La Contraloria también detalló que el Congreso pagó Q85,680 a 82 diputados por dietas a pesar que no asistieron a las sesiones plenarias. Mientras otros congresistas tuvieron más personal contratado a pesar que la ley lo prohíbe.
Otro hallazgo se refiere a la contratación de 1,375 personas bajo el renglón 022. Según la Contraloria este personal fue favorecido porque no fue obligado a realizar marcaje. Además tampoco habrían tenido actas de toma de posesión.
La auditoría realizada reportó la contratación anómala de 72 personas bajo el renglón 029. Estos contratos se realizaron para “asesores técnicos parlamentarios”, sin que este puesto exista en los manuales del Congreso. Estos contratos sumaron 6 millones de quetzales.