Líderes indígenas advirtieron este viernes 15 de diciembre que un “golpe de Estado” sigue en desarrollo en Guatemala para evitar que Bernardo Arévalo asuma el poder el 14 de enero, pese a un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó garantizar la transición presidencial.

La máxima instancia de justicia del país acogió el jueves 14 de diciembre un recurso de amparo para que se garantice “la efectiva toma de posesión” de los funcionarios electos en los comicios de este 2023, ante las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público en el tema del proceso electoral.

Sin embargo, la CC señaló que su resolución no perjudica “las facultades de investigación y acusaciones” de las fiscalías y jueces.

“Deja abiertas las puertas al Ministerio Público y a los jueces corruptos para que continúen su ruta de consumar el golpe de Estado en cualquier momento”, señaló un comunicado de las Autoridades Ancestrales de Guatemala, leído en rueda de prensa por la dirigente maya Cristina Solís.

La organización, que acuerpa una protesta que cumplió 75 días frente al MP, pidió a la comunidad internacional endurecer las sanciones como las aplicadas por Estados Unidos, que recientemente retiró la visa a 300 funcionarios y empresarios guatemaltecos por “socavar” la democracia.

La fiscalía gestionó la suspensión del partido Semilla de Arévalo y pidió a la justicia despojar al presidente electo de su inmunidad por supuestas anomalías en la creación de su agrupación política y la ocupación de la universidad estatal en 2022.

Arévalo, sociólogo de 65 años, ha asegurado que su elección molesta a los “corruptos” poderosos del país y que las acusaciones en su contra son parte de un “golpe de Estado” en curso.

Hace una semana, el fiscal Rafael Curruchiche, también sancionado por Washington, presentó una investigación de la fiscalía sobre supuestas anomalías en las elecciones, por lo que consideró que son “nulas” y pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) “adoptar” una posición al respecto.

La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, reiteró este viernes ante la prensa que, aunque analizan el informe, los resultados de los comicios son “inalterables” y descartó cualquier “fraude”.

Curruchiche también pidió a la justicia iniciar un proceso para retirarle la inmunidad a Alfaro por supuesto incumplimiento de deberes.

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Alfaro respondió con humor este viernes al concluir la rueda de prensa diciendo que obsequiaría al fiscal un muñeco de “Grinch”, el personaje de ficción que detesta la Navidad.

“Queremos mandarle un regalo al señor fiscal Curruchiche. Esperemos que el espíritu de la Navidad lo cambie y que respeten, por favor, las elecciones”, señaló, con el muñeco en las manos.

Activistas de Derechos Humanos protestaron el jueves 14 de diciembre contra las acciones de la fiscalía frente a las embajadas guatemaltecas en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Honduras, El Salvador y Bélgica.

Autoridades indígenas se reúnen este lunes 4 de diciembre en la 7a avenida y 9a calle de la zona 1 de donde partirán en una marcha para rechazar el presupuesto 2024 aprobado por el Congreso de la República y para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios.

Santos Alvarado, autoridad indígena de Chuarrancho, informó que quitarán el plantón que mantienen en el referido lugar, también harán la marcha que se dirigirá al Organismo Judicial, luego a la Corte de Constitucionalidad y posteriormente a la sede del Ministerio Público (MP) en Gerona.

Indicó que presentarán un amparo en contra del Congreso de la República por el presupuesto 2024 que aprobó, el que consideran en “ilegal porque no favorece a nuestros pueblos y además un procedimiento que llevaron que no es lo que indica la ley”.

Agregó que declararon no gratos a los diputados que apoyaron con su voto la aprobación del presupuesto y que se les retirara la inmunidad a los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

También indicaron que comerciantes han llegado para un diálogo y saber cuándo van a quitar el plantón, por lo que este lunes 4 de diciembre quitarán las carpas que tienen instaladas.

Dijo que falta que personas se unan a la lucha “para rescatar a nuestra Guatemala”.

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Miguel Felipe Pajarito, un dirigente de Sacapulas, Quiché, anunció que regresarán a los territorios a efectuar asambleas y determinar las acciones a seguir.

Añadió que también apoyan a la manifestación que permanece frente a la sede del MP.

Resaltó que otra de las peticiones es que el presidente Alejandro Giammattei vete el presupuesto 2024 aprobado.

Previo a la marcha, autoridades indígenas efectuaron ceremonia sobre la 7a avenida.

Las autoridades ancestrales en conferencia de prensa este sábado 1 de diciembre, se pronunciaron por la situación política que vive el país.

Indicaron que están en asamblea permanente y que continuarán en la resistencia para seguir pidiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y de otros funcionarios.

También rechazaron la aprobación del presupuesto nacional 2024 por parte del Congreso de la República y que diputados les hayan retirado la inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral.

“Sin bajar la guardia”, afirmó uno de los dirigentes, quien añadió que lo acontecido “va en la línea de la corrupción, en la línea de dar un golpe de Estado”.

Anuncia marcha

Anunciaron que la próxima acción será una marcha “masiva” en la capital este lunes 4 de diciembre.

Los líderes convocaron a la población en general y a los distintos sectores a que se unan a esta convocatoria.

Tienen planificado que la marcha inicie a las 8 horas en la 9a calle y 7 avenida en la zona 1 para partir a distintas instituciones.

La marcha llegará al Organismo Judicial, a la sede del Ministerio Público en Gerona, a la Corte de Constitucionalidad, al Congreso de la República y evalúan llegar a Casa Presidencial.

Indicaron que algunos comerciantes ya les confirmaron que se unirán a la marcha y convocarán a más comerciantes.

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Señalaron que algunas autoridades “crean casos” para dar persecución a las personas que se pronuncian o manifiestan por la coyuntura nacional.

Los dirigentes agregaron: “repudiamos las acciones de la Junta Directiva del Congreso de la República, por lo que rechazamos rotundamente y categóricamente el presupuesto nacional aprobado por 115 diputados, ya que beneficia a los diputados que no pudieron reelegirse para la siguiente legislatura”.

Agregaron: “Responsabilizamos a los 108 diputados que votaron a favor del retiro de la inmunidad de los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por la debacle política que pueda derivar de esa acción que asegura el golpe de Estado”.

Declararon no gratos a los 115 legisladores que votaron en favor del presupuesto 2024.

También pidieron al presidente Alejandro Giammattei a que vete la ley del presupuesto nacional para el ejercicio fiscal 2024.

Indicaron que el mandatario aún tiene “la posibilidad de demostrar su buena voluntad hacia el pueblo de Guatemala”.

Anunciaron que también tienen contemplado volver a sus comunidades a recuperar energía y reorganizar la lucha, pero no precisaron fechas.

En una reunión con el asesor de seguridad nacional de la vicepresidencia de los Estados Unidos, Philip Gordon, las autoridades indígenas destacaron la necesidad de que el gobierno estadounidense imponga sanciones a los actores corruptos.

El encuentro tuvo lugar este lunes 27 de noviembre, donde los líderes solicitaron al asesor del gobierno estadounidense que se apliquen medidas como la ley Magnitsky o incluirlos en la lista Engel, como herramientas legales reconocidas por sancionar a actores involucrados en prácticas corruptas y violaciones a los derechos humanos.

Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, quien fue uno de los líderes presentes en la reunión, explicó que en primera instancia analizaron la coyuntura que atraviesa Guatemala, así como las bases de los pueblos indígenas. “Sobre todo de las sanciones que nosotros hemos pedido hacia los funcionarios corruptos o aquellos que van en contra de la democracia”, complementó.

Según Pacheco, la petición se elevó al funcionario de Estados Unidos ya que las autoridades indígenas consideran que “a nivel interno no hay una voluntad de Gobierno para poder sancionar”.

“Ellos ya han aplicado algunas sanciones, por ejemplo retirar visas o congelar cuentas bancarias. En la reunión con el G13 también pedimos las mismas acciones”, puntualizó.

Pacheco dijo que la reunión se trató de una mediación por interés de ambas partes, entre las organizaciones de pueblos indígenas y las autoridades del gobierno norteamericano.

Reacción de Gordon

“Tuve el privilegio de reunirme con líderes indígenas en Guatemala. La administración Biden-Harris se comprometió a reforzar las voces diversas, la gobernabilidad democrática, la equidad de género y la sociedad civil en toda Centroamérica”, describió Gordon sobre la reunión con los representantes, en una publicación en la red social “X” — antes Twitter— .

La delegación de funcionarios de Estados Unidos llegó este lunes 27 de noviembre a Guatemala para discutir temas de gobernabilidad y fortalecimiento de la democracia.

Durante su visita, Gordon se reunirá con autoridades gubernamentales de Guatemala, así como con líderes de sociedad civil y sector privado para “abordar la cooperación bilateral y la importancia de fortalecer la democracia y el Estado de derecho”, indicó el Gobierno estadounidense por medio de un comunicado.

Privileged to meet with indigenous leaders in Guatemala. Biden-Harris administration committed to bolstering diverse voices, democratic governance, gender equity and civil society throughout Central America. pic.twitter.com/CBQIGac8Fz

— Phil Gordon (@PhilGordon46) November 28, 2023

Medidas de protesta

En su declaración a medios de comunicación, Pacheco también se refirió acerca de las medidas de protesta que la organización de Totonicapán mantiene frente a la sede del Ministerio Público (MP) y el Congreso de la República, y aseguró que dependiendo de las acciones del gobierno y los diputados con la aprobación del presupuesto que se acerca, podrían establecer plantones similares.

Como puntos clave de las manifestaciones, Pacheco mencionó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC) o la Plaza de la Constitución.

El líder de los pueblos originarios también se dirigió al sector empresarial, para que fijen una postura sobre la solicitud de renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras.

Líderes de pueblos indígenas brindaron conferencia de prensa para anunciar que a partir de este martes 21 de noviembre comenzarán las movilizaciones ciudadanas en la capital y departamentos en rechazo a la reciente investigación que desarrolla el Ministerio Público (MP) por la toma de la Universidad de San Carlos (Usac) y que involucra al binomio presidencial electo.  

Además, indicaron que no efectuarán bloqueos en ningún punto como ocurrió hace algunas semanas, aunque no aclararon lugares o fechas en las que se desarrollarán las movilizaciones.

Las autoridades ancestrales continúan solicitando la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras y otros funcionarios.

Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, informó que siguen en resistencia e indicó que han hablado de unidad y paz.

Dijo que la unidad se refleja en la resistencia pacífica en defensa de la democracia ante las “acciones espurias” que ha tomado el MP.

Hizo un llamado a la cordura “para que no empiecen con la criminalización, para que no creen figuras delictivas que no existen”.

Dijo que es falso que estén organizando bloqueos y según Pacheco, no son los 48 Cantones ni ninguna otra autoridad indígena la que está motivando a bloqueos.

Anunció que seguirán con puntos de resistencia y estos podrían ser ampliados, pero no bloqueos.

Indicó que las autoridades indígenas para actuar se basan en una obligación colectiva que viene de la población y ahora se busca la manera de criminalizar a las referidas autoridades por las manifestaciones.

Afirmó que la resistencia pacífica continuará, aunque no detalló de lugares y fechas.

Pacheco destacó que esperan fecha para continuar con el diálogo, el cual calificó de bueno con las distintas autoridades.

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Señaló que podrían ser rumores la supuesta intención de desalojar la manifestación frente a la sede del MP en Gerona, zona 1 de la capital, ya que hay un diálogo.

En otro tema agregó que las personas electas en las urnas tienen que recibir los cargos el 14 de enero.

Reiteró que seguirán en la manifestación pacífica y rechazan la violencia y provocaciones.

Las autoridades ancestrales también emitieron un comunicado en el que expresaron su postura por la actual coyuntura nacional.

Indicaron que las autoridades ancestrales de Totonicapán, Sololá, Santa Lucía Utatlán, Ixiles, Xincas, Chortí y de Chichicastenango, Huehuetenango, Chimaltenango y de otros territorios, en unión con organizaciones sociales y populares están convencidos de que la unidad es el camino para defender la democracia “ante los intentos de una minoría que quiere anular las elecciones, pasar encima de la legalidad e impedir que tomen posesión las autoridades que fueron elegidas constitucionalmente”.

“Rechazamos que el Ministerio Público nuevamente atente contra la poca democracia que queda al montar un caso espurio sobre la Usac, donde criminaliza al binomio presidencial y diputados electos, que fueron investigados a pesar de tener derecho a antejuicio; además de perseguir a estudiantes universitarios, catedráticos, profesionales y personas que se manifestaron dignamente alzando la voz en contra de las ilegalidades que se cometieron en la elección del rector de la Usac”, agregaron.

Según el comunicado, “el doble objetivo de esa acusación es intentar impedir la toma de posesión del presidente y vicepresidenta electa, así como de varios diputados y aterrorizar para que nadie se exprese y manifieste su opinión en contra de la corrupción y las ilegalidades que cometen los funcionarios públicos”.

Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán. 

Las autoridades ancestrales de Guatemala han publicado en su perfil de Facebook una serie de convocatorias para una manifestación que efectuarán este martes 21 de noviembre en la ciudad de Guatemala.

En un comunicado informaron que organizan una caravana de vehículos en la capital para apoyar las acciones encaminadas a defender la democracia del país.

Este lunes 20 de noviembre se informó que serán dos puntos de reunión. El primer punto de reunión será en Ciudad Satélite, Mixco, Guatemala, a las 7 horas.

El segundo punto de reunión será a las 8 horas en el Parque Morazán, zona 2, para luego desplazarse por la sexta avenida.

Se tiene previsto que ambas caravanas recorran distintos puntos de la capital.

En la convocatoria, la Municipalidad Indígena de Sololá hace la invitación a toda la población en general para que se apoye a los transportistas de Sololá a una caravana que contará con la participación de taxis, mototaxis, microbuses, buses urbanos y extraurbanos, así como camiones.

Otra convocatoria publicada por la Municipalidad Indígena de San Juan Comalapa, Chimaltenango, destaca que los pueblos indígenas desde el 2 de octubre recién pasado ha estado en resistencia en defensa de la democracia.

Invita a los pobladores de ese municipio que los acompañe a una “caravana masiva” que saldrá de la esquina del Nazareno, San Juan Comalapa, a las 4:30 de la mañana.

La referida Municipalidad tiene planificado distribuir a las personas en buses y luego dirigirse a la capital para unirse a la convocatoria.

La Alcaldía Indígena de Sacapulas, Quiché, también hizo convocatoria a una manifestación pacífica y masiva en la ciudad de Guatemala este 21 de noviembre.

La salida de los manifestantes será a la 1 de la mañana del parque de Sacapulas.

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Según esta alcaldía: “durante los últimos días, los corruptos ha realizado acciones que atentan contra la incipiente democracia del país. Lo anterior va en deterioro de las luchas históricas de los pueblos que en la coyuntura actual llevan 49 días de resistencia continúa”.

Las autoridades indígenas comenzaron con manifestaciones el 2 de octubre recién pasado para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios, a quienes señalan de atentar contra la democracia.

Un grupo de autoridades indígenas de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, acudieron este 24 de octubre al Congreso de la República para presentar un documento con una iniciativa de ley que pretende reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), decreto 40-94, y con eso se pueda remover al jefe del ente investigador.

Las autoridades ancestrales ofrecieron una conferencia de prensa a las afueras del Congreso de la República, y explicaron que dos bancadas, Winaq y URNG-Maíz iban a recibirlos para conocer la iniciativa de ley que busca hacer esas modificaciones.

Según el documento presentado por las autoridades ancestrales al Pleno del Congreso, la modificación que plantean es con el fin de viabilizar, a través de mecanismos democráticos, la remoción de fiscal general por causa de debidamente justificada contemplada constitucionalmente.

“Si bien es cierto, debe prevalecer el principio de legalidad, y el principio de pesos y contrapesos entre los organismos de Estado, para evitar el abuso de poder, también ha sido un hecho que en determinado momento, han existido extralimitaciones en el actuar del Ministerio Público, que han puesto en riesgo el orden democrático y han rebasado los límites de la independencia y autonomía entre las funciones de la institucionalidad creada en el marco de la Constitución Política de la República”, se lee en la exposición de motivos del documento.

Añade que la participación social ha hecho de manifiesto y puesto en evidencia “la cooptación de las instituciones de justicia, la interferencia en funciones constitucionales por un órgano auxiliar de la justicia. Es una hecho lamentable y grave para la democracia del país, que sectores oscuros vean una forma de lograr o mantener impunidad al tomar control de estas instituciones”, señalan en el mismo.

Señalan que en la actual fiscal, Consuelo Porras, en el ejercicio de su cargo ha cometido “manifiesta interferencia en las funciones constitucionales del Tribunal Supremo Electoral, ha profanado la voluntad popular que ha sido manifiesta en las urnas y cuya legalidad y pureza han sido testigos, cientos de Juntas Electorales Receptoras de Votos, y la serie de actos en contra del proceso electoral, que socavan la democracia”.

Aseguran que Porras comete acciones que ameritan su remoción del cargo y que al respecto, el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala en su último párrafo establece: “El Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida”, pero no define la causa debidamente establecida para la mencionada remoción del jefe del MP.

“El desarrollo del supuesto de la causa debidamente establecida se establece en el artículo 14 del Decreto 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, establece en su artículo 14.”REMOCION. El Presidente de la República podrá remover al Fiscal General de la República, por causa justificada debidamente establecida. Se entenderá por causa justificada, la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones, una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva. El Fiscal General será restituido inmediatamente en sus funciones cuando el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o se decrete la falta de mérito”.

Los líderes indígenas, en su escrito, dicen que esta norma tal y como se encuentra actualmente  establece una causa muy difícil o imposible de concretarse, pues los principios de unidad y jerarquía que rigen al Ministerio Público, establecidos en su artículo cinco, señala que el mismo fiscal general, sería quien dirija la investigación de su propio caso, y que no existe la posibilidad de separarlo aunque fuera provisionalmente ante una eventual investigación, lo que no garantizaría una investigación imparcial y objetiva.

Agregaron que otro aspecto a considerar es que las causales de remoción del jefe del MP no se deberían circunscribir la violación de la Ley Orgánica del MP, sino, también cuando se violan otras normas constitucionales, penales, a la ética profesional, a la probidad, al decoro, a la veracidad, a la idoneidad y honradez en el cargo, a la posible interferencia en las funciones constitucionales de las instituciones democráticas.

“Para dar solución a que la norma actual, determinada en el artículo 14 del Decreto Decreto 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público que restringe el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la reforma que se propone, desarrolla de mejor manera forma la causa debidamente establecida incluyendo causas justificadas razonables a un sistema de control ejercido por el presidente (titular del derecho Constitucional) y la ciudadanía (soberano) quien también puede activar la destitución del Fiscal General a través de mecanismos democráticos”, se lee.

Los líderes ancestrales dicen que la propuesta tiene el propósito de tener un control político y social, un equilibrio y un límite a la acción penal, para que no sea usada para violentar el orden constitucional, el estado de Derecho y se socaven los cimientos de las instituciones democráticas.

De urgencia nacional

Blanca Estela Toxcón Alvarado, una de las líderes indígenas, exigió a los diputados que de urgencia nacional se reforme la Ley Orgánica del MP y así se ponga fin a la crisis que vive el país.

“Es un compromiso ético, moral y legal responder al pueblo de Guatemala en este momento de grave crisis social y política. En sus manos está la solución para el retorno de la gobernabilidad y evitar que se consume este golpe de Estado en curso”, dijo Toxcón.

También señaló que el presidente Alejandro Giammattei no tiene voluntad política de cumplir con su deber constitucional que establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República para remover a la actual jefa del MP. Afirmó que una ley ordinaria no puede ser superior a una norma constitucional.

“Señor presidente de la República de Guatemala, usted es el culpable de esta crisis social y política en nuestro país por incumplir con sus funciones constitucionales”, comentó.

Cojtí Cristóbal García, otro líder indígena, señaló que están preocupados porque algunos diputados pretenden criminalizar a las autoridades ancestrales, específicamente de los 48 Cantones de Totonicapán, y que eso lejos de dar una solución pacífica esta situación, la complican más.

“Señores del congreso, ustedes fueron electos por el pueblo y ustedes también tienen la obligación de apoyar y legislar a favor del pueblo de Guatemala y dar una solución a este problema nacional. No es posible que cuatro autoridades abusando de su puesto y funciones pretendan burlar el voto popular en las urnas electorales. El pueblo no está de acuerdo con el secuestro del voto popular y los procesos que se encuentra en curso”, refirió.

“Es una vergüenza”

Por su parte, Celso Jiatz, otro líder indígena expresó que los pueblos se han unido con un solo objetivo, que es la destitución o renuncia de todos aquellos “malos funcionarios que han llevado a este país en una profunda crisis”.

“La escandalosa corrupción que prevalece en el país ya no puede ser ocultada. Es una vergüenza que nuestros gobernantes le estén mandando ese mensaje al mundo, de que aquí no hay un gobierno para el pueblo. Lo que hay es un gobierno que está trabajando para unas cuantas familias, los poderosos, los corruptos, los delincuentes y el narcotráfico”, señaló.

Este 18 de octubre las autoridades indígenas del país ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron que lamentan la falta de voluntad del Ministerio Público (MP) para dialogar sobre la crisis que se ha generado en el país e insistieron que la única solución a la misma es la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.

Además, exigen la renuncia del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Séptimo, Fredy Orellana.

Los Misrahí Xoquic Chiroy, alcalde indígena de Sololá dijo que están consternados por todo lo que está ocurriendo en el país últimamente y que la noche del 17 de octubre recibieron la notificación del MP en la que se manifestaba que la reunión que se había propuesto para este día a las 8 horas no se iba a concretar.

El MP publicó un comunicado la noche del martes, en la que dijo que no se podía dialogar con las autoridades indígenas si no se liberaba el ingreso al edificio central de esa entidad, en el barrio Gerona, y si no se permitía el ingreso permanente de los empleados.

Xoquic dio lectura a un comunicado de prensa en las que se menciona que las autoridades indígenas siempre han estado abiertas al diálogo.

Expresan que el pasado 13 de octubre la Secretaría General de la Presidencia de la República, les remitió una nota del MP, en la que se indicó que se podría sostener un diálogo algún día de esta actual semana, pero que esta no fue firmada por la fiscal general Consuelo Porras, sino que por Ángel Arnoldo Pineda Ávila, secretario del MP.

Añaden que como muestra de buena voluntad, accedieron a dialogar y propusieran que el encuentro se realizara en el  Palacio Nacional de la Cultura este 18 de octubre a las 8 horas, y que en ella participaran todos los líderes indígenas y medios de comunicación.

“Anoche, aproximadamente a las 20 horas recibimos comunicación de la Secretaría General de la Presidencia de la República en la que se indica que el Ministerio Público insiste en criminalizar la manifestación pacífica”, en alusión a que esa institución dijo que no dialogaría si no se liberaba el ingreso a sus edificios-.

“Es importante señalar que nuevamente la comunicación del Ministerio Público no fue firmada por la fiscal general, esto es grave, ya que evidencia que no se encuentra en funciones y ha abandonado el cargo. En la reunión sostenida el 13 de octubre en el con el presidente, – Alejandro Giammattei- él nos hizo saber que en esa fecha tenía ya tres días de no saber el paradero de la fiscal general, por lo que a la fecha tiene más de una semana de haberse ausentado del cargo lo que es causal para que sea removida del mismo”, dijo Xoquic.

Las autoridades indígenas agradecieron a los guatemaltecos que este día salieron a las calles y están en manifestación pacífica en las calles de la ciudad de Guatemala, y en puntos distintos del país.

Dijeron que esperan que en próximos días se logre reestablecer el diálogo, aunque reconocieron que no saben cuándo, pues se desconoce el paradero de la fiscal general.

“No es de que nosotros no tengamos la voluntad de sentarnos a un diálogo, sino que simplemente, pues, están jugando. Dicen una cosa, resultan con otra.  Es lamentable, pero nosotros siempre estamos acá al pie de la lucha y considero que nos mantendremos firmes en esta lucha hasta que consigamos el objetivo”, expresó Xoquic.

Llamado a exigir renuncia de Porras

Feliciana Herrera, representante del pueblo Ixil, expresó que es lamentable la falta de voluntad de los actores de esta situación y reconoció que los grupos indígenas siempre han buscado el diálogo.

“Lamentablemente, son más importante estos actores corruptos que la petición de la población y toda esta crisis. Nosotros aquí vamos a estar, siempre con las acciones que hemos venido haciendo desde un principio”, comentó Herrera.

Hizo un llamado a distintos sectores, en especial al sector privado para que intervengan en esta crisis y exijan la renuncia de Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana.

“Exigiendo la renuncia de estas cuatro personas, pues creemos que la situación, puede empezar a cambiar”, señaló Herrera.

“E lamentable la necedad de estas personas, especialmente la fiscal general del Ministerio Público, por eso es de que nosotros, como autoridades, presentamos una denuncia ya con otros actores, y en la que solicitamos que sean enjuiciados en base al artículo 45 de la Constitución de la República y las convenciones sobre derechos humanos, que establecen que los violadores de derechos humanos, como en el presente, caso sean denunciados con simples denuncias. Estas personas violadoras de derechos humanos atentan contra la vida democrática del país y el orden constitucional, además de constituir delitos es por eso que hemos pedido que sean enjuiciados sin tanto trámite”, comentó Herrera.

Señaló que saben cómo está la corrupción dentro del MP y que por eso se solicitó que los funcionarios señalados sean procesados por abogados independientes.

Cambio de ministro de Gobernación

Herrera también se refirió al cambio en el Ministerio de Gobernación y aseguró que esperan que con el nuevo funcionario Byron René Bor Illescas, no se ejecute actos violentos como se ha visto en algún momento, pues las protestas han sido pacíficas y así se mantendrán.

Le dijo a la fiscal Porras, que siguen exigiendo su renuncia y que deje el cargo porque el pueblo ya no la quiere allí y además ya tiene 15 días sin cumplir sus funciones.

Las autoridades indígenas dijeron que el acceso al edificio de Gerona se está permitiendo, pero que son los trabajadores del MP los que no llegan.

No permiten ingreso

Consultado el MP, señaló que es falso que estén permitiendo al personal entrar al edificio de Gerona a realizar su trabajo.

Afirmaron que únicamente dejan ingresar a personal de seguridad para realizar cambio de turnos.

“Ninguna fiscalía ni área administrativa ha podido regresar a sus labores desde que el edifico fue bloqueado el 2 de octubre de 2023” respondió el MP a la consulta.

Añadieron que el número de sedes distritales que están también afectadas por manifestaciones varía dependiendo el día y que en algunas a veces dejan entrar a trabajar al personal.

“Se ha reorganizado la distribución, hay otras sedes del Ministerio Público que están funcionando, además de teletrabajo, esto gracias al fortalecimiento digital que el Ministerio Público ha logrado en la administración de la Dra. Porras Argueta”, mencionaron

Integrantes de 17 organizaciones indígenas del país enviaron una carta al presidente de la República, Alejandro Giammattei, en la que le exponen que están de acuerdo con reunirse con autoridades del Ministerio Público (MP), si la reunión se lleva a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura.

En la misiva, las autoridades indígenas del país señalan que como seguimiento al oficio DSGP- No. 1882-2023/gvg y el Expediente No. 2023-06680, de fecha 13 de octubre de 2023, de la Secretaría General de la Presidencia de la República, en la que se les remite la respuesta del Ministerio Público en el que propone una reunión con los líderes indígenas, se explica que dicha respuesta no estaba firmada por la fiscal general -Consuelo Porras-.

Aseguran que la carta fue firmada por Arnoldo Pineda Ávila, Secretario General del MP y en ella señaló:  “Derivado de lo anterior, como Ministerio Público nos permitimos proponer que el diálogo se lleve a cabo un día de la próxima semana, en las instalaciones centrales de este Ministerio, debiendo las Autoridades Ancestrales, garantizar el acceso y egreso de los funcionarios y demás trabajadores del Ministerio Público de forma permanente a las instalaciones, tanto las ya referidas como todas aquellas sedes del Ministerio Público que se encuentran tomadas, pues el limitar derechos de guatemaltecos, excede la posibilidad de ejercer su derecho de manifestación de forma pacífica”.

Las autoridades le explican a Giammattei que lo anterior les parece indignante, si se toma en cuenta que las manifestaciones y protestas han sido pacíficas y que en ningún momento ellos han amenazado a alguna persona.

“Es preocupante que, a pesar de ser los causantes de las movilizaciones y manifestaciones a nivel nacional, continúen -el MP- con actos de provocación como el que se lee en la comunicación ya identificada”, se lee en la carta enviada por las autoridades ancestrales.

Reunión para miércoles 18 de octubre

Las autoridades indígenas también explicaron que, en aras de mostrar su buena voluntad de dialogar y encontrar una solución a nuestras exigencias, accedieron al dialogo pero en el Palacio Nacional de la Cultura.

La reunión, señalan, se llevará a cabo el miércoles 18 de octubre a las 8 horas en el Palacio Nacional de la Cultura y a esta reunión asistirán 22 representantes de los pueblos indígenas y medios de comunicación, pues consideran que todo acto del Estado es público.

También pidieron que en esta reunión se cuente con la participación de la misión de la Organización de Estados Americanos.

La exigencia es la renuncia

En una conferencia de prensa que ofrecieron las autoridades indígenas este 17 de octubre, dijeron que la única petición que llevarán a la reunión con el MP es que la fiscal Consuelo Porras renuncie, al igual que los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez Fredy Orellana.

Comentaron que el MP, quien pidió la reunión, no ha confirmado la presencia de Porras en la reunión, ni tampoco quiénes podrían participar.

Recalcaron que si las autoridades no acceden a que los 20 representantes de los pueblos indígenas, la prensa y la OEA participen en la reunión no acudirían a ella.

Insistieron en que el encuentro es público y la población merece saber qué está ocurriendo.

Representantes de autoridades indígenas de Guatemala brindaron conferencia de prensa este sábado 14 de octubre para hablar de la crisis política que atraviesa Guatemala.

Los representante indígenas cumplen 13 días de manifestaciones en las que junto a otros guatemaltecos exigen las renuncias de la fiscal general, Consuelo Porras; del fiscal, Rafael Curruchiche; y del juez Fredy Orella por sus acciones en el proceso electoral 2023.

Los dirigentes se desligaron de la toma de la planta de agua Xayá-Pixcayá, en Chimaltenango, y de otros incidentes violentos e ilegales en bloqueos y manifestaciones.

“Negamos rotundamente que alguna de nuestras organizaciones o alcaldías indígenas sean parte de esa ocupación”, agregaron.

Añadieron que este señalamiento forma parte del “del plan orquestado por el presidente Giammattei par iniciar una campaña de criminalización y persecución en contra de nuestro movimiento y el paro nacional indefinido”.

Según ellos, Giammattei sabe que es insuficiente el abastecimiento de agua a vecinos de la capital y es “mal crónico que tiene que ver con la corrupción y la mala gestión de este bien natural”.

Agregaron que los vecinos de la capital “sufren” por la falta de abastecimiento de agua y que ahora a ellos -autoridades indígenas- pretenden criminalizarlos por un acto que no es su responsabilidad y que ameritaría una investigación para investigar a los responsables de la toma de la planta.

Señalaron que hay diputados oficialistas detrás de esta maniobra en la planta de agua y afirmaron que Giammattei tendría una estrategia de “pretender criminalizarlos, queriendo inculparlos de la mala atención y falta de suministros de agua en hospitales y la ciudad capital por la toma de la planta de agua en Zaragoza, Chimaltenango”.

Las autoridades indígenas añadieron que el gobierno ha transferido Q668 millones del presupuesto de Salud para “cubrir rubros no esenciales, como la promoción de su imagen” y a rubros “que son focos de corrupción” como el Ministerio de Comunicaciones.

“De proseguir con esta estrategia de criminalización de este movimiento, advertimos al presidente Giammattei de que no consigue atemorizarnos, al contrario, nos fortalece y nos lleva a la reflexión y que el verdadero problema de Guatemala en esta crisis no es Consuelo Porras, es usted -el presidente- como comandante del pacto de corruptos”, señalaron.

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Otro representante señaló que ha habido acciones en contra de las manifestaciones pacíficas, “algunas represiones y algunos actos vandálicos”.

Afirmó que no tienen ninguna relación con grupos que estén tomando acciones fuera del contexto, pues sus manifestaciones son pacíficas y han permito el paso del transporte de alimentos y combustibles.

Dijo que en algunos puntos se da paso a vehículos que trasladan insumos, ya que su lucha es pacífica, a pesar de que “no tienen un respuesta clara y contundente” de parte del gobierno.

Agregó que representantes del movimiento son judicializados e individualizados y que la lucha es del pueblo.

Advirtió que la lucha no ha terminado porque no tienen “una respuesta clara del gobierno”.

“Nos hacemos ajenos a cualquier infiltración de cualquier grupo que quiera dañar nuestra manifestación y que de esta forma nos puedan criminalizar”, advirtió.

Anunció que en su momento harán un comunicado para informar a la población sobre qué acciones van a tomar respecto de los bloqueos.

Mientras que una de las lideresas indígenas manifestó que rechazan los actos de “represión de parte de las fuerzas policiales, de parte de los antimotines que desde ayer -13 de octubre- en horas de la madrugada estuvieron enviando a más de mil elementos antimotines y utilizaron la fuerza inicialmente en Puerto Quetzal, Puerto San José y posteriormente en el cruce a San Vicente Pacaya”.

Según ella, el Ministerio de Gobernación está incumpliendo con una orden emanada de la Corte de Constitucionalidad, por lo que se debe certificar lo conducente y se investigue por incumplir con un amparo a favor de las autoridades indígenas para garantizar el derecho a la manifestación.

Qué respondió Presidencia

Se consultó a Presidencia por los señalamientos hechos por las autoridades indígenas y respondió que el “presidente Alejandro Giammattei fue enfático en el mensaje a la Nación emitido el pasado viernes en hacer un llamado a las personas que tienen tomada la planta en mención a que declinen esta medida de manera pacífica”.

Indicó que la denuncia existente en contra de esta medida ilegal ha sido interpuesta por otras instancias y en caso de existir una resolución legal, la misma deberá ser acatada conforme a la ley

Añadió: “En todo momento se ha privilegiado el diálogo y la negociación”.