“La aprobación de las enmiendas (…) daría lugar a una amnistía inmediata para los autores de graves violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil, incluidos los crímenes de lesa humanidad y el genocidio”, advierte la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

Durante los 36 años de guerra civil, Guatemala registró 200 mil muertos y desaparecidos, sobre todo en comunidades indígenas, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, según cifras de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) auspiciada por la ONU, que también reconoció un genocidio de poblaciones mayas.

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La Ley de Reconciliación Nacional, aprobada tras el fin de la guerra en 1996, otorgó amnistía a militares y guerrilleros, pero dejó fuera los delitos de lesa humanidad como genocidio, tortura y desaparición forzada.

Pero, de aprobarse las reformas, la ley obligaría al sobreseimiento y la liberación de las personas que cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas.

Mogherini, que se pronuncia en una declaración en nombre de los 28 países europeos, expresó también su preocupación por las enmiendas propuestas a otra ley que regula las oenegés y que, a su juicio, “limitaría las actividades de los defensores de los derechos humanos”.

“Los últimos acontecimientos en Guatemala (…), así como la falta de adhesión a los compromisos internacionales, están aumentando la tensión sobre el Estado de derecho y la separación de poderes en el país”, advierte la también ex canciller italiana.

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La UE expresa también su preocupación por el “creciente número de ataques y asesinatos de defensores de los derechos humanos” en 2018 y reitera su oposición a la decisión del gobierno guatemalteco sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los europeos urgen así al gobierno de Jimmy Morales a “respetar los principios democráticos fundamentales, los derechos humanos y la independencia del Tribunal Constitucional” y advierten de su disposición a adoptar “nuevas medidas” para fortalecer la democracia en el país.

En una reciente resolución, la Eurocámara recordó que la “violación” de los derechos humanos puede conllevar la “suspensión” de la participación de Guatemala en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, cuyo capítulo comercial se aplica desde 2013.

“La reforma propuesta a la Ley de Reconciliación Nacional plantea una amenaza considerable para el Estado de Derecho en Guatemala”, subrayan los eurodiputados en la resolución aprobada en Estrasburgo (Francia).

Para el Parlamento Europeo, de aprobarse, esta reforma “socavaría gravemente el importante progreso logrado mediante el trabajo de los tribunales nacionales en su lucha contra la impunidad”.

La amnistía “alimentaría aún más la violencia” y “podría provocar una desestabilización de la sociedad”, apuntan los eurodiputados, que instan “por tanto al Congreso guatemalteco a no aprobar el proyecto de ley”.

La Ley de Reconciliación Nacional, aprobada tras el fin de la guerra en 1996, otorgó amnistía a militares y guerrilleros, pero dejó fuera los delitos de lesa humanidad como genocidio, tortura y desaparición forzada.

Pero, de aprobarse las reformas, la ley obligaría al sobreseimiento y la liberación de las personas que cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas.

Los eurodiputados aprovecharon la ocasión para reiterar su apoyo a la misión anticorrupción de la ONU, que enfrenta el acoso del presidente guatemalteco Jimmy Morales, que trató de forzar su cierre prematuro.

La Eurocámara pide así “al gobierno guatemalteco que cese todos los ataques ilegales contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y su personal nacional e internacional”.

Tras expresar su preocupación por el aumento de los asesinatos y la falta de seguridad para mujeres y defensores de derechos humanos, la resolución adoptada deja planear la amenaza de eventuales medidas contra el país.

La “violación” de los derechos humanos puede conllevar la “suspensión” de la participación de Guatemala en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, cuyo capítulo comercial se aplica desde 2013, advierten.

En 2017, los intercambios comerciales entre la UE y Guatemala se elevaron a unos 2.025 millones de euros (unos 2.290 millones de dólares), frente a los 1.585 millones de euros registrados en 2014, según la Comisión Europea.

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Rechazan reformas a la Ley de Reconciliación Nacional durante marcha por dignificación de las víctimas

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Las advertencias se hicieron en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en San José, para evaluar el cumplimiento de la sentencia condenatoria contra el Estado guatemalteco por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, a los 14 años.

El menor fue secuestrado por militares que incursionaron en su casa en octubre de 1981, un día después de que su hermana Emma, entonces de 21, escapara de un cuartel militar donde sufrió torturas y violación a manos de los solados.

Cuatro militares de alto rango fueron sentenciados en mayo de 2018 a más de 30 años de prisión por el caso.

#NoALaAmnistía Si se aprueba esta ley se detienen los procesos de investigación alrededor del paradero de Marco Antonio. La ausencia del acatamiento del Estado también es una medida inmoral y perversa que lo que busca es mantener el régimen de impunidad en #Guatemala pic.twitter.com/STsl4BNzCl

— CEJIL (@cejil) March 11, 2019

Ana Lucrecia Molina Theissen, hermana de las víctimas, declaró en la audiencia: “La justicia alcanzada es una satisfacción para mí y para mi familia y para otras miles de víctimas de crímenes horrendos”.

Pero advirtió que la reforma a la ley de reconciliación nacional de 1996, que contempla amnistías para los crímenes cometidos durante el conflicto armado, será un retroceso en lo avanzado por la justicia.

“La reforma a la ley de reconciliación nacional que está a punto de aprobarse es un agravio más para Marco Antonio, Emma, mi familia y las decenas de miles de víctimas del terrorismo estatal”, sostuvo.

La ley de reconciliación nacional fue promulgada tras los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en Guatemala (1960-1996), y excluyó la posibilidad de exculpar los delitos de lesa humanidad, como tortura y desaparición forzada de personas.

La reforma en discusión en Guatemala busca amnistiar esos delitos, y fue aprobada en dos debates legislativos, requiriendo un voto más para ser adoptada.

.@CIDH en audiencia Caso Molina Theissen Vs. #Guatemala ante @CorteIDH: Preocupación sobre existencia de amenazas y hostigamientos contra miembros de familia Molina Theissen. CIDH ha constatado frecuentes amenazas contra quienes luchan por obtener justicia en Guatemala.

— CIDH – IACHR (@CIDH) March 11, 2019

“La inminente aprobación y entrada en vigencia (de la reforma) alentaría la repetición de hechos violatorios, profundizaría la impunidad e incumpliría con los compromisos internacionales”, expuso en la audiencia la jurista Claudia Paz y Paz, directora regional del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Agregó que “esta iniciativa solo tiene un propósito: garantizar la impunidad a a los graves perpetradores de los crímenes” cometidos durante el conflicto armado.

El representante del Estado guatemalteco en la audiencia, Jorge Luis Borrayo, aseguró que el gobierno del presidente Jimmy Morales no tiene incidencia sobre la votación en marcha en el Congreso.

Los familiares reclamaron al gobierno la falta de atención a la búsqueda de los restos de Marco Antonio Molina.

“No se imaginan, le destrozan a uno la vida, mi corazón está siempre pensando lo mismo: ¿Dónde está mi hijo, qué hicieron con él?”, lamentó Emma Theissen, madre del desaparecido.

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Congresistas de EE. UU. advierten que reformas a la Ley de Reconciliación son una amenaza para la seguridad guatemalteca

Iniciativa que dará amnistía por crímenes de guerra pasa en segundo debate

“Pedimos al Congreso de Guatemala que se abstenga de continuar el trámite de la iniciativa de ley” que busca conceder amnistía a responsables de violaciones en el conflicto armado (1960-1996), indica una misiva de organización Madres de Plaza de Mayo de Argentina.

La carta fue enviada a varias autoridades guatemaltecas y divulgada este miércoles por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), entidad que ha participado como querellante en varias casos de masacres y genocidio cometidos durante la guerra guatemalteca.

La propuesta, que el pasado 17 de enero pasó la primera de tres lecturas en el Congreso, busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada tras el fin del conflicto en 1996, y suscita el rechazo de organizaciones sociales y expertos independientes de la ONU que consideran que genera impunidad.

La normativa busca dejar en libertad a quienes ya fueron condenados y que se deje de perseguir a quienes cometieron delitos de guerra.

La iniciativa fue propuesta por Fernando Linares, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez, Claude Harmeling, Boris España, Armando Melgar, Javier Hernández, Delia Bac, Manuel Conde, Javier Hernández, Julio Lainfiesta y José Ubico.

“Consideramos que hacer una amnistía total no necesariamente es una herramienta validad para la reconciliación… Las personas que hoy están en la cárcel y por esta ley podrían salir son personas que cometieron asesinatos de niños, violaron a mujeres y eso se compró en un juicio”, afirmó la diputada Sandra Morán al razonar su voto.

Los diputados que la impulsan y sectores derechistas afines a los militares señalan, sin embargo, que la iniciativa trata de promover la reconciliación.

El proyecto implica derogar varios artículos de la ley de reconciliación, entre ellos uno que dejó fuera de la amnistía para insurgentes y militares los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.

Modificar la ley actual “representaría un retroceso grave y un paso más para perpetuar la impunidad”, lamenta la organización integrada por familiares de detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar argentina.

Ante ello, piden a la Fiscalía que solicite quitar los fueros a los congresistas promotores de la iniciativa supuestamente por cometer delitos como conspiración para la obstrucción de la justicia y desobediencia.

La guerra civil guatemalteca dejó 200.000 muertos y desaparecidos, concluyó en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU. El 93% de las atrocidades fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado.

Y es que la segunda fase de investigación de FCN, partido que llevó al poder, a Jimmy Morales, dio cuenta que el mandatario recibió Q8 millones de poderosos empresarios. Morales habría ocultado estos aportes al Tribunal Supremo Electoral.

Morales promocionó su candidatura presidencial como la más barata de la historia, según él solo gastó Q113 mil, eso fue lo que reportó, pero la realidad es otra según los empresarios que confesaron el delito electoral y que ofrecieron documentos de respaldo para evidenciar los pagos ilegales.

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Facturas, mensajes, correos, etc., involucran a Jimmy Morales en #FinanciamientoElectoralIlícito

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Jimmy Morales no reportó Q15 millones al TSE

Utilizaron diversos mecanismos para ocultar al menos Q8 millones al TSE. #FCN dijo que su campaña solo costó Q113 mil, pero no se cree que recibieron al menos Q15 millones de #FinanciamientoElectoralIlícito dice jefe de @CICIGgt

— Ideas Colochas (@MelenaCreativa) April 19, 2018

El año pasado se presentó la primera invetigación sobre financiamiento anómalo para FCN, entonces, se reportó que la agrupación política recibió Q2.3 millones sin reportar al TSE. Finalmente, debió ceder sus finanzas -las que Jimmy Morales ocultó como secretario general del partido- y se comprobó que había recibido más de Q5 milllones.

Ahora se reportaron otros Q8 millones que recibieron bajo la mesa, burlando los controles legales. En total, más de Q15 millones.

El financiamiento electoral no es ilícito, se pueden hacer aportes para las actividades de los partidos pero ese financiamiento sometido a reglas, a la Ley Electoral es provechoso para la democracia. @Ivan_Velasquez_

— Ideas Colochas (@MelenaCreativa) April 19, 2018

"Este no es un reproche al acto de financiar actividades políticas, el problema es cuando se usan subterfugios para entregar un financiamiento anónimo. Afecta la democracia y constituyen delito", @Ivan_Velasquez_ jefe de @CICIGgt

— Ideas Colochas (@MelenaCreativa) April 19, 2018

Nuestra aspiración es que para las elecciones del 2019 hayan controles reales que puedan eliminar esto de la realidad política del país, evitar la asimetría derivada de financiamientos anónimos que han recibido candidatos y partidos. @Ivan_Velasquez_ jefe de @CICIGgt

— Ideas Colochas (@MelenaCreativa) April 19, 2018

Jimmy Morales librado por diputados

El año pasado también se requirió que el presidente fuera despojado de su inmunidad para enfrentar una investigación, sin embargo, los diputados lo blindaron y no aprobaron el antejuicio pese a la recomendación de la comisión pesquisidora, al contrario, lo enviaron a dirección legislativa donde permanece bajo resguardo, es decir, sin actividad.

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CICIG y MP dice que la investigación está 90% avanzada por lo que todavía analizan si presentar el antejuicio contra Morales, están a la espera de más indicios.

Los diputados en este momento transan una nueva amnistía.  Pretenden vía la modificación del código penal, blindarse de ser perseguidos por este delito.

Entre los diputados que firmaron la iniciativa para reformar el 407N del Código penal está Rodolfo Castañon de FCN, Estuardo Galdamdez y Oscar Argueta de la UNE. pic.twitter.com/CxY6nouzVL

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 19, 2018