“Viene a la mente los años 80”: TSE y Bernardo Arévalo hablan de los cateos del MP en el TSE y si afectan o no la transición de mando

Guatemala vive este lunes 2 de octubre una serie de manifestaciones por las últimas acciones del Ministerio Público (MP) en el tema del proceso electoral 2023.

Carreteras bloqueadas y manifestaciones frente a la sede del MP exigen las renuncias de la fiscal general, Consuelo Porras; del jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana, derivado de los cateos en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde ha sido secuestrado material electoral.

En medio de este ambiente que vive Guatemala derivado del proceso electoral, los magistrados del TSE y el presidente electo, Bernardo Arévalo, brindaron conferencia de prensa para tratar detalles de estas acciones que ha emprendido el MP.

A su llegada a la sede del TSE, Arévalo indicó que llegó para mostrar el apoyo y agradecer el trabajo de los magistrados en defensa de la democracia.

Exhortó a la sociedad guatemalteca a que “todos tenemos que arropar a nuestro sistema electoral, a los magistrados, a los trabajadores del TSE, a los miembros de las juntas electorales”, porque están siendo objeto de ataque por parte del MP.

En la conferencia de prensa, la magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, dijo que han “hecho todo lo posible” para cumplir con su mandato constitucional y que están dispuestos a seguir garantizando la voluntad de los ciudadanos.

“Estamos consternados por los últimos acontecimientos, pero también luchando para darle a la población tranquilidad y que sepan que vamos a seguir en esa lucha incansable por garantizar y resguardar su voluntad, porque ahí descansa este ejercicio democrático”, manifestó Palencia.

Añadió que respecto de la posibilidad de ampliar la fecha en que está previsto el cierre del evento electoral, es un asunto que está en análisis.

Tema de traspaso de mando

A los funcionarios les preguntaron si después de las diligencias del MP y las denuncias se teme que esto afecte la transición el 14 de enero de 2024, a lo que Palencia respondió que “ese temor es algo que de manera desinformada y de manera irresponsable se ha estado diciendo en distintos foros, o escenarios o redes, de que posiblemente por los allanamientos o por denuncias no se llegue a la fecha prevista para que los candidatos electos tomen posesión, sin embargo, recordemos que los resultados de estas elecciones ya fueron oficializados, se certificaron los mismos, se adjudicaron ya los cargos y prueba de ello se dieron las credenciales”.

Agregó “que es improbable que no lleguemos a eso -traspaso de poder- por los allanamientos o por el secuestro de documentación cuando los resultados que se certificaron ya fueron debidamente publicados y oficializados con el respaldo correspondiente. Las circunstancias de que se llevaron el respaldo, no significa que nosotros no tuviésemos a la vista y que no tengamos resguardo del soporte de esa documentación”.

Siempre en la misma pregunta, Bernardo Arévalo respondió que desde el punto de vista legal “no existe ninguna posibilidad de que esta transición que comienza con la certificación y oficialización de los datos por parte del Tribunal Supremo Electoral y la entrega a los candidatos de la credencial que los acredita como candidatos electos, termine en la toma de posición de estas personas como autoridad plena el día 14 de enero”.

Enfatizó: “Legalmente, constitucionalmente no existe duda ni posibilidad, cualquier otra cuestión sería constitutivo de un golpe de Estado”.

“Fue un asalto”

El magistrado Mynor Custodio señaló que los cateos “fue un asalto” al TSE.

“Cuando vienen con los rostros cubiertos, con lentes oscuros, en la noche, a las 6 de la mañana, dice uno, esto qué es, es una autoridad o son delincuentes los que están acá. Cuando vienen con vehículos sin placas, cuando vienen con vehículos con placas tapadas dice uno, son autoridad o qué son, se me viene a la mente los años 80, cuando se hablaba de aquella temible policía judicial que andaba exactamente así, con vehículos sin placas, con las placas cubiertas y que secuestraban y desaparecían a los seres humanos, a los líderes, a periodistas a profesores, universitarios a estudiantes, a la clase dirigente”, expresó.

Indicó: “Cuando una banda allana con apariencia de legalidad a un Tribunal Supremo Electoral que está enmarcado dentro de la ley, es lamentable”.

La magistrada Blanca Alfaro al referirse a los últimos cateos en el TSE indicó “que no hay palabras que puedan describir” lo que pasó.

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“No encuentro como describir”, dijo en relación a los cateos y luego añadió que a la fiscal le explicaron que ningún documento original puede salir de una institución y lo que se entrega son certificaciones.

Añadió que dieron indicaciones a la fiscal para resguardar las cajas y que no era ninguna “intención de mala fe” como quedó en un acta, en la que se señala que Alfaro estaba obstruyendo la justicia y supuesto abuso de autoridad.

Explicó que en una de las mesas había material electoral del departamento de Guatemala, pero también había en la misma mesa material de Sacatepéquez, lo que no es coherente por ser distintos lugares.

Resaltó que cada documento traía una hoja que identificaba territorialmente por número de mesa, municipio y por departamento, pero cuando se sacan se escanean y se confunden y ya no hay facilidad de volver a ingresarlas como las están entregando.

El secretario del TSE, Mario Alexander Velásquez, indicó que la diligencia del MP era para el registro y secuestro de los documentos 4 y 8 de las elecciones.

Añadió que se les entregó a los investigadores los referidos documentos para que hicieran su trabajo, pero final solo se llevaron los documentos de la primera vuelta del 25 de junio.

El magistrado Gabriel Aguilera informó que el equipo del TSE desde el inició de la última diligencia fue “sumamente respetuoso” y colaboró con los investigadores.

Respeto de la denuncia contra el vocero del TSE, Luis Gerardo Ramírez, el magistrado indicó que el portavoz hacia su trabajo, que es informar a la población lo que sucedía. También mencionó la denuncia contra la coordinadora de asuntos jurídicos e indicó que ante un allanamiento es correcto que el área jurídica se haga presente y participe en la diligencia.