El pasado 13 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó una cuestión de competencia en la Corte de Constitucionalidad (CC) en busca de determinar si un juez penal tiene competencia de suspender un partido político, como ocurrió con el Movimiento Semilla, agrupación con la que Bernardo Arévalo ganó la Presidencia de la República.
La CC no ha resulto al respecto y solicitó información al juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quien, a pedido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), ordenó la cancelación del Movimiento Semilla días después de que Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera, pasaran a segunda vuelta electoral.
Tras la primera vuelta electoral del pasado 25 de junio, el fiscal Rafael Curruchiche inició una cruzada para cancelar la personería jurídica a Semilla por supuestas anomalías en su inscripción en 2017, avalada por el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana; sin embargo, la CC revocó el fallo y permitió a Arévalo competir en la segunda vuelta, por lo que el TSE se avocó a la CC para que, según sus facultades, delimite si un juez penal, como Orellana, puede cancelar un partido que fue constituido con base en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cual es de carácter constitucional, según explicó en esa oportunidad María Lucrecia Morales Molina, mandataria judicial del TSE.
De esa cuenta, la CC no ha emitido una resolución y giró audiencia para el juez Orellana, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP) y a todos los partidos políticos que participaron en la recién pasada contienda electoral.
La CC detalla que “en virtud de la solicitud realizada ante esta Corte, previo a resolver, se corre audiencia por el plazo de cinco días de notificada la presente resolución al Juez “A” del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, respecto de la causa penal 01079-2023-00231 con el fin de que informe sobre:
- Todas las medidas precautorias, provisionales o de urgencia que ha decretado en el asunto, con particular relación sobre la que se relacione con la suspensión de inscripción de algún Partido Político
- Con base en qué disposiciones legales se han dispuesto las medidas mencionadas en el inciso i)
- El estado actual de ejecución de cada medida precautoria, provisional o de urgencia que hubiere decretado, en la que se indique si se presentaron medios de impugnación y qué estado guardan
- Cuáles son los tipos penales que se sindican en el proceso pena a su cargo.
- Quiénes son los sujetos procesales que se han constituido como parte en el proceso, hasta el momento en que se responda en el presente auto.
Además, la CC la pide a la Corte Suprema de Justicia y al MP que “se manifiesten respecto de la petición realizada antes este tribunal”.
La resolución detalla que “a su vez, se requiere que en el plazo de veinticuatro horas de notificada la presente resolución el Tribunal Supremo Electoral remita a esta Corte un listado de los Partidos Políticos que participaron en la contienda electoral (…), así como la dirección para notificarles; una vez recibida la información requerida se confiera audiencia a los referidos partidos políticos por el plazo de cinco días hábiles de notificada la presente resolución”.
Asedio judicial
Tras ganar la Presidencia, la Fiscalía volvió a arremeter contra Semilla y el Registro de Ciudadanos suspendió a dicho partido político, lo que le impedía hacer actividades y mermaba las facultades de sus diputados, pero el TSE revertió el fallo.
El MP abrió y revisó cajas con votos de la jornada electoral del pasado 25 de junio, mientras el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, advierte que persiste “un golpe de Estado” para evitar que se posesione en enero próximo.
Múltiples actores nacionales e internacionales han denunciado una “persecución” por parte de la Fiscalía en contra de Arévalo de León, ganador de las presidenciales, y de su partido, el Movimiento Semilla, que el Ministerio Público ha intentado inhabilitar.
Arévalo de León presentó un recurso ante el Supremo contra las acciones de la Fiscalía, encabezada por la fiscal general Consuelo Porras, asegurando que existe un “rompimiento al orden constitucional” y pidió su renuncia.
