La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó el amparo provisional requerido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la que asegura que existen amenazas en contra del proceso electoral y señala a siete funcionarios estatales.
Los denunciados en el amparo fueron, Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación; Henry Reyes, ministro de la Defensa Nacional; Silvia Patricia Valdés, presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y María Consuelo Porras, fiscal general.
También, Wuelmer Gómez, procurador general de la Nación; Edwin Manfredo Ardiano, director general de la Policía Nacional Civil, y Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas.
La CC requirió de las autoridades denunciadas informes circunstanciados y esto respondieron:
Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia argumentó que el organismo que dirige tiene la función constitucional de impartir justicia y no tiene intervención alguna en el proceso electoral.
El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, expuso que la cartera ha colaborado en las materias de su competencia mediante la suscripción de acuerdos interinstitucionales a efecto de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. Además, indicó que se ha dado seguridad a los magistrados electorales y a sus familias.
“Se puede establecer que el Ministro de Gobernación en todo momento ha brindado el apoyo requerido por las autoridades el Tribunal Supremo Electoral”, dijo. Asimismo, manifestó que “ha cumplido con todo lo que es de su competencia, en materia de seguridad en el actual proceso electoral”.
En tono similar, el director general de la Policía Nacional Civil, Edwin Manfredo Ardiano, indicó que la institución obedece su mandato de “atender los requerimientos que, dentro de los límites legales, reciban del Organismo Judicial, Ministerio Público y demás entidades competentes”, por lo cual, “no se puede extralimitar ni actuar por iniciativa propia en asuntos en materia electoral”.
El Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de su encargado del despacho, William Arnulfo López Chay, dijo que “el Ejército de Guatemala, respetuoso de los principios de supremacía y de legalidad, no tiene comprendidas entre sus funciones legales lo relativo a la actividad electoral o a la alternabilidad en el poder”.
La fiscal general, María Consuelo Porras, expresó en el informe circunstanciado que el Ministerio Público “siempre ha actuado de conformidad con lo establecido en la Constitución Política” y que “lo señalado como acto reclamado denota imprecisiones dado que no se indicó acto de autoridad alguno que pudiera configurar una amenaza cierta, futura e inminente atribuible a la autoridad denunciada”.
Aseveró que se ha brindado “un fuerte apoyo al accionante —el TSE— con el fin de garantizar la vigencia del régimen democrático, republicano y representativo”.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, por medio del abogado Luis Alberto Sosa Avendaño, explicó que esta institución “no tiene relación o participación alguna en materia electoral por no ser objeto de su competencia”.
Finalmente, el ministro de Finanzas, Edwin Oswaldo Martínez, expuso que la acción constitucional “carece de viabilidad” porque “no se estableció que ese Ministerio haya tenido participación en la producción del acto reclamado”. También aseguró que ha prestado colaboración técnica y financiera a los requerimientos de autoridades y funcionarios del TSE.
