La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este viernes 5 de agosto fue desarticulada la banda criminal denominada “Acapulco” tras allanamientos en San José Pínula, Guatemala.

Se reportan 11 capturas de personas presuntas responsables de asociación ilícita, trata de personas, remuneración por la trata de personas y violación.

Las autoridades brindaron conferencia de prensa, en la que Alexander Colop, fiscal de sección contra la Trata de personas del Ministerio Público (MP), informó que se tuvo la denuncia de una víctima de 14 años, que fue explotada durante varios meses por esta estructura desde el 2019.

Dijo que la explotación contra la menor se daba en un centro nocturno de San José Pinula. Según el MP, la menor abandonó su casa por problemas y la mamá activó la alerta Alba-Keneth.

La adolescente se fue a vivir con una amiga, pero esta la llevó con María Mercedes Ordoñez, quien le ofreció un trabajo y le indicó que la podía ubicar en un empleo, pero no le dijo en qué consistía.

Luego coordinó para que una noche la menor fuera trasladada por Mirna Yaneth Ordoñez Vásquez y Stewen James Herrera hacia el negocio denominado “Bar Acapulco”.

Indicó el fiscal que en ese negocio explotan sexualmente a mujeres, donde la menor fue recibida por Sergio Paz y Hessenia Folgar.

En ese negocio, la menor fue explotada sexualmente y la activación de la alerta permitió que fuera rescatada por la mamá, pero la estructura criminal quedó en contacto y en conocimiento de dónde vivía la adolescente.

Luego, nuevamente fue contactada por Marvin Fermín Ordoñez Vásquez, hijo de la mujer que la captó y la trasladó al centro nocturno.

Colop explicó que luego de eso cambió la forma de cómo la explotaban, ya que Ordoñez fue contactado por otras personas para negociar y mantener relaciones sexuales con la víctima.

“Es así como él -Ordoñez- al momento de recibir las llamadas con los denominados clientes, traslada a la adolescente a distintos hoteles de San José Pinula y en estos hoteles tiene el contacto con los clientes, quienes mantienen relaciones sexuales a cambio de dinero.

Resaltó que el caso no quedó únicamente con la identificación de los tratantes y de los explotadores, ya que la investigación avanzó en virtud de que la adolescente logró identificar, no solo a sus tratantes, sino que también a algunos de los victimarios que pagaron para tener relaciones sexuales con ella.

Derivado de lo anterior, las autoridades giraron dos órdenes de aprehensión por el delito de violación, ya que cuando ocurrió, la menor tenía menos de 14 años. También giraron dos órdenes de captura por el delito de remuneración por la trata de personas.

Aún se desconoce si a partir del 2019 hay más víctimas de la referida estructura.

Héctor Hernández director general de la PNC, dijo que el caso es relevante, ya que deja ver el atentando que hay contra menores de edad.

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Explicó que el modo de operar de esta estructura es la perfilación de víctimas que tienen conflictos socioeconómicos y sobre todo la situación en que viven.

Señaló que les ofrecen trabajos “dignos”, pero al final son obligadas a prestar servicios sexuales en diferentes bares en el departamento de Guatemala.

El funcionario agregó que le dan seguimiento a diferentes estructuras que operan en todo el país y que lamentablemente en este caso una niña es víctima.

Advirtió que hay más casos, por lo que hizo un llamado a la población guatemalteca para que denuncie este tipo de hechos.

Dijo que muchas veces los vecinos saben qué pasa en estos centros nocturnos, por lo que pidió la denuncia para dar libertad a las niñas que son explotadas.

Un hombre de 31 años mató a su suegro a puñaladas al enterarse de que abusaba de sus dos hijos menores de edad.

El homicida ingresó en la casa de su familiar, de 70 años, y lo mató con arma cortante. La dramática situación ocurrió en la comuna de Pudahuel, Santiago de Chile.

El abusador ya había sido denunciado previamente por su propia hija al conocer los abusos, informó el Clarín.com.

Según los menores, su abuelo les proponía “tocamientos indecentes”.

Según explicó el comisario Julio Ceballos, de la Brigada de Homicidios de la PDI, la víctima había sido denunciado por su hija por el supuesto abuso sexual de dos nietos, con quienes vivía en la vivienda.

“Personal de Carabineros llegó al domicilio, ingresó a este y dio cuenta que la persona estaba en su cama con diversas heridas cortopunzantes a nivel cervical”, aseveró.

Según detalló el comisario, el homicida aprovechó que el hombre de 70 años estaba durmiendo y lo atacó con un cuchillo.

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Le hizo cinco cortes que le produjeron la muerte en forma instantánea. Luego del crimen, llamó a su pareja para confesarle que había matado a su suegro.

El cuerpo del abuelo de los menores fue encontrado en el domicilio que compartía con su hija y nietos. Su hallazgo se produjo posteriormente que la madre de los menores había presuntamente conocido los abusos y hecho la denuncia a la policía local.

Pese a la muerte del abusador, las diligencias judiciales continuarán para determinar la existencia del hecho denunciado por la mujer. Los identidades no fueron proporcionadas.

En Chile, las agresiones sexuales contra menores son un problema grave: el 77% de las denuncias por violencia sexual que se presentan a la justicia afectan a niños, niñas o adolescentes.

Allí no solo importa la cantidad, sino quiénes son esas víctimas. Los datos del Ministerio Público de Chile indican que, del total de víctimas de delitos sexuales, el 77% son niños, niñas y adolescentes, mientras que el 23% son adultos.

A esto se le suma que la violencia sexual tiene cara de niña: el 84,7% de las víctimas de abuso sexual infantil son niñas y adolescentes.

A estos datos se agregan otros igual de relevantes y preocupantes: el 62% de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, ocurren en los hogares, acorde a un estudio revelado por el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Foto de referencia tomada de CHV Noticia.

En allanamiento este viernes 19 de marzo en Escuintla, la Unidad contra la Pornografía Infantil logró la aprehensión de Mercedes Araceli Nájera Sánchez de Chanquin.

Es sindicada por los delitos de producción de pornografía de personas menores de edad con circunstancias especiales de agravación, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad e inducción al abandono de hogar.

En la investigación se estableció que la sindicada estableció conexión con la víctima a través de las redes sociales.

Nájera Sánchez labora por las mañanas como maestra en un instituto por cooperativa y por las tardes en el área administrativa de un centro educativo de Amatitlán.

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Según la Policía Nacional Civil (PNC), la capturada presuntamente acosaba y tenía relaciones sexuales con menores de edad, por lo cual hay una denuncia en su contra.

En el cateo se reporta el secuestro de una computadora y un celular, el cual se presume contiene fotografías de menores. La investigación continúa para verificar si la detenida está relacionada a otros casos.

La detención se llevó a cabo en la colonia Modelo I, zona 2 de Escuintla.

El MP indicó que también hubo diligencias de allanamiento en inmuebles en Boca del Monte, Villa Canales, y Palín y Escuintla, donde se decomisaron indicios.

Aura Mendoza, secretaria técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), afirma que la violencia contra menores es alarmante. “Lamentablemente el Estado no responde, no garantiza los derechos de la niña, no garantiza la salud y vemos que los procesos legales se quedan estancados y en impunidad”, dijo.

Mendoza explicó que cuando un caso de embarazo se detecta en escuelas o servicios de salud se coloca la denuncia y se le da acompañamiento a la menor; sin embargo, al llegar el proceso al Ministerio Público este se estanca, lo que propicia niveles altos de impunidad.

Datos del Osar detallan que en el 2018 en Huehuetenango se registraron 132 embarazos en niñas menores de 14 años, de las cuales 14 fueron en La Democracia; 13 en Barillas; 12 en Nentón; y en el resto de los municipios entre uno y cinco casos fueron documentados.

En lo que va de este año se reportan más de 90 embarazos en menores de 14 años, 12 casos en Barillas, ocho en Colotenango, siete en Soloma, siete en La Democracia, siete en Todos Santos, y seis en Nentón. Se informó que 56 niñas tienen pareja.

El Osar informó que en el 2019, a escala nacional se han embarazado dos mil 837 niñas de 10 a 14 años, y Huehuetenango ocupa el primer lugar con ocho mil 856 casos, seguido de Alta Verapaz con siete mil 862; San Marcos, cinco mil 476; Petén, cuatro mil 991; Quiché, cuatro mil 794; y Guatemala, cinco mil 771.

Érick Villatoro, auxiliar de la PDH, dijo que lo más preocupante son los casos no que no se conocen y que quedan en la impunidad, pues los que se denuncian caminan a paso lento y se abriga la esperanza de que en algún momento habrá justicia.

Según el funcionario, no basta solo con denunciar el caso sino debe haber un seguimiento al proceso con los asesores jurídicos del Ministerio de Salud, “lo desafortunado es que los victimarios son familiares por lo que se limita y las funciones de esta cartera es de salud no judicial”, explicó.

Gandy Veláquez, de la Red de Jóvenes, señala que por más denuncias que se interponen no hay reacción de las autoridades, desde el Ministerio Público hasta los jueces.

“Estancan cada uno de los casos y no se ve, somos el primer departamento con niñas madres y a pesar de eso no hay sentencias, en lo administrativo no hay planes para reducir esos indicadores negativos”, afirma.

En la cárcel federal en Nueva York, Estados Unidos, fue hallado muerto Epstein con indicios de haberse suicidado.

El financiero, detenido sin derecho a fianza desde que fue arrestado a principios de julio, fue hallado colgado en su celda a eso de las 7:30 de la mañana, hora local, señala el New York Times.

Epstein ya había sido hallado a finales de julio con marcas en el cuello después de un aparente intento de suicidio.

El administrador de fondos de cobertura no logró salir bajo fianza el mes pasado luego de comparecer ante una corte de Nueva York acusado de un cargo de explotación sexual de menores y otro de asociación para delinquir para explotar sexualmente a menores entre 2002 y 2005.

El acusado, que negó los cargos, se enfrentaba a una pena de 45 años de prisión -el resto de su vida- en caso de ser condenado.

Caal Pérez habría sido sorprendido por otros maestros cuando intentaba abusar sexualmente de una alumna de nueve años.

Padres de familia y maestros lo retuvieron y pretendían vapulearlo, pero decidieron entregarlo a la Policía, que a su vez lo trasladó a un juzgado para que solvente su situación legal.

Estadísticas de abusos

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio Público (MP) y la ONG Refugio de la Niñez, en 2018 se documentaron 10 mil 462 casos de maltrato infantil, 3mil 912 de violencia sexual.

Pero lo realmente alarmante es que el 90% de los casos de violación que se registran contra menores, los responsables muchas veces están en su círculo familiar, es decir los papás biológicos, los padrastros e incluso los hermanos mayores, tíos y vecinos.

Tan solo en enero y febrero de 2019 se reportaron 456 nacimientos de madres entre 10 a 14 años. Basado en esos números, cada día siete niñas se enfrentan a la maternidad producto de una violación, una cada tres horas.

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Esta ley incluye una prescripción de 20 años para denunciar los actos de violencia, un plazo que se aplica a partir de la edad de 18 años para los menores agredidos.

Un artículo prevé la obligación de denuncia, salvo en caso del sacramento de la confesión para los eclesiásticos.

La ley está acompañada por un “motu proprio” explicativo –carta apostólica a iniciativa del papa–, dedicado a la “protección de menores y de personas vulnerables” en el seno de la Curia romana y la Ciudad del Vaticano.

“El Santo Padre desea que –también gracias a estas normas que conciernen al Estado de la Ciudad del Vaticano y la Curia Romana– madure en todos la conciencia que la Iglesia deba ser cada vez más una casa segura para los niños y las personas vulnerables” indica un comunicado de la Santa Sede.

Una persona condenada por haber abusado de un menor o de una persona vulnerable debe ser “destituida de su cargo”. Pero esta persona también debería recibir ayuda psicológica y espiritual adecuada con vistas a su “reinserción social”, indica el papa.

Esas líneas directrices para hacer frente a casos de abusos sexuales son exigidas desde 2011 por la Santa Sede a las conferencias episcopales de todo el planeta.

Pero la Ciudad del Vaticano y la Curia romana (gobierno del Vaticano), se hallaban en un vacío jurídico en este ámbito.

La niña, de 14 años, se había desmayado tras una semana trabajando en una fábrica de calzado en su país, en la que había aceptado un empleo para financiar sus estudios.

Y de repente apareció en un vagón.

“No sé durante cuántos días estuve desmayada o cuánto tiempo llevaba en el tren. Solo vi carteles con letras chinas. No podía entenderlos (…) Empecé a llorar”.

Nang Nu Tsawm cree que fue drogada y poco después descubrió por qué: fue llevada a China y vendida por US$12.700 a una familia para convertirse en “esposa” de un joven de 15 años y tener hijos con él.

La adolescente acabó dando a luz a una niña y un niño, y pasó 5 años en China hasta que la policía, alertada por otro caso de trata de mujeres, llegó a la vivienda donde se encontraba y la arrestó por estar en el país de forma ilegal.

Nang Nu Tsawm pasó varias semanas bajo custodia de las autoridades y después fue deportada. Nunca más volvió a ver a sus hijos.

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El drama de esta niña birmana es solo un ejemplo de la trama de trata de mujeres en la frontera chino-birmana destapado por la organización en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) esta semana.

Esta red se nutre, por el lado birmano, de la situación de precariedad y violencia que se vive en el norte del país; y por el lado chino, del desequilibrio entre el número de hombres y mujeres, según la organización.

El gobierno birmano compartió información con HRW sobre el asunto y mantuvo diversas reuniones con el grupo. El ejecutivo chino, que ha criticado en numerosas ocasiones el trabajo de ésta y otras ONG de derechos humanos por considerarlas “sesgadas”, no respondió a sus peticiones, según Human Rights Watch.

“Algo más extraño y siniestro”

En un informe titulado “Danos un hijo y te dejaremos ir”, HRW describe un oscuro entramado de tráfico de mujeres y niñas a China desde los estados del norte de Birmania Kachín y Shan, severamente afectados por el conflicto armado entre el gobierno y guerrillas de minorías étnicas.

En el gigante asiático, las birmanas acaban siendo vendidas y sujetas a violencia física y psicológica: encerradas y violadas, en ocasiones, “hasta que se quedan embarazadas”. Aquellas que consiguen escapar, deben dejar a sus niños con las familias chinas.

“Los matrimonios forzosos ocurren en muchos países del mundo (…) y pensé que esto sería una variación de eso mismo, pero esto es algo más extraño y mucho más siniestro: una situación en la que la familia no está buscando realmente una novia, sino un bebé”, explica la autora principal del informe, Heather Barr, que pasó tres años investigando el asunto.

“Me impresionó mucho eso”, reconoce Barr en una conversación telefónica con BBC Mundo desde Birmania.

La historias que esta investigadora y su equipo recopilaron evidencian una situación de extrema vulnerabilidad por parte de mujeres que huyen de la violencia, forzadas a vivir en campos para desplazados internos donde no tienen opciones de prosperar.

Desde 2011, cuando se produjo el estallido de la violencia entre fuerzas gubernamentales y guerrillas tras 17 años de alto el fuego, la ONU calcula que decenas de miles de personas han sido desplazadas.

En ese contexto, las niñas o mujeres adultas del norte del país aceptan trabajos en la vecina China que acaban siendo falsos, engañadas en la mayoría de ocasiones por amigos o conocidos, y abandonadas a su suerte por las autoridades de uno y otro país, denuncia HRW.

El equipo que investigó la trata en la frontera chino-birmana reconoce, no obstante, que hay casos de éxito tanto de la policía birmana como china, pero apunta que en la mayoría de ocasiones se mira hacia otro lado.

Desde 14 a 46 años

Seng Moon es un ejemplo de ello: tras huir del conflicto armado en 2011, su familia tenía dificultades para sobrevivir en los campos de desplazados y su cuñada le recomendó un trabajo en la provincia limítrofe de Yunnan.

Ella, con 16 años, no quería ir al principio, pero su familia consideró que era una buena opción ya que el salario que le prometieron era mucho mayor que lo que pudiera conseguir en Birmania.

En el auto, su cuñada le dio “algo para el mareo”, que hizo que Seng Moon cayera dormida. “Cuando me desperté, tenía atadas las manos a mi espalda. Grité y pedí ayuda”, recordó la joven en conversación con HRW.

Para entonces, ya estaba en China. Su cuñada la abandonó con una familia del país y tras meses volvió a aparecer con una advertencia mientras la llevaba a otra casa: “Ahora tienes que casarte con un hombre chino”.

“La familia me llevó a una habitación. En esa habitación, me ataron de nuevo… Cerraron la puerta, durante uno o dos meses… Cada vez que el hombre chino me traía comida, me violaba. Tras dos meses, me sacaron de la habitación. El padre del hombre chino me dijo: ‘Este es tu marido. Ahora son una pareja casada. Sean buenos el uno con el otro y construyan una familia feliz'”.

Nang Nu Tsawm, la niña de 14 años que acabó en un tren, fue la joven de menor edad de las víctimas entrevistadas por HRW.

En total, fueron 37 las mujeres que escaparon y accedieron a hablar con la organización. Doce de ellas eran menores de 18 años cuando fueron secuestradas. La mayor tenía 46.

Fueron vendidas por entre US$3.000 y US$13.000, un monto que acaba en manos de los traficantes de ambos países.

“De las 37, solo cuatro fueron traficadas por alguien que no conocían”, subraya la investigadora sénior de HRW.

Familias rotas

¿Cómo es posible que un familiar venda a otro por dinero? La investigadora reflexiona sobre la situación que refleja la trata y encuentra una posible explicación en la difícil situación de los campos birmanos.

“Imagina que vives en uno de estos campos, desplazado de tu localidad, probablemente cuando la violencia estalló en 2011, así que llevas ahí ocho años, el campo está increíblemente abarrotado, con condiciones malas, no hay un lugar cerca en el que encontrar trabajo…”.

“Así que estás en esa situación y tienes la oportunidad de ganar US$10.000, muy rápido, por vender a un miembro de la familia y sabes que probablemente no serás arrestado, porque la policía no está muy interesada en estos casos. Claro que esperamos que nadie haga algo así, pero obviamente hay algunas personas que lo hacen”, concluye Barr.

En China, la investigadora reconoce que no pudieron obtener demasiada información sobre las familias que compran a estas “novias”, pero las describe como personas que viven en zonas rurales, dedicadas al campo o la construcción, y no demasiado adineradas “ni demasiado atractivas para otras familias o novias chinas que ahora pueden ser más quisquillosas a la hora de elegir esposo”.

Barr se refiere a la situación desigual en China, donde el número de hombres supera al de mujeres, una de las consecuencias de la ley de hijo único -una norma de control demográfico nunca antes vista en la historia- y la preferencia de la sociedad por el varón.

Pekín siempre ha defendido que la medida, implementada entre 1979 y 2016, ayudó al país con más habitantes del mundo a evitar la superpoblación y sacar así de la pobreza a cientos de millones de personas.

La situación también se agrava por la tradición de la sociedad china de pagar una “dote” a la familia de la novia, una cantidad de dinero que se ha vuelto tan elevada en algunas zonas que obligó a las autoridades a poner límites.

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El estigma

El informe detalla que las autoridades birmanas registraron 226 casos de mujeres víctimas de trata a China en 2017 y señala que entre 100 ó 200 reciben asistencia cada año a su vuelta al país.

La policía encargada de estos casos en Birmania gestionó 130 casos, 96 de ellos de mujeres, entre enero y julio de 2018, añade.

No obstante, HRW considera que el número de afectadas puede ser “muy superior” y advierte que puede estar creciendo.

Un estudio de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, junto a la Asociación de Mujeres Kachín de Tailandia, estimó que unas 7.500 mujeres y niñas de los estados birmanos de Kachín y Shan habían sido víctimas de matrimonios forzosos en China de 2013 a 2017, 5.000 de ellas forzadas a tener hijos en contra de su voluntad.

Esa investigación, publicada a finales del año pasado, fue una de las primeras en arrojar luz sobre la situación y ya advertía de la “necesidad urgente” de combatir el problema y apoyar a las afectadas.

Y es que en Birmania, las víctimas no solo se enfrentan a la falta de ayuda institucional, también al estigma social, como expone otra de las víctimas citadas en el informe de HRW:

“(Al volver), mi marido me preguntó: ‘¿Cuánto dinero tienes?’. Yo le dije: ‘No me preguntes eso, pregúntame qué me pasó en China’. Me preguntó, y le conté todo. Se puso a llorar. Yo me puse a llorar, y entonces me sugirió: ‘No cuentes esta historia a nadie porque la gente te mirará con desprecio porque fuiste traficada’. Y hasta ahora. Nunca se lo conté a nadie”.

*Este y otros nombres de víctimas son pseudónimos utilizados por HRW para proteger a las afectadas. Las historias que recoge este texto se basan en entrevistas que la organización realizó en los últimos tres años, sobre sucesos ocurridos en su mayoría a partir de 2010 y hasta 2017.

Los agentes ingresaron a las dos instituciones en busca de documentos como parte de investigaciones separadas contra los sacerdotes Mauricio Víquez y Manuel Antonio Guevara, ambos sospechosos de abusos sexuales de menores.

“En las acciones operativas participan tres fiscales y se llevan a cabo en las sedes del Tribunal Eclesiástico y de la Curia Metropolitana, en San José. Tienen como objetivo recabar prueba documental relevante para ser aportada a las causas, las cuales se encuentran en la fase preparatoria de la investigación”, señaló un comunicado de la fiscalía.

Víquez, quien la semana pasada fue expulsado de su condición clerical, figura como imputado por el delito de violación calificada, según la fiscalía. El exsacerdote enfrenta al menos nueve denuncias de abusos sexuales de menores.

Guevara, quien fue separado de su parroquia en la localidad de Santo Domingo, al norte de San José, es investigado por el delito de abuso sexual contra un menor de edad.

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