Elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos reforzaron las barricadas de alambre de navaja y de malla en la frontera Juárez-El Paso a pesar de una demanda del Gobierno federal estadounidense para retirar esta barrera que migrantes tildaron de “inhumana” y ambientalistas dijeron que es un riesgo para el ecosistema.

“Es horrible ver esas púas, es algo psicológico que te quedas traumado” dijo la ecuatoriana Érika Macías con su bebé de seis meses en brazos, minutos después de acercarse hasta las barricadas y regresar llena de miedo a que su hijo sufriera lesiones con las navajas de la alambrada.

“De verdad esa alambrada yo la veo como algo inhumano, uno viene luchando desde varios países y uno pasa muchos traumas”, dijo el venezolano Eduardo Díaz mientras veía cómo un grupo de unos 15 migrantes sí logró cruzar la alambrada a pesar del riesgo que implica.

En un claro desafío al Gobierno federal estadounidense, que interpuso el lunes una demanda contra el gobernador de Texas, Gregg Abbot, por la colocación de una barrera de boyas y otra infraestructura en el cauce del río Bravo.

Una docena de militares de la Guardia Nacional estadounidense reforzaron durante esta semana la peligrosa barricada de alambre de navajas justo bajo el puente Internacional Reforma, aumentándola de dos a tres niveles quedando de más de dos metros de altura.

El lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió una orden judicial para impedir que Texas construya barreras adicionales en el río y también solicitó a un tribunal que ordene al estado que derribe las ya existentes por su cuenta.

Aunque la demanda fue puesta a raíz de las boyas, se han colocado estructuras metálicas de malla y alambradas con peligrosas navajas para impedir que los migrantes entren a territorio estadounidense y pidan asilo.

El Departamento de Justicia dice que el gobernador Abbott viola la Ley de Ríos y Puentes, porque la ley federal prohíbe la colocación de barreras u obstrucciones no autorizadas en el río Bravo y otras aguas navegables de Estados Unidos.

“La ley prohíbe la creación de cualquier obstrucción a la capacidad navegable y además prohíbe la construcción de cualquier estructura en dichas aguas sin la autorización correspondiente”, señala el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Tras un viaje de dos meses desde Ecuador Érika dijo que se encontró con una realidad frustrante y desgarradora, parecida a una zona de guerra. Se acercó hasta el pie de las barricadas de alambre de navajas, donde le dio miedo que su hijo de 6 meses pudiera salir herido en el intento de cruzar y mejor se regresó.

“Con una criatura es duro subirse, es muy peligroso para el bebé, más es por él, uno aguanta, pero el niño no. Yo lloré, de verdad, ver tanto sacrificio… imagínese el bebé, yo no quiero verlo sangrar”, agrega con un nudo en la garganta.

Para Eduardo Díaz de Venezuela brincar la peligrosa barricada no es una opción. “Yo no veo de buena manera esas barricadas, a cualquier persona que sea débil le causa un trauma psicológico, hay unos que han fallecido en la selva, los que llegan aquí ven esa barrera y se desmoronan”, agrega el venezolano.

El ambientalista Daniel Delgadillo Díaz, del Frente en Defensa de El Chamizal coincide con una parte de la demanda interpuesta por el Gobierno federal de Texas en que las barricadas representan un gran riesgo.

Sostiene que seguramente hay animales atrapados y lastimados a lo largo de las barricadas de alambre de navajas que van desde la frontera oeste entre Chihuahua y Texas hasta el Valle de Juárez.

Directores de albergues lamentaron que no hay cambios tras el aviso del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés), que prometió el 8 de agosto eliminar el programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), conocido como “Quédate en México”, que el expresidente Donald Trump instaló en 2019.

“La migración siempre va a existir, en este albergue hay 51 migrantes de Honduras y de México. Estamos haciendo trabajos de ampliación, para que haya una capacidad de 200 a 250 personas”, indicó a Efe el pastor Juan Fierro, director del Albergue Pan de Vida en Ciudad Juárez.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró la semana pasada el fin del MPP, que exige a solicitantes de asilo estadounidense esperar su proceso en territorio mexicano.

“Nunca hemos aceptado constituirnos como lo que se conoce como un tercer país, como un campamento de migrantes para esperar a que resuelvan en Estados Unidos”, sostuvo.

Pero en Ciudad Juárez la realidad contradice este discurso, así como en otras partes de la frontera, donde esta política ha impactado a más de 75.000 migrantes, según datos del Comité Internacional de Rescate (IRC, en inglés).

En “ninguna frontera nunca estaremos preparados para esta realidad de migración, hay casos de haitianas embarazadas y no hallan dónde atenderse”, aseveró a Efe el padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez.

Políticas de Texas calan en México

Los activistas y directores de albergue también han denunciado que la frontera mexicana padece los efectos de las políticas más restrictivas que ha implementado el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Calvillo declaró que “el tema migratorio se le salió de las manos a las autoridades de Texas”, que ahora envía indocumentados en autobuses a Nueva York y otros estados liberales de Estados Unidos para ejercer presión.

“El gobernador de Texas es un racista y por eso manda a los migrantes a Nueva York, se los está mandando a Joe Biden por su política migratoria”, comentó.

Mientras que el pastor Fierro señaló que ante esta crisis migratoria que vive la vecina ciudad de El Paso “sería complicado si traen a Juárez a indocumentados, ya que se agravaría la situación de capacidad en todos los albergues de la región”.

La saturación refleja el flujo migratorio récord a Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha interceptado a más de 1,7 millones de personas en lo que va del año fiscal 2022, que se inició en octubre pasado.

Activistas de El Paso alzan la voz

Ante el incremento considerable de migrantes, activistas de El Paso han cuestionado las políticas de Texas.

“Este lunes alrededor de 50 migrantes fueron procesados de este lugar, integrantes de la División de Manejo de Emergencias de Texas y miembros de la Guardia Estatal de Texas, realizaron el procesamiento”, declaró Aracely Lazcano, vocera del Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar, a Efe.

Los activistas denuncian que el edificio del Centro de los Trabajadores Agrícolas Fronterizos fue utilizado para enviar a los indocumentados a diferentes puntos de Estados Unidos.

En la sala de espera, los migrantes escuchan las instrucciones para dirigirse a su nuevo destino.

Uno de los extranjeros que próximamente partirán de este refugio de la estadounidense ciudad de El Paso es Nelvin Valderrama, originario de Venezuela.

“Para llegar aquí tuve muchos contratiempos, crucé un día antes de que se ahogara la niña de Guatemala en el río Bravo (el 22 de agosto), por Ciudad Juárez”, contó.

Mencionó que vio casos de personas que esperaban hasta dos años en Ciudad Juárez para cumplir el sueño americano y tenían que permanecer en México.

Otro de los asilados en este lugar es Ruiai Ruiz, también procedente de Venezuela.

“Desde Chiapas (llegué) a este lugar, pasé por la selva, muy peligroso, allá había muchos muertos migrantes, murieron ahogados”.

A pesar de los obstáculos y la discriminación, señaló que ahora que se encuentra en Estados Unidos, se siente más seguro que en México, al que acusa de ser un país con corrupción, trata de personas y secuestros.

Una familia de guatemaltecos se entregó a la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, EE. UU., y relató que salieron de Petén huyendo de la violencia y la falta de oportunidades, pero luego de 30 días de trayecto su futuro en esa nación es incierta por la vigencia del Título 42, con el que las autoridades fronterizas expulsan a miles de migrantes.

Esta política, que autoriza la expulsión expedita de migrantes a quienes se considere una amenaza para la salud pública, ha llevado al rechazo en la frontera de más de 1.8 millones de migrantes con el argumento del riesgo que representan por la pandemia de covid-19.

Carlos Rivera, vocero de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, dijo a la Voz de América (VOA) que pese a las restricciones que establece el Título 42, miles de migrantes centroamericanos y haitianos siguen llegando a ese paso fronterizo con el propósito de avanzar hacia otros estados de EE. UU.

Recuerda que solo en abril pasado, el cual define como un mes histórico, llegaron a ese lugar más de 30 mil migrantes y refirió que “ese ritmo operacional continúa” en mayo.

Durante el recorrido, la VOA documentó la historia de nueve migrantes de origen haitiano y guatemalteco que se entregaron a las autoridades y quienes relataron el calvario que les ha tocado vivir para llegar hasta ese punto de la frontera, donde se atiende a un promedio de mil migrantes por día.

Entre el grupo de migrantes iba una bebé y otros menores de edad, entre ellos Emily, de 10 años, quien junto a su madre y dos hermanos decidieron dejar Petén porque, según dijo, eran víctimas de la violencia de las pandillas.

“Fue bien difícil, hemos venido caminando todos los días, no hemos podido descansar”, dijo entre llanto Emily.

Agregó que “mi hermano quieren que se meta en cosas malas, pero mi mamá no quiere, queremos una ayuda porque en nuestro país hay mucho peligro”.

En tanto, Yohana, de 38 años y madre de Emily, relató que “le doy gracias a Dios por estar aquí con mis niños. Nos han amenazado que si mi niño no se mete en cosas malas nos van a matar y por eso venimos huyendo desde hace tiempo para estar aquí”.

Sin embargo, el Título 42 sigue vigente y corren el riesgo de ser deportados de forma directa y sin tramite alguno.

En tanto, Rivera agregó que “son tantos los peligros a los que estos migrantes son expuestos, el calor, una caída del muro fronterizo, son extorsionados y se ponen en riesgo al confiar en estas organizaciones criminales que año tras año han demostrado que lo que les importa es lo monetario y no la vida de las personas”.

Fronteras cerradas

Las fronteras de Estados Unidos “no están abiertas” y el país seguirá expulsando migrantes “cuando sea apropiado” bajo el Título 42, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“Estados Unidos continúa aplicando sus leyes de inmigración y las restricciones en nuestra frontera sur no han cambiado”, afirmó el funcionario en un mensaje y video de dos minutos en su cuenta de Twitter.

“Individuos y familias siguen sujetos a las restricciones fronterizas, incluida la expulsión”, añadió.

El Gobierno del presidente Joe Biden había marcado para el 23 de mayo la rescisión de la norma sanitaria conocida como Título 42, activada desde marzo de 2020 por su predecesor, Donald Trump.

Pero un juez federal en Luisiana dejó el viernes pasado en suspenso la decisión de abandonar la aplicación de la norma, en respuesta a una demanda de varios estados.

“Los individuos y familias no deberían poner en riesgo sus vidas al emprender una travesía peligrosa solo para ser devueltos. Los individuos y grupos familiares que sean interceptados seguirán siendo expulsados, cuando sea apropiado, bajo el Título 42″, dijo Mayorkas.

Y aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en el país, también serán expulsados, agregó.

Mayorkas apuntó que la Patrulla Fronteriza ya encara “un número de migrantes a niveles históricos debido a los grandes movimientos de gente que huye de la violencia, la corrupción, la pobreza, el cambio climático y otras tribulaciones”.

“Las cifras podrían aumentar aún más debido a la confusión acerca de recientes órdenes en tribunales, y los contrabandistas siguen divulgando información equívoca para su propio lucro. Estamos preparados”, declaró el funcionario.

“(El Departamento de Seguridad Nacional) está ejecutando su amplio plan, que abarca a todo el Gobierno, para manejar los actuales y potenciales incrementos en nuestra frontera de forma segura, ordenada y humana, congruente con la aplicación de nuestras leyes”, añadió.

Aseguró que las autoridades también están disuadiendo la migración irregular al sur de la frontera “en sociedad con el Departamento de Estado, otras agencias federales y naciones en todo el Hemisferio Occidental”.

La semana pasada la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que sus agentes efectuaron en abril 234 mil 088 detenciones de migrantes indocumentados, un incremento de 5.4 % respecto al mes anterior.

En los seis primeros meses del período fiscal 2022, la CBP ha efectuado 1.3 millones de detenciones, en comparación con los 1.7 millones de todo el período fiscal 2021.

Una copia del informe del arresto de Crusius, obtenida por varios medios estadounidenses, arroja luces sobre su detención y sobre lo que dijo mientras se encontraba bajo custodia policial.

The Washington Post y la agencia Associated Press, que recibieron el informe de la detención firmado por el detective de El Paso Adrián García, informaron que el documento fue redactado al día siguiente del ataque ocurrido en la tienda Walmart.

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El texto describe cómo el sospechoso bajó de su auto con las manos en alto diciendo “yo soy el atacante”, cuando fue detenido por un policía cerca del lugar del crimen.

De acuerdo con el detective García, Crusius renunció a su derecho a contar con un abogado y dijo a la policía que había viajado desde Dallas con un rifle de asalto y muchas municiones.

Al momento de ser arrestado, se entregó sin ofrecer resistencia y desde entonces estuvo hablando y cooperando de forma abierta con la policía, según los investigadores.

“Invasión hispana”

Los funcionarios creen además que Crusius es el autor de un manifiesto publicado en internet en el que denigra a los inmigrantes latinos.

El documento, publicadoen la polémica plataforma 8chan habitualmente utilizado por supremacistas blancos para exponer sus ideas, asegura que el ataque fue una respuesta a lo que llama una “invasión hispana de Texas”.

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El sospechoso pudo comprar legalmente el rifle de asalto AK 47 usado en el ataque y llevarlo hasta dentro de la tienda gracias a las leyes de Texas que permiten portar armas en público.

Este jueves, los abogados de Crusius le dijeron a medios estadounidenses que su madre había llamado a la policía varias semanas antes del ataque para expresar su preocupación por el hecho de que su hijo tuviera un arma.

Autoridades federales evalúan acusar por delitos de odio a Crusius, quien podría enfrentar la pena de muerte si es hallado culpable.

Mientras el presidente Donald Trump viaja a El Paso, Texas, este miércoles, todavía le debe a la ciudad más de 500,000 dólares por los recursos utilizados para un mitin de febrero, además de casi 270,000 (extras) de facturas impagas a ciudades de todo el país.

Según funcionarios de El Paso, la ciudad proporcionó a Trump protección de seguridad, incendios y salud pública para su mitin de “Make America Great Again“, durante la campaña presidencial.

La fecha de vencimiento original de la factura, el 26 de abril, vino y se fue sin recibir el pago.

La campaña de Trump implicaba que El Paso le estaba cobrando de más. Michael Glassner, director de operaciones de la campaña, dijo que la factura de El Paso es diez veces mayor a la cantidad que otras ciudades suelen cobrar para estos eventos.

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Trump debe 270,000 dólares adicionales en pagos de recuperación a otras ocho ciudades, como Erie, Pensilvania y Mesa, Arizona. Algunas de las facturas tienen tres años de antigüedad.

El Paso facturó a Beto O’Rourke 28,000 dólares por el lanzamiento de su campaña presidencial y el pago fue remitido a tiempo.

Las manifestaciones de Trump atraen a miles de asistentes y a veces se vuelven violentas, por lo que requieren más recursos de la ciudad.

Las ciudades tienen una variedad de políticas para quién paga el proyecto de ley durante las visitas de campaña presidenciales. Para los candidatos con detalles del Servicio Secreto, no existe una disposición federal para que paguen a las ciudades por los costos de seguridad. Y no es inusual que las campañas no paguen algunas facturas, tanto Barack Obama como Hillary Clinton no lo han hecho, según CNBC.

En cuanto a Trump, tiene un largo historial de incumplimiento de pagos a contratistas, desarrolladores, trabajadores de la construcción y otras entidades. En general, se puede dejar claro que, las ciudades se sumerjan en los presupuestos de contingencia o se hagan cargo del costo de organizar visitas de campaña.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Forbes Staff.

En la puerta de una de ellas hay un letrero que dice: “Familia García”. En su interior vive un joven de 15 años que hace pocos días perdió a uno de sus mejores amigos en el tiroteo masivo más mortífero de la historia moderna de la ciudad.

Son las siete de la mañana y Román García no tiene ganas de ir a la escuela, la misma en la que todos los días jugaba al fútbol durante la pausa de almuerzo junto a su amigo Javier Amir Rodríguez, quien con tan solo 15 años fue la víctima más joven de la masacre ocurrida el pasado sábado en una megatienda Walmart.

La tarde anterior, Román lloró sin parar por las más de dos horas que duró una ceremonia conmemorativa que la secundaria realizó en honor a su joven amigo.

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“Lo conozco desde los 11 años. Siempre sonreía, no buscaba problemas, siempre llevaba una bolsa de chips o una golosina al salón de clases”, dijo el joven, que al finalizar el acto se deshizo en abrazos con otros de sus compañeros de clase, muchos de ellos con las caras hinchadas de tanto llorar.

Al menos 22 personas, incluidos 8 ciudadanos mexicanos, fallecieron baleados el sábado. Son casi el mismo número de víctimas por homicidio en El Paso durante todo el año pasado (23, de acuerdo a cifras de la policía).

La mayoría de los fallecidos eran de origen hispano, lo que ha provocado que se le califique como el peor ataque contra los latinos en la historia de Estados Unidos.

Días después de la tragedia que sacudió a una ciudad amable y apacible, la vida sigue. Y familias como los García reinician sus rutinas, aunque quede la consternación y preguntas sobre qué lugar ocupan realmente en Estados Unidos.

Una casa en la que conviven México y EE.UU.

La casa de los García, podría decirse, es bien “tejana”: hay fotografías de una fiesta de quinceañera, trofeos al mejor conductor de tractores y una enorme televisión. En la habitación de Román hay un afiche de la virgen de Guadalupe y afuera está estacionada la camioneta pick-up de la familia.

Norma y Ramón García son padres de cuatro hijos, ella es de Ciudad Juárez y él de El Paso. En el hogar conviven el español e inglés. Ramón es conductor de camiones, una profesión a la que se dedican muchos en la ciudad. En su pierna tiene un tatuaje que dice “El Paso” y en el brazo otro que dice “US Navy” junto a un ancla.

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“Él es veterano”, explica Norma. “Es tan americano [estadounidense] como cualquier otro y ha peleado por su país. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que no es blanco?”, continúa con rabia.

Cuando ocurrió el ataque, Norma y varios de sus hijos miraban angustiados las noticias en sus teléfonos. Ahí fue que Román vio una publicación en Instagram que informaba de la desaparición de su amigo Javier.

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“Sus amigos queríamos buscarlo pero nuestros padres nos dijeron que era peligroso. Cuando finalmente supe, estaba devastado”, dice el joven.

Mientras tanto, la hija de seis años de la pareja empezó a llorar y les pedía que no salieran de la casa, según cuenta Norma.

“Siempre ha habido racismo hacia nosotros [los latinos] pero ahora es peor y viene de arriba”, advierte Norma en referencia a declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que han sido tachadas como anti-inmigratorias y denigrantes hacia los latinos.

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“¿Nos tienen miedo a nosotros? Si ves quiénes han sido los atacantes detrás de estos tiroteos, muchos son muchachos blancos”, recalca.

Tras la masacre, Trump urgió condenar “el racismo, fanatismo y el supremacismo blanco”. Pero en esta casa de familia existe la preocupación de que puedan seguir siendo blanco de ataques.

“Nunca había visto algo como esto en 49 años”, lamenta Ramón.

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Además de la poca frecuencia de hechos violentos en una ciudad donde el 83% de sus residentes son de origen latino, la familia argumenta que el ataque fue dirigido a lo que representa el núcleo de una identidad que les enorgullece.

“Para nosotros, Juárez y El Paso son la misma cosa, todos se conocen aquí”, dice Ramón. “Aunque es una ciudad grande, parece un pueblo pequeño”.

Vuelta a la escuela

Con desánimo, Román se viste y se monta en el auto de su madre para ir a la escuela.

En la secundaria de Horizon hay fotografías de Javier Rodríguez pegadas en la puerta y una pancarta naranja con mensajes que honran sus memoria.

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“Es difícil estar aquí porque solía ver a Javier en estos pasillos todos los días y ahora no está”, dice el joven, que comparte el sentimiento con varios de sus compañeros.

De los 1.500 estudiantes del instituto, el 95% son de origen latino. Son jóvenes bilingües que han adoptado elementos de las culturas mexicana y estadounidense.

Román dice que todavía no entiende cómo algo así pudo haberles pasado. Y reflexiona sobre qué hubiese hecho de tener la oportunidad de conocer al atacante antes de que llevara a cabo la matanza.

“Le habría mostrado nuestra cultura para que viera que no somos malas personas”.

Entre lágrimas, se alzaron voces a ambos lados del espectro político para llamar a las autoridades a medir el auténtico peligro, eclipsado largo tiempo por la lucha contra los ataques yihadistas.

“Las vidas perdidas en Charleston, San Diego, Pittsburgh y, seguramente ahora también en El Paso, son las consecuencias del terrorismo nacionalista blanco“, dijo en la televisión Pete Buttigieg, candidato a las primarias demócratas, al aludir a los ataques contra un iglesia negra, dos sinagogas y el del sábado en un centro comercial de Texas.

Un hombre blanco de 21 años, armado con un rifle de asalto, mató a 20 personas, incluidos seis mexicanos, cerca de un supermercado en El Paso, una ciudad con 85% de su población de origen hispano ubicada en la frontera con México.

Un manifiesto, atribuido al tirador y que circulaba en Internet, denuncia “una invasión hispana de Texas” y evoca los tiroteos que llevó a cabo un supremacista blanco en mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, el 15 de marzo, con saldo de 51 muertos.

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El tiroteo de El Paso es abordado como un caso de “terrorismo doméstico”, anunciaron las autoridades federales.

Trece horas después del ataque de El Paso, un hombre blanco de 24 años sembró terror en Dayton, Ohio, matando a nueve personas en menos de un minuto. Su hermana está entre las víctimas y sus motivos no estaban claros en lo inmediato.

“Diabólico”

“Aquí hay dos factores que se combinan“, continuó Pete Buttigieg en su análisis en la cadena Fox News: “Por un lado, la debilidad de las políticas reguladoras del mercado de armas y, por otro, el aumento del terrorismo interno inspirado por el nacionalismo blanco”.

“No podemos proteger a Estados Unidos de esta amenaza si no estamos listos para nombrarla“, afirmó el joven alcalde de South Bend, Indiana. “El gobierno debe dejar de fingir que es solo una casualidad y que no se puede hacer nada“, acotó.

El presidente Donald Trump calificó el tiroteo en El Paso como un “acto de cobardía”, sin aludir a los supuestos motivos del sospechoso. Y el alcalde republicano de El Paso, Dee Margo, redujo la tragedia al acto de un “hombre trastornado y puramente diabólico”.

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Pero incluso para algunos republicanos, esta explicación ya no es suficiente.

“La lucha contra el terrorismo ya es una prioridad, creo que debería incluirse una firme oposición al terrorismo blanco”, escribió en su cuenta de Twitter el político George P. Bush, sobrino del expresidente George W. Bush y Comisionado de la Oficina General de Tierras de Texas. “Esta es una amenaza real y presente”, agregó.

“El supremacismo blanco, como cualquier otra forma de terrorismo, es un flagelo que debe ser destruido”, tuiteó la propia hija del presidente, Ivanka Trump.

“Identidad blanca”

En 2017 y 2018, según el New America Analysis Center, la violencia de extrema derecha se ha cobrado más vidas en Estados Unidos que los propios ataques yihadistas.

Pero las autoridades, que se habían centrado en la lucha contra la amenaza yihadista después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, han reaccionado lentamente.

“Incluso bajo el gobierno del demócrata Barack Obama, los servicios de inteligencia a menudo han ignorado las amenazas de extrema derecha por razones políticas“, escribió el analista Robert McKenzie en marzo.

El jefe de la policía federal FBI, Christopher Wray, se defendió en abril al afirmar que sus servicios estaban “muy activos” ante la amenaza de los supremacistas blancos. “El año pasado, llevamos a cabo más arrestos relacionados con el terrorismo doméstico” que ligados al “terrorismo internacional”, agregó.

Pero las dudas persisten debido a la actitud de Donald Trump.

El presidente, que se ha hecho eco de la idea de una “invasión” de inmigrantes y lo repite continuamente, se negó a condenar las violentas manifestaciones de derecha en Charlottesville en agosto de 2017 y recientemente llamó a cuatro legisladoras demócratas de minorías a “regresar” a sus países.

“El presidente en persona promueve el racismo y la supremacía blanca“, dijo la senadora Elizabeth Warren, que aspira a la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de 2020.

El excongresista Beto O’Rourke, que también corre en esa interna, fue aún más lejos al afirmar que Trump “es un racista y azuza el racismo en este país. Y no solo ofende nuestras sensibilidades, sino que fundamentalmente cambia el carácter de este país y lo lleva a la violencia”.

“Una madre muy joven de 25 años recibió múltiples disparos y fue asesinada, utilizó su cuerpo para escudarlo”, confirmó la congresista de Texas, Verónica Escobar, según lo señalado por AFP.

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Jordan Anchondo era un madre de tres niños, dos niñas de 6 y 5 años y un bebé de dos meses, ella se convirtió en una de las 20 víctimas mortales del ataque armado perpetrado por Patrick Crusius, aparentemente un supremacista blanco, en un supermercado de la ciudad fronteriza de El Paso frecuentado por hispanos.

Anchondo se encontraba junto a su esposo comprando útiles escolares para sus hijos mayores cuando ocurrió la balacera. El bebé de dos meses fue identificado como Paul Gilbert se encuentra hospitalizado con huesos rotos después de que su madre cayera al suelo protegiéndole. “Está vivo porque ella se sacrificó por él“, dijo Leta Jamrowski, hermana de Jordan a medios locales.

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Qué se sabe de los tiroteos

Dos tiroteos masivos en dos ciudades diferentes en menos de 24 horas se cobraron las vidas de 29 personas en Estados Unidos. He aquí lo que se sabe sobre ambas masacres, sus autores y sus motivaciones.

El niño de origen guatemalteco falleció poco antes de la medianoche del 24 de diciembre tras haber presentado síntomas de una enfermedad infecto contagiosa -que no fue especificada- durante la jornada.

El menor fue identificado por las autoridades guatemaltecas como Felipe Gómez. Tenía ocho años y había salido junto a su padre, Agustín Gómez, de la localidad indígena maya-chuj de Nentón, en el departamento de Huehuetenango, en el oeste del país, cerca de la frontera con México.

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El comisionado del servicio de vigilancia de fronteras de Estados Unidos (CBP), Kevin K. McAleenan, dijo que la agencia es incapaz de gestionar la llegada de miles de personas y que sus recintos fueron construidos hace décadas pensados para albergar a hombres que cruzaban solos la frontera.

Pedido de ayuda

“Necesitamos ayuda del Congreso. Necesitamos un presupuesto para cuidados médicos y mentales para los niños que están en nuestras instalaciones”, dijo McAleenan a la cadena CBS News.

El funcionario indicó que espera que para el final del año 25.000 niños migrantes estén detenidos en instalaciones estadounidenses, un nivel sin precedentes.

“Es un flujo enorme, esto es muy diferente de lo que hemos visto antes“, afirmó el comisionado, y agregó que la epidemia estacional de gripe supone un desafío con respecto a la capacidad de las autoridades para velar por el bienestar de los menores.

Las últimas horas de Felipe, el segundo niño que muere en custodia

Según información del ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, el niño y su padre fueron detenidos el 18 de diciembre tras haber cruzado clandestinamente la frontera hacia Estados Unidos por la ciudad de El Paso, en Texas.

El día 23 habían sido trasladados a la estación de Alamogordo, en el estado vecino.

El lunes 24, Felipe Gómez fue transferido a un centro hospitalario tras mostrar síntomas de enfermedad.

El personal le diagnosticó un resfriado común y más tarde descubrió que tenía fiebre. Fue dado de alta a mitad de la tarde, con recetas de ibuprofeno y amoxicilina.

Más tarde, tuvo que volver al centro de salud tras presentar nauseas y vómitos y finalmente murió poco antes de la medianoche.

Controles a todos los niños

Esta muerte se suma al fallecimiento el 8 de diciembre de la niña guatemalteca Jakelin Caal en el hospital de El Paso, Texas, por causas todavía no esclarecidas, tras haber sido detenida junto a su padre el 6 de diciembre luego de cruzar ilegalmente la frontera desde México.

Tras la muerte del segundo menor, McAleenan anunció que la agencia estaba “realizando controles médicos secundarios a todos los niños bajo el cuidado y custodia de CBP” y “revisando sus políticas con especial atención al cuidado y custodia de niños menores de 10 años”.

El funcionario agregó que el CBP estaba considerando buscar apoyo médico de otras agencias, entre ellas la Guardia Costera y el Departamento de Defensa estadounidenses.

“El CBP también está coordinando con los Centros para el Control de Enfermedades el número de niños bajo custodia”, señaló.

El caso de Jakelin Caal generó indignación en Estados Unidos y una delegación de congresistas que visitó las instalaciones donde estuvo detenida la niña denunciaron “fallos sistémicos” en el proceso y condiciones de higiene deplorables.

“Rendir cuentas”

Martin Heinrich, el senador demócrata de Nuevo México, el estado donde murió el menor, exigió explicaciones al gobierno de Donald Trump.

“Yo exijo de manera urgente que se conozcan más detalles. Pero el gobierno de Trump debe rendir cuentas por la muerte de este niño y por todas las vidas que han sido puestas en peligro con este caos intencional y con su menosprecio por la vida humana“, dijo en Twitter el legislador.

Heartbroken and sickened by this news. I am urgently demanding more details, but the Trump administration must be held accountable for this child’s death and all the lives they have put in danger with their intentional chaos and disregard for human life. https://t.co/kx3RtPAlLJ

— Martin Heinrich (@SenatorHeinrich) December 25, 2018

Al Green, representante por Texas a la Cámara de Representantes, quien formó parte de una delegación que visitó las instalaciones donde murió Jakelin Caal, se expresó en contra de la construcción del muro en la frontera con México.

“Señor presidente, ¿cuántas vidas deben perderse antes de que reconozcamos la magnitud de esta crisis humanitaria. Un muro no va a arreglar esta tragedia humana“, dijo.

Para contener la inmigración, Trump quiere construir un muro en la frontera con México cuyo presupuesto de unos 5.000 millones de dólares es objeto de pugna con la oposición demócrata que ha provocado un cierre parcial del gobierno federal desde el sábado. El presidente prometió que no cederá hasta que consiga los fondos para el muro.