En la Guatemala del 2015 se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción. La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, pero el primer proceso de esa era fue el caso La Línea.

La investigación del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaban de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.

Los primeros allanamientos contra la presunta red criminal dejaron más de una docena de capturas. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la jueza octava penal de aquel momento, Marta Sierra de Stalling.

Según la investigación preliminar, el presunto líder de esta red criminal era Juan Carlos Monzón, secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

La audiencia de primera declaración apuntaba a que había indicios serios contra los detenidos, pues la fiscalía a cargo del proceso respaldó sus señalamientos con una serie de interceptaciones telefónicas.

Esas llamadas, además de exponer la forma en que se concretaban los acuerdos ilícitos para el paso de mercadería, también alertaba del rumbo que tomaría esta investigación semanas después.

“El uno” y “La erre”

Aunque los medios de investigación presentados por la fiscalía parecían ser sólidos,  la jueza Stalling consideró prudente brindar medida sustitutiva a algunos de los señalados del Caso La Línea.

Entre el grupo de personas que obtuvo arresto domiciliar destacó Salvador Estuardo González, alias Eco y Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias el teniente Jerez.

Ambos eran señalados como mandos medios de la red y esa decisión judicial fue objeto de una segunda investigación conocida como caso Bufete de la Impunidad.

A consideración de los investigadores, había varios indicios que demostraban que las personas señaladas tenían poder y cercanía con personas poderosas de Guatemala, sin dar mayores detalles en esa etapa de la investigación.

Pero una serie de llamadas alertaba sobre la posible relación que tenía el binomio presidencial con la red criminal, ya que en una seria de interceptaciones se hacía alusión a “el uno”.

Ese sobrenombre que apuntaba sutilmente hacia el presidente Otto Pérez Molina fue acompañado de otros “apodos” que usaban los miembros de la red para supuestamente referirse a él, como “el dueño de la finca”.

Roxana Baldetti también era mencionada de manera sutil en las llamadas telefónicas, en más de una ocasión de mencionaba a “la erre”, según el ente investigador. Por la inmunidad que tenía Pérez Molina y Baldetti, la fiscalía no se atrevía a hacer públicas sus sospechas.   

Pero a medida que las investigaciones siguieron su curso fue cuestión de tiempo para que se presentaran las solicitudes de antejuicio contra el binomio, que fueron acompañadas con protestas ciudadanas.

Pedían justicia

El 2015 pasará a ser recordado como un capitulo histórico para Guatemala. El escándalo que despertó el caso La Línea motivó manifestaciones pacíficas a las que se sumaron incluso varias empresas del sector privado.

La primera baja del binomio fue Baldetti, la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de Guatemala, ya que se vio obligada a presentar su renuncia por los señalamientos de corrupción en su contra.

Su dimisión fue conocida por el Pleno del Congreso en una sesión de urgencia convocada el sábado 9 de mayo del 2015. La Plaza de la Constitución y los alrededores del Congreso estaban abarrotados de personas que exigían justicia.

A tan solo horas de perder el cargo, un juzgado emitió un arraigo contra Baldetti, para evitar que saliera del país. El 21 de agosto Roxana Baldetti fue detenida.

El segundo en caer fue Pérez Molina, y luego los señalamientos públicos contra su vicepresidenta, el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra el presidente bajo señalamientos de corrupción.

Justamente el 2 de septiembre Pérez Molina presenta su renuncia a la Presidencia y decidió entregarse ante el juez Miguel Ángel Gálvez, el segundo juez en conocer el caso La Línea.

La dimisión de Pérez Molina trascendió en horas de la madrugada y centenares de ciudadanos salieron a las calles. Sus pedidos de justicia semana tras semana en la Plaza de la Constitución, parecían estar dando resultados.

El juicio

El proceso judicial del caso La Línea se ha ido dilatando por apelaciones, amparos, recusaciones y otros recursos legales que han presentado los abogados de los acusados.

Fue hasta el 17 de enero del 2022 que comenzó el debate oral y público contra la red presuntamente liderada por Pérez Molina y Baldetti. El MP ha respaldado sus acusaciones con medios de pruebas, entre los que destacan interceptaciones telefónicas y peritajes.

El juicio está a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo B, en donde fiscales buscarán convencer a los jueces de una sentencia condenatoria, mientras que los abogados buscarán desvanecer esos cargos.

Dicho caso  es apenas uno de los procesos contra el exbinomio presidencial, ya que el presunto abuso de poder les hace figurar en otros procesos penales.

Desde el 8 de agosto el expresidente Otto Pérez Molina se encuentra en el Hospital Militar debido a una complicación cardíaca que padeció mientras jugaba basquet ball estando recluido en la cárcel Mariscal Zavala.

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Ha pasado un mes desde la cirugía para implantarle un nuevo cardiodesfibrilador que le habían colocado en el 2004 cuando padeció un primer incidente.

4 meses hospitalizado

Su defensor ha manifestado que después de la  intervención Pérez Molina sigue siendo un paciente de alto riesgo y que de allí se deriva la importancia de que el aparato funcione, por tratarse de una enfermedad crónica.

Ante estos argumentos el juez Gálvez consideró prudente que se quedara hospitalizado.

En aquel momento se dejó evidenciada la falta de responsabilidad y negligencia del Sistema Penitenciario (SP), por haberlo trasladado al Hospital Roosevelt, retardando  la orden del juez  quien había ordenado su traslado al Hospital Militar en donde conocían su expediente médico.

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En el expediente de Otto Pérez no se tiene registrado ningún chequeo médico desde su ingresó a la prisión preventiva y que aún conociendo su situación él se arriesgó a  jugar baloncesto en esas condiciones.

En ninguno de los eventos del SP se hace referencia de quien ordenó su traslado al Roosevelt, crónica de un traslado anunciado, pero que el MP no investigó.

El debate del jucio Agua Mágica se encuentra en la  etapa de conclusiones. La abogada Marta Liseth García Penados  defensora de Mario Alejandro Baldetti Elías,  hermano de Roxana Baldetti lo defendió de los señalamientos en su contra.

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Caso Agua Mágica: Marta Liseth García, defensora de Mario Alejandro Baldetti Elias presenta conclusiones. Argumentó que el @MPguatemala no ha podido demostrar la participación del hermano de Baldetti en la unidad ejecutora de AMSA, pues no intervino en ninguna parte. pic.twitter.com/lxxJLHCmpX

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 21, 2018

Su defensora argumentó que durante todo el jucio la fiscalía  lo ha culpado solamente por ser el hermano de la exmandataria Roxana Baldetti.

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Agregó que durante el juicio no se logró evidenciar el vínculo con los funcionarios de AMSA (Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán). Tampoco se probaron los beneficios que él pudo haber obtenido en la adjudicación del contrato millonario que salvaría el lago de Amatitlán.

Ingresa a la sala de debate Mario Alejandro Baldetti Elias, y los sindicados que faltaban. La testigo Rina Sanchinelli exasesora de Roxana Baldetti respondió que conoce a casi todos los sindicados del caso Agua Mágica. pic.twitter.com/A4YZsNtJYz

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) August 21, 2018

Le solicitó ante al tribunal de Mayor Riesgo “C” que quede lo deje absuelto  de todos los cargos. La FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad) solicito 22 años de prisión inconmutables por los delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y fraude.

Juicio Agua Mágica: Roxana Baldetti defiende a su hermano Mario Alejandro Baldetti "No hay una sólo orden mía para que ayudaran a mi hermano". pic.twitter.com/mlZJLMaltd

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 12, 2018

El fiscal del caso Hugo González afirmó que dentro de la estructura criminal se le conocia como MABE por las iniciales de su nombre y apellido.

El juicio bajo procedimiento abreviado o express  que buscaba enfrentar el  exmagistrado  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas Charchal fue rechazado.

Su defensor Juan Alberto Guevara  había solicitado que enfrentara la justicia por el delito de tráfico de influencias, cargos por los que estaba dispuesto a aceptar su culpabilidad.

Juez Miguel Angel Gálvez envia a juicio a Douglas Charchal por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, conocerá el proceso penal el tribunal primero "B" de mayor riesgo. pic.twitter.com/vozO79N0UU

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 13, 2018

Pero el juez Miguel Ángel Gálvez consideró que no era prudente que se enfrentara a dos procesos y designo  el Tribunal de Mayor Riesgo “B”,  para que enfrente el debate por los delitos de trafico de influencias y asociación ilícita en el caso TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal)

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Acusación

Douglas Charchal es señalado por la CICIG y el Ministerio Público de ejercer influencias para darle viabilidad a un contrato irregular entre la Empresa Porturia Quetzal y la Terminal de Contenedores Quetzal.

El exmagistrado Charchal tendrá que continuar bajo prisión preventiva.

Fue enviado a juicio en el caso TCQ por los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita.

Juez Gálvez: "No hay nada que no se pueda corroborar" Charchal llama a Juan Carlos Monzón y se identifiaca como Magistrado de la CSJ momentos después de su elección. pic.twitter.com/HCyZYhvjln

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 13, 2018

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Contrato irregular

La empresa TCQ interpuso un amparo contra el alcalde municipal del Puerto de San José, Jorge Rizzo, por oponerse a que  TCQ debía pagar licencia de construcción en esa comuna.

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El monto fijado por la municipalidad ascendía a Q24 millones, por lo que esta empresa se oponía al pago millonario.

Para resolver el problema con el alcalde Rizzo, el colaborador eficaz Juan Carlos Mónzón se reunió con el magistrado Douglas Charchal  y con su asistente Mario Ruano, quienes acordaron gestionar una resolución favorable para TCQ.

Juez Gálvez: "Sólo quiero establecer la probabilidad de Douglas Charchal y la secuencia en otros casos" se refiere al prófugo Luis Mendizabal y la Boutique Emilio. pic.twitter.com/LCnWweJKWN

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 13, 2018

El juez de Mayor Riesgo “B” Miguel Ángel Gálvez tendrá que resolver una petición inusual.

la Fiscalía especial contra la impunidad hizo una inusual solicitud en el caso de exmagistrado de la corte suprema de justicia Douglas Charchal,  ha pedido que se habra debate por asociacion ilícita en el caso TCQ y un proceso express por tráfico de influencias por haber aceptado ser culpable.

Caso TCQ: @MPguatemala pide al apertura a juicio por el delito de asociación ilícita en contra de exmagistrado Douglas Charchal y procedimiento abreviado por tráfico de influencias. Juez resolverá después de un breve receso. pic.twitter.com/o1xRGGaNoZ

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 10, 2018

Conversaciones reveladoras

El Ministerio Público reveló que tienen 103 medios de investigación para comprobar el delito de asociación ilícita en contra de Douglas Charchal, de acuerdo a la hipótesis el fiscal Juan Francisco Sandoval señalo que Charchal integró la estructura criminal y era parte de una estructura criminal,  en una de las imputaciones se basó en una conversación por medio de un chat del 15 de junio de 2015 entre la exvicepresidenta Roxana Baldetti y del exdiputado Edgar Cristiani que fue la persona por medio del cual se conoció al exmagistrado Charchal, y se establece que su nombramiento fue para obtener favores de la Corte Suprema de Justicia y servía como operador judicial.

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Con 103 medios de investigación, el Ministerio Público solicitó apertura a juicio por el delito de asociación ilícita y procedimientos abreviado por tráfico de influencias en contra de Douglas René Charchal por haber aceptado la culpabilidad de los hechos. pic.twitter.com/HtfY1wxkfJ

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 10, 2018

Defensa niega la vinculación

El abogado Juan Alberto Guevara defensor de Douglas Charchal había realizado una negociación legal con el ente investigador para que se frenara la persecución penal por el delito de asociación ilícita basada en las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón en las que señala que Charchal no pertenecía a la estructura criminal del caso TCQ. Pero la CICIG y la PGN no lo aceptaron indicando que desconocían el acuerdo entre el Ministerio Público y el exmagistrado.

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Douglas Charchal escucha los señalamientos por el delito de tráfico de influencias vinculado en el caso TCQ. Señalado de haber emitido una resolución a favor de una licencia de construcción de TCQ que la Municipalidad de Escuintla pedía Q24 millones para otorgala. pic.twitter.com/og4gc9DYou

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 10, 2018

El juez Miguel Ángel Gálvez tendrá que resolver esta solicitud, si desestima o no la persecusión penal por el delito de asociación ilícita, además se podría concluir el procedimiento abreviado por el delito de tráfico de influencias, en la que el exmagistrado aceptará su culpabilidad.

La intervención quirúrgica ocurrió la noche del martes en un hospital privado en un sector exclusivo en el sur de Ciudad de Guatemala, dijo a periodistas Otto Pérez Leal, hijo del exgobernante.

Pérez renunció en septiembre de 2015 acorralado por señalamientos de liderar un fraude en las aduanas y está a la espera de que se inicie el juicio por ese caso. Sin embargo, mientras tanto acumula otras acusaciones de corrupción.

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En agosto pasado, el general retirado fue ingresado de emergencia en un hospital público tras sufrir complicaciones cardíacas debido al impacto de un balonazo recibido en el pecho cuando practicaba deporte en una cárcel de una base militar en el norte de la capital.

Ese impacto provocó que un cardiodesfibrilador implantado para regular la actividad del corazón -ya reemplazado- emitiera cuatro descargas y con ello corría el riesgo de que el instrumento perdiera potencia, aumentando las posibilidades de un paro cardíaco, explicó en ese momento Marco Barrientos, director del hospital Roosevelt.

Luego Pérez fue llevado al centro médico del Ejército donde el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que era un paciente de “alto riesgo”.

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En marzo, Pérez declaró que temía sufrir una muerte súbita en prisión debido a que padece fibrilación ventricular maligna, la cual produce arritmias controladas con el cardiodesfibrilador.

“Esto no quiere decir que ya no corre peligro, él sigue siendo, como ya lo describió el Inacif en un informe, un paciente de alto riesgo”, declaró Pérez Leal.

La defensa del expresidente ha planteado al juez que comanda el proceso en su contra que le conceda arresto domiciliar, pero ese beneficio no se le ha otorgado.

En el juicio por el fraude del agua mágica  quedó establecido que Roxana Baldetti sí tiene dinero y los medios suficientes para pagarle a su defensor y el Instituto de la  Defensa Pública Penal (IDPP) le estableció un convenio de pago.

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La Defensa Pública Penal no podrá continuar defendiendola de forma gratutia. El estudio comprobó que Baldetti tiene la capacidad de pagar a un defensor.

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Los resultados del estudio socioeconómico solicitado por el juez de Mayor Riesgo “B” Miguel Ángel Gálvez  han establecido que Roxana Baldetti tiene la capacidad económica para pagar su  defensa.

La exvicepresidenta se negó a firmar el convenio de pago que determinó la Defensa Pública que le tendrá que pagar por los servicios. Y pese a que la Defensa Pública no dió detalles sobre el monto establecido explicaron que se le cobrará cuando concluya el Proceso Penal.

Pérez Molina, será operado del corazón el próximo 4 de septiembre en un hospital privado de la zona 13, informó César Calderón, abogado defensor del expresidente.

Pérez Molina, actualmente se encuentra internado en el Hospital Militar, pero este nosocomio no cuenta con los requerimientos para realizar la operación, por ello necesita un hospital privado.

Sin embargo la operación y el traslado deberán ser autorizadas por el Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, no obstante, el defensor expresó sentirse confiado de recibir la autorización del togado.

“Hemos pedido que sea trasladado a un hospital que tiene la capacidad para realizarle la operación”, dijo el defensor. “No puede pasar mucho tiempo, porque en este momento se encuentra desprotegido -Pérez Molina-”, finalizó.

El expresidente Otto Pérez Molina será intervenido quirúrgicamente el 4 de septiembre en un hospital privado, para tratar sus afección cardíaca, según confirma su abogado defensor. pic.twitter.com/Mdx7NFZgAP

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) August 24, 2018

Al expresidente le será implantado un dispositivo denominado cardiodesfibrilador, que puede llegar a tener un valor de Q270 mil, según estimó Calderón. Ofrece a los pacientes la posibilidad de llevar un estilo de vida normal.

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Ante ello el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizar una evaluación médica.