La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó firme la condena de cinco años de cárcel contra la exgobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, según la resolución emitida en noviembre pasado.

La exfuncionaria del gobierno de Jimmy Morales, fue condenada en 2020 por la falsificación de un título universitario.

Por esa razón, la defensa de Ventura intentó anular su condena por medio de una casación que también fue rechazada por la Cámara Penal de Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Finalmente, la máxima corte resolvió denegar el amparo que se solicitó e impuso también una multa al abogado defensor de Ventura.

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Acusación y trayectoria de Estela Ventura

El Ministerio Público (MP) acusó a Ventura a inicios de 2019 de haber presentado una fotocopia de un título profesional falso, el cual la acreditaba como Trabajadora Social egresada de una universidad.

Además, según la fiscalía, habría firmado como “licenciada” documentos oficiales en su calidad de gobernadora.

Ventura asumió el cargo en marzo de 2016 y optó por renunciar al año siguiente, una vez que se reveló el caso en su contra por las irregularidades de su título

Antes de enfrentar un proceso judicial, la exfuncionaria captó la atención mediática por haber sido agredida verbalmente por diputados del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), durante una citación en el Congreso de la República.

Como resultado, la exfuncionaria interpuso una denuncia por discriminación, de la que meses después se retractó y decidió retirarla.

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Denuncia

El abogado y notario Luis Augusto Macz Choc, vecino de Cobán, Alta Verapaz, fue quien presentó a título personal una solicitud de antejuicio contra de Ventura.

En la denuncia, Macz Choc señaló a Ventura de haber falsificado el título que supuestamente la acreditaba como egresada de la Universidad Mariano Gálvez.

Después del proceso penal contra Ventura, un Juez absolvió a la exgobernadora por el delito de Uso de documentos falsificados y la condenó por el delito de Usurpación de calidad con una pena de cinco años, además de una multa de Q50 mil.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) llevan a cabo, este viernes 15 de octubre, una serie de allanamientos en Guatemala, Quiché y Jutiapa con el objetivo de desarticular una banda dedicada a la falsificación de documentos de viaje y de identidad que luego enviaban a migrantes que están en Estados Unidos.

Según el Ministerio Público, los operativos se llevan a cabo en Quiché Jutiapa y también en la capital de Guatemala, Mixco, San Juan Sacatepéquez y San Miguel Petapa.

Juan Luis Pantaléon, jefe de información y Prensa del MP, informó que son 11 las diligencias que es llevan a cabo y estas cuentan con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Explicó que lo que buscan es recabar indicios que permitan ampliar la investigación con relación a una estructura criminal dedicada a la creación, falsificación y suministro de documentos de viaje o de identidad falsos, los cuales luego son enviados a migrantes que se encuentran en los Estados Unidos de América.

Por el momento los operativos continúan en desarrollo y se esperan resultados de la búsqueda de indicios sobre este ilícito.

Los hallazgos

En horas de la noche, el Ministerio Público dio a conocer que fueron varios los ilícitos que se decomisaron durante los allanamientos.

Entre lo decomisado hay diversos pasaportes, DPI y hasta el sello de una embajada.

Además, un aparato DVR, varias micromemorias SD y documentos varios, que fueron debidamente embalados para su análisis.

Q80 mil por llevar migrantes ilegales

El pasado jueves, el MP y PNC, con el apoyo de la HSI de Estados Unidos, realizaron 10 allanamientos en Huehuetenango en el que lograron la captura de tres personas vinculadas con el tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.

Según las autoridades, este grupo criminal cobraba Q80 mil por cada migrante que trasladaban ilegalmente a EE. UU.

Agregaron que la mayoría de las personas que eran trasladadas ilegalmente a EE. UU. eran menores de edad y para eso les extendían documentos falsos para poder ingresarlos a eses país.

Los detenidos fueron identificados como:

• Nelson Humberto López Granados
• Edgar René Rodas
• Bartolo del Valle Saucedo

Estas personas están procesadas por los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos y asociación ilícita.

En los cateos también rescataron a 29 guatemaltecos que iban a ser trasladados ilegalmente a Estados Unidos. Se hallaron 5 vehículos, documentos, boletas de depósito, dinero en efectivo y escrituras de bienes inmuebles.

La Fiscalía contra Delitos Transnacionales y la Unidad Especial de Investigaciones, con apoyo de otras instituciones coordinó este lunes 7 de junio ocho allanamientos.

Las diligencia que de inspección, registro y secuestro de evidencia se llevaron a cabo en diferentes inmuebles de la ciudad de Guatemala, y oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renap) Chinautla, Guatemala.

El objetivo fue localizar indicios, como parte del seguimiento a una investigación, así como capturar A personas nacionales y extranjeras que participan en el trámite y obtención del Documento Personal de Identificación –DPI- para residentes y extranjeros domiciliados en Guatemala, utilizando documentos falsos para su obtención.

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Así mismo se incautó cuatro teléfonos celulares para la búsqueda de indicios que ayuden a fortalecer la investigación.

Capturados

• Mario David Toc Cifuentes, empleado de Renap en Chinautla
• Edgar Armando Córdova Pérez
• Eun Soo Kim de nacionalidad coreana
• Xia Qiyuan de nacionalidad china
• Shi Ling de nacionalidad china

Según el fiscal distrital, la investigación en contra del síndico lleva tres meses.

Se le acusa de haber presentado un diploma falso para obtener un puesto de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social.

Las autoridades buscaban el diploma original en el allanamiento, pero no lo encontraron.

Mario Pelicó dijo que todo era un show político, manifestando que en su momento señalaría al responsable. Dice desconocer las acusaciones en su contra.

El fiscal del MP señaló que el siguiente paso en el proceso es solicitar medidas de coerción en contra del síndico.

Caso similar

La exgobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, es señalada de falsificar su título profesional para ocupar el cargo que dejó en julio de 2018.

La denuncia fue interpuesta por el abogado Luis Augusto Mac Choc, quien no encontró registro de colegiatura, ni de la inscripción en la sede universitaria.

Ella es señalada de falsificar su título profesional para ocupar el cargo, tiene una orden de detención por los delitos de uso de documentos falsos y usurpación de calidades.

La acusación resalta que se acreditaba como trabajadora social y firmaba documentos oficiales como licenciada.

La denuncia fue interpuesta en julio de 2018 por el abogado Luis Augusto Mac Choc, quien no encontró registro de colegiatura, ni de la inscripción en la sede universitaria.

Ventura dejó el cargo después de que se hiciera pública la denuncia, fue sustituida por Erik Nolberto Guerrero Milán.

La orden de captura fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán, en enero de este año, fuerzas de seguridad desarrollaron un operativo en su residencial el pasado 3 de enero, pero no la localizaron.

Estas fueron sus declaraciones:

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James P. McGovern y Eliot L. Engel, ambos congresistas de Estados Unidos, enviaron una carta al Presidente Jimmy Morales para hacer una petición puntual: que otorgue asilo y proteja la integridad de la familia Bitkov, actualmente presa en nuestro país por falsificación de pasaportes.

La familia, condenada recientemente por integrar una red para falsificar documentos, fue amparada por la Corte de Constitucionalidad que anuló la condena. Se trata de una familia rusa muy influyente que ha movilizado a congresistas norteamericanos y ha puesto en duda a CICIG ante la comunidad internacional.

Piden asilo y protección para los Bitkov

La carta explica los antecedentes de la familia y apela a que el mandatario, quien tiene en sus manos expulsarlos del país o darles asilo, haga lo último, es decir, no devolverlos a Rusia, porque según los congresistas, corren peligro.

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“Estamos convencidos de que los Bitkovs no deben ser devueltos a Rusia. Los factores que los obligaron a migrar en 2009 no han cambiado. El imperio de la ley es débil en Rusia y no hay garantía de la seguridad de las personas que están en conflicto con el estado. Gauatemala está obligada bajo la ley internacional a no retornar a las personas que hayan demostrado persecución en sus países de origen. Como presidente debe asegurarse que su gobierno cumpla con esta obligación.

Sabemos que ya tiene una apelación para garantizar el estado de refugiado de la familia Bitkov, lo que les daría autorización de permanecer en Guatemala ya que está claro que no pueden regresar seguros a Rusia. Creemos que darles un alivio migratorio a esta familia pro fines humanitarios, les ofrece el mejor camino para solventar la situación problemática en la que se encuentra. Así que imploramos que lo haga lo más pronto posible”, cita parte del documento.

Señor presidente, como seguramente sabrá, es responsabilidad de su gobierno garantizar la seguridad física y la integridad de todos los miembros de la familia Bitkov mientras estén bajo custodia del Estado de Guatemala. Le urgimos que instruya a los oficiales adecuados del Ministerio del Interior a tomar las medidas necesarias para proteger a la familia durante lo que queda de su encarcelamiento”.