Varios administradores de líneas de autobuses urbanos, las llamadas “camionetas rojas”, presentaron ante Édgar Guerra, defensor del Transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), las medidas de seguridad sanitaria adoptadas para volver a rodar una vez que se les permita laborar.
Las unidades tan solo podrán transportar al 50% de su capacidad, es decir, unas 35 personas por autobús. Esto genera la duda más grande: ¿Qué precio tendrá? Ya que no podrán llevar abordo a la misma cantidad de gente que otrora. Las dos opciones que se barajan son la concesión de un subsidio estatal, para sostener el coste, o el incremento al valor del pasaje.
Tal y como ya lo hicieran Transmetro y Transurbano, en estas unidades se han incluido termómetros y dispensadores de alcohol en gel, además de un sistema para aislar al piloto.
