Este martes 9 de agosto el Congreso de la República dio el primer paso para aprobar la iniciativa de ley 6076, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, la cual regula el uso de la fuerza pública. La propuestas fue tramitada en su primer debate y le restan dos lecturas más para que sea aprobada.
La iniciativa que recibió dictamen la semana pasada por la Comisión de Gobernación, que dirige el diputado Boris España, fue agendada para este martes por la Instancia de Jefes de Bloque.
Hoy el diputado Bernardo Arévalo, de la bancada Semilla, propuso una moción verbal para que la iniciativa regresara a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, sin embargo, 93 diputados votaron en contra, 33 a favor y 34 estaban ausentes.
Arévalo expuso que la propuesta tiene errores de “concepción” que confunden en la interpretación en cuanto a las funciones de las fuerzas de seguridad, por lo cual era necesario que se hiciera una nueva revisión.
“Lo que busca es callar a la población que con mucho derecho legítimo hoy está actuando. Diputados, no seamos los enemigos del pueblo”, dijo la jefa de la bancada Winaq, Sonia Gutiérrez, durante el pleno.
Mientras tanto, otros diputados cuestionaron la viabilidad legal si se aprueba, y aseguran que la intención de la propuesta es contrarrestar las manifestaciones.
“Es inconstitucional. Está dedicada a las manifestaciones, le quieren atar las manos”, dijo el diputado Julio Ixcamey.
Por su parte, el diputado Edwin Lux señaló que a su criterio la propuesta lo que contempla es una “licencia para matar” y para reprimir.
“Aquí están dando carta blanca para la represión y atenta contra dos derechos constitucionales básicos (artículos 3 y 45 de la Constitución) , quieren amordazar, quieren reprimir”, dijo el parlamentario, quien cuestionó las razones por las cuales también se incluye a la SAAS dentro de la ley.
La propuesta de ley regula el uso de la fuerza pública de “forma proporcional” y además concede medidas sustitutivas a los elementos de las fuerzas públicas que resulten involucrados en el legítimo uso de sus funciones.
