Los datos oficiales de los sistemas penitenciarios del istmo son reveladores y alarmantes para los analistas, pues la mayoría de las 125 cárceles, con infraestructura obsoleta, no dan abasto y no permiten resocializar a los internos para que puedan incorporarse a la vida productiva al cumplir sus penas.

“Que se encierre a las personas no resuelve el problema de la crisis social que afuera de los muros de los centros penales tiene la sociedad“, advierte el coordinador del programa de justicia penal de la salvadoreña Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Héctor Carrillo.

Apunta al deterioro en las condiciones de vida de la población regional y a la falta de oportunidades como causas del alto nivel de encarcelamiento.

En 2013, el sistema penitenciario regional sumaba 92.565 presos en 114 cárceles, pero en los últimos cinco años el número se incrementó en 42.000 personas. Pese a la construcción de 11 cárceles nuevas, el hacinamiento persiste.

Para el especialista costarricense Marco Feoli, el hacinamiento “en el largo plazo condena al sistema penitenciario a ser un sistema fallido, que no sirve para nada más que para castigar a la gente, tenerla engavetada, y en el largo plazo se sigue gestando la violencia”.

Después de constatar la realidad carcelaria como exministro de Justicia, la conclusión de Feoli es lapidaria: “Ninguna cárcel con los niveles de hacinamiento que tenemos en estos momentos es un medio para reeducar o resocializar a alguien”.

Triángulo de violencia

Los países con más encarcelados son los del Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala con 24.681 reclusos, El Salvador con 40.090, y Honduras con 21.052, que en conjunto suman el 63,6% del total regional de presos.

De ese total, 19.840 (23,1%) son pandilleros.

Por ser una de las regiones sin guerra más violentas del mundo, el Triángulo Norte registra elevados promedios de encarcelamiento: El Salvador tiene 627 presos por cada 100.000 habitantes, Honduras 216, y Guatemala 140, según la base de datos World Prison Brief.

Eso refleja su elevado nivel de criminalidad, con una tasa de homicidios en 2018 de 22,4 por cada 100.000 habitantes en Guatemala, 40 en Honduras y 51 en El Salvador, niveles considerados entre los más altos del mundo para países sin conflicto armado.

Superan de lejos el promedio mundial de 5,3 por 100.000 habitantes en 2016, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

Las cifras son menores en el resto de Centroamérica: Nicaragua tiene 15.000 presos, Costa Rica 16.000 y Panamá 16.680. En Belice hay 1.297 internos.

Hacinamiento desbordado

Guatemala es el país centroamericano de mayor hacinamiento, con 400%, y Panamá el de menos con 1,1%.

Los espacios que El Salvador tenía habilitados en sus presidios a febrero de 2017 eran para 9.975 internos, por lo que registraba un hacinamiento del 373%, pero con diferentes iniciativas lo redujo a un 153% en febrero pasado.

El Director de Centros Penales de El Salvador, Marco Tulio Lima, declaró a AFP que desde 2017 el país ha invertido 58 millones de dólares en infraestructura y está por completar en junio próximo 30.603 nuevos espacios.

“Es la inversión más alta en toda la historia” del sistema penitenciario salvadoreño, que impulsó el programa “Yo Cambio” para capacitar a los internos en oficios variados.

Honduras, después de tener hacinamiento histórico de más de 100%, lo redujo al 30% actual, al construir nuevos recintos.

El gobierno hondureño hizo frente al hacinamiento tras sufrir en febrero de 2012 la peor tragedia carcelaria de Latinoamérica, cuando en un incendio murieron calcinados 362 reos en la Penitenciería Nacional de Comayagua.

Costa Rica, uno de los países con menor índice de violencia en el istmo, hoy se alarma por tener 37% de hacinamiento.

Los analistas coinciden en que las cárceles se mantienen llenas porque los gobiernos no promueven la prevención, y ante una sociedad que demanda castigo, han privilegiado populistas planes represivos de mano dura, sumado a un sistema de justicia altamente punitivo.

El exsecretario general del Ministerio Público de Guatemala y ahora activista de derechos humanos Mynor Melgar, atribuye la sobrepoblación a una “cultura carcelaria”.

En Guatemala delitos de “menor relieve” o faltas son castigadas con prisión preventiva, por eso Melgar propone reformas al Código Procesal Penal para buscar alternativas a la detención.

En Guatemala, entre 2008 y 2018, la población privada de libertad aumentó de 8,400 a 24,400 personas, equivalente a un crecimiento de 190%.

Es decir en 2018 la capacidad de las cárceles se había superado en un 350%, provocando un hacinamiento que ha generado un descontrol en los establecimientos carcelarios, señaló la investigadora de CIEN, Corinne Dedik, esto porque la institución opera con un déficit de personal e instalaciones sobrecargadas.

“Durante más de una década no se ha invertido en suficientes espacios carcelarios para ampliar la infraestructura” indicó Dedik.

La tasa de prisionalización es de 139 reclusos por cada 100 mil habitantes, sin embargo, a pesar del aumento, sigue siendo la más baja de todo Latinoamérica. Resalta que del total población de presos un 47% está en prisión preventiva, pero al hacinamiento se suma la problemática de los pandilleros recluidos.

Población reclusa la mañana de hoy 30/01/2019 a nivel nacional, en los centros carcelarios a cargo de @DGSPG pic.twitter.com/ZN6TXjHh2M

— Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) January 30, 2019

CIEN propone readecuar la infraestructura carcelaria, construir nuevos espacios para cumplimiento de condena bajo el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

Además de diseñar e implementar la carrera penitenciaria que incluya una estructura jerárquica con ascensos basados en el mérito, esto con el objetivo de evitar que los guardias se presenten a actos corruptos, como ingresar armas o aparatos tecnológicos que contribuyan a seguir generando que las cárceles se conviertan en “los centros neurálgicos” de los líderes pandilleros que pese a estar presos, indicó Dedik.

Deficiencia en el sistema de justicia

El Centro concluyó que el flujograma de justicia criminal que es una herramienta que permite medir la eficiencia del sistema de seguridad y justicia y de las instituciones que lo integran(MP y OJ) señaló que la eficiencia del sistema de justicia criminal en Guatemala fue 26.6% en 2017. Eso significa que de cada 100 casos que se encontraban en el sistema, se le dio salida a 27.

Pero desde 2014 se observa un comportamiento opuesto en las eficiencias de las instituciones como el Organismo Judicial (OJ) y  el Ministerio Público (MP).

Los analistas señalaron que el MP registró un comportamiento al alza, que pasó de una eficiencia de 15% en 2014 a 29.8% en 2017, mientras que el OJ ha experimentado un comportamiento hacia la baja, pasando de una eficiencia de 20.7% en 2014 a 17.8% en 2017.

Homicidios bajan pero extorsiones y secuestros suben

En el año 2009, Guatemala registró la cantidad y la tasa anual más alta de homicidios. Hubo 6,498 homicidios, lo cual representó una tasa de 46.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Desde entonces, la tasa se ha reducido todos los años y en 2018 fue 22.4.

Pero pese a ello incrementaron las denuncias por extorsión, secuestro y robo de furgones con mercadería. Algo que según Menchú sigue generando “un ambiente de temor pues la población aún percibe altos índices de violencia”. 

A nivel geográfico, las tasas más bajas de homicidios por departamento se registran en el Altiplano, seguido de los departamentos del sur-occidente del país.

En el sur-oriente se registra el segundo grupo de departamento con tasas más altas y los departamentos con las tasas más altas vuelven a ser los mismos que en años anteriores: Zacapa, Escuintla, Izabal, Guatemala y Chiquimula.

A nivel municipal, 18 municipios concentran el 51% de todos los homicidios, diez de los cuales son del departamento de Guatemala y otros cinco son cabeceras departamentales.

Por otra parte, 12 municipios aumentaron 196 homicidios, entre los cuales sobresalen cuatro que aumentaron más de 20 homicidios: Chimaltenango, La Libertad, San Pedro Ayampuc y Amatitlán.

Proponen reformar PNC para evitar corrupción

CIEN señaló en su informe que la PNC  juega un papel preponderante dentro de la prevención y contención del delito, pero que cada día es más común ver a agentes involucrados en hechos delictivos. Además de resaltar que la impunidad en temas delictivos en el país representa más del 90%.

El Centro de Investigaciones señaló que una de las cosas que se debe mejorar en el ámbito justicia, es la manera en la que se hacen las convocatorias para la aplicación a un puesto de Policía Nacional.

El ingreso de una persona a la PNC, es por medio de su Academia, donde se selecciona y forma a los aspirantes, pero que muchas veces no obtiene ascensos.

Agentes y tasa de policías

Ascensos con irregularidades

Se resaltó que pese a que los agentes tienen una constante formación policial que abarca especialmente la capacitación para el ascenso durante la carrera, “desafortunadamente durante el año 2018, alumnos ya formados no fueron tomados en cuenta para los ascensos“.

De enero a julio a 2018, el Ministerio de Gobernación había realizado 167 ascensos en diferentes rangos en la Policía Nacional Civil (PNC), de los cuales se señaló que el 81% tenían alguna irregularidad, según lo denunciado en su momento por  bancada de Encuentro por Guatemala (EG) .

CIEN propone implementar un programa de evaluación y capacitación del personal docente de la Academia de la PNC. Así como desarrollar todo un nuevo modelo de gestión en la PNC, que involucre planificación, asignación de recursos, compras y adquisiciones vinculadas a la disminución de índices delictivos.

También se plantea regular, revisar y documentar todos los procesos atinentes a los ascensos dentro de la carrera policial,  y para ellos será necesario seguir fortaleciendo la Inspectoría General.

“A pesar de los esfuerzos que se han hecho en la contención de las extorsiones pues hemos visto aún desafíos que afrontar aún temas de controles de seguridad, por ejemplo en los últimos días se han visto capturas de policías que han estado vinculados con pandilleros que cobraban extorsión, es un tema pendiente la depuración de las fuerzas de seguridad” señaló Walter Menchú, analista de Seguridad Ciudadana del CIEN

DIGICI y DIGICRI no cumplen con sus funciones

Existe una percepción generalizada en los expertos, que señala que los entes de inteligencia no están cumpliendo con sus funciones adecuadamente, sobre todo luego de que La Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) del Ministerio de Gobernación, fuera sindicada de supuestos casos ilegales de espionaje, desde allí ha perdido la importancia que tenía, y se sabe que no está respondiendo en la formulación de productos de inteligencia criminal que le corresponden.

También se propone esclarecer en el plano de la gestión estratégica interinstitucional el modelo del diseño institucional de la investigación criminal, particularmente el rol de PNC y DIGICRI, para evitar duplicidad de funciones.

El Tribunal de Mayor Riesgo “A” escuchó el resultado de la investigación realizada por whalter lozano. El investigador fue propuesto por el Ministerio público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG)

Investigador propuesto por el Ministerio Público y la CICIG declara en el caso de corrupción de presididos liderado por Byron Lima denominado "Botellas" pic.twitter.com/W1bubpufyk

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) October 31, 2018

Lozano estuvo vigilando los vehículos vinculados a Byron Lima “El Rey de las cárceles” durante 6 meses. Su presentación fue basada en el seguimiento y persecución que le dieron a los carros que salían de presidios.

Explicó que el Spa que tenía Byron Lima y su conviviente Alejandra Reyes ubicado en la zona 10 era el centro de las operaciones de la estructura de corrupción que funcionaba en presidios.

TAMBIÉN PUEDE LEER:#CajaDePandora: Los regalos de Mauricio López Bonilla para Byron Lima

Reveló que Lima recibió un vehículo como pago por el traslado de un reo a una prisión más cómoda.

Agregó que los vehículos de Lima nunca eran inspeccionados cuando ingresaban a presidios.

Entre los siete implicados se encuentra el exdirector del Sistema Penitenciario Edgar Camargo él junto a 5 procesados se encuentran bajo arresto domiciliar, son acusados por lavado, asociación ilícita y cohecho pasivo. Solo dos se encuentran bajo prisión preventiva.

Este día fueron presentados 3 testigos, el juicio continuará con la reproducción de escuchas telefónicas.

LE PUEDE INTERESAR:¿Quién es la exesposa de Byron Lima que tiene en jaque a Arzú?

Un tribunal escuchó la declaración como testigo de Marixa Lemús Pérez alias “La Patrona”  en el juicio en contra del abogado Benjamín Estrada acusado de orquestar su fuga en Mariscal Zavala, la testigo lo señaló de ser el responsable de coordinar y ejecutar su fuga.

En este debate se encuentran 11 personas sindicadas entre ellas el abogado Benjamín Estrada

La Patrona aseguró que la idea de fugarse vino de Benjamín Estrada, su abogado, reveló que el 10 de mayo del 2016 día de la fuga,

Estrada la visitó  7 veces durante la mañana  y una más por la noche, reveló que él abogado dejó a una persona que estaba esperando por ella.

Marixa Lémus "La Patrona" rinde declaraciones por medio de video conferencia, reveló que el abogado Benjamín Estrada se la llevó a Chiquimulilla Santa Rosa, después de fugarse de madrugada de Mariscal Zavala.

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) May 14, 2018

Lemus testificó que  inicialmente el abogado se acercó para ofrecerle sus servicios profesionales y por $300 mil dolares se podría encargar de sus enemigos. Trato que ella no aceptó por estar en la cárcel.

Dijo que sin haber sido contratado el abogado se había quedado a enamorarla, y que luego descubrió que sus intenciones eran solo por dinero.

La patrona dijo que se fugó por una vereda y llevaba puesto uniforme del sistema penitenicario, que pagó 50 mil quetzales por la copia de la llave de su celda.

La Patrona dijo que 8 agentes del Sistema Penitenciario no forman parte del plan de fuga. pic.twitter.com/YPsJ13cSDs

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) May 14, 2018

Recordó que esa noche caminó por una vereda y  que al otro lado la estaba esperando el abogado, en un Picop modificado en el asiento trasero.

Por último,  Lemus comentó que salieron de Mariscal Zavala un poco antes de las 11 de la noche, con rumbo a Chiquimulilla, Santa Rosa. 15 días después fue recapturada en el Salvador.

Por Mike Castillo

El inspector Edu Ardiano, vocero de la PNC en occidente, informó que el contingente de las fuerzas de seguridad tomó el control de la cárcel desde las 6 horas de este lunes y luego de “neutralizar” a los reos empezaron con el registro.

“El despliegue policial se hizo de forma preventiva, los resultados fueron positivos y ahora se investiga si los celulares que se localizaron fueron utilizados para hacer llamadas extorsivas desde esta prisión”, manifestó.

Agregó que técnicos del MP embalaron las evidencias, las cuales consistían en los celulares y 22 envoltorios con marihuana que fueron localizados en diferentes sectores de la referida cárcel.

Mónica Mendoza, vecina, expresó: “Los operativos de las fuerzas de seguridad son inútiles, pues los mismos policías avisan a los reos que harán acciones y por eso no encuentran tantos objetos prohibidos, pese a que se sabe que desde el interior se hacen llamadas para extorsionar”.

Mendoza comentó que para tener mejores resultados es necesario que las requisas las lleven a cabo autoridades de otro departamento y no tener consideraciones con los reos, pues en el interior varios presos tienen privilegios.

Le puede interesar: En cuatro días PMT de Xela recauda Q85 mil por concepto de multas y pago de grúas

Capacidad

El centro preventivo tiene capacidad para 90 internos; sin embargo, actualmente alberga a 250 y está dividido en tres sectores.

Según algunos familiares de reos, estos se encuentran hacinados, pues en un espacio de 10 metros hay hasta 20 reclusos.

Autoridades policiales aseguran que hay personas sentenciadas en esa cárcel que no son enviadas a otra prisión por tener algún recurso legal pendiente.

Luego de recibir una Una denuncia anónima al 1518 las fuerzas de seguridad del Sistema Penitenciario (SP) realizaron una supervisión y allanamientos en el interior de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla, donde localizaron bebidas alcohólicas escondidas dentro de agujeros.

• También puede ver: Mara Salvatrucha secuestraba a niñas en Villa Nueva para llevarlas a los presos

Luego de la llamada que daba a conocer la ubicación de estas bebidas así como de otros ilícitos  se ordenó una investigación interna, así como el respectivo proceso administrativo para determinar responsabilidades a quien permitió el ingreso de ilícitos ha dicho centro penal.

Presos preparados para el verano

Según las autoridades preliminarmente se localizaron: 691 latas de cerveza de 16 onzas, 256 octavos quezalteca y 40 medias de XL color verde. Los elementos penitenciarios continúan verificando otras áreas para descartar objetos ilícitos.

Ministerio de Gobernación a través de las fuerzas de seguridad ordenó una investigación interna y el respectivo proceso administrativo y se denunciará a quien resulte responsable del ingreso por ilícitos encontrados en centro carcelario Granja Penal Canadá. pic.twitter.com/pBMAZPXBxQ

— MinGob (@mingobguate) March 13, 2018

• También puede ver: Cárceles sin control. Pasillos se convierten en escenarios de peleas por el poder

La denuncia forma parte de la confianza que la ciudadanía tiene hacia las fuerzas de seguridad donde el Ministerio de Gobernación a través de sus distintas direcciones que trabajan para erradicar los ingresos de ilícitos a los 22 centros carcelarios del país.

Autoridades piden realizar denuncias ciudadanas 

#GuatemalaCambia #DenunciaAl1518
– Crimen Organizado
– Temas administrativos #MinGob
– Corrupción en #PNCgt y #SP
¡Tu llamada es confidencial! pic.twitter.com/QRkzlMTHiM

— MinGob (@mingobguate) March 13, 2018

El número 1518 es una herramienta institucional del Ministerio de Gobernación que colabora con la Policía Nacional Civil (PNC) y sus dependencias, es un centro de denuncias confidenciales que está a disposición de la población.

El SP también cuenta con el número 1533 donde se pueden realizar denuncias relacionadas con hechos ilícitos dentro de las prisiones, privados de libertad y autoridades.