Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.

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Dos supuestos narcotraficantes mexicanos fueron arrestados este domingo 1 de mayo en el Aeropuerto Internacional la Aurora de la capital por pedido de extradición desde Estados Unidos, donde se los acusa del trasiego de cocaína y otras drogas, informaron las autoridades locales.

Los mexicanos Melecio Rodríguez y Mario Castro fueron capturados por agentes antinarcóticos en la terminal aérea, en el sur de ciudad de Guatemala, luego de su arribo en un vuelo desde México, informó Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil.

“Se les sindica por los delitos de asociación ilícita para manufacturar” cocaína y “distribuirla” en Estados Unidos, agregó el funcionario.

Por su lado, el Ministerio Público (MP) informó en un comunicado que los detenidos están vinculados a “una organización de tráfico de drogas con base” en la ciudad estadounidense de Sioux Falls, en el estado de Dakota del Sur, que operó entre 2019 y febrero pasado.

“Ambos detenidos fueron responsables de traficar grandes cantidades de metanfetamina, marihuana, cocaína y fentanilo desde México hacia los Estados Unidos para su distribución y transportar las ganancias de las drogas desde los Estados Unidos hacia México”, precisó el MP.

Con la detención de los dos ciudadanos mexicanos, Guatemala elevó a 12 las personas arrestadas en lo que va del año por órdenes de captura con fines de extradición a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Para leer más: Juez de Guatemala desestima embargo del avión tipo jet del expresidente panameño Ricardo Martinelli

Cifras de Estados Unidos indican que el 90% de la cocaína que llega a ese país pasa por México y Centroamérica en avionetas, lanchas y submarinos, entre otras vías.

#Extraditable #ULTIMAHORA

El Ministerio Público coordinó con la #PNC la aprehensión de Mario Castro Covarrubias también conocido como "Menón" y de Melecio Medina Rodríguez, ambos requeridos en extradición. pic.twitter.com/pO5iBJeetn

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 1, 2022

Los Bomberos Voluntarios informaron que este sábado 5 de marzo dos mexicanos y un guatemalteco fueron atacados a balazos en la ruta entre Antigua Guatemala a Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

El socorrista Edwin de León informó a Panorama informativo que las víctimas fueron atacadas en la ruta hacia el Volcán de Agua.

Añadió que los afectados hacían un tour por volcanes del país cuando se registró el suceso.

Las víctimas son los mexicanos identificados como Denise, de 35 años, y Mario Ernesto González, de 58, quienes sufrieron dos heridas de bala.

También resultó herido el guatemalteco Gerardo Sinay, de 36, con una herida en el muslo derecho.

El vehículo quedó con perforaciones de bala y a un costado de la carretera.

Vea también: Video: sujetos armados y con gorros pasamontaña asaltan a periodistas mexicanos en las faldas del Volcán de Fuego

Otro ataque armado

Los Bomberos Voluntarios también reportaron que en el lote 14 y manzana 22 de San Rafael Buena Vista, zona 18 de la capital, un menor y dos adultos resultaron heridos de bala. Los tres fueron trasladados hacia un hospital.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en San Sebastián, Retalhuleu, agentes capturaron a Apolinar Pinacho Luján, de 38 años, y Raquel Adriana Gutiérrez Martínez, de 34, ambos de nacionalidad mexicana.

Ambos fueron sorprendidos por agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas cuando se disponían a recibir Q8 mil en efectivo.

El dinero lo recibirían a cambio de entregar una visa de Estados Unidos a un hombre de 31 años.

Para leer más: Desarticulan estructura que estafaba a migrantes ofreciéndoles visas falsas

Por tal situación se efectuaron las coordinaciones para verificar la autenticidad de dicho documento. En la Embajada de ese país se estableció que era falsa, según la PNC.

La PNC hace una llamado a la población para que denuncie actos anómalos a los números 110, 1561, 1562, 1574 y 1577 de manera confidencial.

En anteriores oportunidades las autoridades también han reportado la captura de estructuras criminales que se dedican a la venta de visas falsas para estafar a guatemaltecos.

De acuerdo con la publicación, fue el mismo Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. quien informó que tras el acuerdo implementado podrían enviar a Guatemala a migrantes de cualquier nacionalidad, incluidos los mexicanos.

“A medida que implementemos completamente el acuerdo, se están considerando todas las poblaciones, incluidos los ciudadanos mexicanos”, informó Ken Cuccinelli, subsecretario de Seguridad Nacional, citado por El Diario. 

La idea de los terceros países seguros, cuyos acuerdos son firmados con EE. UU., es que los migrantes que soliciten asilo en esa nación norteamericana, deberán ser devueltos a uno de los “estados amigos” mientras se dilucida su situación. 

Al país ya han sido enviados varios hondureños y salvadoreños, pero han pedido regresar a sus países de origen y rechazan quedarse aquí.

Organizaciones e instituciones han criticado el acuerdo firmado con el presidente Jimmy Morales, pues afirman que el país carece de condiciones para atender a los migrantes, y sobre todo porque el Gobierno nunca dio detalles de en qué consiste el pacto exactamente.

De hecho, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, sugirió recientemente enviar a los migrantes que llegan de EE. UU. a Petén.