicial, se amenaza a la libertad de prensa y expresión, se persigue a los disidentes y las organizaciones que los agrupan y se laminan todos los mecanismos de control”, dijo la parlamentaria. 

Añadió: “La Guatemala de Alejandro Giammattei baja ya por esa cuesta, a lomos de la corrupción y de la impunidad, pero este deterioro lo cataliza, además, la desesperación. Cerca de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza, las tormentas ETA e Iota y la pandemia no han hecho sino agravar esta situación, demasiada gente en Guatemala debido a estos factores ya tiene muy poco que perder”. 

Añade que por eso los esfuerzos deben centrarse en restaurar la democracia, además acabar con la injusticia y la miseria. 

“Ojalá los comités presidenciales contra la corrupción y la paz y la democracia tengan éxito, pero con la misma urgencia hay que impulsar medidas contra la pobreza en favor del crecimiento inclusivo y la igualdad; la Unión Europea debe utilizar las cláusulas del acuerdo de asociación, diálogo político y cooperación para estimular esos cambios”. 

La corrupción y el deterioro del estado de derecho en Guatemala profundizan en la desigualdad y la pobreza. Restaurar la democracia pasa por promover la justicia social. La mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. @PDE_EDP @RenewEuropa @eajpnv pic.twitter.com/A31FHdgTr4

— Izaskun Bilbao (@IzaskunBilbaoB) April 6, 2022

Rusia 

El comunicado del Parlamento Europeo también hace referencia a la situación de derechos humanos en Rusia.  

“El Parlamento condena la represión interna ejercida por el régimen ruso, que se ha agravado tras la invasión rusa a Ucrania. Pide a las autoridades rusas que pongan fin al hostigamiento, la intimidación y los ataques contra todos los manifestantes contra la guerra, las organizaciones independientes de la sociedad civil, las ONG y los defensores de los derechos humanos”, se lee en la declaración. 

También condena enérgicamente el encarcelamiento del ganador del Premio Sájarov Alexei Navalny y reitera su llamamiento a su liberación inmediata e incondicional, junto con la de los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos sin ningún motivo por el único motivo de que tuvieron el coraje de demostrar a favor de la democracia y la paz. 

Los eurodiputados piden a la Unión Europea imponga sanciones contra los funcionarios rusos implicados en actos de represión contra la sociedad civil independiente, los medios de comunicación y los manifestantes pacíficos, así como contra Alexei Navalny. 

Corea del Norte 

“El Parlamento reitera su firme condena de la represión estatal sistemática durante décadas por parte de los líderes y la administración actual y anterior de la República Popular Democrática de Corea. Pide a Kim Jong-un que ponga fin a la política de exterminio, asesinato, esclavitud, tortura, abortos forzados, traslado forzoso de poblaciones y persecución por motivos políticos, religiosos, raciales y de género”, se menciona sobra la situación en Corea del Norte.  

“La gravedad de la situación alimentaria que debe enfrentar el país, y por su impacto en los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Los eurodiputados piden a las autoridades de Corea del Norte que garanticen el acceso a alimentos y ayuda humanitaria para todos los ciudadanos”, finaliza el comunicado.  

Gobierno rechaza resolución

Ante la resolución del Parlamento Europeo, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos y los ve como una oportunidad para elevar el diálogo “al más alto nivel”.

“El Gobierno de Guatemala expresa su total rechazo a la adopción de la resolución por parte del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en Guatemala, la cual no es vinculante para el Estado de Guatemala y se tiene que analizar en su conjunto, ya que produce una acepción personal de cada uno de los parlamentarios dependiendo de su partido político”, señala la misiva publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento añade que “consideramos que se debieron haber tomado en cuenta todas las opiniones reflejadas por los eurodiputados en el debate y, en especial, que se escuchara la versión de Guatemala y entender que en nuestro país hay democracia y Estado de Derecho”.

Asegura que “tal y como expresaron en el debate algunos diputados que conocen la realidad del país y, como lo reconoce con satisfacción la misma resolución, el Gobierno de Guatemala, bajo el liderazgo del presidente Alejandro Giammattei, se ha esforzado por aplicar políticas de transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad, la promoción de los valores democráticos, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos mediante la creación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos”.

En el documento se deja entrever que algunos diputados mintieron respecto a Guatemala, pues el Gobierno señaló que “agradecemos a los eurodiputados que dijeron la verdad y que permitieron manifestar también la posición que hoy tenemos en Guatemala: una política clara y transparente de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Refiere que “se debe tomar en cuenta que estas resoluciones no son sancionatorias, pero serán un elemento importante para el debate de alto nivel que tendremos pronto con la Unión Europea (UE)”.

También dice que las declaraciones y señalamientos abren las puertas para que “como naciones hermanas y amigas, podamos desarrollar juntos un mejor futuro y no provocar un enfrentamiento inadecuado de lo que se podría malinterpretar de una resolución parlamentaria que, en realidad, nos brinda la oportunidad de elevar este diálogo al más alto nivel”.

“Nos encontramos con un gobierno muy cerrado y con quien la diplomacia y el intercambio es muy complicado”, detalla un informe presentado ante la Comisión de Asuntos Exteriores del parlamento.

Xabier Benito Ziluaga, el representante de la delegación, explico que han encontrado problemas para hacer efectiva la cooperación en aspectos tan sencillos como la recepción de material para el sistema judicial.

“Hay infinidad de trabas burocráticas y desinterés de las autoridades nacionales por esta cooperación”, refirió y asegura que ello provoca que algunos recursos no se utilicen.

Indicó que durante las reuniones que sostuvo con representantes del Gobierno ellos hacían constante referencia a la soberanía nacional y “se manifestó que la cooperación de la Unión Europea es una injerencia en asuntos internos del país”.

Ziluaga instó al Parlamento a poner en práctica una relación “más directa y más contundente, y quizás en algunos momentos menos diplomática, vista la intransigencia” del Gobierno frente a la comunidad internacional.

Ataques contra activistas

El informe también expone los ataques contra defensores de derechos humanos y detalla que los hechos de violencia contra líderes campesinos han incrementado desde las acusaciones del presidente Jimmy Morales en contra de una organización social.

Morales ha hecho declaraciones contra el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), de la cual reclama que durante un bloqueo de carretera perdió la vida un niño enfermo. También señala que Codeca tiene dos mil denuncias penales y el Ministerio Público (MP) no investiga.

“Desde que el presidente se refiere a indígenas como terroristas es evidente que ha aumentado la persecución. De enero a octubre de 2018 hubo 24 líderes indígenas asesinados y esos casos quedan impunes”, señaló.

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Entre los aspectos que más llaman su atención están las medidas para impedir la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los señalamientos negativos contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad y las medidas del Ejecutivo que ignoran las decisiones del máximo tribunal.

“Consideramos que tales hechos socavan la separación de poderes y ponen en entredicho los avances hechos en el combate a la impunidad y la corrupción en el país”, reiteran.

También les preocupan los señalamientos a entidades de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, las cuales podrían traducirse en intimidaciones y ataques directos a la seguridad de estas personas, puesto que en 2018 se produjeron 26 asesinatos contra defensores de derechos humanos.

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“Lamentamos la intención del Gobierno de Guatemala de declarar por finalizada la labor de la Cicig. Lamentamos igualmente la orden de expulsión contra sus empleados y el llamado por parte del presidente Jimmy Morales a denunciar a personas de la sociedad civil que, según él cometieron actos violatorios por oponerse a las medidas tomadas por el Ejecutivo”.

“Estos hechos constituyen un preocupante ataque al legítimo derecho de la libertad de expresión y fundamental derecho y obligación de toda persona de defender los derechos humanos”, afirman.

Por ello hacen un llamado a todos los poderes del Estado guatemalteco a hacer lo posible para evitar actos de violencia y retomar el camino del respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y el funcionamiento democrático.

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“Instamos particularmente al presidente de la República, la ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Gobernación a acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y otros juzgados que han ordenado el respeto al Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, así como a resguardar la integridad física y psicológica de todas las personas empleadas por la Cicig”.

Concluyen reafirmando su compromiso con la lucha contra la impunidad y corrupción.