El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Delitos Económicos y con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuó allanamiento, inspección y registro en tres inmuebles en Chiquimula y Puerto Barrios, Izabal.
Los operativos se realizaron en seguimiento a una investigación que inició tras una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por defraudación tributaria de más de Q5 millones en perjuicio del Estado.
Durante el operativo se coordinó la aprehensión de Débora Betzaida Choc Hernández; además, se secuestró documentación contable que permitirá fortalecer la investigación, según el ente investigador.
De acuerdo con la Fiscalía, la SAT hizo una auditoría a los establecimientos Importadora y Exportadora María Guadalupe y Agencia de Trámites Aduanales Getsemaní, propiedad de Choc Hernández.
No hubo registro
Mediante la auditoría y de la investigación del MP se determinó que no registró en sus libros contables, ni reportó en sus declaraciones juradas y pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado.
Tampoco hay registro de su declaración jurada y pago anual del Impuesto Sobre la Renta, como haber realizado transferencias y exportaciones a Honduras, mediante Facturas y Declaraciones Únicas Centroamericanas y a través de Formularios Aduaneros Únicos Centroamericanos.
Tampoco reportó haber efectuado adquisiciones e importaciones a Honduras, siendo que los bienes adquiridos, tampoco fueron registrados en el inventario final, por lo que estos fueron vendidos en Guatemala sin haberse emitido las facturas de ventas respectivas.
Según la investigación, se determinó que ocultó ingresos de forma fraudulenta por ventas no registradas ni declaradas, derivado de adquisiciones realizadas por medio de Factura y Declaraciones Únicas Centroamericanas e importaciones a través de Formularios Aduaneros Únicos Centroamericanos.
Las anteriores acciones conllevaron a que la contribuyente en beneficio propio dejara de declarar ante la administración tributaria la totalidad de sus ingresos percibidos durante el período objeto de fiscalización, habiendo ocultado de manera dolosa su débito fiscal.
Esto provocó un perjuicio en la recaudación impositiva del Estado de Guatemala por un monto de más de Q5 millones más multa e intereses, en perjuicio del Estado de Guatemala.
