La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este 16 de octubre su satisfacción por la reciente decisión de una sala de Apelaciones de Guatemala que anuló la condena en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador de El Periódico, y ordenó repetir el proceso judicial en el que fue encontrado culpable por lavado de dinero en junio pasado.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, afirmó que la decisión de la Corte de Apelaciones “refleja un paso significativo en la búsqueda de la justicia y la protección de la libertad de expresión en Guatemala”.

Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, espera que “ahora sí se pueda garantizar un proceso legal justo y transparente y reiteramos nuestro pedido para que se libere de inmediato a Zamora”.

Tras un recurso presentado por la Procuraduría General de la Nación, la Corte de Apelaciones de Guatemala anuló el viernes 13 de octubre la condena de seis años de cárcel impuesta a Zamora, reconocido mundialmente por su tenaz labor informativa de denuncia en contra de la corrupción, apuntó la SIP, con sede en Miami, Florida (EE.UU.).

La apelación exponía una discrepancia con la sentencia original que condenó a Zamora por lavado de activos y lo absolvió de los cargos de chantaje y tráfico de influencias.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, indicó que la decisión del tribunal es un “hecho positivo en un proceso judicial que ha estado plagado de vicios e irregularidades de todo tipo”.

Jornet, director periodístico del periódico La Voz del Interior, de Argentina, se mostró convencido de que la condena de Zamora fue “en represalia directa por su trabajo y nunca debería haber ocurrido”.

“Esperamos que en el nuevo juicio se revierta la flagrante violación del derecho a la defensa y Zamora sea absuelto de todas las acusaciones espurias”, aseveró.

La SIP ha venido denunciando el uso del Ministerio Público (MP) de Guatemala como “brazo del poder político” del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei para presentar cargos contra los abogados de Zamora y bloquear sus posibilidades de defensa.

El MP también acusó a seis periodistas y tres columnistas de El Periódico por opinar sobre el caso, incluido el expresidente de la SIP Gonzalo Marroquín Godoy, primo de José Rubén Zamora.

Como consecuencia de las presiones políticas y económicas, El Periódico cesó sus operaciones el 15 de mayo.

En visita de la SIP a Guatemala en diciembre de 2022, la organización denunció la grave debilidad y falta de independencia de las instituciones públicas, tras mantener reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público y con representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los derechos humanos.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas y está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.

Una sala de Apelaciones de Guatemala anuló la condena en contra del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín y ordenó repetir el proceso judicial en el que fue encontrado culpable por lavado de dinero en junio pasado.

El hijo de Zamora Marroquín, Ramón Zamora, confirmó este viernes 13 de octubre la revocación de la condena, decretada el pasado jueves por la Sala Segunda de Apelaciones.

“Tenemos la esperanza de que ahora podremos tener un juicio justo donde se respete su derecho a la defensa”, aseveró el hijo de Zamora Marroquín.

El comunicador, de 66 años, fue condenado a seis años de prisión el 12 de junio pasado, por un supuesto caso de lavado de dinero.

Su detención tuvo lugar el 29 de julio de 2022, solo cinco días después de lanzar fuertes acusaciones de corrupción en el medio de su propiedad, elPeriódico, al círculo más cercano del actual presidente, Alejandro Giammattei.

La decisión de la corte obedece a una solicitud de la Procuraduría General de la Nación y el mismo Zamora Marroquín, y obliga al periodista a enfrentar un nuevo proceso legal también por chantaje y otros delitos.

La captura en 2022 y condena en 2023 de Zamora Marroquín ha sido criticada con fuerza tanto a nivel nacional como internacional.

El periodista ha sido uno de los más críticos con los gobiernos de turno desde la fundación de elPeriódico en 1996, con cientos de investigaciones de corrupción.

Durante el proceso penal en su contra, Zamora Marroquín denunció violación a su derecho a la defensa y se vio obligado a cambiar de abogado en siete ocasiones, ya que cuatro de sus defensores terminaron imputados, acusados de diferentes delitos.

Hace dos años, el comunicador aseguró públicamente que Giammattei y la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, intentarían fabricar un caso en su contra para callar las investigaciones de su medio.

Porras se encuentra bajo una fuerte presión ya que desde el 2 de octubre miles de personas en Guatemala se han manifestado para exigir su renuncia, señalada de intentar modificar los resultados electorales de este año.

Por incomparecencia del Ministerio Público (MP), el Juzgado Quinto Penal suspendió este jueves 5 de octubre la audiencia en la que se discutiría si la investigación iniciada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) contra experiodistas y excolumnistas de elPeriódico, continúe en lo Penal o sea trasladada a un Tribunal de Imprenta.

Por ahora, el caso continúa en lo Penal y no ha sido trasladado a Tribunal de Imprenta.

Este caso se trata de la investigación que pidió la fiscal Cinthya Monterroso en febrero de este año, y que fue autorizada por el juez Jimi Bremer, luego de publicaciones efectuadas por periodistas y columnistas que trabajaron en elPeriódico.

El 28 de febrero recién pasado, el juez Décimo Penal, Jimi Bremer, a solicitud de la fiscal Monterroso ordenó investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico, así como a otros medios de comunicación, como parte del proceso que se sigue en contra de Jose Rubén Zamora Marroquín, quien el 14 de junio pasado fue hallado culpable de lavado de dinero y condenado a seis años de prisión inconmutables.

Según el MP, los comunicadores habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia. En esa ocasión, la fiscal Monterroso solicitó al juez que se investigue a otros periodistas que, de acuerdo con su criterio, colaboraron con Zamora.

Esa solicitud en febrero se hizo durante la audiencia en la que Zamora, presidente de elPeriódico, también fue ligado a proceso penal por conspiración para la obstrucción de la justicia, en un segundo caso que el MP le imputa al periodista.

Monterroso, en su argumentación en esa oportunidad para solicitar que se investigue a otros periodistas, dijo que Zamora montó una campaña de desprestigio por medio publicaciones en elPeriódico y que para ello habría contado con la colaboración de otras personas.

Señaló Monterroso en la audiencia de febrero: “No solo se dio a la tarea el señor Jose Rubén de indicar que esto es una persecución política, que esto es un montaje, sino que se dio a la tarea de mentir reiteradamente porque, por poner uno de tantos ejemplos y como parte de mi labor fiscal es documentar todas las incidencias en los casos, y en portada (de elPeriódico) el 30 de julio de 2022 se dijo por parte del señor Alexander Valdez que se había detenido al señor Zamora Marroquín y que en las diligencias a Aldea Global se detuvo al personal”.

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La investigación que fue ordenada por el juez en contra de periodistas y columnistas de elPeriódico ha originado reacciones de organizaciones locales e internacionales, ante la preocupación de que en Guatemala se atente contra la libertad de prensa.

Se consultó al MP respecto de su incomparecencia a la audiencia e informó que “no fue posible asistir a la audiencia ya que por el bloqueo que un grupo de personas tiene frente al Edificio Gerona no se puede acceder a la fiscalía en donde está el expediente”.

Añadió que “estos bloqueos no solamente perjudican a las personas que intentan poner denuncias, sino también el desarrollo de las audiencias”.

El ente investigador afirmó que se presentó memorial de excusa.

Este martes 8 de agosto, el abogado de Jose Rubén Zamora antes del comienzo de la etapa intermedia en el caso Conspiración para la obstrucción de la justicia, recusó al juez Décimo Penal B, Jimi Bremer.

La defensa del periodista justificó que el juez ya opinó al haber dictado sentencia a tres sindicados que aceptaron cargos: Romeo Montoya, Flora Silva y Mario Castañeda.

Mientras que el juez Jimi Bremer no aceptó la recusación que planteó la defensa del periodista Rubén Zamora, y la acción se trasladó a una Sala para determinar si el juez continúa o no en el caso.

El 28 de febrero recién pasado, Zamora, presidente de elPeriódico, fue ligado a proceso por conspiración para la obstrucción de la justicia en uno de los casos que el Ministerio Público (MP) le imputa al periodista.

El juez Jimi Bremer resolvió en esa ocasión que había suficientes indicios para ligar a proceso a Zamora, como el audio que entregó Ronald García Navarijo, el principal testigo del MP.

El 19 de enero pasado Rubén Zamora, la exdirectora financiera de ese medio, Flora Silva Flores y dos abogados del periodista Romeo Augusto Montoya García y Mario Estuardo Castañeda y Castañeda fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en un caso por intentar desviar una investigación.

Este caso es parte de una investigación que surge de la información recibida por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con la cual se logró establecer una posible conspiración para obstruir una investigación en curso relacionada a dinero posiblemente producto de lavado de dinero u otros activos que el periodista habría cometido en 2013.

El 14 de junio recién pasado, el Tribunal Octavo dictó sentencia por el caso “Chantaje, impunidad y lavado de dinero”, en el que sindicaba de varios delitos al periodista Jose Rubén Zamora.

Los integrantes de referido Tribunal hallaron culpable a Zamora por el delito de lavado de dinero, por lo que dictaron una sentencia de seis años de prisión inconmutables.

En esa ocasión, el tribunal, integrado por Oly González, presidenta; Otto Valvert y Glenda Duque, resolvió que los delitos de chantaje y tráfico de influencias contra Zamora no fueron comprobados por el Ministerio Público (MP).

El 15 de junio recién pasado, el juez Bremer ligó a proceso penal al periodista por el delito de uso de documentos falsificados de manera continuada.

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El abogado de Jose Rubén Zamora antes del comienzo de la etapa intermedia recusó al juez Jimi Bremer justificando que ya opinó al haber dictado sentencia a tres sindicados que aceptaron cargos: Romeo Montoya, Flora Silva y Mario Castañeda. pic.twitter.com/DRzRHgpezB

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) August 8, 2023

El Tribunal Octavo dictó sentencia este miércoles 14 de junio por el caso “Chantaje, impunidad y lavado de dinero”, en el que sindicaba de varios delitos al periodista Jose Rubén Zamora.

Luego de varias horas de desarrollo de la audiencia, los integrantes de referido Tribunal hallaron culpable a Zamora por el delito de lavado de dinero, por lo que dictaron una sentencia de seis años de prisión inconmutables.

En la setencia también se señaló que Zamora debe pagar Q300 mil, que es el monto que fue lavado por Zamora.

El Tribunal también señaló que Zamora deberá seguir en su centro de reclusión y que a la pena que se le impuso se le abonaría la pena que ya estaba cumpliendo.

Los jueces establecieron que si Jose Rubén Zamora no paga el monto establecido se procederá a embargar bienes hasta cumplir con la cantidad establecida y si eso no fuera posible, se abonará como pena de cárcel.

La Procuraduría General de la Nación quería que de la audiencia de reparación digna se realizara de una vez, pero la defensa de Zamora se opuso y pidió los tres días de ley, a lo que los jueces accedieron y por eso esta se llevará a cabo el 19 de junio próximo.

El tribunal, integrado por Oly González, presidenta; Otto Valvert y Glenda Duque, resolvió que los delitos de chantaje y tráfico de influencias contra Zamora no fueron comprobados por el Ministerio Público.

Zamora señaló, durante las últimas declaraciones ante el Tribunal, que en su carrera como periodista nunca fue demandado por chantaje ni lavado de dinero y pidió a los integrantes que le otorgaran su absolución y se ordenara su libertad.

“Concretamente le pido al Tribunal, primero, que emita una sentencia absolutoria y se ordene mi libertad”, expresó.

Además, aseguró que el Ministerio Público no pudo comprobar el delito de lavado de dinero, por lo que la acusación debió haber quedado fuera del análisis y conclusión de las autoridades judiciales.

Luego de las argumentaciones por los primeros delitos, el juez Otto Valvert argumentó que la defensa de Zamora no pudo comprobar la procedencia lícita de Q300 mil por los que el Ministerio Público le señalaba de lavado de dinero.

Añadió que se intentó ocultar el origen del dinero por medio de procedimientos que aparentaban ser legales, como la bancarización del dinero.

Sin embargo, aseguró que la defensa de Zamora no pudo comprobar que el origen del dinero fue por la venta de una obra de arte, ni por medio de testigos ni otros documentos.

Finalizó con la emisión de la sentencia, al haber sido hallado culpable por lavado de dinero, cuya condena fue establecida en seis años de prisión inconmutables y el pago de una multa igual al dinero defraudado al Estado.

Exfiscal Samari Gómez es absuelta

El Tribunal Octavo argumentó este 14 de junio que la exfiscal Samari Gómez no cometió los delitos por los que el Ministerio Público la señalaba, por lo que dictó su absolución y libertad inmediata.

José Rubén Zamora, quien fundara y presidiera el desaparecido rotativo elPeriódico, escuchará la sentencia tras un juicio catalogado por gremios internacionales de prensa como un “acto de intimidación” y “caza de brujas”.

“Soy un preso político y he sido tratado como tal”, dijo Zamora al insistir en su inocencia el primer día del juicio, el 2 de mayo.

La Fiscalía solicitó 40 años de prisión para Zamora por supuesto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, una pena desproporcionada, según su hijo, Ramón Zamora.

“Existen otros casos […] no se han dado las penas máximas y hasta se ha beneficiado a los imputados con medidas sustitutivas”, declaró Zamora hijo a la AFP.

El tribunal, presidido por la jueza Oly González, tiene previsto anunciar su fallo este miércoles.

Zamora dice que le vulneraron derechos

Zamora se dirigió al Tribunal y les pidió que le permitieran leer un escrito que tenía con detalles del caso, a lo que la jueza González dijo que no se permitía, pero que iban a anazliarlo.

Minutos despúes, la misma jueza le dijo a Zamora que debía ser más concreto y detallista en la última palabra que se le otorgaba.

Zamora leyó su escrito y dijo que valoraba que ese tribunal, en especial la presidenta, haya terminado con la violencia y terrorismo verbal con los que el juez contralor, la fiscal general -Consuelo Porras- y los querellantes del caso los estaban crimnalizando.

Señaló que estuvo leyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se pudo dar cuenta que todos sus derechos fueron vulnerados.

Citó el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de mis derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra mi persona en materia penal”.

Zamora les dijo a los jueces que en la audiencia de primera declaración, en la etapa intermedia y en la audiencia de ofrecimiento de pruebas fueron atropellados,  no se les dio acceso a indicios de prueba, pese a que llevaban 10 días aislados, incomunicados, sin dormir y sometidos a la presión psicológica.

Refirió que el juez, la fiscal y los querellantes, los retrataron como delincuentes, quedaron responsables de la carga de la prueba, aniquilaron y destruyeron la presunción de inoncencia contraviniendo la ley.

En cuanto a las pruebas, citó el artículo 11 de sea normativa que dice que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Afirmó que este delito fue violado cuando en al audencia de ofrecimiento de pruebas  le rechazaron casi toda la prueba indispensable para probar su inoncencia ante ese tribunal, pese a que su abogado explicó que era vital para el debate y para demostra su inoncencia, pero fue rechazado violando su derecho de defensa.

“El propio juez anticipándose explicó que no le correspondía a él valorar la prueba y  finalmente certificó lo conducente contra mi abogado y mi testigo, a quien coaccionó públicamente, y por cierto ambos terminaron en la cárcel.

“Quiero dejar constancia en este debate oral y público, a ministerio, se vulneraron el derechos siguientes: el derecho de defensa, el derechos debido proceso,  artículo 5, 7 y 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”

Dijo que dentro de su proceso penal ha sido atendido por más de 9 abogados defensores, tanto públicos como privados, la mayoría fueron perseguidos por el Estado de Guatemala, pues cuatro fueron encarcelados y 2 salieron del país y todo, según Zamora, para evitar una defensa técnica eficaz.

Zamora afirmó que cada abogado que tuvo tuvo menos tiempo de analizar su caso y eso lo perjudicó grandemente porque los plazos del tribunal ya estaban establecidos y no se pudo ejercer una defensa sólida.

El periodista comentó que se supone que toda persona privada de libertad debe ser tratada con respeto y dignidad; sin embargo, cree que ese no fue su caso y como ejemplo dijo que en el Instituto  Nacional de Ciencias Foresnses (Inacif) el juez lo obligó a someterse a una prueba de voz, pese a que no era neceario, porque él ya había reconocido que los audios grabado y que están en el proceso correspondían a su voz.

También hizo ver que en esta última parte del debate, únicamente pudo hablar con su abogado unos 20 minutos de tiempo efectivo y eso le impidió hacer una buena estrategia de defensa, incluso cuando rindió testimonio el testigo estrella del MP y no se pudo presentar un buen interrogatorio.

Pide su libertad

“Concretamente que le pido al Tribunal, primero, que emita una sentencia absolutoria y se ordene mi libertad y dijo que la pertición era porque el MP no pudo acreditar ningún delito, porque no lo hubo.

En cuanto al tráfico de influencias que se le señala, dijo que  la acusación carece de elementos fundamentales como circunstancias de tiempo, modo y lugar y no indica cuándo, no establece fecha o período determinado, no indica dónde y no establece el lugar de comisión del delito y que esto hace inviable ejercer una correcto derecho de defensa, porque es impreciso y la ley establece que debe ser descrita la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible y que en su caso se  cumple con este requisito.

Afirmó que su acusante, Ronald García Navarijo en todo momento tenía el dominio el control y la potestad de acelerar o de tener su propio proceso de colaboración eficaz en la Feci y que luego de la llamada de septiembre de 2021, entre esa fecha y enero, hubo cuatro reuniones posteriores entre el MP y García Navarijo en realación a su colaboración eficaz.

“La serie de sucesivas grabaciones ilegales que emprende García Navarijo como agente encubierto, por cierto todas en su beneficio,  a partir del 15 de febrero de 2021 fueron para parte de un proceso deliberado y guiado y sobre todo consciente de provocación de delitos que la Ley contra el crimen organizado, en su artículo 21 incluso prohíbe al propio Ministerio Público la aplicación de esta ley… la provocación de delitos no se diga un ciudadano común actuando por cuenta propia sin supervisión de ninguna naturaleza”, citó Zamora.

También dijo que el MP no pudo acreditar que él había cometido chantaje y que los testigos no señalaron ese delito y que un testigo refiiró hechos que están fuera del período de imputación.

En ese momento la fiscal Cinthia Monterroso interrumpió a Zamora y le dijo a la jueza presidenta que según el artículo 366, dirección debate, que está en el Código Procesal Penal  señalaba que: El presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, exigirá las protestas solemnes, moderará la discusión, impidiendo derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación y la libertad de defensa. Si una disposición del presidente es objetada como inadmisible por alguna de las partes, decidirá el tribunal”.

Fue por ello que la presidenta del Tribunal le pidó a Zamora que no siguiera utilizando los documentos que tenía, porque se estaba refiriendo a situaciones que no eran pertinentes y le pidió que fuera más concreto y que hiciera sus peticiones.

Zamora insistió en que era inocente y relató que nunca, en las muchas denuncias que ha recibido por su trabajo, le hicieron algún señalamiento por chantaje.

Inistió en que el dinero que se le señala de haber lavado era dinero que fue bancarizado y que hay un video y fotografías que muestran que en la diligencia cuando fueron a recoger el dinero las autoridades le cortaron los cintos bancarios a los fajos de dinero y los tiraron a la basura.

Previo a las palabras de Zamora, habló también Samari Gómez, exfislcal del MP señalada de revelación de información confidencial, quien pidió al tribunal que dictara sentencia absolutoria pues nunca se demostró que hubiera cometido ese delito.

También dijo que si en caso la sentencia era condenatoria, no se fijara una audiencia para reparación digna.

 “Persecución y presión”

La Fiscalía acusa a Zamora de intentar blanquear unos Q300 mil  “producto de chantajes y extorsiones” a empresarios para no publicar información en su contra.

Pero el periodista de 66 años afirma que ese dinero provenía en su mayoría de la venta de una obra de arte para financiar su medio, que arrastraba una crisis financiera agravada con su arresto hace casi 11 meses.

“Si hubieran aceptado las pruebas que mi padre quiso aportar podíamos acreditar el origen lícito del dinero”, dijo su hijo.

Zamora acusa al presidente del país, Alejandro Giammattei, y a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de haber fabricado el caso para silenciarlo por publicaciones sobre corrupción en el gobierno.

Tras denunciar “persecución penal y presión económica”, el diario, fundado por Zamora en 1996, cerró definitivamente el 15 de mayo. En diciembre ya había dejado de circular en papel y solo mantenía la edición digital.

El Periódico había recibido varios galardones, entre ellos el de Medio Destacado en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2021.

Algunos periodistas del medio se exiliaron luego de que un juez autorizó investigarlos por la cobertura de los procesos penales contra Zamora.

“Cargos espurios”

La Fiscalía abrió otros dos casos contra Zamora, uno por presuntamente intentar frenar una investigación por lavado de dinero y otra por el supuesto uso de firmas falsas en las boletas para viajar al extranjero entre 2015 y 2017.

Estados Unidos ha criticado estos procesos. “Criminalizar la labor de los periodistas […] atenta contra las normas democráticas y el respeto de la libertad de expresión”, dijo en marzo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Organismos de derechos humanos y gremios de prensa internacionales también han criticado el juicio contra Zamora, que tiene lugar en medio de la campaña de las elecciones generales del 25 de junio.

“Hemos documentado cómo están a punto de extinguir a la prensa independiente en este país”, dijo la semana pasada Juanita Goebertus, de la oenegé Human Rights Watch (HRW), al cierre de una visita a Guatemala.

Alertó que el proceso contra Zamora se suma a la “criminalización” y ataques a periodistas críticos, quienes enfrentan “cargos espurios” y sufren acoso. En Guatemala “faltan” garantías para la libertad de prensa, agregó.

 “Modelo autoritario”-

El juicio contra Zamora y la nueva investigación que incluye a ocho periodistas y columnistas del desaparecido diario también son rechazados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que los tilda de “acto de intimidación” y “caza de brujas”.

“Estamos ante un claro acto de intimidación en contra de todo el periodismo de Guatemala”, dijo el viernes el presidente de la SIP, Michael Greenspon, en un comunicado.

El caso Zamora ocurre tras la detención de varios exfiscales y jueces que investigaron sonados casos de corrupción, quienes ahora son señalados en su mayoría de abuso de autoridad. Según HRW, ocho están presos y más de 30 exiliados.

La fiscal Porras “se ha dedicado a usar todas sus capacidades para perseguir a quienes en el pasado lucharon contra la impunidad”, afirmó Goebertus.

El Juzgado Séptimo de Sentencia Penal condenó este viernes 9 de junio a los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torres, exdefensores del periodista Jose Rubén Zamora, por el delito de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, ambos decidieron aceptar los cargos.

Solórzano Foppa y Brito recibieron una condena de dos años de prisión conmutables, así como una prohibición de cinco años para ejercer como abogados en Guatemala, según lo resuelto por el Juzgado Séptimo de Sentencia Penal del Organismo Judicial, dirigido por el juez Fredy Orellana. En ese periodo no pueden obtener ingresos o comisiones de contratos públicos y Solórzano Foppa en los cinco años no puede referirse al caso y sentencia condenatoria de este caso.

Ambos abogados fueron condenados a dos años de prisión por obstaculización a la acción penal (un año y seis meses) y patrocinio infiel (seis meses), pero se les otorgó suspensión condicional de la pena por lo que no deben purgar prisión.  Solórzano Foppa y Brito Torres no deben desvalorizar la sentencia condenatoria que recibieron en el periodo a prueba de cinco años porque de lo contrario se les puede revocar la pena.

Solórzano Foppa aceptó haber presentado el documento de compraventa de una pintura para la defensa del periodista Zamora.

También admitió los cargos que le señalaron la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP). Además indicó que el contrato de la pintura se lo entregó Ramón Zamora, hijo de Jose Rubén Zamora.

Durante la audiencia, la Feci se opuso a la aceptación de cargos de Solórzano Foppa y señaló que había “vicio de consentimiento” por una postura del 2 de junio último que publicó el acusado en sus redes sociales.

Según el MP, los sentenciados aceptaron los hechos imputados por la Feci que determinó que ambos fabricaron prueba para beneficiar al sindicado Jose Rubén Zamora para justificar la cantidad de Q300 mil que pretendía ingresar al sistema bancario.

Ambos abogados, detenidos desde el 20 de abril pasado, decidieron aceptar los cargos que les imputó el MP, argumentando que temían no obtener un proceso penal “justo”.

Lea también: Caso Jose Rubén Zamora: MP pide 40 años de cárcel para el periodista guatemalteco y 8 años para la exfiscal Samari Gómez

De acuerdo con la Fiscalía, Solórzano Foppa y Brito supuestamente “conspiraron” para justificar un contrato “irregular” vinculado al periodista Zamora.

El juzgado programó audiencia de reparación digna para el próximo martes 13 de junio.

El periodista fue capturado en su casa el 29 de julio de 2022. Zamora, fundador del medio elPeriódico, enfrenta un supuesto caso de lavado de dinero y un tribunal dará a conocer su veredicto el próximo 14 de junio.

Juan Francisco Solórzano Foppa acepta haber presentado el documento de compraventa de una pintura para la defensa del periodista Jose Rubén Zamora. pic.twitter.com/9LgCEbkjQQ

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 9, 2023

La Fiscalía ha pedido al Tribunal a cargo del proceso contra el periodista que este sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y chantaje.

Durante el juicio, Zamora ha tenido que cambiar de abogado en siete ocasiones y cuatro de ellos fueron procesados.

El pasado 2 de junio, el abogado Solórzano Foppa aseguró que el sistema de justicia de Guatemala “está podrido” y acusó a la Fiscalía de “inventar” casos para criminalizar a opositores políticos. EFE

#SentenciaCondenatoria
En el caso vinculado a José Rubén Zamora Marroquín, el Juzgado Séptimo condenó a los abogados Juan Franisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torrez, a cuatro años de prisión por los delitos de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel. pic.twitter.com/nbzEa1amLx

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 9, 2023

Uno de los abogados de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, renunció a la defensa del periodista debido a problemas de salud, se informó este 9 de mayo.

Según se informó, el abogado Ricardo Sergio Szejner Orczyk, abandonó la defensa de Jose Rubén Zamora justificando que no puede estar bajo presión, porque le causa arritmia cardiaca.

Se agregó que Zamora será representado por Enma Patricia Guillermo de Leon de Chea.

Este martes 9 de mayo en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal continuó el juicio contra el periodista Jose Rubén Zamora, quien es señalado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

Esta no es la primera vez que Zamora se queda sin abogado defensor, puesto que durante el tiempo que ha transcurrido desde la captura del periodista ­– el 29 de julio de 2022- suman cinco los profesionales del derecho que han renunciado por distintos motivos.

Mario Castañeda, Romeo Montoya, Juan Francisco Solórzano Foppa, Justino Brito Torrez y ahora Ricardo Sergio Szejner Orczyk.

El 19 de enero de 2023, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, informó que  el Zamora; la exdirectora financiera de elPeriódico, Flora Emilza Silva Flores y los abogados Romeo Augusto Montoya García y Mario Estuardo Castañeda y Castañeda estaban señalados en un nuevo caso por intentar desviar una investigación.

Agregó que cuando Juan Francisco Sandoval Alfaro fue destituido como jefe de la Feci, Zamora y los otros tres involucrados “se alarmaron y se reunieron para planificar el desvío de la investigación de la recepción del dinero que posiblemente asciende al monto de por lo menos Q200 mil en efectivo y que estaba siendo investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en ese entonces”.

Ese 19 de enero, Castañeda fue detenido en el parqueo del sótano 3 de un edificio ubicado en la 3 avenida 12-38 de la zona 10 en cumplimiento a una orden de captura con fecha 18 de enero firmada por el juez Víctor Manuel Cruz Rivera.

Castañeda aceptó haber conspirado para la obstrucción de la justicia en un segundo caso penal por el que se les señaló ocultar el origen de Q700 mil y por eso el juez Décimo Penal, Jimi Brenmer, lo condenó y le impuso tres años de prisión con suspensión condicional de la pena, por lo que estará en supervisión cuatro años.

Los años de cárcel son conmutables a razón de Q5 diarios y debió pagar Q25 mil de reparación digna.

En el caso de Romeo Montoya, este se entregó a la justicia el 25 de abril de 2023 y aceptó haber cometido conspiración para la obstrucción de la justicia y fue condenado a seis años de prisión mediante un proceso abreviado.

Foppa y Brito Torrez también eran abogados de Zamora, fueron capturados el 20 de abril de 2023 porque posiblemente se concertaron para realizar y presentar un documento fraudulento del caso Chantaje, impunidad y lavado de dinero.

Juan Carlos Marroquín Godoy quedó ligado a proceso penal ese viernes 5 de mayo por obstaculización a la acción penal, luego fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión conmutables a razón de Q10 diarios; además, inhabilitación para desempeñar cargos públicos durante cinco años, esto al acogerse a la aceptación de cargos.

Sus abogados defensores pidieron al juez séptimo penal, Sergio Mena, acogerse a la figura de aceptación de cargos.

En el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala se llevó a cabo la audiencia de primera declaración.

Marroquín Godoy, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, está vinculado en la investigación que deriva del Caso Chantaje Impunidad y Lavado de Dinero, en el que está señalado Jose Rubén Zamora.

En su argumentación, el juzgador indicó que hay indicios razonables suficientes para considerar que el señalado pudo haber tenido participación en el ilícito de obstaculización a la acción penal, “porque probablemente sí pudo haber proporcionado información falsa a la fiscalía”.

Añadió que el sindicado, primo de Rubén Zamora, tenía el derecho de aceptar los cargos por haber sido ligado a proceso, aunque no es una obligación.

El recién pasado 27 de abril, Marroquín Godoy se entregó a la justicia y fue fichado en el sótano de la Torre de Tribunales.

Acepta cargos

En su declaración, Marroquín Godoy indicó: “Quiero aceptar todas las imputaciones que me está haciendo el Ministerio Público en cuanto a que mentimos, en cuanto a las declaraciones donde no dimos la verdad de los hechos, que eso nos implicó el haber ocultado alguna información al Ministerio Público en su momento”.

Explicó que los hechos sucedieron de la siguiente manera: “A mí Jose Rubén Zamora me contacta en el mes de junio para hacerme una solicitud en cuanto a que tenía necesidad de conseguir fondos para pagar unas planillas de Bono 14 en el Periódico”.

Agregó que Zamora estaba en le necesidad quién le podría compara publicidad o bien comprar una obra de arte que él tenía de Elmar Rojas, a lo que Marroquín le respondió que vería la posibilidad de ver quién podría estar interesado.

Compra de obra de arte

A mediados de julio se contactó con Alejandro Girón Lainfiesta, quien tenía interés sobre productos de arte, ambos están en el gremio de construcción y por eso se conocían.

A finales de julio del 2022 convocó a una reunión en un restaurante, donde a Zamora le presentó a Girón Lainfiesta.

Zamora le hizo un planteamiento para saber si le podía vender un prepago de publicidad o bien una obra de arte del referido artista.

Girón Lainfiesta le manifestó a Zamora que sí tenía interés de evaluar las dos posibilidades y que el tema de publicidad no la miraba muy viable, pero “que lo dejara pensar, que finalmente él quería colaborar con él-Zamora- y en ese momento le hizo el ofrecimiento de poderle entregar Q40 que llevaba en efectivo esa noche”.

Según Marroquín, Zamora aceptó el dinero y Girón Lainfiesta quedó en conseguir otros Q200 mil y que le diera tiempo unos dos días.

“Se pactó en ese momento que tan publicidad como el cuadro, el monto a invertir eran Q300 mil, quiero dejar bien claro que yo en ningún momento fui el que negoció eso, sino fue una negociación directa entre Alejandro y José Rubén”, señaló.

Luego de fijados los montos terminó la reunión y dos días después, hubo comunicación entre Marroquín Godoy y Girón Lainfiesta, para indicarle que consiguió los Q200 mil.

Marroquin le dijo se comunicaría con Zamora para ver la posibilidad si recibiría el dinero, y este le indicó que estaba de acuerdo que le recibiera los Q200 mil, por le indicó que no andaría con esa cantidad en la calle.

Luego le dijo que cuando ya tuviera el efectivo, que enviara a un piloto a su casa para recoger el efectivo.

Girón Lainfiesta le indicó a Marroquín que ya tenía la referida cantidad y que se juntaran cerca de su casa en Santa Catarina Pinula, por la aldea El Pueblito, donde se juntaron y cada quien iba en vehículo e hicieron el traslado del dinero.

“El me entregó un sobre con el dinero de los Q200 mil, yo no abrí ese sobre, no vi qué iba adentro, simplemente lo agarré, lo llevé a mi casa, llamé a José Rubén Zamora y le dije, ‘mirá, aquí tengo el dinero que te manda Alejandro’, por lo que me dijo Alejandro, en ese sobre iban Q200 mil”, agregó.

Indicó que en ese momento no se habló de algún tipo de documento, sino que Girón Lainfiesta analizaba si lo iba a usar en publicidad o bien para la compra de la obra de arte.

Posteriormente, se registró la captura de Zamora y “en ese momento no se había firmado ningún documento, tal como lo dice la fiscalía”.

Ante la captura, Girón Lainfiesta lo llamó preocupado en cuanto a qué iba a pasar con el dinero que ya le había entregado a Zamora y él no había recibido ni la obra y tampoco había dicho si iba a usar publicidad.

Luego Girón Lainfiesta le manifestó que lo quiere es la obra y Marroquín le dijo que se comunicaría con la familia de Zamora para saber qué procedía, y la respuesta fue que el cuadro -obra de arte- se le entregaría.

Sabía que Zamora mostró la obra de arte por medio de una fotografía y no hablaron no de nombres, “ni de nada por el estilo”.

Promesa de compraventa

La familia de Zamora le indicó que el arreglo era de Q300 mil, de los cuales hacia falta Q60 mil, por lo que Girón Lainfiesta buscaba algún tipo de garantía por el dinero entregado.

El comprador indicó que no era adecuado dar los otros Q60 mil por la situación luego de la captura, por lo que Marroquín se comunicó con Zamora, quien le planteo la promesa de compraventa, para explicar que se le daría la pintura cuando completara los Q300 mil y sí hubo acuerdo.

El 5 de octubre 2022 se reunieron con el hijo de Zamora para dar información del contrato, luego le dijeron que se reuniera con él -Zamora- ya en Marisca Zavala, donde se le entregó un documento para que lo llevara al representante legal y se firmara la promesa de compraventa.

Luego le informó a Girón Lainfiesta que ya estaba el contrato firmado por Zamora y faltaba que los firmara el representante legal del comprador, mientras se hacia el pago de los Q60 mil.

Luego, Zamora recibió el contrato ya firmado y después Girón Lainfiesta llamó molesto a Marroquín Godoy porque le notificaron el MP que usaban el contrato y que lo proponían como testigo de cargo para el caso de Zamora.

También hizo las gestiones para hacer la entrega de la obra de arte y según Marroquín, el pago de los Q60 mil ya no ocurrió, pero se procedió a entregar la pintura.

De nuevo, Girón Lainfiesta le manifestó que lo citaron de nuevo en el MP y le indicó que la información del contrato no cuadraba en nada con al información que habían puesto en la promesa de compraventa.

Ante esto, el comprador le manifestó que se sentía engañado y utilizado, por lo que denunciaría para ser ver que la información que tenía no era la que había firmado.

“Entiendo y aceptó que mentimos a la fiscalía, lo hicimos talvez en un momento de mucha presión”, externó, además pidió disculpas a la fiscalía y al pueblo de Guatemala.

El caso

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ha informado que “estas personas se concertaron y mediante la elaboración de un contrato privado de promesa de compraventa de una obra de arte, valorada en Q300 mil, intentaron darle apariencia de legalidad a la cantidad de Q240 mil consistente en una parte del dinero que fue incautado y que el señor Jose Rubén Zamora Marroquín solicitó a Ronald Giovanni García Navarijo ingresará al sistema bancario nacional”.

También el 27 de abril, el juez Mena resolvió ligar a proceso penal a Juan Francisco Solórzano Foppa y a Justino Brito Torrez por obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, en el mismo caso.

Orlando Alejandro Álvarez Zamora, también señalado en el caso, fue citado para declarar al igual que Alejandro Girón Lainfiesta.

Lea también: Jose Rubén Zamora explica ante juez la procedencia de Q300 mil y niega chantaje y tráfico de influencias

Juan Carlos Marroquín Godoy es ligado a proceso penal por obstaculización a la acción penal. Sus abogados defensores han pedido al juez Séptimo Penal, Sergio Mena, acogerse a la figura de aceptación de cargos. pic.twitter.com/90SUdQFsbV

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) May 5, 2023

Este jueves 4 de mayo en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal continuó el juicio contra el periodista Jose Rubén Zamora, quien es señalado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

En la audiencia del miércoles 3 de mayo, Zamora fue cuestionado sobre la procedencia de los Q300 mil que pidió a Ronald García Navarijo ingresar a la banca nacional.

También sus declaraciones han sido para desvanecer las acusaciones de chantajear a Ronald García Navarijo con quien forjó una amistad.

En la audiencia de este 4 de mayo, en el juicio contra Zamora han declarado algunos testigos, entre ellos, Roberto Vicente Sandoval (exempleado de elPeriódico); Sergio Geovani Ramírez, Gabriel Antonio Oliveros de León, y Sergio Hernández, (expresidente de un banco).

Roberto Vicente Sandoval, quien fungía como mensajero, declaró acerca de los hechos que está imputando el Ministerio Público (MP) respecto de la procedencia de Q300 mil.

También indicó que en su momento Jose Rubén Zamora dialogó con él y le pidió trasladar el dinero a la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Añadió que luego le fue entregado el efectivo para irlo a dejar a la zona 10, al llegar, tomó la bolsa y llegó a un tercer piso de un edificio.

El dinero iba en un sobre papel manila, el cual fue acomodado en una mesa.  La persona que lo recibió solo contó Q100 mil y no quiso contar el resto.

Mientras que Sergio Hernández manifestó que tuvo una relación de presiones y coacción con Jose Rubén Zamora desde la década de 1990.

También declaró el exdiputado Luis Enrique Hernández Azmitia, quien indicó que Zamora lo coaccionó con pagar Q200 mil para no continuar alguna campaña de desprestigio.

Según Hernández Azmitia, Zamora le habría insistido que si cumplía con su palabra de darle el dinero, ya no saldría en elPeriódico.

Afirmó que le pidió la referida cantidad por pagos y el exdiputado se habría negado.

En su declaración también agregó que acudió a la casa Zamora por invitación del diputado Orlando Blanco para discutir la aprobación de tres leyes.

La primera era respecto del financiamiento electoral ilícito, la ley de transfuguismo, y la tercera era la ley para la fiscalización de las Organizaciones no Gubernamentales.

Hernández Azmitia cuestionó a Blanco de por qué la reunión en la casa de Zamora, y este le dijo “te conviene”.

Flora Silva, exdirectora financiera de elPeriódico, en su declaración indicó que Zamora se encargaba de gestionar anticipo de pauta publicitaria con algunos empresarios.

Recordó que el fin de mes era el momento más crítico de la institución en el tema financiero, por lo que Zamora buscaba pauta que algunos clientes la usaban de inmediato y otros no.

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Señaló que el medio tenía un estatus “precario”, esto en pago salariales y otros pagos, la situación estaba en “rojo”.

Cada uno de los testigos se sometió a un interrogatorio por parte de los querellantes en el caso y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), pero no justificaron la coartada de compra de obra de arte.

Luis Enrique Hernández Azmitia relata en juicio que acudió a la casa de Jose Rubén Zamora, propietario de El Periódico, por invitación del diputado Orlando Blanco para discutir la aprobación de leyes. pic.twitter.com/q4qD3VCyjk

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) May 4, 2023