El senador estadounidense Tim Kaine, presidente del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, visitará Guatemala a finales de este semana junto a una delegación bicameral del Congreso para reunirse con autoridades electas, representantes del sector privado e integrantes de la sociedad civil para hablar de democracia, estabilidad, migración, crecimiento económico y seguridad, informó el Gobierno de EE. UU.

De acuerdo con un comunicado compartido por el Gobierno estadounidense, Kaine, excandidato a la vicepresidencia de EE. UU., encabezará la delegación integrada por los senadores Dick Durbin, Jeff Merkley, Peter Welch y Laphonza Butler; además, lo acompañarán las representantes estadounidenses Norma Torres y Delia Ramírez, ambas de origen guatemalteco.

“Durante sus reuniones, los legisladores abordarán estrategias para fortalecer la prosperidad y seguridad en la región, y resaltarán la importancia de la gobernanza democrática y el Estado de derecho”, dice el documento que, además, agrega que “mantener la democracia y la estabilidad política en Centroamérica es fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad de nuestras fronteras”.

El comunicado resalta que la visita de la delegación del Congreso estadounidense a Guatemala se produce “en un momento crítico para la democracia del país” y en medio de protestas ante acciones del Ministerio Público (MP) en contra de los resultados electorales, que le dieron la victoria como presidente de la República a Bernardo Arévalo de León.

Resalta que entre las acciones de la Fiscalía están “los allanamientos a las instalaciones que albergan el material electoral, la apertura de cajas con las papeletas electorales, la intimidación de manifestantes pacíficos, entre otros actos descarados”.

“El Ministerio Público también ha presentado cargos espurios contra el presidente electo, Bernardo Arévalo; la vicepresidenta electa, Karin Herrera; y otros funcionarios, y ha intentado despojarlos de su inmunidad”, dice la misiva.

Agrega que “mientras el presidente Alejandro Giammattei ha reconocido públicamente la victoria electoral de Arévalo, el Ministerio Público continúa intentando sistemáticamente socavar la transición electoral y realizando investigaciones selectivas contra el partido del presidente electo y otros defensores de la democracia”.

En noviembre pasado, los senadores Kaine, Durbin, Merkley y Welch condenaron los “ataques a la democracia en Guatemala y resaltaron que estas acciones son desestabilizadoras para toda la región”.

Se informó que la delegación también viajará a Honduras.

Un grupo de congresistas estadounidenses pidieron este miércoles 16 de noviembre a la Administración de Joe Biden un apoyo “inequívoco” a quienes luchan por defender la democracia en Guatemala, al considerar que la erosión de la situación en el país afecta a Estados Unidos.

La resolución está encabezada por Norma Torres y Albio Sires, integrantes demócratas de la Cámara de Representantes y de origen guatemalteco y cubano, respectivamente.

“Guatemala está en una encrucijada peligrosa. Mientras su gobierno continúa atacando la libertad de prensa, un poder judicial independiente, a las comunidades marginadas y otros derechos humanos básicos, Estados Unidos debe ofrecer su apoyo inequívoco a quienes trabajan para reforzar su frágil democracia y defender el estado de derecho”, dijo Torres en un comunicado.

Su resolución solicita al Departamento de Estado y al del Tesoro que se aseguren de que no se utilizan recursos estadounidenses para apoyar a actores corruptos mediante una investigación a oficiales guatemaltecos, legisladores o empresarios, entre otros, que hayan participado en “actos destacados de corrupción o abusos de los derechos humanos”.

En caso necesario, reclama que se congelen sus activos en Estados Unidos.

El texto también insta a garantizar que no se concedan préstamos o ayudas a personas o entidades responsables de corrupción, financiación ilícita de campañas políticas o violaciones de los derechos humanos, y promueve revisar lo ya concedido para tener claro que no pone en riesgo a defensores de los derechos humanos.

Ese reclamo conjunto urge igualmente al Departamento de Estado y al de Defensa a que revise y de ser necesario postergue la asistencia y el entrenamiento a las fuerzas del orden guatemaltecas hasta tener claro que el Ejecutivo de ese país da pasos efectivos para investigar y llevar ante la Justicia a agentes implicados en corrupción y abusos.

Su revisión de las relaciones bilaterales reclama además que se compruebe hasta qué punto Guatemala cumple el Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE. UU., que entre sus cláusulas incluye la de no contar con suministradores implicados en actividades ilegales o fraudulentas.

“El deterioro de la situación en Guatemala tiene un impacto directo en Estados Unidos, con miles de solicitantes de asilo huyendo del miedo constante a la violencia y embarcándose en el peligroso viaje por nuestra frontera sur”, sostuvo Torres.

Con esta resolución, según añadió Sires en esa nota, se llama la atención sobre la situación en el país apoyando “a quienes lo han arriesgado todo para mejorar las condiciones para la siguiente generación”.

Su texto recuerda a modo de ejemplo que “al menos” seis fiscales anticorrupción han sido detenidos por las autoridades guatemaltecas con cargos “frívolos” o que en 2021 se registraron “al menos” 179 ataques contra líderes indígenas y agrícolas que defendían su territorio.

Celebraron la resolución

En tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés) señaló en su página web y redes sociales que organizaciones de la sociedad civil celebraron la resolución de la Cámara de Representantes de EE. UU. “para restaurar el Estado de derecho en Guatemala”.

“Organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos celebran la resolución sobre Guatemala presentada el 16 de noviembre por los congresistas Norma Torres, Albio Sires, Chuy García, Jim McGovern y Joaquín Castro en la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, refiere la publicación de WOLA.

Añade que “Nos preocupa profundamente la captura del sistema judicial de Guatemala por parte de actores corruptos y que ha obligado a numerosos jueces y fiscales honestos a huir del país. Nos preocupa igualmente el grave cierre del espacio cívico que afecta a las personas líderes indígenas, defensoras de los derechos humanos y a periodistas en Guatemala que se enfrentan a amenazas, ataques y acusaciones falsas que a menudo les obligan a exiliarse”.

Se solicitó una postura al Gobierno de Guatemala, pero al cierre de esta edición la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no había respondida la consulta.

Con la Resolución sobre #Guatemala, el gobierno de EEUU tomó medidas para defender el estado de derecho

@WOLA_org y nuestros socios apoyamos la resolución y a las personas que trabajan por la justicia y el futuro de su país

Declaración: https://t.co/yjjNRZRQVa https://t.co/VDHZrGerth

— WOLA (@WOLA_org) November 16, 2022

El Departamento de Estado de los Estados Unidos respondió a la carta que el congresista Eliot Engel envió el pasado 7 de septiembre, relacionado con la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala, (CICIG).

La misiva señala que EE.UU. se opone a que los Estados utilicen el proceso de persona no grata contra funcionarios de las Naciones Unidas. Además esperan que se permita a la CICIG cumplir con su trabajo hasta el final de su mandato.

En el texto se lee que Estados Unidos mantiene el apoyo a una CICIG reformada y que monitorean el proceso del Gobierno de Guatemala en la lucha contra la corrupción e impunidad, pues creen que los altos niveles de corrupción contribuyen a la inseguridad, dificultad en el crecimiento económico y provocan la inmigración ilegal hacia los EE.UU.

La carta también hace referencia a que el 6 de septiembre, el Secretario Mike Pompeo tuvo una conversación con el Presidente Jimmy Morales y conversaron sobre la importancia de continuar de la cooperación en la lucha contra la corrupción e impunidad. Además de comprometerse a implementar reformas el próximo año.

Se intentó obtener la postura del Gobierno de Guatemala sobre la carta del Departamento de Estado, pero hasta el momento el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, no ha respondido a las llamadas.

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El representante Eliot L. Engel, miembro de rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y Representante Albio Sires (D-NJ), así mismo miembro de rango del Subcomité de la Cámara de Representantes en el Hemisferio Occidental, se pronunció en favor de la CICIG, así mismo felicitó a la nueva Fiscal General del MP electa.

Por medio de la carta de Engel este también señala que rechazan los esfuerzos para deslegitimar a la CICIG así mismo que  continua apoyando al Comisionado Iván Velásquez.

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“Felicitamos a María Consuelo Porras Argueta por su nombramiento como la próxima Fiscal General de Guatemala y esperamos apoyar a su oficina en su continua lucha contra la corrupción y la impunidad” señala el comunicado.

Además de ello Engel también señaló que “En los últimos años, los procuradores generales guatemaltecos se han asociado con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para dejar en claro que no hay lugar para la corrupción en el país, y nadie está por encima de la ley. Estas acciones han transformado la sociedad guatemalteca y han provocado un fuerte apoyo bipartidista del Congreso de los Estados Unidos. También han convertido a la CICIG y la Procuraduría General en una de las instituciones más confiables de Guatemala.”

“Rechazamos todos los esfuerzos para deslegitimar a la CICIG y continuar apoyándonos con su comisionado Iván Velásquez y la oficina del Fiscal General mientras llevan a cabo su trabajo crucial”. Finalizó Engel.

La congresista Norma Torres, copresidente del Caucus de Asuntos de Centroamérica, también ha alzado su voz en favor de la CICIG esto luego de las acciones emprendidas por estos 4 senadores ha criticado a los mismos, señalando que estos son los más recientes esfuerzos para socavar el apoyo de los Estados Unidos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Piden congelar fondos

El senador republicano Marco Rubio el fin de semana afirmó que posterga la entrega de 6 millones de dólares a CICIG al considerar supuestas manipulaciones en el caso conocido como “Los Bitkov”. Un desembolso de fondos que está previsto que sea entregado en las próximas semanas.

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A esto se sumaron los senadores de EE. UU. Christopher Smith, Roger Wicker y Mike Lee quienes se unieron el lunes a la petición de Rubio. El señalamiento de Rubio contra la Comisión se debe a la posibilidad que el gobierno ruso haya tenido injerencia en la condena, que posteriormente fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra de la familia Bitkov por utilizar documentos falsificados.

“Me preocupa que la CICIG, una comisión financiada principalmente por los Estados Unidos, haya sido manipulada y utilizada por elementos radicales y por la campaña de Rusia en contra de la familia Bitkov en Guatemala“, aseguró Rubio en su comunicado.

Rubio es presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil,

Por Natiana Gándara, Javier Lainfiesta y Manuel Hernández Mayén

En la audiencia, titulada  “El largo brazo de la injusticia: ¿una comisión de la ONU fundada para luchar contra la corrupción ayuda al Kremlin a destruir a una familia rusa?”, la comisión Helsinki escuchó a varios testigos, que explicaron a esa instancia el caso de los Bitkov-Bitkova.

Los expositores fueron Victoria Sandoval, abogada de derechos humanos, José Rolando Alvarado, abogado de la familia, y Bill Browder, un millonario y conocido detractor del presidente ruso, Vladimir Putin.

“Fue una tortura”

La primera intervención estuvo a cargo de la abogada en derechos humanos, Victoria Sandoval, quien afirmó que se violaron los derechos de la familia rusa desde que fueron trasladados a la carceleta de Torre de Tribunales hasta la fecha, porque no se tomaron en cuenta los problemas mentales de Anastasia.

Sandoval relató con detalle los días que estuvieron retenidos previo a conocer las razones por las que habían sido capturados.

Su discurso se centró en los padecimientos mentales de Anastasia que supuestamente fueron “ignorados”, por las autoridades y que empeoraron en el transcurso de los días, hasta que autorizaron el traslado a un hospital donde no fueron aceptadas junto con su madre Irina.

La defensora afirmó que las mujeres fueron recluídas en un área anexa para hombres, donde no tenían privacidad, “lo que significa que los hombres tenían contacto directo con ellas, no tenían baño privado, fue una tortura para ellas”.

Abuso de autoridad y extralimitación de funciones

Luego fue el turno de Rolando Alvarado, abogado de la familia, quien afirmó ser testigo del caso de la familia rusa, porque conoció a Irina y Anastasia dos años antes de su captura, y desde el 2015 es tutor legal del hijo de los esposos Bitkov, quien actualmente tiene 6 años.

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Relató que la familia fue condenada en enero de 2018 por uso de documentos y pasaportes falsos que fueron emitidos por el estado de Guatemala, pero la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) argumentaron que fueron emitidos ilegalmente.

Sin embargo, esas acciones no constituyen delito, y la Cicig y el MP iniciaron una persecución penal, “notoriamente desproporcionada, como si se tratara de delitos de alto impacto como narcotráfico o terrorismo”, enfatizó Alvarado.

El defensor agregó que la Cicig canalizó su persecución penal a tribunales especiales que conocen crímenes de mayor riesgo, lo cual constituye una falta de derecho migratorio.

“Cicig no debía ser querellante en este caso porque el mandato dice que la comisión tiene competencia para investigar delitos por integrantes de aparatos clandestinos de seguridad y no fue acusada por ese tema, por lo tanto, no encuadra en ninguna de las funciones de la Cicig, extralimitándose en sus facultades e incurrió en abuso de autoridad”, destacó el abogado.

Además de violar el acuerdo de su creación, violó la convención de Palermo porque deliberadamente acusó a los migrantes y no a los victimarios, en este caso los representantes de la firma Cutino International, reiteró Alvarado.

¿Quién es Browder?

Browder conoció el caso de la familia rusa desde 2015 y en octubre de ese año envío una carta al entonces presidente, Alejandro Maldonado, en la cual muestra su solidaridad y respalda la versión de los Bitkov-Bitkova de que se vieron obligados a escapar de Rusia debido a que, supuestamente, funcionarios cercanos a Putin les robaron sus empresas.

En la misiva, Browder afirmó que se identificó con el caso porque él también fue víctima.

“Mi abogado ruso, Sergei Magnitsky, fue encarcelado, torturado y asesinado luego de que expuso el robo de US$230 millones de oficiales corruptos del gobierno ruso”,aseguró.

Browder en su intervención resaltó que la Cicig en Guatemala es bien aceptada y que consideraba que muchas personas “no estarán de acuerdo con él”, pero argumentó que el caso evidencia faltas graves por parte de la comisión, por lo tanto, presentaron las pruebas correspondientes ante la comisión Helsinki.

Vuelven a vincular a Mayra Véliz

El nombre de Mayra Véliz volvió a relucir, porque según los abogados de la familia Bitkov, Veliz firmó la extradición porque ella trabajaba en departamentos de extranjería.

Alvarado comentó que recientemente un abogado visitó a Igor a prisión y le dijo que el gerente de la empresa confesó que emitió miles de pasaportes falsos y señaló que la Dirección General de Migración emitía entre uno y cuatro pasaportes ilegales por semana.

El abogado comentó a Igor que durante el tiempo que Véliz trabajó en Migración firmó documentos para extranjeros árabes, de Pakistán, y le dijo también que firmó documentos de ISIS del estado Islámico.

El abogado dejó su nombre y teléfono, pero no quiere ser testigo en Guatemalaporque corre peligro su vida, por lo que solicita que EE. UU le brinde seguridad y pueda hablar de esa estructura criminal.

Los congresistas, luego de escuchar los testimonios, indicaron que este es el primer paso de una serie de escuchas, y analizarán todas las pruebas para verificar su fundamento, “porque el caso es cruel y denigrante”, puntualizó el congresista Smith.

Por medio de una carta congresistas de Estados Unidos solicitaron una elección transparente de quien llegue a ocupar el puesto de la Fiscal General del Ministerio Público, Thelma Aldana quién deja el puesto en Mayo.

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Los congresistas han señalado que como fuertes impulsores de la Estrategia de Estados Unidos para Centroamérica y de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, escribieron la misiva para expresar su apoyo a la fuerte conexión con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras,  con ello reafirmarles la importancia que tiene en la selección de los nuevos Fiscales Generales en el Triángulo Norte.

La elección de Fiscal es crítica

Estas posiciones son críticas para avanzar en los intereses de Estados Unidos y la prosperidad regional, por lo que urgimos a estos gobiernos a priorizar la selección de candidatos que han tenido credenciales legales impecables y que han demostrado un claro compromiso con la transparencia, esfuerzos anti corrupción, independencia judicial y adherencia al imperio de la ley. Señala la misiva.

Fortalecer la capacidad y la independencia de los fiscales en el Triángulo Norte es una política de prioridad e importancia para los Estados Unidos. La administración y el Congreso ha reconocido, en una base bipartidista, que los fiscales en el triángulo Norte son claves para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que amenazan nuestras fronteras, reducen la violencia por la que los ciudadanos dejan sus comunidades e impiden que se amplíe la corrupción y la impunidad que son plaga en estos países. De acuerdo con ello, en el año fiscal 2017, el Congreso designó fondos significativos para las provisiones de asistencia técnica para los fiscales en cada uno de esos países.

Los actuales Fiscales Generales del Triángulo Norte han demostrado un claro compromiso con mantener el imperio de la ley. Todos han demostrado su determinación para cooperar con Estados Unidos, así como con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Asistencia en el Combate a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Durante el curso del año entrante, cada uno de los países del triángulo Norte llevará procesos de selección de nuevos Fiscales Generales. Es esencial que estos procesos de selección sean llevados en una manera transparente, directa y objetiva, permitiendo la participación activa de la sociedad civil y una evaluación imparcial de los candidatos. En ese sentido, pedimos que intercedan las autoridades adecuadas de Estados Unidos para manifestar nuestro interés en estos procesos de selección y ofrecer asistencia técnica, si es requerida.