La exvicepresidenta Roxana Baldetti declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, previo a la sentencia en el caso La Línea, programada para el próximo 7 de diciembre.

Al igual que el expresidente Otto Pérez Molina, previo a ingresar a la audiencia, declaró ante los medios que no existían pruebas suficientes para recibir una condena.

Coincidió también con el exmandatario al señalar a su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón; en hacer críticas al exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez; sobre el actuar del exjuez Miguel Ángel Gálvez; y también del exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Baldetti dijo que también tenía en su poder una carta escrita a mano de Monzón. “En la carta me decía que si no lo dejaban de perseguir con el presidente, porque recién habían allanado una casa en la Antigua, entonces que (sería) mi familia la que iba a pagar las consecuencias”.

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Refuta acusación por caso La Línea

Según la exvicemandataria, el Ministerio Público no “pudo quebrantar” su presunción de inocencia y por ello les solicitaba a los jueces que la absolvieran de los cargos en su contra por el caso La Línea.

Baldetti dijo que la exfiscal general Thelma Aldana, la acusó porque tenía una “ambición política”, pero que había invalidez en los señalamientos. Como ejemplo, la acusada mencionó el caso IGSS-Pisa, del cual la Corte de Constitucionalidad anuló recién la sentencia.

Sobre Velásquez, Baldetti recordó cuando Pérez Molina la convocó a una reunión para conocerlo. “Vino a desarticular estructuras paralelas, no para perseguir políticos”, aseveró.

De acuerdo con lo que Baldetti declaró, fue el exbinomio presidencial que precisamente requirió a Velásquez su intervención en las aduanas porque requerían un mayor control. “Por eso había necesidad de meter a la CICIG, según nosotros”, añadió.

Según la exvicemandataria, tanto a ella como al presidente se les comunicó que había un trabajo de lobby en Washington para “hacer creer que el gobierno (del Partido Patriota) era corrupto”.

Recuerda inicio de las manifestaciones en la Plaza

Al observar la primera protesta en la Plaza de la Constitución, Baldetti dijo que le pidió al entonces presidente, que le autorizara llevar a 40 mil personas vestidas de anaranjado. “Pero me que dijo no. Me respondió: ‘yo firmé la paz y si nosotros ponemos a confrontar al pueblo de Guatemala, aquí lo que va a pasar es otra guerra'”.

Baldetti dijo que no conforme, le insistió al mandatario. “Las revoluciones llevan muertes, ponga dos tanques en cada esquina, saquemos a las familias y digámosle al pueblo de Guatemala y que les están mintiendo. Pero me dijo: ‘no puedo porque yo firmé la paz'”.

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Seguidamente, según dijo, le hizo otro ofrecimiento. “Le dije: ‘se lo pongo más fácil'” y entonces le ofreció su renuncia  al cargo.

Según explicó, de igual manera desde “días antes el embajador me pidió la renuncia violentando el derecho de todos los guatemaltecos porque ellos votaron por mí”.

Señalamiento de caletas y su inocencia

“Todo mundo cree que tenemos caletas guardadas por todos lados”, añadió en su declaración.

Baldetti dijo que su hijo le comentó que uno de los investigadores, al llegar a su vivienda, le dijo que “había que partir la casa en dos porque tú (Baldetti) tenía enterrado el dinero en la casa […] Rompieron la casa”, agregó.

De la misma manera que Pérez Molina, Baldetti agradeció también a los jueces del Tribunal por su paciencia “al escuchar a cada uno de los acusados” y no permitir “que a nadie se les acercara para influir”.

“Les pido una sentencia de carácter absolutoria porque de verdad soy inocente”, dijo al finalizar.

La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) efectúo este lunes 4 de octubre varios allanamientos en Palín, Escuintla, y Fraijanes, Guatemala, en seguimiento de una investigación que surgió luego de una querella presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en la que se señala la comisión del delito de defraudación tributaria, informaron fuentes oficiales.

Durante los allanamientos se logró la aprehensión de Josué Carlos Enrique Chinchilla Cruz y Linda Mariela Rivera Alfaro, a quienes las autoridades sindican de los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

De acuerdo con la investigación, durante el período auditado -que no se especifica, Chinchilla hizo varias ventas; sin embargo, sus declaraciones juradas, pagos mensuales del IVA y pagos trimestrales del ISR fueron presentadas con valor cero, “es decir, omitió reportar sus ingresos durante el referido período”, señaló la Fiscalía.

De momento la Fiscalía no hay revelado a cuánto asciende la cantidad defraudada y si en este caso hay más personas implicadas; además, no dieron a conocer el tipo de actividad por medio de la cual los sindicados defraudaban al fisco.

La presentadora de televisión peruana Laura Bozzo se encuentra en el ojo del huracán en México, acusada por un presunto delito fiscal, con un estado de salud supuestamente delicado y sobre la que ahora pesa una orden de búsqueda internacional lanzada por la Interpol.

Fuentes diplomáticas mexicanas confirmaron este miércoles 29 de septiembre a EFE que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió la semana pasada una ficha roja para capturar a Bozzo, de 69 años y con nacionalidad peruana, mexicana e italiana.

El periplo arrancó el pasado 11 de agosto, cuando un juez mexicano impuso prisión preventiva a la polémica presentadora de televisión por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (602 mil 4 dólares) al vender un inmueble embargado por el fisco.

La Fiscalía General de la República (FGR) cree que Bozzo vendió el inmueble para pagar una deuda, con lo que incurrió en el delito de “depositario infiel” por el que podría ser castigada de tres a nueve años en prisión.

Al no presentarse voluntariamente en el penal del municipio de Almoloya de Juárez, en el céntrico Estado de México, un juez federal ordenó el pasado 18 de agosto la captura de la presentadora, quien está en paradero desconocido.

La defensa de Bozzo intentó frenar la orden de arresto alegando problemas de salud de la presentadora, pero la petición fue rechazada por el juez.

Según medios locales, su abogado, Diego Ruiz, explicó que la presentadora “está bastante gravita”, pues sufre un enfisema pulmonar muy avanzado debido a su adicción al tabaco, además de una depresión diagnosticada.

Desde la semana pasada, los 195 países que integran la Interpol cuentan con una orden de búsqueda y captura contra Bozzo.

Este no es el primer conflicto que Bozzo tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, puesto que en 2018 fue acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos (853.007 dólares), al no haber pagado varios impuestos.

En aquel entonces, Bozzo aseguró ser “muy bruta para los impuestos” y que se trataba de un problema derivado del mal manejo de algunos de sus contadores.

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Bozzo ha protagonizado otras polémicas en México, donde vive desde 2009, como cuando recibió en 2019 un doctorado honoris causa en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México o cuando en 2013 utilizó un helicóptero de las autoridades para sobrevolar las zonas afectadas por el huracán Manuel.

La conductora conoció la fama en México gracias a su programa “Laura en América” (1998-2008), grabado en su natal Perú, en donde la también abogada atendía casos de violencia familiar, adulterio y adicciones.

El programa fue criticado en diversas ocasiones por la ridiculización, violencia e insultos hacia los participantes. EFE

La División de Interpol notificó al Ministerio Público (MP) de la activación de la difusión roja internacional contra Francisco José Barrios Hernandez, quien tiene orden de captura vigente por delitos tributarios.

Según el ente investigador, la defraudación al fisco es de al menos Q150 millones.

El 7 de diciembre 2020, Autoridades del MP y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informaron respecto de un caso de supuesta defraudación tributaria por parte de una cadena de supermercados.

Las ventas no estaban declaradas ante la SAT; además, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las ventas no habría sido pagado en los últimos años.

A decir de las autoridades, se usó una red de compañías para evadir los impuestos, pues el “pago se podría decir que es cero”,

La SAT detectó declaraciones erróneas y se les notificaba la información, pero hubo resistencia a la fiscalización, según las autoridades.

En esa oportunidad, Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), indicó que se inició una investigación luego de una denuncia presentada por la SAT en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, Sociedad Anónima, que opera los supermercados conocidos con el nombre comercial “La Barata”.

Según cálculos de la SAT, el 35 % de ingresos del contribuyente corresponden a operaciones pagadas con tarjeta de crédito o débito.

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El fiscal añadió en esa ocasión que la entidad se negaba en varias ocasiones y desde hace años, a proporcionar información a la SAT y no había  sido posible una auditoría sobre las ventas en las que el medio de pago es el efectivo, lo que podría acrecentar significativamente el monto de lo defraudado.

Sandoval añadió que se solicitó orden de detención en contra de Francisco José Barrios Hernández, por el delito de defraudación tributaria.

Barrios es representante legal y vinculado a la propiedad de los negocios.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó este miércoles 7 de abril de los resultados obtenidos en el plan de fiscalización en Semana Santa.

Los operativos fueron para verificar la emisión y entrega de facturas, como el cumplimiento de otras obligaciones tributarias de los contribuyentes por la alta demanda en sus operaciones comerciales durante el reciente asueto.

El superintendente Marco Livio Díaz detalló que se efectuaron al menos 15 mil 297 acciones a escala nacional.

De estos operativos, 5 mil 123 se registraron en la región central, 3 mil 581 en occidente, 3 mil 71 en nororiente y 3 mil 552 en el sur.

Los auditores detectaron el mayor incumplimiento tributario en restaurantes, discotecas y tiendas de consumo, por lo que aplicaron 116 sanciones, 75 actas administrativas para cierre de negocios y multas por infracciones tributarias. También se iniciarán con 77 solicitudes de información bancaria

Los principales lugares inspeccionados y sancionados por la SAT durante la Semana mayor fueron turicentros y balnearios.

La SAT agregó que 16 contribuyentes no tenían vigente la autorización de facturas, 13 no cumplían con los requisitos establecidos en la factura y 75 que no estaban facturando.

Entre las sanciones a negocios están cierres temporales de 10 a 20 días y multas que todavía no están cuantificadas.

El objetivo es que los contribuyentes regularicen su situación, algo que determinará un juez, quien puede determinar una sanción económica.

Con información de La Red

El Ministerio Público (MP) informó que luego de allanamientos por la Fiscalía de Delitos Económicos en inmueble en la colonia Aurora II zona 13 y colonia Tecún Umán, zona 15 de Guatemala, se secuestró documentación que contribuirá con la investigación que se deriva de una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El MP añadió que por este caso se giró orden de captura contra la representante legal de la entidad Show Business, Sociedad Anónima, Jenny Lissete Berganza Radfor quien se encuentra prófuga.

Berganza Radfor es señalada de casos especiales de defraudación tributaria.

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De acuerdo con la investigación, la entidad efectuó tres presentaciones artísticas en el 2005 y 2006 y al verificar la SAT el cumplimiento de las obligaciones tributarias se estableció por medio de auditorías que las ventas y servicios declarados por los proveedores eran inferiores a los servicios prestados.

También se estableció variación del formato de las facturas presentadas en tamaño, letra, y cantidades.

Se determinó que el monto defraudado es de Q1 millón 97 mil 557.40, más multa e intereses, lo cual asciende a más de Q2 millones, que dejó de percibir el Estado por los tres eventos prestados

Autoridades del Ministerio Público (MP) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informaron este lunes 7 de diciembre respecto de un caso de supuesta defraudación tributaria por parte de una cadena de supermercados.

Marco Livio Díaz, superintendente de la SAT, informó que se trata de una investigación conjunta y que se efectuó una auditoría con herramienta de verificación de cumplimiento.

Añadió que las compras que reportan los contribuyentes se comparan con las ventas de una empresa y la entidad investigada no generaba pago de impuesto.

Dijo que las ventas no estaban declaradas ante la SAT.  El Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las ventas no habría sido pagado en los últimos años.

Para este caso la primera acusación es referente a tarjetas de crédito de las cuales no se pagó el IVA.

Lo que la entidad compraba a los proveedores era superior al movimiento de las tarjetas de crédito.

En ese sentido, está la posible comisión de delitos en contra del régimen tributario y que habría afectado la economía nacional.

Según cálculos de la SAT, el 35 % de ingresos del contribuyente corresponden a operaciones pagadas con tarjeta de crédito o débito.

Díaz añadió que la cadena de supermercados está integrada por unas 35 tiendas, y tampoco ha reportado ventas al contado.

La SAT detectó declaraciones erróneas y se les notificaba la información, pero hubo resistencia a la fiscalización.

Se les notificaba por un tribunal y pagaban una pequeña multa, luego cambiaban de razón social y hacían otras empresas hasta formar un esquema.

A decir de las autoridades, se usó una red de compañías para evadir los impuestos, pues el “pago podría decir que es cero”, resaltó Díaz.

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Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), indicó que se inició una investigación luego de una denuncia presentada por la SAT en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, Sociedad Anónima, que opera los supermercados conocidos con el nombre comercial “La Barata”.

Añadió que la entidad se ha negado en varias ocasiones y desde hace años, a proporcionar información a la SAT y no ha sido posible aún auditoría sobre las ventas en las que el medio de pago es el efectivo, lo que podría acrecentar significativamente el monto de lo defraudado.

Sandoval explicó que de acuerdo con la auditoría practicada por la División Fiscalizadora de la Gerencia Regional de la SAT, entre 2017 y 2019 el contribuyente tuvo ventas por el valor neto de Q427 millones 330 mil 530.70 provenientes de retenciones practicadas por las empresas operadoras de tarjetas de crédito.

La defraudación al fisco asciende un monto estimado de Q150 millones 420 mil 347.07 (Q43,587,714.39 de Impuesto al Valor Agregado y Q106,832,632.68 de Impuesto sobre la Renta), informó el MP.

Sandoval señaló que al requerir la información de las ventas el escudo de la cadena de supermarcados era que debido a la pandemia no había personal que diera la información, aunque este negocio nunca cerró, pues vende artículos de primera necesidad.

Indicó que el 2 de diciembre hubo una serie de diligencias, pues la investigación estaba en reserva, la cual fue levantada dos días después.

Entidad está intervenida

A requerimiento de la SAT se decretó la medida cautelar de intervención, habiendo discernido el cargo a quien fungirá en dicha calidad.

Sandoval añadió que se solicitó orden de detención en contra de Francisco José Barrios Hernández, por el delito de defraudación tributaria.

Barrios es representante legal y vinculado a la propiedad de los negocios. Según el MP, está prófugo.

El superintendente Díaz agregó que las ventas con tarjetas de crédito representan el 35 por ciento de ingresos de la entidad investigada y se toma en cuenta el porcentaje, lo que podría indicar que durante unos seis años no habrían pagado impuestos.

Dijo que la investigación aún empieza y se investigará a personal de la SAT, porque debió darse cuenta de lo que pasaba.

Mientras que Sandoval, añadió que la bodega donde está la información contable fue clausurada. También la Fiscalía tuvo acceso a periodos anteriores y requerirá a la SAT que se amplíe el periodo de la auditoría.

Sandoval explicó que la Feci investiga el caso en virtud del acuerdo 59-2019 y debe ser autorizada por la fiscal Consuelo Porras.

Para el caso MP/FECI requirió el control jurisdiccional de la investigación a la judicatura de delitos tributarios y autorización judicial para requerir información a entidades bancarias. @MPguatemala @SATGT pic.twitter.com/em8g7TUc9d

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 7, 2020

Anunció que la investigación continúa, pues debe ser completa y compleja. No descartó la posibilidad de que haya más personas implicadas.

Además, se verificará si hay un posible esquema de lavado de dinero.

Díaz indicó el negocio seguirá operando mientras se determinan los montos de la supuesta defraudación.

La SAT detectó el desarrollo de un esquema de creación de compañías para auto facturarse, lo que implica un delito de apropiación indebida de tributos y por eso la petición de captura de los representantes legales y la intervención de la entidad.

Hay otras investigaciones en curso, pues se busca fiscalizar a aquellos que han creado esquemas para no pagar impuestos y aunque estén en la base de datos no han sido visibles.