Junta Directiva de Alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán, publicó este 26 de octubre de 2022 un comunicado en el que solicita que se de dictamen desfavorable y se retire del debate legislativo la iniciativa de ley 6155, denominada ley para uso racional y legítimo de la fuerza, que fue presentada por los diputados Boris España y Vitelio Lam.

En el comunicado, se detalla que España, de la bancada Todos y presidente de la Comisión de Gobernación presentó el 19 de octubre la iniciativa denominada “Ley para uso racional y legítimo de la fuerza, la cual aún no se ha leído en el Pleno y remitido a Comisión.

Detalla que aun cuando la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, le dio su palabra a la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán que no se volvería a someter a discusión la iniciativa 6076 con sus respectivas enmiendas, que fue engavetada, ahora el diputado España presentó esta nueva.

Esa iniciativa 6076 o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala fue engavetada por decisión de la junta directiva del Congreso de la República, según lo confirmó el 23 de agosto de 2022, según lo confirmó el diputado Marvin Estuardo Alvarado, quinto secretario de dicha junta.

Esto se dio luego de presión social y rechazo de varios sectores, incluyendo los 48 Cantones, que habían exigido que dicha iniciativa no se conociera más.

El comunicado de los 48 Cantones explica que luego de una  la revisión breve realizada a la nueva iniciativa 6155, “debe expresarse enfáticamente que a pesar de que presenta una redacción más articulada y coherente y que excluye a la SAAS e incorpora 2 capítulos referidos a la gradación del uso de la fuerza y a un proceso disciplinario y sancionatorio por excesos del uso de la fuerza, tal propuesta abarca el mismo sentido, objeto y ámbito de la Iniciativa 6076”.

El documento detalla que: “las razones de peso para afirmar lo anterior es porque la 6155 tiene como objeto dar las pautas y reglas para el uso racional y legítimo de la fuerza por la fuerzas de seguridad (entendiendo por estás a la PNC; Guardia Penitenciaria y Ejercito)”.

Además, estipula además que el ámbito de aplicación  será: ”Cuando exista una amenaza o vulneración del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los DDHH” y en las definiciones desarrolla el mismo concepto de agresión, amenaza y fuerza letal y no letal.

“Como fuerza diferenciada que desarrollaba la 6076. En conclusión, la amenaza que esta norma sirva para reprimir o coartar expresiones de protesta ciudadana se mantiene plenamente”.

El comunicado de la organización añade que aunque el Gobierno y las bancadas aliadas al oficialismo defienden que en la nueva iniciativa se han incorporado artículos que desarrollan una serie de principios como necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia para la aplicación de la fuerza, cuando se da lectura al principio de legalidad, esta señala que las fuerzas de seguridad podrán actuar en defensa propia o de defensa de otras personas con la amenaza inminente de muerte o lesiones graves o el mantenimiento de los estados de calamidad.

Puntualiza que en el capítulo de la graduación de la fuerza, establece que pueden existir conductas de colaboración, resistencia y agresión, incluyendo la agresión activa y alta peligrosidad, como los niveles del uso e instrumentos de la fuerza paras la reducción física de movimientos y la fuerza letal.

Acciones rescatables de la iniciativa

Los 48 cantones añaden en su documento que lo rescatable de la iniciativa 6155 es que incorpora un capítulo de responsabilidades en el que los mandos de seguridad deberán velar porque el uso de la fuerza por parte de sus subordinados.

Además que estas sean bajo las normas constitucionales y los acuerdos internacionales y que en caso de incumplimiento deberán activar el proceso disciplinario y sancionatorio y se establece la obligatoriedad de la denuncia.

Conclusión

Según los 48 Cantones, “la Iniciativa 6155 es una versión actualizada y mejorada de la 6076 y en ese sentido debe demandarse que, al remitirse a la comisión específica, se le dé un dictamen desfavorable y en base al compromiso de la presidenta del Congreso a los 48 Cantones de Totonicapán se retire del debate legislativo tal propuesta.

Diputados oficialistas y opositores coinciden en que la iniciativa de ley 6076, que regula la fuerza pública y ha recibido críticas de expertos que dicen que podría ser usada para reprimir protestas, aún dispone de un camino legal para ser aprobada.

La Junta Directiva (JD) del Legislativo prometió a los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán que ninguno de sus miembros la agendará en las propuestas de las agendas de las sesiones plenarias.

A juicio de diputados consultados por Prensa Libre y Guatevisión, esto no impide que otros parlamentarios pidan incluirla a través de otros mecanismos legislativos, como mociones privilegiadas.

Ligia Hernández, diputada de Semilla, indicó que el compromiso de la JD en la carta es una “manera de quitarle peso al asunto en este momento” y “evitar la crítica”.

Mientras que Édgar Batres, diputado de Winaq, recordó que la JD del Congreso prometió no agendarla solo porque se vio acorralada por los 48 Cantones de Totonicapán.

Julio César Longo, diputado de FCN-Nación y segundo secretario de la JD, reconoció que cualquier diputado puede retomar la iniciativa en el pleno.

Boris España, diputado de Todos y presidente de la Comisión de Gobernación (que le dio dictamen favorable), afirmó que aunque el proyecto se pueda retomar, lo ve “difícil” porque “no hay consensos”.

Añadió que es complicado cuando no existen consensos de jefes de bloques o JD o que alguien quiera tomar la palabra y agendarla porque los más probable es que no existan los votos para ello.

“Entonces sería descabellado sacar una moción privilegiada en el Hemiciclo cuando no hay consensos previos con los entes del Congreso para poder que avance una agenda”, manifestó.

Agregó: “Creo yo que no es adecuado de parte de ningún diputado poder hacer una propuesta de esa naturaleza”.

La presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, afirmó este miércoles 24 de agosto que la iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública, pasó en segundo debate.

Esto significa que, si los diputados deciden agendarla para discusión, solo necesitaría ser tramitada en su tercera lectura y redacción final para recibir aprobación y cobrar vigencia.

Rivera mencionó que la iniciativa pasó en su segundo trámite durante la sesión plenaria, luego de que el diputado Wálter Félix, de la bancada URNG- Maíz, pidió que se corrigiera el acta la reunión del 10 de agosto.

Según el parlamentario, este documento es “ilegal” porque indica que la 6076 pasó la segunda lectura a pesar de que “faltaban las argumentaciones de algunos diputados” en la discusión.

Para leer más: Ley contra la ciberdelincuencia: Diputados aprueban objeciones y esta queda archivada y no será enviada al Ejecutivo

La Dirección Legislativa, a través del Departamento de Comunicación Social del Congreso, confirmó a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre el estatus de la 6076. En un mensaje, explicó que los diputados pidieron la palabra segundos después de que la Junta Directiva le diera trámite a la segunda lectura.

Dos caminos

La normativa legislativa contempla dos caminos para el futuro de la iniciativa 6076:

• Que el pleno no la apruebe en tercer debate y redacción final y se mande a archivo
• Que vuelva a la comisión y esta le otorgue un dictamen desfavorable (el regreso a la comisión podría ser por los votos del pleno o por la decisión de los propios integrantes de la comisión)

Los 48 Cantones de Totonicapán consideraban que esta iniciativa violaba derechos constitucionales, como derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, derecho a la vida, libertad de acción entre otros y por eso no debía ser aprobada, o de lo contrario la población tomaría medidas correspondientes.

Los miembros de esta organización comunitaria llegaron al Congreso de la República a eso de las 13 horas del pasado miércoles 17 de agosto, fecha en la que estaba agendada una sesión plenaria en donde los diputados votarían para determinar si la iniciativa 6076 debía ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para una consulta sobre posibles inconstitucionalidades y exigían que la normativa fuera eliminada por completo.

Félix pide corregir el acta, pero la presidenta @ShirleyRiveraGt responde que sí se revisó. Según la diputada, la iniciativa 6076 sí pasó en 2do. debate.

¿Qué significa esto? La polémica 6076 tiene un paso más: solo le queda la aprobación en 3er. debate y redacción final. pic.twitter.com/NRGKpMoGUs

— Carlos Kestler (@CKestler_GTV) August 24, 2022

La iniciativa de ley 6076, o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala fue engavetada por decisión de la junta directiva del Congreso de la República, según lo confirmó este martes 23 de agosto el diputado Marvin Estuardo Alvarado, quinto secretario de dicha junta.

Explicó que para este martes la junta directiva se había comprometido con Los 48 cantones de Totonicapán para informarles qué ocurriría con la iniciativa 6076, puesto que esa organización comunitaria había exigido que dicha iniciativa no se conociera más.

Los 48 cantones consideraban que esta iniciativa violaba derechos constitucionales, como derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, derecho a la vida, libertad de acción entre otros y por eso no debía ser aprobada, o de lo contrario a población tomaría medidas correspondientes.

Los miembros de esta organización comunitaria llegaron al Congreso de la República a eso de las 13 horas del pasado miércoles 17 de agosto, fecha en la que estaba agendada una sesión plenaria en donde los diputados votarían para determinar si la iniciativa 6076 debía ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para una consulta sobre posibles inconstitucionalidades.

Los líderes comunitarios estuvieron en el palco diplomático del Congreso y tuvieron que esperar hasta la madrugada del jueves 17 para ser escuchados por la junta directiva del Congreso, que les ofreció que este martes 23 les informarían de qué ocurría con dicha iniciativa.

El diputado Alvarado, informó este 23 de agosto que de 8.00 a 10.00 horas tuvieron reunión de junta directiva y que por un consenso absoluto y mayoritario decidieron que la iniciativa 6076 quedara fuera del conocimiento y que por eso se había engavetado para que no se vuelva a conocer.

Señaló que luego de la decisión que tomaron como directiva del Congreso, esta fue enviada a la instancia de Jefes de Bloques y ellos dieron el aval total para que esta iniciativa sea archivada.

Carlos López Maldonado, primer vicepresidente de la junta directiva del Congreso, comentó que la semana pasada esa iniciativa de ley generó discusión y mucho debate en el pleno, por lo cual se consideró que lo mejor era no incluirla en la agenda y “básicamente, pues que se quede ahí en el proceso, ya no avanzar y con eso atendiendo la petición de los 48 cantones… No, ya no se tiene previsto enviarla a la Corte de Constitucionalidad para que evalúe la inconstitucionalidad”, comentó.

Afirmó que la decisión fue tomada en conjunto entre junta directiva y la instancia de Jefes de Bloques, pues era lo más sensato para no crear conflictividad social.

Añadió que la mayoría de jefes de bloques coincidieron en que lo mejor era no agendar la iniciativa en las en las sesiones de esta semana.

El @CongresoGuate da marcha atrás y engaveta la controversial iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública y ha recibido críticas de expertos y sectores por facilitar la represión de protestas ciudadanas.

¿Está de acuerdo con la decisión?

@CongresoGuate pic.twitter.com/g1xGdNX5aE

— Carlos Kestler (@CKestler_GTV) August 23, 2022

Integrantes de la junta directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, tuvieron que esperar hasta la madrugada de este jueves 18 de agosto para ser recibidos por una comitiva de la directiva del Congreso de la República para conocer qué ocurriría con la iniciativa de ley 6076, o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala.

Los miembros de esta organización comunitaria llegaron al Congreso de la República a eso de las 13 horas del pasado miércoles 17 de agosto, fecha en la que estaba agendada una sesión plenaria en donde los diputados votarían para determinar si la iniciativa 6076 debía ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para una consulta sobre posibles inconstitucionalidades.

Los líderes comunitarios de los 48 cantones habían manifestado su rechazo a esa iniciativa de ley porque consideran que viola preceptos constitucionales, donde se consagran derechos fundamentales de los guatemaltecos, como derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, derecho a la vida, libertad de acción entre otros.

La organización había emitido un comunicado ese mismo día en el que exigía que la iniciativa de ley 6076, o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, no fuera enviada a la CC y que en la sesión plenaria de ese miércoles los diputados votaran para que esta se desconozca inmediatamente, se elimine y se impruebe de una vez por todas.

Los líderes de 48 cantones llegaron al Congreso a eso de las 13 horas de miércoles, para participar en la plenaria, pero trabajadores del Congreso les impidieron el ingreso al palco de visitas. Les argumentaron que para permitirles el acceso, la Presidencia del Legislativo tenía que enviar una carta.

Luego de la negativa para entrar al palco de visitas, las autoridades indígenas ingresaron al palco de prensa, pero minutos después, personal del Congreso los trasladó al palco de diplomáticos, donde hablaron con la presidenta Shirley Rivera.

Allí, Rivera les dijo que el “análisis jurídico” que les prometió sobre la 6076 es la solicitud de opinión a la CC, pero la agrupación exige que esta se desconozca definitivamente.

La sesión del Congreso fue suspendida, porque no se aprobó el orden del día, pero Miguel Gutiérrez, vicepresidente de los 48 Cantones, advirtió de que permanecerían allí hasta que la junta directiva los atendiera y les informara sobre el estado de la iniciativa de ley 6076.

Los reciben pasada la media noche

Los dirigentes de los 48 cantones se quedaron dentro del Congreso y no fue hasta las 0.15  horas de este jueves que fueron atendidos por una comitiva de la junta directiva de ese organismo.

En una trasmisión en Facebook, los líderes comunitarios informaron que a esa hora llegaron representantes del Congreso para platicar con ellos e informarles la situación de dicha iniciativa de ley.

Les informarán el martes

El presidente de los 48 cantones, Giovanni Rosales Tzoc, explicó que la comitiva les indicó que el próximo martes les tendrán una respuesta sobre la solicitud de anulación de la iniciativa que pretende regular el uso de la fuerza pública y por eso abandonaron el Congreso para retornar a Totonicapán.

“Como pueblo y como representantes del mismo estamos vigilantes. La postura nuestra sigue siendo la misma… porque la lucha continúa”, dijo Rosales en la transmisión.

“Nosotros seguimos pidiendo y exigiendo a los señores diputados y a la junta directiva del Congreso de la República de Guatemala la anulación completa de esta iniciativa 6076, que atenta directamente contra la vida de los guatemaltecos que hacemos uso de este recurso constitucional como lo es la manifestación”, expresó Rosales.

“Aquí está el poder del pueblo de Totonicapán, porque la lucha, señores, está basada en las consignas claras que nos enseñaron los abuelos; velar por el bien común y hoy queremos hacer valer nuestra voz, a través de esta petición para que se le dé de baja a esta iniciativa 6076 que trata d combatir directamente a los manifestantes, utilizando la fuerza del Estado para poder reprimir las manifestaciones”, señaló.

Representantes de los 48 Cantones de Totonicapán estuvieron durante varias horas en el Congreso de la República para buscar la nulidad de la iniciativa 6076 denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, la cual regula el uso de la fuerza pública.

Geovani Rosales, presidente de los 48 Cantones, aseguró que la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, se comprometió a que sacarán de la agenda la propuesta.

“Queremos la nulidad de este proyecto, de esta iniciativa de ley 6076 porque viene a perjudicar, precisamente, a un derecho que tenemos los guatemaltecos, y como ustedes sabrán, 48 Cantones ha hecho valer ese derecho cuando ve injusticias, nosotros alzamos la voz”, manifestó.

Los representantes de esta organización llegaron desde la noche del miércoles 10 de agosto al Congreso para exigir la nulidad de la referida iniciativa, la cual rechazan.

“Se debe desconocer inmediatamente”, indicaron durante la noche del miércoles y pedían la presencia de diputados.

“Que vengan los diputados y que nos atiendan y que escuchen la voz del pueblo de Totonicapán”, exigían los representantes de los 48 Cantones.

En su cuenta de Facebook, los dirigentes leyeron un comunicado en el que Shirley Rivera se habría comprometido a realizar las gestiones pertinentes ante la instancia de jefes de bloque y no agendar la iniciativa 6076.

El comunicado añade que se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos elaborar un análisis sobre las inconstitucionalidades que pudiera tener la iniciativa.

Rosales agregó: “Nosotros no favorecemos a ningún partido político, ya las cosas que se den entre ellos, es cosa de ellos, nosotros únicamente venimos respaldados por un pueblo que nos ha dado una comisión grande y si lo llevamos a esferas mayores podemos decirle que hemos venido a representar al pueblo de Guatemala”.

Enfatizó la nulidad del proyecto y recordó que el miércoles llegaron a la capital a las 18.15 horas. “Nos hemos quedado ahí plantados frente a la entrada del Congreso de la República haciendo un llamado claro a quienes son los responsables de crear leyes, a ellos lo llamamos”, manifestó.

Afirmó que se reunieron con Rivera, quien les dijo que la propuesta de esta iniciativa podría salir de la agenda del Congreso.

Piden que se les consulte

Advirtió que si la quieren retomar, tendrían que consultar a los 48 Cantones. También indicó que querían ser parte de la sesión del Congreso programada para este jueves 11 de agosto para que se mencionara la petición de esta organización, que es darle de baja a esta iniciativa.

Para leer más: APG rechaza contenido de Ley contra ciberdelincuencia e iniciativa de Fortalecimiento de las fuerzas de seguridad

Cuando le consultaron de qué harían si el Congreso continuara con el proceso para aprobarla, el dirigente respondió que deben ser consultados los 48 Cantones y de no ser así, harán valer su voz.

Prensa Libre y Noticiero Guatevisión consultaron a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, respecto de la petición de los 48 Cantones y respondió: “He dado la instrucción a la Dirección de Asuntos Jurídicos que analice si existen las inconstitucionalidades que manifiestan los 48 Cantones, por lo que esperaremos tener el dictamen respectivo para que la instancia de jefes de bloque y el Honorable Pleno, como órgano máximo del Congreso de la República tomen la decisión”.

El Congreso publicó un comunicado en el que Rivera indicó dio respuesta a los 48 Cantones. “Con atento y cordial saludo, me dirijo a usted, con el objeto de dar respuesta a la petición realizada, para el efecto en calidad de diputada del Organismo Legislativo me comprometo a realizar las gestiones pertinentes ante la instancia de Jefes de Bloque y no agendar la iniciativa 6076, así mismo, en ese sentido ya se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos elaborar un análisis sobre las inconstitucionalidades que pudiera tener la misma, una vez recibido el análisis jurídico, procederé a comunicarme con su persona para discutir la misma”, se lee en el texto.

Previo a que se levantara la sesión en el Congreso el miércoles 10 de agosto, diputados de oposición plantearon un voto en contra y una propuesta para suspender la iniciativa que regula el uso de la fuerza pública, pero se rompió el quórum.

Sesión se suspende

La sesión plenaria para este jueves en el Congreso no se llevó a cabo por falta de quórum. Además, debido a las manifestaciones se retiró al personal del Legislativo y fueron cerrados los ingresos.

La Presidente del Congreso @ShirleyRiveraGt, entrega respuesta de manera oficial a los representantes de los 48 Cantones, quienes le han trasladado sus solicitudes.

La #Iniciativa6076 no será agendada en las próximas sesiones y pasará a análisis jurídico.

#IXLegislatura pic.twitter.com/tgnshzH6yZ

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) August 11, 2022

Las autoridades de Costa Rica contabilizaron este domingo 86 casos nuevos de covid-19 y la Policía detuvo dos fiestas con decenas de personas que no aplicaban las medidas sanitarias ni de distanciamiento.

“Seamos sumamente responsables. Entiendo situaciones como hoy Día del Padre en que muchos deseamos ir a visitar a nuestros papás, pero estamos en medio de un virus peligroso y si comenzamos a romper burbujas sociales la situación se nos va a complicar mucho“, declaró el ministro de Salud, Daniel Salas, en la conferencia de prensa diaria sobre la pandemia.

Con los 86 casos nuevos de hoy, Costa Rica acumula un total de 2 mil 213, de los cuales 1 mil 32 ya se recuperaron, 12 fallecieron y el resto se mantienen con el virus activo.

Actualización de datos oficiales sobre el COVID-19 en Costa Rica con fecha de hoy, 21 de junio de 2020.

Más información, detalle de cantones y hospitalizaciones: https://t.co/VIOoqtZNEI

Datos para descarga: https://t.co/Cq65kFUOTv pic.twitter.com/aljOOFLQfp

— Ministerio de Salud de Costa Rica (@msaludcr) June 21, 2020

En la actualidad hay 26 personas hospitalizadas, de las que 4 se ubican en unidades de cuidados intensivo.

Costa Rica tenía previsto comenzar el sábado la fase 3 de reapertura de actividades económicas, pero los 119 casos contabilizados el viernes, la cifra más alta en un solo día en el país, provocó que el Gobierno pospusiera el inicio de esa etapa.

Además, para evitar aglomeraciones y reuniones sociales o familiares, el Gobierno endureció las medidas de restricción a la circulación de vehículos este sábado y domingo y suspendió la final del fútbol entre el Alajuelense y el Saprissa, que estaba prevista para hoy.

Aún así, el Ministerio de Seguridad informó que tuvo que intervenir en dos fiestas en barrios de San José, donde se aglomeraban decenas de personas.

En una de esas fiestas la Fuerza Pública fue atacada y arrestó a 5 personas.

La noche del sábado tuvimos que intervenir dos fiestas, una en #Alajuelita y otra en #LaCarpio donde agredieron a nuestros oficiales. Nosotros hacemos nuestro trabajo, por eso les pedimos respetar las restricciones sanitarias y cuidarnos juntos. #LaPolicíadelosTicos pic.twitter.com/3K2pQcp2xl

— Fuerza Pública CR (@fuerzapublicaCR) June 21, 2020

El ministro Salas insistió en la necesidad de evitar reuniones sociales y recordó que, por ejemplo, un ‘baby shower’ ya ha provocado 15 contagios y 8 sospechosos más que tienen síntomas y que se confirmarían mañana.

“Si todos ponemos de nuestra parte podemos activar muchas de las actividades que deseamos hacer”, declaró Salas.

A partir del lunes, Costa Rica retoma las actividades de la fase 2 de reapertura, que permite la operación de parques nacionales, restaurantes, museos, cines, tiendas y otros negocios a un 50 % de su capacidad, con distanciamiento entre clientes, con diversas medidas sanitarias.

Los bares, discotecas, casinos, actividades masivas y el curso lectivo se mantienen suspendidos.

Costa Rica mantiene también una restricción a la circulación de vehículos dependiendo de su número de placa y una prohibición total a partir de las 22.00 horas y hasta las 5.00 del día siguiente.